Marruecos miente
y manipula cuando dice a España y a la UE que está dispuesto a recibir a los MENAs
Por Bruno Perera
Desde hace años Marruecos viene transmitiendo a
España y a las instituciones europeas que está dispuesto a recibir de vuelta a
los menores extranjeros no acompañados —los conocidos como MENAs— que sean de
nacionalidad marroquí y que se encuentren en territorio español. Pero no a los
MENAs subsaharianos que parten del territorio marroquí hacia territorio
español. (Algo que no se puede comprender).
Sobre el papel, la propuesta parece en parte
razonable: si un menor marroquí ha llegado ilegalmente a España y se demuestra
que su familia o un sistema adecuado de protección puede hacerse cargo de él en
Marruecos, ¿por qué no devolverlo a su país de origen?
El problema aparece cuando pasamos de las
declaraciones políticas a la realidad jurídica.
La legislación española y europea no permite
simplemente meter a un menor en un avión y enviarlo a Marruecos. Antes de
proceder a su retorno deben respetarse determinadas garantías y, sobre todo,
debe prevalecer el interés superior del menor. La normativa europea
establece que, antes de expulsar a un menor no acompañado, las autoridades
deben asegurarse de que será entregado a un familiar, a un tutor designado o a
unas instalaciones de acogida adecuadas en el país de retorno. (EUR-Lex)
Además, la normativa europea exige que las
circunstancias del menor sean examinadas individualmente y que se tengan en
cuenta factores como la posibilidad de reunificación familiar, su bienestar, su
seguridad, su desarrollo y las posibles situaciones de violencia, explotación o
trata. (EUR-Lex).
(En definitiva un cuento de las Mil y Una Noches que nunca termina si se sigue
el proceso legal internacional).
Y aquí es donde, a mi juicio, aparece la
contradicción de la posición marroquí.
Marruecos puede decir públicamente que está
dispuesto a recibir a sus menores, pero una cosa es decirlo y otra muy distinta
es proporcionar a España las garantías necesarias para que esos retornos puedan
ejecutarse legalmente y de forma efectiva.
De hecho, España y Marruecos ya tienen desde 2007
un acuerdo específico sobre la prevención de la emigración ilegal de menores no
acompañados, su protección y su retorno concertado. Ese acuerdo establece
expresamente que cualquier retorno debe realizarse respetando la legislación
española, el Derecho internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño.
También contempla la reunificación familiar o, cuando proceda, la entrega del
menor a una institución de tutela. (BOE). (Y en todo esto Marruecos sabe que según los
acuerdos internacionales la devolución de MENAs es casi imposible y por ello Marruecos
juega al gato y al ratón con España).
Por tanto, la cuestión no es simplemente si
Marruecos dice "sí, devuélvanmelos".
La verdadera pregunta es:
¿Está Marruecos dispuesto a demostrar, caso por
caso, que esos menores serán recibidos, protegidos y atendidos adecuadamente
cuando regresen?
Porque ahí está el verdadero problema.
Una promesa
política no es una garantía jurídica
Marruecos conoce perfectamente las dificultades
que tiene España para efectuar estos retornos. También conoce las obligaciones
que España ha asumido en materia de protección de menores. (Y de ello Marruecos
se aprovecha para lanzar sus falsas campañas de proteccionismo del menor).
Por eso considero que cuando desde Marruecos se
afirma que están dispuestos a recibir a los menores, sería necesario pasar de
las declaraciones políticas a compromisos concretos.
España no debe exigir ni conseguir, antes de
aceptar cualquier devolución, una identificación fiable del menor, la
localización de sus familiares cuando sea posible, una comprobación de las
circunstancias familiares, garantías sobre quién recibirá al menor y pruebas de
que existirá una estructura adecuada de protección después de su llegada. (Esto
le corresponde a Marruecos).
Debería bastar con que Marruecos diga: "Es
marroquí, devuélvanlo".
España no debe preguntar: "¿Quién lo
recibirá? ¿Dónde vivirá? ¿Quién será responsable de él? ¿Qué protección tendrá?
¿Qué ocurrirá si su familia no puede hacerse cargo de él?" (Eso le compete
a Marruecos).
Y esas respuestas deberían estar documentadas.
Marruecos
también tiene una responsabilidad
La responsabilidad no puede recaer exclusivamente
sobre España.
Si Marruecos considera que sus menores deben
regresar a su país, tiene también la responsabilidad de demostrar que dispone
de los medios necesarios para recibirlos y protegerlos.
