Ceuta: Marruecos reclama el territorio, pero España carga con las consecuencias humanas

 

Ceuta: Marruecos reclama el territorio, pero España carga con las consecuencias humanas

Por Bruno Perera

La crisis que está viviendo Ceuta después de la entrada masiva de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos plantea muchas preguntas que van mucho más allá de la inmigración. Plantea preguntas sobre las fronteras, la soberanía, las responsabilidades de los Estados y, sobre todo, sobre la verdadera naturaleza de las reivindicaciones territoriales de Marruecos.

Según las cifras ofrecidas por el ministro del Interior español, alrededor de 72.000 personas entraron irregularmente en Ceuta a finales de julio y unas 70.000 habrían regresado posteriormente a Marruecos. En estos momentos permanecen todavía alrededor de 5.000 personas en la ciudad, mientras las autoridades españolas intentan gestionar una situación que ha desbordado la capacidad ordinaria de Ceuta. (Reuters)

La magnitud de lo ocurrido es difícil incluso de imaginar. Ceuta es una ciudad pequeña, con una población cercana a los 85.000 habitantes. Que decenas de miles de personas crucen su frontera en cuestión de horas constituye una situación extraordinaria que afecta a los servicios públicos, a la seguridad, a la sanidad, al alojamiento y a la convivencia.

Y aquí aparece una de las grandes paradojas de esta crisis.

Marruecos reclama Ceuta, pero ¿quién se hace cargo de las personas que llegan desde Marruecos?

Marruecos mantiene históricamente reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla y sostiene que ambos territorios deberían formar parte de Marruecos.

Sin embargo, cuando miles de personas atraviesan la frontera desde territorio marroquí y entran en Ceuta, la responsabilidad inmediata de atenderlas recae sobre España.

España tiene que proporcionar alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria, protección y, en el caso de los menores no acompañados, tutela administrativa. Durante esta crisis llegaron alrededor de 4.000 menores, y cientos de ellos quedaron bajo la tutela de las autoridades españolas.

La pregunta resulta inevitable:

Si Marruecos considera que Ceuta debería pertenecer a Marruecos, ¿por qué no reclama también la responsabilidad sobre los ciudadanos marroquíes que llegan a la ciudad?

Porque una cosa es reclamar un territorio desde la distancia y otra muy diferente asumir las obligaciones que implica gobernarlo.

La soberanía no debería consistir únicamente en reclamar kilómetros cuadrados. La soberanía también significa asumir responsabilidades sobre las personas que viven en ese territorio.

La contradicción de los derechos humanos

Marruecos suele defender sus posiciones territoriales apelando a argumentos históricos, nacionales y territoriales.

Pero los derechos humanos no pueden utilizarse únicamente cuando sirven para reclamar un territorio.

Los derechos humanos también significan garantizar que las personas tengan alimentos, agua, alojamiento, atención sanitaria, educación y seguridad.

Y es precisamente aquí donde la situación de Ceuta plantea una contradicción que merece ser debatida públicamente.

Miles de personas procedentes de Marruecos han terminado dependiendo de las autoridades españolas para recibir asistencia, mientras España tiene que pedir incluso ayuda europea para poder gestionar la dimensión extraordinaria de la crisis. El Gobierno español solicitó el 28 de agosto apoyo de Frontex para afrontar la situación y reforzar la identificación y gestión de los migrantes. (Reuters)

No se trata de negar ayuda a quien la necesita. Todo lo contrario.

Una sociedad civilizada debe ayudar a las personas que se encuentran en una situación de necesidad.

Pero ayudar no significa que España tenga que aceptar indefinidamente que una frontera internacional pueda quedar desbordada.

¿Dónde está la responsabilidad de Marruecos?

Esta es probablemente una de las preguntas más incómodas de toda esta crisis.

La mayoría de las personas que entraron en Ceuta procedían de Marruecos. La inmensa mayoría regresó posteriormente a territorio marroquí. Y de hecho, el propio Gobierno español ha manipulado el problema destacando la cooperación de las autoridades marroquíes para impedir nuevas salidas y facilitar los retornos. (Cadena SER)

Pero el hecho de que finalmente Marruecos haya colaborado, para tapar sus trapos sucios conteniendo nuevos movimientos, no elimina las preguntas que ha dejado esta crisis.

¿Qué ocurrió para que decenas de miles de personas pudieran llegar simultáneamente a una frontera europea?

¿Por qué Ceuta tuvo que soportar una presión humana de semejante magnitud?

¿Quién organizó o facilitó el movimiento de esas personas?

¿Existió una utilización política de la inmigración?

¿Y hasta qué punto puede un país utilizar el control de sus fronteras como instrumento de presión política sobre otro Estado?

Son preguntas que España y la Unión Europea deberían responder con claridad.

