Cómo funcionan las mafias de la inmigración
ilegal hacia Canarias y el problema de los MENAs
Por Bruno Perera.
La llegada de
menores extranjeros no acompañados (MENAs) a Canarias se ha convertido en uno
de los fenómenos migratorios más complejos de los últimos años. Detrás de este
problema existe una combinación de factores ilegales, legales, sociales y criminales que
explican por qué cada vez llegan más menores a las costas españolas.
Cómo se identifica a un menor cuando llega sin
documentos
Muchos menores
llegan a España sin pasaporte ni documentación. En estos casos las autoridades
siguen varios pasos para intentar identificarlos.
Primero, el
propio menor declara su nombre, edad, país y lugar de origen. Estos datos se
registran inicialmente por la policía aunque no existan pruebas que los
confirmen. (Por tales actuaciones se hacen registros falsos de MENAs)
Si existen
dudas sobre la edad, interviene la fiscalía y se pueden realizar pruebas
médicas, como radiografías óseas o dentales, que permiten estimar la edad
aproximada. Sin embargo, estas pruebas tienen un margen de error de uno o dos
años.
Mientras se
investiga su situación, el menor o supuesto menor pasa al sistema de protección
de menores. En Canarias la tutela corresponde al Gobierno autonómico.
El problema es
que, si el menor o supuesto menor no
tiene documentos, la identidad inicial suele basarse únicamente en lo que él
mismo declara.
El problema de las identidades falsas
Cuando no hay
documentación, es posible que se registren identidades falsas. Un menor o un
supuesto menor puede declarar un nombre, una edad o una nacionalidad que luego
resultan difíciles de comprobar.
Esto provoca
que algunos migrantes aparezcan con identidades diferentes en distintos países
europeos o que se descubra posteriormente que la nacionalidad declarada no era
correcta. Desde esta perspectiva no se entiende cómo un MENA que haya sido
registrado con nombre y nacionalidad falsas pueda después de cumplir la mayoría
de edad reclamar el derecho de agrupación familiar. Aquí hay gato
encerrado.
Un problema
similar surge cuando algunos menores extranjeros no acompañados declaran
proceder de países en guerra y solicitan asilo político basándose únicamente en
su propia declaración, sin aportar documentos u otras pruebas que respalden
realmente su identidad o su situación. Esta falta de verificación inicial puede
complicar mucho la comprobación de los hechos y la correcta gestión de sus solicitudes.
Por qué es difícil repatriarlos
La
repatriación de menores es complicada por razones legales.
Los países de
origen, como Marruecos o varios Estados del África occidental, exigen confirmar
que la persona es realmente ciudadano suyo y que existe una familia o tutor que
pueda hacerse cargo del menor.
Si el país de
origen no confirma la identidad, la repatriación simplemente no se realiza.
En algunos
casos se han organizado misiones de identificación en las que funcionarios del
país de origen entrevistan a los menores y analizan su dialecto o sus datos
familiares, pero estos procedimientos no se realizan de forma sistemática.
El papel de las mafias
Las redes de
tráfico de personas que operan entre África y Europa suelen preparar a los
migrantes antes del viaje.
Entre las
instrucciones más habituales están:
- decir que son menores de
edad
- memorizar una identidad
concreta
- declarar nacionalidades
difíciles de repatriar
- no mencionar a las mafias
que organizaron el viaje
- destruir o esconder cualquier
documento.
También les
recomiendan memorizar números de teléfono de supuestos familiares en Europa o,
en algunos casos, solicitar asilo para retrasar posibles devoluciones.
Por qué las mafias envían menores
Las mafias han
descubierto que enviar menores aumenta las probabilidades de que puedan
permanecer en Europa.
Los menores o
supuestos menores no pueden ser expulsados fácilmente y pasan al sistema de
protección, donde reciben alojamiento, alimentación, educación y atención
médica.
Además, muchos
pueden solicitar permisos de residencia cuando cumplen 18 años si han estado
bajo tutela administrativa.
Por esta razón
las redes criminales prefieren enviar jóvenes que puedan pasar por menores,
normalmente entre 16 y 20 años.
El problema de los adultos que se declaran menores
En algunos
casos personas adultas declaran tener 16 o 17 años para acceder al sistema de
protección de menores.
Cuando existen
sospechas se realizan pruebas médicas para estimar la edad, pero estas pruebas
no siempre permiten una conclusión completamente segura. Si existe duda, la ley
suele aplicar el principio de protección del menor.
Por qué aumentaron las llegadas a partir de 2020
El aumento de
llegadas a Canarias desde 2020 se explica por varios factores.
