Marruecos
abandona a sus menores y adultos para que otras naciones se los cuiden
Por Bruno
Perera
La crisis migratoria que afecta a Ceuta ha puesto
sobre la mesa una cuestión que España debería plantearse con mucha más
claridad: ¿hasta qué punto puede un país trasladar de hecho a otras naciones
la responsabilidad de atender a sus propios ciudadanos y menores?
La situación resulta especialmente llamativa
cuando se observa lo ocurrido en Ceuta. Miles de personas procedentes de Marruecos
llegaron a la ciudad autónoma, entre ellas adultos y menores. España tuvo que
asumir su alimentación, alojamiento, asistencia sanitaria, educación y, en el
caso de los menores no acompañados, su tutela y protección.
Y aquí surge una pregunta que resulta difícil de
ignorar: ¿qué ocurriría si sucediera exactamente lo contrario?
Imaginemos que, por falta de trabajo o por
cualquier otra circunstancia, decenas de miles de ceutíes cruzaran la frontera
y ocuparan una ciudad marroquí próxima a Ceuta. Supongamos que entre ellos
hubiera miles de menores no acompañados.
¿Aceptaría Marruecos mantenerlos durante años?
¿Les proporcionaría alojamiento, alimentación, ropa, asistencia sanitaria y
escolarización? ¿Crearía miles de plazas para ellos y asumiría su tutela hasta
que alcanzaran la mayoría de edad?
Todo hace pensar que la respuesta sería muy
diferente.
Marruecos dispone de mecanismos oficiales de
protección de menores, pero eso no significa que tenga capacidad para
proporcionar una atención comparable a la que España ofrece a los menores
extranjeros no acompañados. Organismos internacionales como UNICEF llevan años
señalando las carencias existentes en el sistema marroquí de protección
infantil y la especial vulnerabilidad de los menores migrantes.
La realidad de muchos menores que viven en las
calles marroquíes tampoco puede ignorarse. Existen niños y adolescentes en
situación de extrema vulnerabilidad, algunos de ellos viviendo en la calle,
pidiendo limosna o expuestos a explotación y tráfico. Esto demuestra que
disponer sobre el papel de mecanismos de protección no significa necesariamente
disponer de recursos suficientes para atender a todos los menores que necesitan
ayuda.
Y mientras tanto, Marruecos reclama a España la
devolución de sus menores.
La reclamación puede presentarse ante la
comunidad internacional como la actitud de un Estado preocupado por sus niños.
Pero una cosa es reclamar públicamente el regreso de los menores y otra muy
distinta demostrar que, cuando regresen, existirán recursos suficientes para
garantizar su protección, alojamiento, educación y bienestar.
Ahí está una de las grandes contradicciones de
esta situación.
Marruecos reclama a sus menores porque son
marroquíes, pero España es quien tiene que hacerse cargo de ellos mientras
permanecen en Ceuta. España debe buscar instalaciones, personal, alimentos,
asistencia médica, educación y recursos económicos para atenderlos.
Y no hablamos solamente de los menores.
También existen miles de adultos que, después de
entrar irregularmente en Ceuta, terminan siendo atendidos de una u otra manera
por España mientras se resuelve su situación.
Una
comparación que pone el problema en evidencia
La mejor manera de comprender la dimensión del
problema es hacer el ejercicio contrario.
Imaginemos que miles de españoles de Ceuta
entraran irregularmente en Marruecos.
Imaginemos que entre ellos hubiera familias
enteras y miles de menores.
¿Aceptaría Marruecos que España dijera: «Como son
menores, deben permanecer ahí, así que ustedes en Marruecos deben encargarse de
alimentarlos, vestirlos, escolarizarlos y tutelarlos durante los próximos
años»?
Difícilmente.
Lo más probable es que Marruecos exigiera su
identificación y su devolución a España y que considerase que España debía
hacerse responsable de sus propios ciudadanos.
Y probablemente nadie consideraría extraño ese
planteamiento.
Entonces hay que hacerse otra pregunta: ¿por
qué lo que parece lógico cuando se plantea en sentido inverso deja de parecerlo
cuando la responsabilidad recae sobre España?
España es un país europeo con un sistema de
protección social desarrollado y con obligaciones legales e internacionales
respecto a los menores. Eso no significa, sin embargo, que tenga recursos
ilimitados ni que deba asumir indefinidamente las consecuencias de las
deficiencias de otros países.
El coste lo
paga España
La atención de los menores extranjeros no
acompañados no es gratuita.
