Ceuta: Marruecos reclama el territorio, pero España carga con las consecuencias humanas

 

Ceuta: Marruecos reclama el territorio, pero España carga con las consecuencias humanas

Por Bruno Perera

La crisis que está viviendo Ceuta después de la entrada masiva de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos plantea muchas preguntas que van mucho más allá de la inmigración. Plantea preguntas sobre las fronteras, la soberanía, las responsabilidades de los Estados y, sobre todo, sobre la verdadera naturaleza de las reivindicaciones territoriales de Marruecos.

Según las cifras ofrecidas por el ministro del Interior español, alrededor de 72.000 personas entraron irregularmente en Ceuta a finales de julio y unas 70.000 habrían regresado posteriormente a Marruecos. En estos momentos permanecen todavía alrededor de 5.000 personas en la ciudad, mientras las autoridades españolas intentan gestionar una situación que ha desbordado la capacidad ordinaria de Ceuta. (Reuters)

La magnitud de lo ocurrido es difícil incluso de imaginar. Ceuta es una ciudad pequeña, con una población cercana a los 85.000 habitantes. Que decenas de miles de personas crucen su frontera en cuestión de horas constituye una situación extraordinaria que afecta a los servicios públicos, a la seguridad, a la sanidad, al alojamiento y a la convivencia.

Y aquí aparece una de las grandes paradojas de esta crisis.

Marruecos reclama Ceuta, pero ¿quién se hace cargo de las personas que llegan desde Marruecos?

Marruecos mantiene históricamente reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla y sostiene que ambos territorios deberían formar parte de Marruecos.

Sin embargo, cuando miles de personas atraviesan la frontera desde territorio marroquí y entran en Ceuta, la responsabilidad inmediata de atenderlas recae sobre España.

España tiene que proporcionar alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria, protección y, en el caso de los menores no acompañados, tutela administrativa. Durante esta crisis llegaron alrededor de 4.000 menores, y cientos de ellos quedaron bajo la tutela de las autoridades españolas.

La pregunta resulta inevitable:

Si Marruecos considera que Ceuta debería pertenecer a Marruecos, ¿por qué no reclama también la responsabilidad sobre los ciudadanos marroquíes que llegan a la ciudad?

Porque una cosa es reclamar un territorio desde la distancia y otra muy diferente asumir las obligaciones que implica gobernarlo.

La soberanía no debería consistir únicamente en reclamar kilómetros cuadrados. La soberanía también significa asumir responsabilidades sobre las personas que viven en ese territorio.

La contradicción de los derechos humanos

Marruecos suele defender sus posiciones territoriales apelando a argumentos históricos, nacionales y territoriales.

Pero los derechos humanos no pueden utilizarse únicamente cuando sirven para reclamar un territorio.

Los derechos humanos también significan garantizar que las personas tengan alimentos, agua, alojamiento, atención sanitaria, educación y seguridad.

Y es precisamente aquí donde la situación de Ceuta plantea una contradicción que merece ser debatida públicamente.

Miles de personas procedentes de Marruecos han terminado dependiendo de las autoridades españolas para recibir asistencia, mientras España tiene que pedir incluso ayuda europea para poder gestionar la dimensión extraordinaria de la crisis. El Gobierno español solicitó el 28 de agosto apoyo de Frontex para afrontar la situación y reforzar la identificación y gestión de los migrantes. (Reuters)

No se trata de negar ayuda a quien la necesita. Todo lo contrario.

Una sociedad civilizada debe ayudar a las personas que se encuentran en una situación de necesidad.

Pero ayudar no significa que España tenga que aceptar indefinidamente que una frontera internacional pueda quedar desbordada.

¿Dónde está la responsabilidad de Marruecos?

Esta es probablemente una de las preguntas más incómodas de toda esta crisis.

La mayoría de las personas que entraron en Ceuta procedían de Marruecos. La inmensa mayoría regresó posteriormente a territorio marroquí. Y de hecho, el propio Gobierno español ha manipulado el problema destacando la cooperación de las autoridades marroquíes para impedir nuevas salidas y facilitar los retornos. (Cadena SER)

Pero el hecho de que finalmente Marruecos haya colaborado, para tapar sus trapos sucios conteniendo nuevos movimientos, no elimina las preguntas que ha dejado esta crisis.

¿Qué ocurrió para que decenas de miles de personas pudieran llegar simultáneamente a una frontera europea?