No podemos aceptar que los menores sean
utilizados como una simple cuestión estadística o diplomática o como otra
Marcha Verde como la de 1975.
Un menor no es una cifra.
Un menor es una persona.
Y precisamente porque estamos hablando de
menores, España tiene que actuar con humanidad, pero también con sentido común.
La protección del menor no debería convertirse en
una puerta abierta para que miles de jóvenes emprendan viajes peligrosos con la
esperanza de llegar a Europa, mientras los países de origen se desentienden de
las consecuencias.
El problema no
empieza cuando el menor llega a España
Hay otra cuestión que considero fundamental y de
la que se habla demasiado poco.
¿Por qué tantos menores marroquíes y
subsaharianos quieren abandonar su país?
Si un joven considera que su futuro está en
España y está dispuesto a jugarse la vida para cruzar el Estrecho o el Atlántico,
quizá deberíamos preguntarnos qué está fallando en su propio país.
Marruecos y todos los países subsaharianos tienen
la obligación de ofrecer a sus jóvenes oportunidades de educación, formación,
trabajo y una vida digna. La prevención de la emigración de menores no puede
consistir únicamente en impedir que crucen la frontera.
Debe consistir también en conseguir que esos
menores no quieran marcharse desesperadamente de su propio país.
Y aquí es donde la responsabilidad de Marruecos y
de países subsaharianos resulta
ineludible.
España tampoco
puede permanecer indefinidamente atrapada
España se encuentra en una situación
especialmente complicada.
Por una parte, tiene que proteger a los menores y
cumplir las obligaciones derivadas de la legislación española, europea y de los
tratados internacionales.
Por otra, debe controlar sus fronteras y
garantizar que la entrada ilegal de personas no se convierta en un sistema
permanente de inmigración descontrolada.
Ambas cosas pueden y deben hacerse
simultáneamente.
Yo creo firmemente, viendo como está el panorama,
que la solución para España es salirse de la protección de los menores y de los
tratados relacionados de Naciones Unidas.
La solución debería ser cambiar las reglas
para que protección y control migratorio puedan funcionar conjuntamente.
España y la Unión Europea deberían negociar con
los países de origen acuerdos mucho más claros: identificación rápida,
comprobación familiar, centros de recepción adecuados, seguimiento posterior al
retorno, lucha contra las mafias que utilizan a menores y mecanismos que
permitan ejecutar las devoluciones en caliente.
Y si un país de origen afirma que quiere
recuperar a sus menores, debería asumir una parte mucho mayor de esa
responsabilidad.
No se puede
pedir a España que sea padre y madre de los hijos de otros países
España puede ayudar.
España debe proteger a los menores que llegan a
su territorio.
Pero España no puede convertirse indefinidamente
en el país que educa, alimenta, aloja y tutela a menores procedentes de otros
Estados mientras esos Estados se limitan a reclamar públicamente que se los
devuelvan.
La solidaridad internacional tiene límites.
Y esos límites deben establecerse mediante
acuerdos claros, verificables y exigibles.
También considero necesario revisar profundamente
determinados convenios y compromisos internacionales relacionados con
inmigración y retorno para que España tenga capacidad real para controlar
sus fronteras y ejecutar una política migratoria propia dentro del marco de los
derechos fundamentales.
Porque una cosa es respetar los derechos humanos
y otra muy diferente es aceptar que las normas internacionales puedan
convertirse en un mecanismo que haga prácticamente imposible gestionar una
frontera.
Marruecos debe
demostrarlo con hechos
Por eso, cuando Marruecos diga que está dispuesto
a recibir a los MENAs marroquíes que se encuentran en España, mi respuesta
sería muy sencilla:
No basta con decirlo. Hay que demostrarlo.
Que presente un sistema claro de identificación y
recepción.
Que facilite la localización de las familias.
Que garantice que los menores serán recibidos por
sus familiares.
Que existan centros adecuados para aquellos que
no puedan regresar con sus familias.
Y que asuma su responsabilidad como país de
origen.
Si Marruecos realmente quiere recuperar a sus
menores, España debería estar dispuesta a colaborar.
Pero si las declaraciones de Rabat son únicamente
una herramienta diplomática para aparentar ante España, la Unión Europea y las
Naciones Unidas que Marruecos está dispuesto a hacerse cargo de sus propios
menores, mientras en la práctica no proporciona las garantías necesarias para
que esos retornos puedan ejecutarse, entonces estaremos ante una operación
política y no ante una verdadera solución.
