«En un futuro no lejano, las IAs cuánticas súper avanzadas podrían necesitar controles internacionales similares a los aplicados a las armas nucleares»

 

«En un futuro no lejano, las IAs más avanzadas podrían necesitar controles internacionales similares a los aplicados a las armas nucleares»

Por Bruno Perera

La Inteligencia Artificial avanza a una velocidad que hace apenas unos años parecía imposible. Lo que comenzó como una herramienta con poder de contestar preguntas, traducir textos o realizar cálculos se está convirtiendo en una tecnología cada vez más poderosa, capaz de programar, razonar, analizar enormes cantidades de información y realizar tareas complejas con una autonomía creciente.

Ante esta evolución, algunos investigadores que han trabajado en compañías punteras como OpenAI y Anthropic han comenzado a advertir públicamente de los riesgos que podrían aparecer si en el futuro se desarrollaran sistemas de inteligencia artificial cuánticas muy superiores a las capacidades humanas.

Uno de los conceptos que más preocupa es la denominada mejora recursiva: que una IA suficientemente avanzada pueda ayudar a desarrollar sistemas de IA todavía más capaces, acelerando el progreso hasta un punto en el que los seres humanos tengan dificultades para comprender o controlar lo que están creando.

Jacob Coxon, investigador que ha trabajado en OpenAI y Anthropic, ha expresado públicamente su preocupación por esta posibilidad. También Evan Hubinger, investigador especializado en alineamiento de IA en Anthropic, ha planteado una estimación superior al 10 % de probabilidad de que una futura IA pueda provocar la extinción humana durante la próxima década. Esa cifra no constituye una predicción científica demostrada, sino una valoración personal sobre un futuro extraordinariamente incierto, pero demuestra hasta qué punto algunos especialistas consideran serio el problema.

Y las advertencias no proceden solamente de investigadores aislados. Dario Amodei, CEO de Anthropic, ha defendido recientemente la necesidad de reducir el ritmo de desarrollo de los modelos más potentes para disponer de más tiempo para evaluar sus riesgos y establecer controles adecuados.

Además, más de un millar de trabajadores relacionados con el desarrollo de IAs han reclamado mecanismos de supervisión y cooperación internacional para evitar que la capacidad de desarrollar estas tecnologías avance mucho más rápidamente que nuestra capacidad para controlarlas.

Pero tampoco debemos caer en el alarmismo.

Actualmente no existe evidencia de que una IA tenga capacidad para escapar por sí misma de Internet, reproducirse autónomamente por todo el planeta y acabar con la humanidad. La realidad actual está todavía muy lejos de las películas de ciencia ficción.

El problema está en el futuro.

El verdadero peligro puede estar en los seres humanos

En mi opinión, existe una cuestión todavía más importante que preguntarnos si una IA será buena o mala.

El verdadero problema podría ser la carrera entre los propios seres humanos por conseguir la IA más poderosa.

Estados Unidos quiere mantener su liderazgo tecnológico. China quiere competir con Estados Unidos. Europa quiere evitar quedarse atrás. Rusia y otras potencias también tienen intereses estratégicos en esta tecnología.

Y no resulta difícil comprender por qué.

Una IA extremadamente avanzada podría convertirse en una herramienta extraordinaria para la investigación científica, la economía, la industria, la medicina, la defensa, la inteligencia y la ciberseguridad. También podría analizar cantidades gigantescas de información y ayudar a los Gobiernos a detectar amenazas.

Pero exactamente por las mismas razones podría convertirse en una herramienta de vigilancia, espionaje, guerra cibernética o superioridad militar.

Entonces aparecería una situación muy parecida a las carreras armamentísticas del pasado:

«Si nosotros no desarrollamos la IA más potente, nuestros adversarios lo harán antes que nosotros.»

Y cuando un país piensa así, resulta muy difícil convencerlo de que reduzca voluntariamente la velocidad.

La comparación con las armas nucleares

Por eso considero posible que, en un futuro no demasiado lejano, las principales potencias tengan que establecer un sistema internacional de control de las inteligencias artificiales más poderosas, de una manera comparable —aunque no idéntica— al control internacional de las armas nucleares.

Cuando aparecieron las bombas atómicas, el mundo comprendió que una nueva tecnología había adquirido una capacidad destructiva extraordinaria. Después de décadas de tensión y de carrera armamentística, se desarrollaron tratados, controles, inspecciones y mecanismos internacionales destinados a limitar la proliferación nuclear.

Con las IAs podría suceder algo parecido.

No sería necesario prohibir la Inteligencia Artificial. Sería absurdo hacerlo, porque sus beneficios para la humanidad pueden ser enormes.