¿Por qué Ceuta tuvo que soportar una presión humana de semejante magnitud?

¿Quién organizó o facilitó el movimiento de esas personas?

¿Existió una utilización política de la inmigración?

¿Y hasta qué punto puede un país utilizar el control de sus fronteras como instrumento de presión política sobre otro Estado?

Son preguntas que España y la Unión Europea deberían responder con claridad.

Ceuta no es solamente un problema migratorio

Reducir lo sucedido a un problema de inmigración sería un error.

Ceuta es también una frontera exterior de la Unión Europea.

Lo ocurrido demuestra que una ciudad española puede quedar sometida, en cuestión de horas, a una presión migratoria equivalente a una parte enorme de su propia población.

Y eso convierte el problema en una cuestión de seguridad nacional y europea.

El propio Parlamento británico ha señalado que la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta provocó preocupación en la Unión Europea por la seguridad de sus fronteras exteriores. (House of Commons Library)

Por eso Europa no puede mirar hacia otro lado.

Ceuta no debería quedar sola ante una situación de esta magnitud.

Una ciudad española que no puede convertirse en un territorio de acogida ilimitada

También hay que pensar en los ciudadanos de Ceuta.

Ellos no son responsables de la situación económica, política o social de Marruecos.

No pueden convertirse en las víctimas indirectas de una disputa migratoria o territorial entre Estados.

Los habitantes de Ceuta tienen derecho a vivir con seguridad, a disponer de servicios públicos adecuados y a no ver colapsada su ciudad.

Y ayudar a los inmigrantes tampoco significa ignorar los derechos de los ciudadanos españoles.

Ambas cosas pueden y deben defenderse simultáneamente.

Se puede tratar humanamente a quien llega y, al mismo tiempo, defender firmemente una frontera.

Se puede proporcionar asistencia a un menor y, al mismo tiempo, exigir que España controle quién entra en su territorio.

Se puede respetar los derechos humanos y, al mismo tiempo, exigir que Marruecos asuma su responsabilidad.

¿Qué ocurriría si Ceuta fuera marroquí?

Esta es quizás la pregunta más reveladora.

Imaginemos por un momento que Ceuta estuviera bajo soberanía marroquí.

Si mañana 72.000 personas atravesaran una frontera marroquí y se instalaran en una ciudad de apenas unas decenas de miles de habitantes, ¿quién tendría que proporcionarles alojamiento, alimentación, sanidad y protección?

Evidentemente, el Estado que ejerciera la soberanía sobre la ciudad.

Porque la soberanía implica obligaciones.

Por eso resulta contradictorio reclamar un territorio y, al mismo tiempo, pretender que otro Estado asuma las consecuencias económicas, sociales y humanitarias de lo que ocurre en él.

¿Una estrategia de presión?

También debe investigarse si los acontecimientos fueron simplemente una explosión migratoria espontánea o si detrás existieron intereses políticos movidos por el Estado marroquí.

No sería la primera vez que la inmigración y el control fronterizo se convierten en instrumentos de presión internacional.

Pero todo apunta que Marruecos organizó deliberadamente la entrada de decenas de miles de personas con el objetivo de desestabilizar Ceuta, por algún interés político marroquí.

Eso debe investigarse y demostrarse.

Lo que sí puede afirmarse es que el resultado ha sido una enorme presión sobre España y sobre una ciudad española cuya capacidad material es limitada.

Y esa realidad exige respuestas.

Marruecos debe decidir qué relación quiere mantener con Ceuta

Si Marruecos quiere mantener una relación de buena vecindad con España, debe demostrarlo no solamente con declaraciones diplomáticas, sino también mediante hechos.

Una frontera segura.

Control efectivo de su territorio.

Cooperación contra las redes de tráfico de personas.

Responsabilidad respecto de sus ciudadanos.

Y respeto a la población española que vive en Ceuta y Melilla.

Porque no se puede reclamar la soberanía sobre un territorio solamente cuando resulta políticamente conveniente.

Quien reclama un territorio también debe estar preparado para asumir las responsabilidades que conlleva.

La gran pregunta final

Lo ocurrido en Ceuta debería servir para que España y Europa se hagan una pregunta fundamental:

¿Qué ocurriría si una situación como esta volviera a producirse mañana, pero en lugar de 72.000 personas fueran 100.000, 200.000 o incluso más?

