Sánchez tira la toalla: ahora serán los españoles quienes decidan si se queda o se va

 

Sánchez tira la toalla: ahora serán los españoles quienes decidan si se queda o se va

Por Bruno Perera

Pedro Sánchez ha decidido echarse a la piscina. Después de una legislatura cada vez más complicada, con dificultades para mantener una mayoría parlamentaria estable y con un desgaste político que ya resulta difícil de esconder, ha adelantado las elecciones generales al 29 de noviembre.

Dicho en lenguaje de la calle: Sánchez tira la toalla antes de que la situación se le ponga todavía más cuesta arriba.

Ahora queda por saber si ha cometido un error o si, por el contrario, ha encontrado la única salida que tenía para intentar darle la vuelta a una situación electoral que actualmente no parece favorable al PSOE.

Porque las encuestas pintan un panorama bastante diferente al que necesitaría Sánchez para respirar tranquilo.

Una estimación de Sigma Dos sitúa al PP en el 32,6 % y alrededor de 140 escaños, al PSOE en el 25,6 % y unos 103 diputados, y a Vox en el 18,3 % y unos 63 escaños.

Si esos números se trasladaran finalmente a las urnas, PP y Vox sumarían aproximadamente 203 diputados, muy por encima de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

Traducido al lenguaje del bar: Feijóo podría entrar por la puerta de La Moncloa acompañado por Abascal.

Pero cuidado. No sería prudente dar las elecciones por ganadas antes de que se abran las urnas.

Sánchez todavía tiene una carta importante: la campaña electoral.

Y sabe jugarla.

Intentará convertir estas elecciones en un plebiscito contra el Partido Popular y Vox. Hablará de derechos sociales, pensiones, vivienda, empleo y servicios públicos. Y probablemente insistirá especialmente en el problema de la vivienda, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles.

El argumento será sencillo: “o nosotros o la derecha”.

El problema para Sánchez es que una parte importante del electorado puede estar pensando precisamente lo contrario.

Puede considerar que después de varios años de Gobierno ha llegado el momento de cambiar de dirección.

Y ahí aparece Vox.

El partido de Santiago Abascal puede convertirse en una de las claves de estas elecciones. Si mantiene una cifra cercana al 18 %, puede arrebatar al PP una parte importante del electorado, pero al mismo tiempo puede proporcionar al bloque de derechas los diputados necesarios para gobernar.

La gran incógnita será, por tanto, si PP y Vox serán capaces de sumar.

Porque una cosa es quién gana las elecciones y otra muy diferente quién consigue formar Gobierno.

El PSOE podría quedar segundo y, sin embargo, intentar nuevamente una combinación parlamentaria para continuar en La Moncloa. Pero si PP y Vox alcanzan juntos una mayoría suficiente, el margen de maniobra de Sánchez quedaría reducido prácticamente a cero.

Ceuta también puede entrar en la campaña

Y aquí hay un asunto que no debería pasar desapercibido: la inmigración.

Ceuta lleva años soportando una presión migratoria que ha convertido el problema en una cuestión social, económica y política de primer orden. Y cada vez que se acercan unas elecciones, resulta inevitable preguntarse qué respuesta ofrecerán los partidos a quienes viven directamente las consecuencias de esa situación.

El PP tendrá que explicar qué piensa hacer.

Vox también.

Y el PSOE tendrá que defender su gestión.

Lo mismo ocurre con Canarias, donde la llegada de inmigrantes y la presión sobre determinados servicios públicos forman parte desde hace tiempo del debate político.

Por eso, es bastante probable que la inmigración termine ocupando un espacio importante durante la campaña.

Sánchez se lo juega todo

Lo cierto es que Sánchez ha decidido no esperar.

Podría haber intentado aguantar hasta el final de la legislatura, pero eso también tenía un riesgo: que el desgaste aumentara todavía más y que llegara a las elecciones en una posición aún peor.

Ha escogido, por tanto, una solución arriesgada.