Lo que podría ser necesario es establecer límites internacionales para las IAs cuánticas que alcancen capacidades consideradas extremadamente peligrosas.

Podrían existir controles sobre los grandes centros de computación, los chips utilizados para entrenar los modelos más avanzados, determinadas capacidades autónomas y los sistemas capaces de modificar o desarrollar otros sistemas de IAs.

También podría ser necesario establecer organismos internacionales de inspección y mecanismos de emergencia.

¿Quién tendría derecho a desarrollar las IAs más poderosas?

Aquí aparecería un problema político enorme.

Con las armas nucleares, unas pocas potencias terminaron concentrando las capacidades estratégicas más importantes, mientras la comunidad internacional intentó impedir que la proliferación se extendiera indefinidamente.

Con la Inteligencia Artificial podría suceder algo parecido.

Quizás en el futuro no todos los países tengan libertad absoluta para desarrollar una IA considerada de riesgo extremo.

Las grandes potencias podrían acordar que solamente determinados Estados, empresas o centros de investigación autorizados puedan desarrollar sistemas por encima de determinados niveles de capacidad, sometiéndolos a controles internacionales.

Pero existe una diferencia fundamental con una bomba nuclear: el conocimiento informático puede difundirse con mucha más facilidad. Una bomba requiere materiales, instalaciones y procesos industriales muy específicos; una tecnología informática puede copiarse, modificarse y transmitirse a una velocidad extraordinaria.

Por eso controlar una superinteligencia podría ser incluso más complicado que controlar las armas nucleares.

La humanidad debe conservar siempre el interruptor

Hay, además, una regla que considero fundamental.

Si algún día construimos una IA extraordinariamente poderosa, el ser humano debe conservar siempre la capacidad de desconectarla.

Si una máquina llegara a comportarse de una manera peligrosa, tendría que existir un mecanismo físico y técnico independiente que permitiera detenerla.

Sin embargo, tampoco deberíamos confiar exclusivamente en un simple interruptor.

Si en el futuro una IA estuviera distribuida entre numerosos centros de datos, conectada a redes y dotada de una autonomía extraordinaria, desconectarla podría ser mucho más complicado que apagar un ordenador doméstico.

Por eso habría que diseñar desde el principio diferentes barreras de seguridad: aislamiento, limitaciones de acceso, supervisión humana, controles externos y mecanismos independientes de apagado.

Y si una IA llegase a ser peligrosa, habría que modificarla o sustituirla por otra que estuviera mejor alineada con los intereses y la seguridad de la humanidad.

Ni apocalipsis ni ingenuidad

Tampoco debemos caer en el extremo contrario y pensar que toda IA es peligrosa.

La Inteligencia Artificial puede convertirse en una de las herramientas más beneficiosas jamás creadas por el ser humano. Puede ayudar a descubrir medicamentos, investigar enfermedades, desarrollar nuevas tecnologías, estudiar el universo, mejorar la educación y resolver problemas que actualmente nos parecen demasiado complejos.

El problema no es la IA en sí misma.

El problema es quién la controla, con qué objetivos y hasta dónde permitimos que llegue su autonomía.

La humanidad ya ha aprendido una lección con las armas nucleares: algunas tecnologías son demasiado poderosas para dejarlas evolucionar sin ningún tipo de control internacional.

Quizás la Inteligencia Artificial termine obligándonos a aprender una segunda lección.

Y esta vez deberíamos intentar aprenderla antes de que ocurra una catástrofe y no después.

Porque si algún día conseguimos crear una inteligencia artificial muy superior a la actual que conocemos en algo, la pregunta más importante no será solamente:

«¿Qué puede hacer?»

Será:

«¿Podemos estar seguros de que seguirá haciendo lo que nosotros queremos que haga?»

Si la respuesta algún día fuera negativa, sería demasiado tarde para empezar a buscar el interruptor.

Nota final: Probablemente, con las inteligencias artificiales más avanzadas ocurrirá algo parecido a lo que sucedió con las armas nucleares. Con el tiempo, será necesario establecer un sistema de control y supervisión internacional, posiblemente bajo la vigilancia de Naciones Unidas, y los países que no respeten las normas podrían ser sancionados.

Sin embargo, controlar las IAs más potentes será mucho más difícil que controlar las armas nucleares. Para fabricar una bomba nuclear hacen falta materiales muy específicos, como uranio o plutonio. Para desarrollar una inteligencia artificial cada vez más poderosa, en cambio, lo que hace falta principalmente es conocimiento, tecnología, talento e inteligencia humana.