Una frontera no puede depender exclusivamente de que el país vecino decida cooperar.

La seguridad de Ceuta y Melilla es responsabilidad de España y también una cuestión de seguridad de la Unión Europea.

Y la defensa de las fronteras no es incompatible con los derechos humanos.

Al contrario:

una frontera segura permite precisamente que un Estado pueda organizar, controlar y financiar una política migratoria humanitaria y ordenada.

Ceuta ha demostrado que España necesita una política clara.

Marruecos tiene que asumir sus responsabilidades.

Europa tiene que asumir las suyas.

Y España tiene que recordar que defender sus fronteras, proteger a sus ciudadanos y respetar los derechos humanos no son objetivos contradictorios.

Son obligaciones que deben cumplirse simultáneamente.

Ceuta arde y el Gobierno español no logra apagar el fuego inmigratorio

 

Ceuta arde y el Gobierno español no logra apagar el fuego inmigratorio

Por Bruno Perera

Ceuta vuelve a encontrarse en una situación que debería preocupar seriamente a todo el Gobierno español. Lo que comenzó como una crisis migratoria amenaza con convertirse en un problema de seguridad, de convivencia y, si no se actúa con rapidez, incluso en una fuente de grave enfrentamiento diplomático entre España y Marruecos.

La pregunta que muchos españoles nos hacemos es sencilla: ¿cómo es posible que decenas de miles de personas puedan desplazarse hacia una frontera tan concreta sin que las autoridades del país de origen sepan lo que está ocurriendo?

Según las cifras manejadas por las autoridades españolas, alrededor de 72.000 personas se dirigieron hacia Ceuta durante la crisis. No estamos hablando de unos cientos de personas que cruzan clandestinamente una frontera. Estamos hablando de una movilización humana de una magnitud extraordinaria.

Es muy difícil imaginar que semejante concentración de personas mientras se dirigían hacia Ceuta pudiera pasar completamente desapercibida para el Estado marroquí.

Marruecos dispone de fuerzas de seguridad, policía, servicios de inteligencia y controles fronterizos precisamente en la zona próxima a Ceuta. Por ello, resulta legítimo preguntarse si las autoridades marroquíes fueron incapaces de controlar la situación o si, por el contrario, permitieron deliberadamente que esa presión migratoria llegara hasta la frontera española y entrara como una invasión en Ceuta.

No afirmo que exista una orden directa del Gobierno marroquí para provocar lo sucedido, porque una acusación de esa naturaleza necesitaría pruebas. Pero sí considero que la magnitud de los acontecimientos justifica una investigación seria sobre el comportamiento de las autoridades marroquíes.

¿Una crisis migratoria o una forma de presión política?

Marruecos sabe perfectamente que Ceuta y Melilla constituyen uno de los puntos más sensibles de las relaciones entre ambos países.

También sabe que una presión migratoria masiva puede producir enormes dificultades a España sin necesidad de disparar un solo tiro.

Y eso es precisamente lo preocupante.

Una frontera sometida permanentemente a una presión extraordinaria puede acabar produciendo enfrentamientos entre inmigrantes, fuerzas de seguridad y población local. Si además se producen agresiones contra militares o policías, incendios, disturbios o enfrentamientos entre grupos de población, el problema deja de ser exclusivamente migratorio y pasa a convertirse en un problema de seguridad nacional.

El peligro no consiste necesariamente en que Marruecos vaya a lanzar mañana una invasión militar contra Ceuta o Melilla.

Existe un escenario mucho más complejo y posiblemente más eficaz:

presión migratoria, saturación de las ciudades, conflictos sociales, enfrentamientos, tensión política y, finalmente, una crisis diplomática entre España y Marruecos.

Una situación así podría deteriorarse rápidamente a partir de un solo incidente grave.

El precedente de la Marcha Verde

La historia demuestra que Marruecos ha utilizado en el pasado las movilizaciones civiles como instrumento político.

En 1975, el rey Hassan II organizó la denominada Marcha Verde, mediante la cual decenas de miles de civiles marroquíes fueron movilizados hacia el entonces Sáhara español.

No fue una invasión militar convencional. Fue una gigantesca operación política destinada a crear una situación sobre el terreno que obligara a España a reaccionar.

Por eso resulta comprensible que algunos observadores vean con preocupación cualquier movilización masiva de población hacia Ceuta o Melilla.