Convocar elecciones significa poner el contador a cero.

Y ahora comienza la verdadera batalla.

El PP intentará demostrar que existe una mayoría social suficiente para cambiar de Gobierno.

Vox intentará demostrar que esa mayoría necesita también de su fuerza parlamentaria.

El PSOE intentará convencer a los españoles de que el cambio sería un salto hacia atrás.

Y mientras unos y otros se tiran los trastos a la cabeza, los ciudadanos tendrán que decidir quién merece gobernar España durante los próximos años.

Hoy las encuestas dibujan una ventaja considerable para el PP y un bloque PP-Vox con posibilidades de alcanzar una mayoría holgada.

Pero las encuestas son fotografías.

El 29 de noviembre será la película completa.

Y entonces sabremos si Sánchez ha tomado una decisión inteligente para salvarse políticamente o si, por el contrario, ha abierto la puerta de La Moncloa a una alternativa que hoy parece tener muchas posibilidades de entrar.

La última palabra, esta vez, no la tendrá Sánchez, ni Feijóo, ni Abascal.

La tendrán las urnas.

A meditar: ¿Es posible que si en las próximas elecciones le faltara votos al PP y a Vox para poder gobernar pacten con Junts?

Es una hipótesis políticamente plausible, pero hay que distinguir entre que exista ya un entendimiento y que simplemente estén preparando el terreno.

Hay varios indicios recientes que apuntan a una aproximación parlamentaria entre el PP y Junts:

·        Feijóo ha reconocido que el PP mantiene contactos con Junts y que esos contactos son más frecuentes porque Junts está votando cada vez más veces contra el Gobierno de Sánchez. (ElNacional.cat)

·        En julio, Feijóo dijo que esperaba seguir coincidiendo en votaciones con Vox y Junts, después de que ambos grupos hubieran coincidido con el PP en más de 170 votaciones. (El País)

·        Un análisis de Infobae señalaba en julio que el PP prevé contar con Junts en un número creciente de votaciones hasta las próximas elecciones. (infobae)

·        Incluso se ha llegado a hablar de una nueva mayoría parlamentaria formada por PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria en determinadas iniciativas. (La Vanguardia)

Ahora bien, eso no demuestra que exista un pacto secreto PP-Junts para después de las elecciones. Y hay un obstáculo importante: Junts ha declarado expresamente que Vox es su «línea roja» y que no facilitaría un Gobierno en el que Vox tenga poder. (Cadena SER)

Por eso, si después de las elecciones el PP y Vox sumasen una mayoría pero necesitasen los votos de Junts, podría aparecer una fórmula del tipo:

PP + Vox → Gobierno
Junts → apoyo parlamentario condicionado, sin entrar necesariamente en el Gobierno.

Eso sería diferente de un pacto formal de coalición.

Y hay un dato que hace interesante el asunto:  Feijóo ya está intentando normalizar públicamente la relación con Junts, mientras que Junts está demostrando que puede votar junto al PP y Vox en determinadas cuestiones sin considerar que eso constituya una alianza política. (El País)

 Nota final: Yo le deseo a Pedro Sánchez que se vaya a casa de Mohamed VI en Marruecos y no vuelva jamás. España estará mejor sin él.

 

Mientras no se construyan viviendas sociales suficientes y se cambie la ley de arrendamiento España seguirá ahogada por falta de vivienda

 

Mientras no se construyan viviendas sociales suficientes y se cambie la ley de arrendamiento España seguirá ahogada por falta de vivienda

Por Bruno Perera

España corre el riesgo de acostumbrarse a discutir los síntomas de la crisis de la vivienda mientras deja sin resolver sus causas. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo estos días, con la atención nacional concentrada en la acampada de la Puerta del Sol y en las protestas por el precio de los alquileres.

Desde el pasado 26 de septiembre, la Puerta del Sol se ha convertido en el centro de una protesta que ha terminado ocupando buena parte del debate político y mediático nacional. Miles de personas han participado en las movilizaciones y la acampada continúa, mientras el Congreso ha rechazado los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno.