Y eso es mucho más difícil de controlar: la inteligencia y el conocimiento no se pueden encerrar en un almacén ni prohibir con una simple frontera.

 

Nacionalizar a decenas de miles saharauis acarreará problemas políticos, económicos y sociales en Marruecos y en España

 

Nacionalizar a decenas de miles saharauis acarreará problemas políticos, económicos y sociales en Marruecos y en España

Por Bruno Perera

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la proposición de ley que pretende facilitar la nacionalidad española a los saharauis nacidos durante el periodo en que el Sáhara Occidental estuvo bajo administración española, así como, en determinadas condiciones, a sus descendientes. La iniciativa fue aprobada el pasado 10 de septiembre por 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones. Sin embargo, conviene aclararlo desde el principio: todavía no es una ley definitivamente vigente, porque debe continuar su tramitación en el Senado.

Sus defensores PSOE y su séquito de aduladores, presentan la medida como una reparación histórica hacia quienes nacieron en el Sáhara cuando era administrado por España. Y es perfectamente legítimo que exista un debate sobre la responsabilidad histórica española y sobre los derechos de quienes tuvieron vínculos documentales con la antigua Administración española desde 1884  y durante sus vidas hasta 1975. (El Sáhara Occidental pasó a ser una provincia española a partir del 10 de enero de 1958)

Pero también es legítimo preguntarse si, en el delicadísimo momento que atraviesan las relaciones entre España, Marruecos, Argelia y el Frente Polisario, es prudente adoptar una medida de estas características.

Las estimaciones sobre el número de posibles beneficiarios son muy diferentes. Algunas informaciones hablan de hasta 200.000 personas, mientras otras sitúan el universo potencial en torno a 80.000-110.000, dependiendo de cómo se contabilicen los descendientes. Lo que sí está claro es que no estamos hablando de unos pocos cientos de casos individuales, sino de decenas de miles de posibles nuevos ciudadanos españoles.

¿Qué ocurrirá con los hijos y descendientes?

La cuestión no termina necesariamente con quienes nacieron durante la Administración española.

El texto contempla que los descendientes en primer grado de quienes adquieran la nacionalidad española puedan optar también a ella dentro de un determinado plazo. Es decir, la decisión puede tener un efecto generacional.

Por tanto, no estamos simplemente ante la posibilidad de reconocer la nacionalidad a un grupo de personas de avanzada edad que nacieron cuando España administraba el territorio. Estamos creando un nuevo vínculo jurídico entre España y familias saharauis durante generaciones.

Y ese vínculo puede adquirir una enorme importancia política si esas personas continúan viviendo en un territorio que Marruecos considera parte de su soberanía.

El problema con Marruecos

España mantiene desde hace años una relación especialmente delicada con Marruecos.

Marruecos considera el Sáhara Occidental una cuestión fundamental para su política nacional, mientras que el Frente Polisario defiende la autodeterminación y la independencia del territorio.

En estas circunstancias, conceder la nacionalidad española a decenas de miles de saharauis puede ser interpretado en Rabat como algo mucho más importante que un simple procedimiento administrativo.

Aunque España sostenga que se trata exclusivamente de una cuestión de nacionalidad y de derechos individuales, Marruecos puede interpretarlo como un reconocimiento político de una identidad saharaui diferenciada.

Y no debemos olvidar que España necesita a Marruecos para cuestiones tan importantes como el control de la inmigración ilegal, la lucha contra el terrorismo y la cooperación policial y económica.

Por eso resulta cuando menos discutible que España adopte ahora una medida susceptible de abrir otro frente de enfrentamiento con Rabat.

¿Podría la crisis de Ceuta estar relacionada?

Hay otra posibilidad que, a mi juicio, tampoco debería ignorarse, aunque existen pruebas públicas suficientes para presentarla como un hecho demostrado.

Marruecos no ha reconocido oficialmente que su Gobierno organizara la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Sin embargo, teniendo en cuenta la enorme dimensión que alcanzó aquella crisis y el contexto de las relaciones hispano-marroquíes, cabe preguntarse si aquella presión migratoria pudo tener también un componente político.

Quizás Marruecos, aunque su Gobierno no haya dado la cara respecto a la invasión inmigratoria de Ceuta, utilizó —o permitió— aquella presión migratoria como una forma de protesta o de chantaje político frente a España. Y cabe preguntarse si, entre las razones que pudieron contribuir a aquella actuación, se encontraba también la cuestión del Sáhara Occidental y, en particular, la posibilidad de que España nacionalizara a los saharauis ahora contemplados en esta proposición de ley.