Ceuta no es solamente un problema migratorio

Reducir lo sucedido a un problema de inmigración sería un error.

Ceuta es también una frontera exterior de la Unión Europea.

Lo ocurrido demuestra que una ciudad española puede quedar sometida, en cuestión de horas, a una presión migratoria equivalente a una parte enorme de su propia población.

Y eso convierte el problema en una cuestión de seguridad nacional y europea.

El propio Parlamento británico ha señalado que la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta provocó preocupación en la Unión Europea por la seguridad de sus fronteras exteriores. (House of Commons Library)

Por eso Europa no puede mirar hacia otro lado.

Ceuta no debería quedar sola ante una situación de esta magnitud.

Una ciudad española que no puede convertirse en un territorio de acogida ilimitada

También hay que pensar en los ciudadanos de Ceuta.

Ellos no son responsables de la situación económica, política o social de Marruecos.

No pueden convertirse en las víctimas indirectas de una disputa migratoria o territorial entre Estados.

Los habitantes de Ceuta tienen derecho a vivir con seguridad, a disponer de servicios públicos adecuados y a no ver colapsada su ciudad.

Y ayudar a los inmigrantes tampoco significa ignorar los derechos de los ciudadanos españoles.

Ambas cosas pueden y deben defenderse simultáneamente.

Se puede tratar humanamente a quien llega y, al mismo tiempo, defender firmemente una frontera.

Se puede proporcionar asistencia a un menor y, al mismo tiempo, exigir que España controle quién entra en su territorio.

Se puede respetar los derechos humanos y, al mismo tiempo, exigir que Marruecos asuma su responsabilidad.

¿Qué ocurriría si Ceuta fuera marroquí?

Esta es quizás la pregunta más reveladora.

Imaginemos por un momento que Ceuta estuviera bajo soberanía marroquí.

Si mañana 72.000 personas atravesaran una frontera marroquí y se instalaran en una ciudad de apenas unas decenas de miles de habitantes, ¿quién tendría que proporcionarles alojamiento, alimentación, sanidad y protección?

Evidentemente, el Estado que ejerciera la soberanía sobre la ciudad.

Porque la soberanía implica obligaciones.

Por eso resulta contradictorio reclamar un territorio y, al mismo tiempo, pretender que otro Estado asuma las consecuencias económicas, sociales y humanitarias de lo que ocurre en él.

¿Una estrategia de presión?

También debe investigarse si los acontecimientos fueron simplemente una explosión migratoria espontánea o si detrás existieron intereses políticos movidos por el Estado marroquí.

No sería la primera vez que la inmigración y el control fronterizo se convierten en instrumentos de presión internacional.

Pero todo apunta que Marruecos organizó deliberadamente la entrada de decenas de miles de personas con el objetivo de desestabilizar Ceuta, por algún interés político marroquí.

Eso debe investigarse y demostrarse.

Lo que sí puede afirmarse es que el resultado ha sido una enorme presión sobre España y sobre una ciudad española cuya capacidad material es limitada.

Y esa realidad exige respuestas.

Marruecos debe decidir qué relación quiere mantener con Ceuta

Si Marruecos quiere mantener una relación de buena vecindad con España, debe demostrarlo no solamente con declaraciones diplomáticas, sino también mediante hechos.

Una frontera segura.

Control efectivo de su territorio.

Cooperación contra las redes de tráfico de personas.

Responsabilidad respecto de sus ciudadanos.

Y respeto a la población española que vive en Ceuta y Melilla.

Porque no se puede reclamar la soberanía sobre un territorio solamente cuando resulta políticamente conveniente.

Quien reclama un territorio también debe estar preparado para asumir las responsabilidades que conlleva.

La gran pregunta final

Lo ocurrido en Ceuta debería servir para que España y Europa se hagan una pregunta fundamental:

¿Qué ocurriría si una situación como esta volviera a producirse mañana, pero en lugar de 72.000 personas fueran 100.000, 200.000 o incluso más?

Una frontera no puede depender exclusivamente de que el país vecino decida cooperar.

La seguridad de Ceuta y Melilla es responsabilidad de España y también una cuestión de seguridad de la Unión Europea.

Y la defensa de las fronteras no es incompatible con los derechos humanos.

Al contrario:

una frontera segura permite precisamente que un Estado pueda organizar, controlar y financiar una política migratoria humanitaria y ordenada.

Ceuta ha demostrado que España necesita una política clara.

Marruecos tiene que asumir sus responsabilidades.

Europa tiene que asumir las suyas.

Y España tiene que recordar que defender sus fronteras, proteger a sus ciudadanos y respetar los derechos humanos no son objetivos contradictorios.

Son obligaciones que deben cumplirse simultáneamente.