Pero mientras Madrid discute sobre la vivienda, hay otros problemas que también reclaman atención. Entre ellos está la situación de Ceuta y la presión migratoria que soporta una ciudad situada en una posición geográfica extraordinariamente complicada. Una cuestión no debería hacer desaparecer a la otra del debate público.

El problema fundamental es sencillo: hay más demanda que oferta

El Banco de España ya advertía que el mercado español sufría un fuerte desequilibrio entre la creación de hogares y la construcción de viviendas. En 2024 calculaba un déficit acumulado de unas 600.000 viviendas para el periodo 2022-2025. En su informe más reciente, la estimación ha aumentado hasta unas 750.000 viviendas de déficit entre 2021 y 2025.

No hace falta ser economista para comprender lo que sucede cuando muchas más personas necesitan una vivienda de la que el mercado puede ofrecer: los precios suben.

España, además, está experimentando un crecimiento demográfico considerable. A comienzos de 2025 había 49,1 millones de habitantes y más de 6,9 millones de personas con nacionalidad extranjera. El INE señala que el crecimiento poblacional se está produciendo fundamentalmente por el aumento de la población nacida en el extranjero. A 1 de enero de 2026 España ya superaba los 10 millones de habitantes nacidos fuera del país.

Eso no significa que la inmigración sea responsable por sí sola de la crisis de vivienda. Sería una simplificación. Pero tampoco tiene sentido negar una evidencia económica elemental: cuando aumenta rápidamente la población, aumenta también la necesidad de hogares, y esa demanda tiene que ser atendida con vivienda.

El propio Banco de España ha incorporado la llegada de inmigrantes y la creación de hogares al análisis del desequilibrio entre oferta y demanda.

El turismo también compite por una parte del parque residencial

A la presión demográfica se añade otra circunstancia particularmente importante en España: el turismo.

España es una de las grandes potencias turísticas mundiales y determinadas ciudades y zonas costeras han visto crecer enormemente el número de viviendas destinadas a usos turísticos o no residenciales.

El Banco de España estima que en 2025 las viviendas propiedad de extranjeros no residentes y las viviendas de uso turístico sumaban conjuntamente cerca de 900.000 viviendas, aproximadamente el 3,3% del parque nacional. En provincias como Alicante y Málaga la proporción llegaba al 14%. El propio Banco de España advierte de que este fenómeno reduce la oferta residencial allí donde ya existe escasez y puede presionar al alza los precios de compra y alquiler.

Por tanto, tampoco resulta razonable culpar exclusivamente al propietario que alquila una vivienda turística. El fenómeno responde a una combinación de turismo, rentabilidad, demanda internacional y falta de alternativas residenciales.

La pregunta correcta debería ser otra:

¿Por qué hemos permitido que aumentara tanto la demanda residencial y turística sin construir simultáneamente suficiente vivienda para atenderla?

Y aquí aparece la gran asignatura pendiente: la vivienda social

España ha construido millones de viviendas durante las últimas décadas, pero una parte importante de la vivienda protegida terminó siendo vivienda en propiedad y, con el tiempo, dejó de formar parte de un parque público permanente.

El propio Ministerio de Vivienda ha reconocido que durante el periodo democrático se impulsaron alrededor de 2,4 millones de viviendas desde las administraciones públicas, pero que muchas se destinaron a la compraventa y no permanecieron como un parque público de alquiler.

El resultado es que España continúa teniendo un parque de vivienda social muy pequeño comparado con otros países europeos. La Comisión Europea señalaba en 2026 que España tenía menos del 2% de su oferta total dentro del parque de vivienda social, frente a aproximadamente el 7% de media de la Unión Europea, aunque las cifras pueden variar según la definición utilizada.

El Gobierno español, utilizando una definición más amplia de vivienda social y asequible, sitúa actualmente el parque en el 3,4%.

Sea cual sea la cifra que se utilice, la conclusión es difícil de discutir: España necesita mucho más alquiler social permanente.