Hay que proporcionarles alojamiento, comida,
ropa, atención médica, educación, trabajadores sociales, psicólogos, seguridad
y todo aquello que requiere la tutela de un menor. (Que es el cuento de
donde se nutren las oenegés proinmigración ilegal, las mafias y los partidos políticos
vendepatrias)
Cuando llegan cientos o miles de personas en un
periodo muy corto, el problema adquiere una dimensión completamente diferente.
Ceuta, además, tiene unas características
geográficas y demográficas muy particulares. No puede convertirse
indefinidamente en un enorme centro de acogida para personas que proceden de
otro país.
Y cuando la capacidad de Ceuta se desborda, el
problema termina trasladándose al resto de España.
Comunidades autónomas, ayuntamientos y
Administración central tienen que dedicar recursos económicos y humanos para
atender una situación que, en su origen, está estrechamente relacionada con
Marruecos.
¿Protección de
menores o traslado de responsabilidades?
Nadie puede defender que un menor antes de
cumplir 16 años sea abandonado a su suerte. Pero también se debe comprender que
entre ellos los MENAs, jóvenes de 16 años no son menores sino jóvenes casi adultos.
Pero proteger a un menor no debería significar
que su país de origen quede liberado de toda responsabilidad.
Si un menor marroquí llega a España, España debe
protegerlo mientras permanezca bajo su jurisdicción. Pero eso no debería
convertirse automáticamente en una obligación de mantenerlo durante años sin
que Marruecos participe de manera efectiva en su recuperación, reintegración
familiar y protección.
Y aquí es donde las palabras deben ir acompañadas
de hechos.
Si Marruecos afirma que quiere recuperar a sus
menores, debería demostrar que está dispuesto a colaborar de manera efectiva:
identificación, documentación y localización de las familias.
Porque reclamar a los menores públicamente es
relativamente sencillo.
Lo verdaderamente importante es hacerse cargo de
ellos cuando regresan.
Un problema
que España no puede solucionar sola
La cuestión migratoria no puede reducirse a una
discusión entre quienes quieren proteger a los inmigrantes y quienes quieren
rechazarlos.
España puede y debe proteger a las personas
vulnerables, pero también tiene derecho a exigir que los países de origen
colaboren y asuman sus responsabilidades.
No puede aceptarse como normal que un país envíe
—o permita que salgan— miles de personas hacia otro Estado y que, una vez allí,
sea ese segundo país quien tenga que asumir prácticamente todos los costes
humanos, sociales y económicos.
Y mucho menos cuando hablamos de menores.
La pregunta final es sencilla:
Si Marruecos considera que esos niños son sus
ciudadanos y que deben regresar a su país, ¿está dispuesto a proporcionarles
allí la protección, alojamiento, alimentación, educación y tutela que España
está proporcionando mientras permanecen en Ceuta?
La respuesta a esa pregunta debería ser clara y
pública.
Porque si un Estado reclama a sus menores,
también debe estar preparado para hacerse cargo de ellos.
De lo contrario, existe el riesgo de que la
responsabilidad termine siendo trasladada silenciosamente a otros países.
Y en este caso, uno de esos países es España.
Marruecos reclama a sus menores, pero España y la
UE pagan la factura de protegerlos. Y esa situación no puede convertirse en una
solución permanente.
Nota: Resulta
difícil entender que, pocos días después de la última invasión de Ceuta,
alrededor de 65.000 marroquíes regresaran a Marruecos prácticamente de la noche
a la mañana. Este hecho me lleva a plantearme si aquella entrada masiva pudo
haber sido promovida o, al menos, organizada de alguna manera por Marruecos con
algún objetivo que desconozco.
Una
posibilidad —y la planteo únicamente como hipótesis— es que Marruecos quisiera
demostrar a España que tiene capacidad para provocar una entrada masiva en
Ceuta y Melilla cuando lo considere oportuno, utilizando la presión migratoria
como instrumento político.
También cabe
preguntarse si, entre las decenas de miles de personas que entraron en Ceuta,
pudo haber individuos que actuaran siguiendo instrucciones de las autoridades
marroquíes y que, llegado el momento, transmitieran la orden de regresar.
El hecho que
llama especialmente la atención es que unos 65.000 regresaran a Marruecos,
mientras que aproximadamente 5.000 permanecieron en Ceuta. Esto plantea una
pregunta inevitable: ¿por qué una cantidad tan extraordinariamente elevada de
personas decidió regresar casi al mismo tiempo?
No afirmo
que esta hipótesis sea cierta, porque no dispongo de pruebas que permitan
demostrarla. Pero considero legítimo plantearla y preguntarse si aquella
entrada masiva fue simplemente un fenómeno migratorio espontáneo o si pudo
existir detrás algún tipo de estrategia política.
