De Marruecos no hay que fiarse sino ser duro con el mismo

 

De Marruecos no hay que fiarse sino ser duro con el mismo

Por Bruno Perera

La crisis migratoria que sufrió Ceuta durante los días 30 y 31 de julio continúa teniendo consecuencias económicas, sociales y políticas. Más de 80.000 inmigrantes ilegales entraron en la ciudad en aquellas jornadas y, casi dos meses después, el problema todavía no puede considerarse completamente cerrado.

Los últimos datos conocidos indican que 334 migrantes han sido expulsados de Ceuta desde el 30 de julio y cerca de 7.000 han regresado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto. Solo el miércoles 23 de septiembre regresaron voluntariamente 165 personas.

Mientras tanto, el Gobierno español ha tenido que movilizar recursos extraordinarios para atender la situación. Ceuta ha tenido que ampliar sus recursos de acogida, seguridad y atención social, mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantienen una vigilancia especial de la frontera. (Y mientras Marruecos no ha sido capaz ni humano para mandar alimentos, ropa y albergues para su gente que está en Ceuta huyendo del hambre que padecía en el feudo de Mohamed VI).

Una factura que puede ser enorme

El problema no consiste únicamente en alimentar y alojar a miles de personas. Hay que sumar los gastos de seguridad, atención sanitaria, servicios sociales, instalaciones, personal, procedimientos administrativos, transporte y retornos, además de las consecuencias económicas que la crisis produce sobre la propia ciudad.

Algunos cálculos publicados ya sitúan en decenas de millones de euros el coste directo para Ceuta y advierten de que continuará aumentando.

Por eso considero razonable preguntarnos cuánto terminará costando finalmente esta crisis al conjunto de España. Una estimación de más de 500 millones de euros no puede presentarse hoy como una cifra oficial confirmada, pero el volumen de recursos movilizados hace perfectamente legítimo plantearse si el coste final podría alcanzar una cantidad de ese orden.

Y aquí aparece una cuestión que debería estudiarse seriamente.

Si se ofrecieran 1.000 euros y el viaje gratuito de regreso a Marruecos a cada inmigrante que hubiera entrado ilegalmente y 80.000 aceptara retornar voluntariamente, incluso tomando como referencia 80.000 inmigrantes, el coste teórico de esas ayudas sería de unos 80 millones de euros, sin contar los gastos de transporte y gestión.

Naturalmente, cualquier programa de este tipo tendría que ajustarse a la legislación española y europea, distinguir entre las diferentes situaciones jurídicas de las personas afectadas y establecer garantías para evitar nuevas entradas irregulares.

Pero la comparación económica merece ser estudiada: ¿cuánto cuesta mantener durante meses a decenas de miles de personas en territorio español y cuánto costaría facilitar un retorno voluntario?

El anunciado asalto del 23 de septiembre

Durante los días anteriores al 23 de septiembre circularon llamamientos en redes sociales para realizar una nueva entrada masiva en Ceuta coincidiendo con las elecciones legislativas marroquíes.

Las autoridades españolas reforzaron la frontera ante el temor de que pudiera repetirse lo sucedido en julio.

Sin embargo, llegó el día señalado y no se produjo la anunciada invasión masiva.

Este hecho ha dado lugar a numerosas interpretaciones. Una de ellas sostiene que aquella amenaza pudo formar parte de una maniobra destinada a presentar a Marruecos como un país que nada tuvo que ver con los acontecimientos de julio.

Pero aquí conviene distinguir entre una interpretación política y un hecho demostrado. Hasta el momento hay pruebas públicas suficientes para afirmar que la convocatoria del 23 de septiembre fue anunciada por Marruecos con el objetivo de manipular la anterior invasión con el cuento de que podría haber otra.

Entre tanto lo que conocemos son informaciones mucho más concretas sobre lo sucedido durante la crisis de julio.

¿Qué ocurrió realmente en julio?

Un informe policial citado por RTVE señala que agentes de la Gendarmería marroquí, tanto uniformados como de paisano, habrían guiado a grupos de migrantes durante las entradas masivas del 30 y 31 de julio.

Ese informe fue remitido a la Audiencia Nacional dentro de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido.

Si las investigaciones judiciales confirmasen esas actuaciones, estaríamos ante un dato de enorme importancia para comprender cómo se produjo aquella entrada masiva.

Al mismo tiempo, el Gobierno español continúa manteniendo la cooperación con Marruecos en materia migratoria y de seguridad.

Y aquí está precisamente una de las mayores dificultades de la situación: España necesita cooperar con su vecino del sur, pero también necesita tener la seguridad de que su frontera no será utilizada como instrumento de presión política.

España tiene que aprender de lo ocurrido

La experiencia de julio debería servir para que España no vuelva a encontrarse desprevenida ante una situación semejante.

Ceuta es una ciudad española situada en una posición geográfica extraordinariamente delicada. No puede soportar indefinidamente que miles de personas entren ilegalmente en su territorio y que después sean necesarios enormes recursos económicos y humanos para solucionar las consecuencias.

España debe mantener una frontera perfectamente protegida, disponer de procedimientos rápidos y legalmente sólidos para los retornos y exigir a Marruecos que cumpla sus compromisos.

El Gobierno ya prepara nuevas medidas en El Tarajal. Interior ha iniciado los trámites para prolongar el espigón y sustituir la actual barrera flotante por un sistema permanente de balizamiento.

También es significativo que los retornos voluntarios estén aumentando. Según los datos publicados, cerca de 7.000 personas ya han regresado voluntariamente a Marruecos desde agosto.

Eso demuestra que el retorno voluntario puede ser una herramienta importante dentro de una política migratoria ordenada, siempre que se aplique conforme a la legislación y con las garantías correspondientes.

Con Marruecos, cooperación sí, pero también firmeza

España puede y debe cooperar con Marruecos. Son países vecinos y existen numerosos intereses comunes.

Pero cooperar no significa aceptar cualquier cosa.

Cuando se produce una crisis fronteriza de la dimensión de la sufrida por Ceuta, España tiene derecho a pedir explicaciones y a exigir garantías.

Y si las investigaciones determinan que hubo participación de agentes marroquíes en la organización o conducción de grupos hacia la frontera española, deberán extraerse las consecuencias diplomáticas y políticas que correspondan.

España y la UE., tampoco deberían volver a esperar a que una crisis alcance proporciones gigantescas para reaccionar.

La frontera debe estar protegida antes de que se produzca la avalancha, no después.

Ceuta no puede quedar nuevamente sola ante una situación semejante.

Y si finalmente la crisis termina costando a España cientos de millones de euros, habrá que preguntarse si una parte importante de ese dinero podría haberse evitado mediante una política más rápida de retorno, una frontera mejor protegida y una mayor exigencia al país vecino.

Una última reflexión

Marruecos es un país con el que España necesita mantener relaciones, pero esas relaciones deben estar basadas en la confianza verificable, el cumplimiento de los acuerdos y el respeto a la soberanía española.

España debe cooperar cuando exista cooperación real y debe ser firme cuando sus intereses y su frontera estén en juego.

Y termino con una reflexión que conviene no olvidar: en Marruecos no vuela una mosca sin que su rey se entere.

Por eso, cuando ocurren acontecimientos de la magnitud de los vividos en Ceuta, España tiene derecho a exigir explicaciones claras, responsabilidades y garantías de que algo semejante no volverá a suceder.

Final. Marruecos sigue jugando al gato y al ratón con España. En Ceuta ha parado la invasión pero la continua hacia Canarias. Están llegando a las islas unas 4 pateras cada día.