No basta con anunciar ayudas al alquiler cada pocos años. Tampoco basta con poner límites temporales a determinados precios. Si una familia no puede pagar 1.000 euros mensuales por una vivienda, el Estado no puede solucionar indefinidamente el problema entregándole una parte de esos 1.000 euros. Porque si la oferta continúa siendo insuficiente, una parte de las ayudas puede terminar trasladándose nuevamente al precio.

Lo que hace falta es construir viviendas.

Muchas viviendas.

Y mantenerlas como vivienda social durante décadas.

Pero también hay que recuperar la confianza del propietario

Hay otra cuestión de la que se habla mucho menos: el pequeño propietario que tiene miedo de alquilar.

La legislación debe proteger al inquilino vulnerable, pero también tiene que ofrecer seguridad jurídica al propietario. Una persona que ha trabajado durante décadas para comprar un piso no debería tener la sensación de que alquilarlo puede convertirse en un problema difícil de resolver si el arrendatario deja de pagar.

La actual Ley de Arrendamientos Urbanos permite determinadas garantías adicionales, pero establece límites: en los contratos ordinarios de vivienda de hasta cinco años —o siete si el arrendador es una persona jurídica— esas garantías adicionales no pueden superar dos mensualidades de renta.

Es legítimo preguntarse si el sistema actual proporciona suficiente seguridad a ambas partes.

Una reforma sensata debería buscar un equilibrio: protección efectiva para quien realmente la necesita, pero también procedimientos rápidos, claros y previsibles frente al impago deliberado.

El propietario no debería verse obligado a elegir entre dejar la vivienda vacía o asumir un riesgo que considera excesivo.

Porque una vivienda vacía tampoco ayuda a quien necesita alquilar.

El error de convertir la vivienda en una batalla entre pobres y propietarios

La solución tampoco consiste en presentar al propietario como enemigo del inquilino.

La mayoría de propietarios de viviendas no son grandes fondos internacionales. Hay familias que tienen un segundo piso, una vivienda heredada o unos ahorros invertidos en ladrillo.

Al mismo tiempo, la mayoría de inquilinos tampoco son enemigos del propietario. Son trabajadores, jubilados, jóvenes y familias que necesitan un lugar donde vivir.

El verdadero problema es que el mercado tiene una oferta insuficiente para una demanda creciente, mientras que el Estado dispone de un parque social demasiado pequeño para corregir esa situación.

Y cuando la oferta escasea, el precio termina subiendo.

Ceuta no debería desaparecer del debate

En este contexto tampoco debería ocurrir que la crisis de vivienda absorba completamente la atención política y mediática hasta hacer desaparecer otros problemas nacionales.

Ceuta tiene unas características demográficas, territoriales y migratorias muy diferentes de las de Madrid, Barcelona, Málaga o Alicante. La presión migratoria en una ciudad pequeña y fronteriza tiene consecuencias específicas que merecen ser discutidas con datos y sin consignas.

Una cosa no debería tapar la otra.

España puede hablar de vivienda y, al mismo tiempo, hablar de inmigración, de Ceuta, de turismo, de alquileres, de construcción y de seguridad jurídica.

De hecho, debería hacerlo.

Hay que construir, construir y construir

El Banco de España lleva años señalando que las medidas aisladas difícilmente resolverán un problema de esta magnitud. Para acercarse al parque público de alquiler de otros países europeos calculó que España necesitaría incorporar alrededor de 1,5 millones de viviendas adicionales al alquiler social.

Eso exige suelo, financiación, permisos, mano de obra y una estrategia de construcción sostenida durante muchos años.

También exige dejar de cambiar de política cada vez que cambia el Gobierno.

España necesita un gran pacto nacional de vivienda que establezca objetivos para diez, quince y veinte años: cuántas viviendas sociales se construirán, dónde se construirán, quién las gestionará y cómo se garantizará que sigan siendo sociales.