No significa que estemos ante una nueva Marcha Verde. Son circunstancias históricas completamente diferentes.

Pero sí demuestra que las movilizaciones civiles pueden utilizarse como instrumentos de presión territorial y política.

Y, precisamente por ello, España debería analizar cuidadosamente lo ocurrido en Ceuta y preguntarse si estamos ante una crisis espontánea o ante una situación que alguien está aprovechando políticamente.

¿Desde cuándo pertenecen Ceuta y Melilla a España?

Existe otro argumento que aparece periódicamente en el debate: la afirmación de que Ceuta y Melilla deberían pertenecer a Marruecos porque se encuentran geográficamente en África.

Pero la geografía no determina por sí sola la soberanía política.

Ceuta forma parte de la Corona portuguesa desde 1415, y posteriormente quedó vinculada a la Corona española. Melilla fue incorporada a la Corona de Castilla en 1497.

Es decir, la presencia española en estas ciudades tiene más de 5 siglos de historia.

Por eso, si alguien sostiene que España debería entregar Ceuta y Melilla a Marruecos simplemente porque están situadas en territorio africano, habría que hacerse una pregunta mucho más amplia:

¿Deberíamos empezar a modificar las fronteras de todo el planeta en función de quién habitaba un territorio muchos siglos atrás?

Porque si aplicamos ese criterio de manera universal, las consecuencias serían extraordinarias.

¿Dónde terminaría entonces la reclamación territorial?

Si España tuviera que entregar Ceuta y Melilla a Marruecos porque se encuentran geográficamente en África, podríamos aplicar el mismo razonamiento a innumerables territorios del mundo.

Turquía, por ejemplo, controla actualmente una parte de su territorio situada en Europa. ¿Debería entregar esa parte a los países europeos porque geográficamente pertenece al continente europeo?

Y si el argumento fuese que los territorios deben pertenecer a los pueblos que los habitaban antes de la llegada de los europeos, entonces habría que plantearse cuestiones todavía más difíciles.

¿Deberían Estados Unidos, Canadá dejar de existir como Estados y convertirse en territorios gobernados exclusivamente por los pueblos indígenas?

¿Debería Australia convertirse en una república aborigen y abandonar los descendientes de los colonos europeos el país?

¿Debería Nueva Zelanda aplicar exactamente el mismo criterio?

¿Y qué hacemos con prácticamente todos los países de América?

La historia mundial está llena de conquistas, migraciones, colonizaciones, desplazamientos de población, matrimonios, guerras y cambios de soberanía.

No existe prácticamente ningún Estado moderno cuya frontera pueda explicarse exclusivamente por quién vivía allí hace dos mil años.

Por eso resulta peligroso utilizar selectivamente la historia para justificar unas reivindicaciones territoriales mientras se ignora la historia cuando no resulta conveniente.

¿Y qué ocurre con Canarias?

Este mismo razonamiento nos lleva a otro asunto que afecta directamente a España: Canarias.

En ocasiones se ha utilizado la antigüedad de los contactos entre el norte de África y las islas para argumentar que Canarias tendría una vinculación territorial con Marruecos.

Es cierto que existen referencias antiguas a las islas y que las expediciones relacionadas con Juba II, rey de Mauritania Tingitana, constituyen uno de los episodios más conocidos de la historia antigua de Canarias.

Pero una visita, expedición o conocimiento geográfico de unas islas no equivale a demostrar soberanía territorial sobre ellas.

Y mucho menos puede utilizarse una expedición realizada hace aproximadamente dos mil años para establecer una reclamación territorial moderna.

Los primeros pobladores de Canarias fueron pueblos de origen norteafricano, y existe una evidente relación cultural y genética entre los antiguos habitantes de las islas y poblaciones del noroeste africano. Pero de ahí no se deriva que las Canarias sean territorio marroquí.

Si aceptáramos semejante principio, tendríamos que reconstruir las fronteras del mundo entero utilizando acontecimientos ocurridos hace dos mil años.

Además, la historia política del actual Marruecos tampoco puede proyectarse retrospectivamente como si el Estado marroquí contemporáneo hubiera existido con las mismas fronteras, instituciones y soberanía desde la Antigüedad.

La antigua Mauritania Tingitana era una entidad política de la Antigüedad con un territorio y unas estructuras completamente diferentes de las del Marruecos actual. Posteriormente, el norte de África experimentó profundas transformaciones políticas, religiosas y culturales, incluidas la conquista árabe y la formación sucesiva de diferentes Estados y dinastías.