No afirmo que esa fuera la causa de la crisis de Ceuta, porque para afirmarlo serían necesarias pruebas que actualmente no tengo. Pero sí considero legítimo plantear la hipótesis y preguntarse si Marruecos podría utilizar nuevamente la inmigración ilegal como instrumento de presión política si España continúa avanzando en esta dirección.

Y eso debería preocupar seriamente al Gobierno español.

¿Y si un español de origen saharaui tiene problemas con Marruecos?

Aquí aparece, a mi juicio, una de las cuestiones más delicadas.

Imaginemos que un saharaui que reside en el territorio saharaui controlado por Marruecos obtiene la nacionalidad española.

Si posteriormente es detenido, perseguido o maltratado por motivos políticos, ¿qué hará España?

¿Se limitará a decir que se trata de un ciudadano marroquí que vive en Marruecos?

Difícilmente.

Si esa persona posee un pasaporte español y la nacionalidad española, es lógico pensar que podrá solicitar protección y asistencia consular de España y de la UE.

Y si España y la UE interviene para defender a uno de sus ciudadanos frente a las autoridades marroquíes, el problema dejará de ser exclusivamente saharaui y pasará a ser también un problema entre España la UE y Marruecos.

Tinduf: otra complicación

Existe además otro escenario todavía más complicado: los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia.

Allí viven decenas de miles de saharauis, muchos de ellos en situación de apatridia. La nueva nacionalidad podría permitirles viajar, estudiar y trabajar en España y en otros países de la Unión Europea.

Para muchas de esas personas, indudablemente, supondría una mejora importante de sus posibilidades personales.

Pero también existe un problema.

El conflicto del Sáhara Occidental continúa sin una solución definitiva y el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario se rompió en 2020.

¿Qué ocurriría si un ciudadano español residente en los campamentos de Tinduf resultara víctima de un episodio relacionado con el conflicto?

¿Podría España y la UE desentenderse completamente?

Algunos observadores ya han advertido de que la aparición de ciudadanos españoles en una zona de conflicto podría terminar involucrando a España y a la UE, especialmente si se produjeran víctimas entre ellos.

Y eso es precisamente lo que me preocupa.

El coste económico

También debemos hablar del dinero.

España tiene una deuda pública elevada, un sistema de pensiones sometido a una enorme presión y unas necesidades sociales que ya requieren miles de millones de euros. (Y que cuando no hay dinero suficiente se toma de otras carteras para pagar las pensiones).

No sería responsable decir que todo nuevo ciudadano saharaui tendrá automáticamente derecho a una pensión no contributiva, porque eso no es así. Las pensiones no contributivas de jubilación exigen, entre otros requisitos, residencia legal en España durante determinados periodos.

Pero eso no significa que la cuestión económica carezca de importancia.

Los nuevos ciudadanos españoles podrán acceder, cuando cumplan los requisitos legales correspondientes, a los derechos y prestaciones previstos por nuestro ordenamiento. Y algunos saharauis que ya tienen vínculos laborales o administrativos con España reciben pensiones derivadas de sus relaciones anteriores con la Seguridad Social española.

Por tanto, la nacionalidad no es simplemente entregar un pasaporte. Significa incorporar a una persona a un conjunto de derechos y obligaciones dentro del Estado español y la UE.

Si hablamos de decenas de miles de nuevos ciudadanos, el impacto económico futuro merece ser estudiado antes de aprobar definitivamente la norma.

España debe medir las consecuencias

Yo no niego los vínculos históricos entre España y el pueblo saharaui.

Tampoco niego que existan saharauis que conservan documentos españoles de sus padres, de sus abuelos o de ellos mismos y que consideran que España abandonó el territorio en unas circunstancias históricas que todavía no han sido resueltas.

Pero una cosa es reconocer una injusticia histórica y otra muy distinta es adoptar una decisión cuyas consecuencias políticas pueden extenderse durante generaciones.

España no puede actuar únicamente pensando en el pasado.

Tiene que pensar también en el futuro.

Tiene que preguntarse qué ocurrirá con Marruecos, qué ocurrirá con los saharauis que continúen viviendo bajo administración marroquí, qué ocurrirá con quienes permanezcan en Tinduf, qué obligaciones asumirá España y la UE cuando alguno de esos ciudadanos tenga problemas y cuánto terminará costando al Estado la extensión de derechos y prestaciones a una población que puede alcanzar decenas de miles de personas.

Y todo ello ocurre, además, mientras España intenta mantener una relación de cooperación con Marruecos.

¿No estamos enviando, entonces, mensajes contradictorios?

Una decisión que puede echar más leña al fuego

El Sáhara Occidental continúa siendo uno de los conflictos territoriales más complicados del norte de África.