Uno de los
principales fue el cierre o endurecimiento de otras rutas migratorias hacia
Europa, especialmente en el Mediterráneo. Esto hizo que las mafias reforzaran
la llamada ruta atlántica hacia Canarias.
También
influyeron la pandemia de COVID, el aumento de la presión migratoria en países
del África occidental y la estrategia de las redes de tráfico de enviar más
menores.
Cuánto dinero mueve este negocio
El tráfico de
migrantes hacia Canarias se ha convertido en un negocio extremadamente
lucrativo.
Un migrante
suele pagar entre 1.000 y 3.000 euros por el viaje en cayuco. En algunos casos
el precio puede ser menor o superar esa cantidad dependiendo de la ruta.
Un cayuco con
alrededor de 100 pasajeros puede generar unos ingresos de unos 120.000 euros.
Incluso después de pagar gastos como combustible, embarcación, reclutadores o
el patrón del barco, las redes criminales pueden obtener beneficios de entre
70.000 y 90.000 euros por viaje.
El patrón de
la embarcación suele cobrar entre 3.000 y 6.500 euros por patronear el cayuco.
En muchos
casos las familias africanas venden tierras, ganado o propiedades para pagar el
viaje de un hijo, al que consideran una inversión para el futuro.
Final
La llegada de
menores a Canarias no es un fenómeno simple. Es el resultado de la combinación
de varios factores: las ventajas legales que tienen los menores en Europa, las
dificultades para verificar identidades sin documentos, las estrategias de las
mafias y la fuerte presión migratoria en África occidental.
Todo ello ha
convertido la ruta atlántica hacia Canarias en uno de los negocios ilegales más
rentables para las redes de tráfico de personas.
Nota y posible
solución
Cuando un país
como Marruecos afirma que según sus leyes no puede recibir a menores
extranjeros no acompañados (MENAs) porque no se ha demostrado que sean
ciudadanos suyos, en muchos casos no se trata tanto de una verdadera dificultad
para comprobar la nacionalidad, sino de una forma de evitar su repatriación.
Mientras esos
menores permanecen en Canarias bajo tutela administrativa, son las
instituciones españolas quienes asumen el coste de su atención y mantenimiento.
Si realmente
existiera una voluntad clara de repatriar a esos menores, una posible solución
sería que los países de origen enviaran a las islas equipos de identificación
—por ejemplo, gendarmes o funcionarios especializados— que pudieran entrevistar
a los MENAs y comprobar su procedencia mediante interrogatorios, dialectos,
datos familiares, números de teléfonos o referencias geográficas.
Este tipo de
misiones de identificación permitiría aclarar muchos casos de identidad dudosa.
Sin embargo, rara vez se realizan de forma sistemática, lo que alimenta la
sospecha de que algunos países prefieren que los menores permanezcan en Europa,
mientras continúan llegando nuevos migrantes y se mantienen programas de
cooperación o ayudas económicas procedentes de España y de la Unión Europea
hacia países africanos desde los cuales nos envían inmigrantes ilegales.
Y en todo esto, lo más trágico es que durante más de treinta
años de inmigración ilegal hacia Canarias y la península, las administraciones
públicas han destinado cantidades enormes de dinero a gestionar este fenómeno: gasto en acogida, gasto
en control fronterizo, cooperación con África, y programas europeos.
Entre estos gastos
sobre todo los de tutela de inmigrantes ilegales y subvenciones entregadas a
países africanos de donde parten muchas de estas rutas migratorias, el Gobierno
de Canarias, el Gobierno de España y la Unión Europea han llegado a despilfarrar
más de 30.000 millones de euros.
Para
comprender la magnitud de esa cifra basta una comparación sencilla: con ese
dinero se podrían haber construido unas 300.000 viviendas sociales de tres
habitaciones, valoradas aproximadamente en 100.000 euros cada una, siempre que
el suelo y los permisos fueran aportados por las administraciones públicas.
Es decir, recursos
suficientes para mejorar de forma directa la vida de cientos de miles de
familias que hoy siguen teniendo dificultades para acceder a una vivienda
digna.
Y para más INRY; mientras todo esto sucede, mafias
africanas y también redes que operan desde España, junto con numerosas oenegés,
viven de un sistema corrupto que se alimenta del dinero público. Un dinero que
sale del bolsillo de los ciudadanos.
Y lo más curioso es que, cuando alguien se atreve a denunciar esta situación o
a pedir que se investigue y se gestione con más rigor, enseguida aparece la
descalificación fácil: te llaman racista para intentar silenciarte.
Pero la realidad es otra. Defender que se diga la verdad, exigir transparencia
y pedir que se protejan primero los intereses de los ciudadanos no es racismo;
es simplemente reclamar responsabilidad y justicia.