Por tanto, tampoco sería históricamente correcto afirmar simplemente que porque algunos antiguos habitantes de Canarias procedían del norte de África, Canarias pertenece actualmente a Marruecos.

Las fronteras no pueden cambiar cada vez que cambia la interpretación de la historia

Este es, en mi opinión, el punto fundamental.

Las fronteras internacionales modernas se basan en tratados, acontecimientos históricos, reconocimiento internacional y en el principio de integridad territorial de los Estados.

Si cada país comenzara a reclamar territorios basándose en quién estuvo allí hace quinientos, mil o dos mil años, el mundo entraría en una situación imposible.

España podría reclamar territorios europeos que alguna vez estuvieron bajo dominio español.

Italia podría reconstruir el Imperio romano.

Grecia podría reclamar territorios del mundo helénico.

Turquía podría reivindicar territorios del antiguo Imperio otomano.

Rusia podría justificar nuevas fronteras utilizando antiguos territorios del Imperio ruso.

Y prácticamente todos los países tendrían argumentos históricos para reclamar territorios de sus vecinos.

La historia sirve para comprender el presente, no para convertir cada guerra y cada conquista de hace siglos en una factura territorial pendiente de cobro.

España debe actuar antes de que sea demasiado tarde

Ceuta no necesita discursos. Necesita seguridad, control fronterizo y una política clara.

España debe mantener relaciones diplomáticas con Marruecos y cooperar en todo aquello que beneficie a ambos países. Marruecos es un vecino importante y la cooperación entre ambos Estados resulta imprescindible.

Pero cooperación no significa aceptar presiones.

Si Marruecos quiere defender sus posiciones sobre Ceuta y Melilla, tiene todo el derecho a hacerlo por vías diplomáticas. España, por su parte, tiene exactamente el mismo derecho a defender la soberanía que ejerce sobre ambas ciudades.

Lo que España no puede permitirse es que una presión migratoria de decenas de miles de personas termine provocando una situación de caos en Ceuta.

Porque cuando una ciudad empieza a arder, el problema deja de ser exclusivamente migratorio.

Se convierte en un problema político.

Y cuando el problema político afecta a dos países que comparten una frontera extremadamente sensible, cualquier incidente puede adquirir una dimensión mucho mayor de la que inicialmente se esperaba.

Por eso el Gobierno español debería actuar inmediatamente, exigir explicaciones a Marruecos, reforzar la frontera, proteger a las fuerzas de seguridad y establecer una política migratoria capaz de impedir que las fronteras españolas se conviertan en instrumentos de presión política.

España debe buscar el diálogo con Marruecos.

Pero también debe dejar algo absolutamente claro:

la amistad entre dos países no puede construirse sobre la amenaza, la presión migratoria o la incertidumbre sobre la soberanía territorial.

Ceuta y Melilla no son simplemente dos ciudades situadas en África.

Son ciudades españolas con siglos de historia.

Y si algún día se pretende modificar su soberanía, esa decisión no puede venir impuesta por una avalancha humana en una frontera, por una presión diplomática o por una reinterpretación interesada de la historia.

Debe decidirse por los procedimientos políticos y jurídicos que corresponden a los Estados modernos.

Porque si permitimos que las fronteras cambien cada vez que alguien consigue ejercer suficiente presión sobre ellas, no estaremos resolviendo un conflicto: estaremos abriendo la puerta a muchos más.

Nota: Y lo más trágico de este asunto es que Marruecos no se preocupa de su gente que cruzó la frontera de Ceuta, unos 72.000, y que ahora los que quedan, unos 5.000 entre adultos y MENAs, están cuidados por el Estado español, mientras Marruecos no les manda comida, ropa ni agua para que sobrevivan. Esa es la respuesta marroquí ante semejante invasión. Luego Marruecos alega derechos humanos y derechos territoriales sobre Ceuta y Melilla. Marruecos tal vez quiere Ceuta y Melilla para explotar como esclavos a quienes meta en esos territorios como nuevos colonos.