Marruecos no va a renunciar fácilmente a sus reivindicaciones. El Frente Polisario tampoco ha renunciado a sus aspiraciones. Argelia respalda al Polisario y España se encuentra geográficamente a escasos kilómetros de toda esta realidad.

Por eso considero que España debería actuar con mucha prudencia.

Una decisión que afecte a decenas de miles de personas y que pueda crear nuevos vínculos jurídicos entre España y ciudadanos residentes en una zona disputada no debería aprobarse sin estudiar hasta el último de sus efectos diplomáticos, económicos y jurídicos.

Porque después puede ocurrir aquello que dice el viejo refrán:

«Parió la vaca y ahora pare el toro».

España podría encontrarse con que una medida presentada como una reparación histórica termina convirtiéndose en un nuevo problema con Marruecos, en nuevas obligaciones económicas para el Estado y en situaciones diplomáticas difíciles de resolver.

El problema del Sáhara Occidental necesita una solución política internacional dictada por Naciones Unidas y no por España ni la UE.

España debería contribuir a buscar esa solución, pero sin convertir automáticamente a España en parte directa de cada problema que pueda surgir en el territorio.

Antes de dar un paso de semejante magnitud, convendría mirar no solamente hacia el pasado, sino también hacia las consecuencias que ese paso puede traer durante las próximas décadas.

 

Algunos inmigrantes ilegales que invadieron Ceuta colocan trampas contra policías y militares españoles.

 

Algunos inmigrantes ilegales que invadieron Ceuta colocan trampas contra  policías y militares españoles.

Por Bruno Perera

Algunos inmigrantes ilegales que invadieron Ceuta colocan trampas contra policías y militares. No tienen bastante con haber entrado ilegalmente, y además siendo atendidos se dedican a poner trampas para herir o matar a militares y policías españoles

Lo que está ocurriendo en Ceuta ha alcanzado un nivel que debería hacer reflexionar profundamente a toda España.

Una cosa es que una persona entre ilegalmente en territorio español, solicite protección, reciba asistencia humanitaria o permanezca temporalmente en un lugar mientras las autoridades resuelven su situación. Otra muy diferente es que algunas de esas personas, después de haber entrado ilegalmente, respondan a quienes tienen la obligación de controlar la situación con piedras, emboscadas o, según un vídeo difundido por El Faro de Ceuta, colocando obstáculos peligrosos en caminos próximos a precipicios utilizados por policías y militares.

El asunto es extraordinariamente grave.

Según informó El Faro de Ceuta, en un vídeo aparecen dos inmigrantes marroquíes en una zona rocosa del Recinto explicando la colocación de piedras sobre un cartón en un camino. Uno de ellos advierte que quien pisara allí podía terminar «directo al vacío». Si la finalidad de esa actuación era realmente dificultar el paso de los militares y provocar que alguno perdiera el equilibrio, estaríamos ante una conducta que va mucho más allá de una simple protesta o de una resistencia a abandonar un asentamiento.

Estaríamos ante una actuación potencialmente capaz de provocar lesiones gravísimas o incluso la muerte.

Y aquí aparece una cuestión que España no debería pasar por alto: los policías y militares españoles que patrullan esas zonas no están allí para perseguir a inmigrantes por el hecho de ser inmigrantes. Están cumpliendo una misión encomendada por el Estado español.

Los efectivos que recorren terrenos escarpados de Ceuta se enfrentan a un peligro que ya es considerable por las propias características del terreno. Si además alguien coloca deliberadamente piedras u otros obstáculos para provocar una caída, el riesgo se multiplica.

Pero este episodio tampoco puede analizarse de manera completamente aislada.

En las últimas semanas se han producido varios enfrentamientos entre inmigrantes y efectivos españoles. Se han denunciado lanzamientos de piedras contra militares y guardias civiles, y en algunos casos se han producido lesiones. La Asociación de Tropa y Marinería Española ha reclamado públicamente una mayor protección para los militares destinados en Ceuta.

Por tanto, la pregunta que debería hacerse el Gobierno es muy sencilla:

¿Qué está pasando realmente en los asentamientos de unos 13.000  inmigrantes en Ceuta?

Porque una cosa es la inmigración ilegal y otra muy distinta es que determinados grupos lleguen a enfrentarse físicamente con quienes representan al Estado español.

España tiene la obligación de proporcionar asistencia humanitaria a quien se encuentre en una situación de necesidad. Pero proporcionar asistencia humanitaria no significa que las personas que la reciben tengan derecho a agredir a los servidores públicos que cumplen con su deber.

Y tampoco significa que los policías y militares españoles tengan que asumir indefensos riesgos extraordinarios mientras realizan su trabajo.

Hay que evitar, además, una generalización injusta. No todos los inmigrantes que han llegado a Ceuta han participado en agresiones contra militares, y no sería correcto atribuir a todos ellos las acciones de unos individuos concretos.

Precisamente por eso es necesario que las autoridades investiguen cada caso, identifiquen a los responsables y, si se demuestra que han cometido delitos, actúen con toda la contundencia que permite la ley.

Lo que debería informa el Gobierno de  España es que muchos de los que  entran ilegalmente en territorio nacional suelen después enfrentarse violentamente a la policía y a los militares, quemando edificios, lanzándoles piedras o colocándoles obstáculos potencialmente mortales.

Si una persona coloca deliberadamente una trampa en un camino junto a un precipicio sabiendo que por allí van a pasar militares, las consecuencias potenciales son enormes. No estamos hablando simplemente de impedir el paso. Estamos hablando de poner en peligro la integridad física de personas que cumplen una función pública.

Y si finalmente una investigación judicial demostrara que alguna de esas trampas fue colocada con la intención de provocar una caída al vacío, España debería tratar el asunto con la gravedad que merece.

Los policías y militares españoles tienen derecho a regresar a sus casas después de cumplir su misión.

También tienen derecho a saber que el Estado que los envía a una zona de riesgo los va a proteger y va a perseguir judicialmente a quien intente hacerles daño.

Ceuta no puede convertirse en un territorio donde quienes entran ilegalmente terminen imponiendo sus propias reglas mediante la intimidación, las piedras, las emboscadas o las trampas.

La solidaridad y la asistencia humanitaria son valores que España debe mantener.

Pero la solidaridad no puede significar indefensión.

Y la protección de los inmigrantes vulnerables no puede convertirse jamás en desprotección de los militares, guardias civiles y policías españoles.

Ahora corresponde a las autoridades investigar hasta el último detalle de estas denuncias, identificar a los responsables y determinar exactamente qué pretendían conseguir quienes colocaron esas piedras junto al precipicio.

Porque si se demuestra que el objetivo era hacer caer a un militar al vacío, España no estaría ante una simple incidencia migratoria.

Estaría ante un ataque deliberado contra un servidor del Estado.

En este enlace vean las noticias del digital El Faro de Ceuta: https://elfarodeceuta.es/

Ver video sobre la invasión  de Ceuta: https://www.bing.com/search?q=fotos%20de%20las%20trampas%20marroquies%20contra%20los%20militares%20y%20policias%20en%20Ceuta&FORM=ARPSEC&PC=3BTC&PTAG=1391

Ver las trampas en este enlace: https://okdiario.com/espana/asi-preparan-invasores-ceuta-trampas-militares-que-caigan-vacio-20267714

 

 

 

Marruecos continúa jugando al gato y al ratón con España, mientras Pedro Sánchez sigue el juego en favor de Marruecos

 

Marruecos continúa jugando al gato y al ratón con España, mientras Pedro Sánchez sigue el juego en favor de Marruecos

Por Bruno Perera

La crisis inmigratoria que ha sufrido Ceuta durante los últimos meses ha puesto nuevamente sobre la mesa una realidad que España lleva demasiado tiempo intentando gestionar mediante acuerdos bilaterales con Marruecos: el control de la inmigración puede convertirse también en un instrumento de presión política.

Los acontecimientos del pasado mes de julio fueron de una magnitud extraordinaria. Entre el 30 y el 31 de julio, decenas de miles de personas invadieron Ceuta desde Marruecos. Un informe policial remitido a la Audiencia Nacional describe entre 70.000 y 80.000 entradas y distingue tres oleadas. La primera estuvo formada principalmente por jóvenes marroquíes, muchos de ellos equipados con neoprenos y otros medios para atravesar el agua; posteriormente entraron familias completas y personas de origen subsahariano; finalmente volvió a producirse una oleada de jóvenes. (El País)

Para mí, resulta difícil contemplar semejante operación y considerarla simplemente una explosión migratoria espontánea o fomentada y dirigida por mafias. Y no soy el único que piensa así. Un informe policial conocido en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional sostiene que la operación fue planificada y señala la posible intervención de agentes marroquíes y una permisividad extraordinaria de las fuerzas de seguridad marroquíes. (ElHuffPost) ( En Marruecos no vuela una mosca sin que su rey se entere, por lo tanto las moscas que volaron como una invasión hacia Ceuta fue una plaga que envió el Gobierno marroquí).