Manifestación en apoyo a Ceuta. 2 de septiembre a las 19 horas frente al Ayuntamiento de Arrecife. No dejes de acudir. Hoy es Ceuta y desde hace unos 30 años hemos sido nosotros en Canarias quienes hemos padecido la inmigración como una invasión.

brunopereragarcia5@gmail.com

Marruecos miente y manipula cuando dice a España y a la UE que está dispuesto a recibir a los MENAs

 

Marruecos miente y manipula cuando dice a España y a la UE  que está dispuesto a recibir a los MENAs

Por Bruno Perera

Desde hace años Marruecos viene transmitiendo a España y a las instituciones europeas que está dispuesto a recibir de vuelta a los menores extranjeros no acompañados —los conocidos como MENAs— que sean de nacionalidad marroquí y que se encuentren en territorio español. Pero no a los MENAs subsaharianos que parten del territorio marroquí hacia territorio español. (Algo que no se puede comprender).

Sobre el papel, la propuesta parece en parte razonable: si un menor marroquí ha llegado ilegalmente a España y se demuestra que su familia o un sistema adecuado de protección puede hacerse cargo de él en Marruecos, ¿por qué no devolverlo a su país de origen?

El problema aparece cuando pasamos de las declaraciones políticas a la realidad jurídica.

La legislación española y europea no permite simplemente meter a un menor en un avión y enviarlo a Marruecos. Antes de proceder a su retorno deben respetarse determinadas garantías y, sobre todo, debe prevalecer el interés superior del menor. La normativa europea establece que, antes de expulsar a un menor no acompañado, las autoridades deben asegurarse de que será entregado a un familiar, a un tutor designado o a unas instalaciones de acogida adecuadas en el país de retorno. (EUR-Lex)

Además, la normativa europea exige que las circunstancias del menor sean examinadas individualmente y que se tengan en cuenta factores como la posibilidad de reunificación familiar, su bienestar, su seguridad, su desarrollo y las posibles situaciones de violencia, explotación o trata. (EUR-Lex). (En definitiva un cuento de las Mil y Una Noches que nunca termina si se sigue el proceso legal internacional).

Y aquí es donde, a mi juicio, aparece la contradicción de la posición marroquí.

Marruecos puede decir públicamente que está dispuesto a recibir a sus menores, pero una cosa es decirlo y otra muy distinta es proporcionar a España las garantías necesarias para que esos retornos puedan ejecutarse legalmente y de forma efectiva.

De hecho, España y Marruecos ya tienen desde 2007 un acuerdo específico sobre la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. Ese acuerdo establece expresamente que cualquier retorno debe realizarse respetando la legislación española, el Derecho internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño. También contempla la reunificación familiar o, cuando proceda, la entrega del menor a una institución de tutela. (BOE). (Y en todo esto Marruecos sabe que según los acuerdos internacionales la devolución de MENAs es casi imposible y por ello Marruecos juega al gato y al ratón con España).

Por tanto, la cuestión no es simplemente si Marruecos dice "sí, devuélvanmelos".

La verdadera pregunta es:

¿Está Marruecos dispuesto a demostrar, caso por caso, que esos menores serán recibidos, protegidos y atendidos adecuadamente cuando regresen?

Porque ahí está el verdadero problema.

Una promesa política no es una garantía jurídica

Marruecos conoce perfectamente las dificultades que tiene España para efectuar estos retornos. También conoce las obligaciones que España ha asumido en materia de protección de menores. (Y de ello Marruecos se aprovecha para lanzar sus falsas campañas de proteccionismo del menor).

Por eso considero que cuando desde Marruecos se afirma que están dispuestos a recibir a los menores, sería necesario pasar de las declaraciones políticas a compromisos concretos.

España no debe exigir ni conseguir, antes de aceptar cualquier devolución, una identificación fiable del menor, la localización de sus familiares cuando sea posible, una comprobación de las circunstancias familiares, garantías sobre quién recibirá al menor y pruebas de que existirá una estructura adecuada de protección después de su llegada. (Esto le corresponde a Marruecos).

Debería bastar con que Marruecos diga: "Es marroquí, devuélvanlo".

España no debe preguntar: "¿Quién lo recibirá? ¿Dónde vivirá? ¿Quién será responsable de él? ¿Qué protección tendrá? ¿Qué ocurrirá si su familia no puede hacerse cargo de él?" (Eso le compete a Marruecos).

Y esas respuestas deberían estar documentadas.

Marruecos también tiene una responsabilidad

La responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre España.

Si Marruecos considera que sus menores deben regresar a su país, tiene también la responsabilidad de demostrar que dispone de los medios necesarios para recibirlos y protegerlos.