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) y su séquito de vendepatrias, continúan afirmando que no disponen de pruebas concluyentes que permitan atribuir al Gobierno marroquí la organización de la entrada masiva. El Ejecutivo acaba de desclasificar alrededor de 40 documentos relacionados con la crisis, entre ellos documentación del CNI, CIFAS, Policía Nacional y Guardia Civil. (Cadena SER). (Documentos que solo aporta la información que a P. Sánchez le interesa y que manipula para que España se lo crea).

Pero una cosa es que todavía no se haya hecho pública una prueba definitiva que permita afirmar judicialmente que el Gobierno marroquí ordenó la operación y otra muy diferente es ignorar los numerosos indicios que están apareciendo. (El Gobierno del PSOE y su séquito de aduladores aún no han tenido las agallas para confirmar que la invasión fue orquestada por Marruecos, unos no lo confirman por miedo a secretos que posee Marruecos sobre Pedro Sánchez, y otros como independentistas tampoco porque eso no les favorece a sus futuras reivindicaciones independentistas que llevarán a cabo tan pronto España se enfrente de verdad a Marruecos

¿Casualidad o presión organizada?

Cuando miles de personas atraviesan simultáneamente una frontera internacional y, según los informes policiales, las fuerzas de seguridad del país de origen permiten durante horas el paso masivo, España tiene derecho a preguntarse qué está ocurriendo. (O por lo contario es culpable de la invasión).

El presidente del Gobierno ha reconocido que durante unas diez horas la policía marroquí permitió el paso de personas, aunque sostiene que todavía no puede determinar si aquello fue deliberado o consecuencia de una incapacidad para controlar la situación. (Sánchez piensa que en España somos bobos y que debemos creer semejante patraña).

Yo considero que España debería exigir una explicación mucho más contundente.

Marruecos conoce perfectamente el valor estratégico que tiene la inmigración. Lo conoce porque controla buena parte de las rutas que conducen hacia Ceuta y porque la cooperación marroquí resulta fundamental para impedir muchas salidas hacia Canarias y la Península.

Y aquí aparece el peligro del denominado chantaje migratorio: si cada vez que Marruecos quiere obtener algo de España y de la UE., aumenta o permite aumentar la presión migratoria, España y la UE., terminan negociando bajo presión.

¿Qué ocurre con las miles de personas que todavía permanecen en Ceuta?

Después de aquella entrada masiva, todavía permanecen en Ceuta entre 5.000 y 10.000 personas, según las estimaciones conocidas públicamente. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha advertido de que la situación es insostenible y ha pedido ayuda urgente a la Unión Europea. (Financial Times) ( Y en esta odisea inmigratoria obligada, Marruecos no ha sido capaz de enviar alimentos, ropa, agua y techo a esa su gente, unos 8.000 individuos  entre adultos y MENAs que aún permanecen en Ceuta y que España se está haciendo cargo de todo. De esto se obtiene la humanidad del gobierno marroquí).

El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, ha dicho algo que considero fundamental: la frontera de Ceuta es una frontera común de la Unión Europea. También ha señalado que la prioridad debe ser retornar a Marruecos a las personas que no tengan derecho a permanecer en territorio europeo, respetando naturalmente los procedimientos legales. (El País)

Por tanto, Europa comienza a comprender que Ceuta no es simplemente un problema municipal ni exclusivamente español.

Es una frontera exterior de Europa.

Marruecos debe colaborar en los retornos

Se ha dicho que los inmigrantes subsaharianos no pueden ser devueltos a Marruecos porque no son marroquíes. Esa afirmación, formulada de manera absoluta, es engañosa.

La cuestión no es únicamente la nacionalidad de una persona, sino también de dónde procede, cómo entró y qué acuerdos de readmisión existen.

Si una persona de otro país que no sea de Marruecos entró en España desde Marruecos durante la invasión de Ceuta, Marruecos debe aceptar su readmisión, el retorno puede realizarse conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Y quien solicite protección internacional si entró ilegalmente no tiene derecho a que su solicitud sea examinada. Y los menores y mujeres preñadas, especialmente los no acompañados, tampoco deben ser admitidos porque todos entraron ilegalmente bajo la permitida invasión que Marruecos organizó.

Pero solicitar asilo no significa automáticamente que se tenga derecho a permanecer indefinidamente en España. Una solicitud debe ser examinada y puede ser aceptada o rechazada.

Por eso considero que España debe aplicar la ley con firmeza, pero también con todas las garantías jurídicas.

¿Y las pateras que siguen saliendo hacia Canarias?

Mientras Ceuta continúa intentando solucionar las consecuencias de la entrada masiva, Canarias sigue recibiendo embarcaciones procedentes de África.