No podemos aceptar que los menores sean utilizados como una simple cuestión estadística o diplomática o como otra Marcha Verde como la de 1975.

Un menor no es una cifra.

Un menor es una persona.

Y precisamente porque estamos hablando de menores, España tiene que actuar con humanidad, pero también con sentido común.

La protección del menor no debería convertirse en una puerta abierta para que miles de jóvenes emprendan viajes peligrosos con la esperanza de llegar a Europa, mientras los países de origen se desentienden de las consecuencias.

El problema no empieza cuando el menor llega a España

Hay otra cuestión que considero fundamental y de la que se habla demasiado poco.

¿Por qué tantos menores marroquíes y subsaharianos quieren abandonar su país?

Si un joven considera que su futuro está en España y está dispuesto a jugarse la vida para cruzar el Estrecho o el Atlántico, quizá deberíamos preguntarnos qué está fallando en su propio país.

Marruecos y todos los países subsaharianos tienen la obligación de ofrecer a sus jóvenes oportunidades de educación, formación, trabajo y una vida digna. La prevención de la emigración de menores no puede consistir únicamente en impedir que crucen la frontera.

Debe consistir también en conseguir que esos menores no quieran marcharse desesperadamente de su propio país.

Y aquí es donde la responsabilidad de Marruecos y de países subsaharianos  resulta ineludible.

España tampoco puede permanecer indefinidamente atrapada

España se encuentra en una situación especialmente complicada.

Por una parte, tiene que proteger a los menores y cumplir las obligaciones derivadas de la legislación española, europea y de los tratados internacionales.

Por otra, debe controlar sus fronteras y garantizar que la entrada ilegal de personas no se convierta en un sistema permanente de inmigración descontrolada.

Ambas cosas pueden y deben hacerse simultáneamente.

Yo creo firmemente, viendo como está el panorama, que la solución para España es salirse de la protección de los menores y de los tratados relacionados de Naciones Unidas.

La solución debería ser cambiar las reglas para que protección y control migratorio puedan funcionar conjuntamente.

España y la Unión Europea deberían negociar con los países de origen acuerdos mucho más claros: identificación rápida, comprobación familiar, centros de recepción adecuados, seguimiento posterior al retorno, lucha contra las mafias que utilizan a menores y mecanismos que permitan ejecutar las devoluciones en caliente.

Y si un país de origen afirma que quiere recuperar a sus menores, debería asumir una parte mucho mayor de esa responsabilidad.

No se puede pedir a España que sea padre y madre de los hijos de otros países

España puede ayudar.

España debe proteger a los menores que llegan a su territorio.

Pero España no puede convertirse indefinidamente en el país que educa, alimenta, aloja y tutela a menores procedentes de otros Estados mientras esos Estados se limitan a reclamar públicamente que se los devuelvan.

La solidaridad internacional tiene límites.

Y esos límites deben establecerse mediante acuerdos claros, verificables y exigibles.

También considero necesario revisar profundamente determinados convenios y compromisos internacionales relacionados con inmigración y retorno para que España tenga capacidad real para controlar sus fronteras y ejecutar una política migratoria propia dentro del marco de los derechos fundamentales.

Porque una cosa es respetar los derechos humanos y otra muy diferente es aceptar que las normas internacionales puedan convertirse en un mecanismo que haga prácticamente imposible gestionar una frontera.

Marruecos debe demostrarlo con hechos

Por eso, cuando Marruecos diga que está dispuesto a recibir a los MENAs marroquíes que se encuentran en España, mi respuesta sería muy sencilla:

No basta con decirlo. Hay que demostrarlo.

Que presente un sistema claro de identificación y recepción.

Que facilite la localización de las familias.

Que garantice que los menores serán recibidos por sus familiares.

Que existan centros adecuados para aquellos que no puedan regresar con sus familias.

Y que asuma su responsabilidad como país de origen.

Si Marruecos realmente quiere recuperar a sus menores, España debería estar dispuesta a colaborar.

Pero si las declaraciones de Rabat son únicamente una herramienta diplomática para aparentar ante España, la Unión Europea y las Naciones Unidas que Marruecos está dispuesto a hacerse cargo de sus propios menores, mientras en la práctica no proporciona las garantías necesarias para que esos retornos puedan ejecutarse, entonces estaremos ante una operación política y no ante una verdadera solución.