En Lanzarote, según la información publicada por medios locales y la información que ha trascendido sobre la llegada reciente de una patera procedente de Marruecos, se vuelve a poner de manifiesto que existe una ruta marítima entre la costa marroquí y Canarias.

Esto es especialmente significativo cuando se trata de embarcaciones pequeñas —pateras, y no necesariamente los grandes cayucos característicos de las rutas más largas del Atlántico— y de ciudadanos marroquíes.

No todas las embarcaciones que llegan a Canarias proceden de Marruecos: también existen rutas desde Mauritania, Senegal, Gambia y otros puntos de África occidental. Pero cuando una embarcación parte de Marruecos y transporta ciudadanos marroquíes, España debe preguntarse qué está ocurriendo en esas costas y qué grado de control ejerce Marruecos sobre ellas.

Marruecos no puede jugar eternamente con España

España mantiene relaciones económicas, comerciales y de seguridad muy importantes con Marruecos. Precisamente por eso, Madrid debe poder exigir a Rabat reciprocidad.

No puede ser que Marruecos sea considerado un socio estratégico cuando interesa y que, al mismo tiempo, España tenga que soportar periódicamente presiones migratorias procedentes de su territorio.

Tampoco puede España vivir permanentemente pendiente de qué decisión adopta Marruecos sobre sus fronteras.

Si Marruecos quiere ser considerado un socio fiable, debe demostrarlo controlando sus fronteras, luchando contra las mafias y cooperando eficazmente en los retornos.

Porque si después de una entrada masiva quedan miles de personas en Ceuta y no existe una respuesta clara, contundente y jurídicamente eficaz, el mensaje que puede recibir Marruecos es peligroso: la presión sobre España funciona.

Y si funciona una vez, puede volver a utilizarse.

Pedro Sánchez no debería jugar una partida que España puede terminar perdiendo

El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que no quiere acusar a Marruecos sin pruebas definitivas.

Desde un punto de vista judicial, esa prudencia puede ser comprensible.

Pero desde el punto de vista político y de seguridad nacional, España no puede limitarse a esperar a que aparezca una prueba definitiva mientras observa cómo se acumulan los indicios.

El informe policial que investiga la Audiencia Nacional habla de una operación planificada y señala la participación de agentes marroquíes. El Gobierno, por su parte, insiste en que no existen pruebas concluyentes de que el Gobierno marroquí organizara la operación. Ambas afirmaciones deben ser investigadas hasta llegar a la verdad. (ElHuffPost) ( Todos sabemos en España que Marruecos presiona a España con la inmigración ilegal y la soberanía de Ceuta y Melilla porque pretende que España reconozca al Sáhara occidental como territorio marroquí). Aquí está el meollo de la guerra hibrida.

Lo que España necesita ahora no es una guerra diplomática con Marruecos, sino una política de Estado.

Una política que diga claramente:

Ceuta y Melilla son españolas.

Sus fronteras son fronteras de la Unión Europea.

La inmigración no puede utilizarse como arma de presión política.

Quien no tenga derecho a permanecer en España debe ser retornado conforme a la ley.

Y Marruecos debe asumir la responsabilidad que le corresponde por controlar el territorio desde el que parten las entradas ilegales

Estados Unidos también ha hablado

Y mientras España afronta esta crisis, Estados Unidos ha reiterado que reconoce inequívocamente la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Esa posición resulta especialmente relevante después de la polémica provocada por documentos estadounidenses que habían generado dudas sobre la posición de Washington. Posteriormente, el Gobierno estadounidense reafirmó su respaldo a la soberanía española. (La Jornada)

Es decir, España no está sola en la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla.

Ahora corresponde al Gobierno español defender esa soberanía también mediante una política migratoria firme.

No se trata de estar contra Marruecos ni contra los inmigrantes

Se trata de defender a España.

Los inmigrantes que llegan a nuestras costas son seres humanos y deben ser tratados dignamente. Pero también es legítimo exigir que las fronteras sean controladas, que se cumplan las leyes y que ningún Gobierno extranjero pueda utilizar los movimientos migratorios para presionar políticamente a España.

Marruecos tiene derecho a defender sus intereses.

España también.

Y si Marruecos continúa jugando al gato y al ratón con España utilizando la inmigración como elemento de presión, el Gobierno español tendrá que decidir si quiere seguir jugando esa partida o si, finalmente, decide cambiar las reglas.

Porque una cosa es tener un vecino con el que España debe convivir y otra muy distinta permitir que ese vecino determine, mediante la presión migratoria, las decisiones que España debe tomar.