Y junto a ello una reforma de la legislación de alquiler que proteja simultáneamente al inquilino y al propietario.

La vivienda no se arregla con pancartas

Las manifestaciones pueden poner un problema encima de la mesa. Y la acampada de Sol ha conseguido que la vivienda vuelva a ocupar el centro de la conversación nacional. Pero ninguna pancarta puede construir un edificio.

Tampoco se solucionará el problema culpando exclusivamente a los inmigrantes, a los turistas, a los propietarios, a los fondos de inversión, a los gobiernos autonómicos o al Gobierno central.

El problema es mucho más complejo.

España ha permitido que la demanda de vivienda creciera durante años más deprisa que la oferta residencial disponible.

La población ha aumentado. Han aumentado los hogares. Ha aumentado el turismo. Parte del parque se ha desplazado hacia usos turísticos y temporales. Y la vivienda social continúa siendo escasa.

Por eso la respuesta tiene que ser igualmente amplia.

Más suelo disponible.

Más construcción.

Más vivienda social permanente.

Más vivienda de alquiler.

Un tratamiento específico para las zonas turísticas tensionadas.

Una política migratoria compatible con la capacidad real de acogida de cada territorio.

Y una ley de arrendamientos que dé seguridad tanto al que alquila como al que pone su vivienda en alquiler.

Porque mientras no se construyan suficientes viviendas sociales y no se consiga un mercado del alquiler equilibrado y jurídicamente seguro, España seguirá dando vueltas alrededor del mismo problema.

Y mientras los políticos discuten quién tiene la culpa, miles de españoles seguirán preguntándose algo mucho más sencillo:

¿Dónde puedo vivir y cuánto tengo que pagar por ello?

Nota final: Mientras el conflicto de la Puerta del Sol continúa ocupando buena parte de la atención pública, Marruecos puede ver cómo el foco se aleja de Ceuta y de la difícil situación que atraviesa la ciudad.

Mientras tanto, Ceuta sigue soportando una fuerte presión migratoria. Según las cifras y estimaciones que se vienen manejando, alrededor de 10.000 inmigrantes en situación ilegal permanecen todavía en la ciudad tras aquella llegada masiva que muchos consideramos consecuencia de una estrategia de presión orquestada y ejercida por Marruecos.

Pero la cuestión de fondo sigue sin resolverse: ¿quién debe asumir la responsabilidad de estas personas y de las consecuencias sociales, económicas y humanitarias derivadas de su llegada? Ceuta necesita una respuesta que vaya más allá de dejar pasar el tiempo mientras la ciudad afronta prácticamente en solitario un problema que tiene también una clara dimensión internacional.

Y hay otra pregunta que resulta inevitable: si Marruecos organizó, permitió o facilitó la salida de estas personas hacia Ceuta, ¿por qué no está asumiendo ahora una mayor responsabilidad en su atención y manutención, especialmente en cuestiones básicas como alimentación, ropa y alojamiento?

La situación está generando en Ceuta una sensación creciente de abandono por parte del Estado español. Y, al mismo tiempo, está provocando un aumento de la población de origen marroquí en una ciudad cuya composición demográfica tiene una importancia estratégica evidente.

Por eso, más allá de la emergencia inmediata, España debería preguntarse qué consecuencias puede tener esta situación a medio y largo plazo y si, detrás de las repetidas crisis migratorias que parecen no tener fin, existe también una estrategia por parte de Marruecos destinada a modificar progresivamente la realidad demográfica de Ceuta y Melilla buscando desde el Gobierno marroquí la toma por la fuerza de ambas ciudades con mayoría musulmana. Algo parecido a la Marcha Verde se podría repetir en Ceuta y Melilla si España no se enfrenta duramente al Reino alauita.

 

Puerta del Sol y vivienda: un poco de cordura en medio de tanto follón

 

Puerta del Sol y vivienda: un poco de cordura en medio de tanto follón

Por Bruno Perera

España lleva tiempo metida en un enorme follón con la vivienda. En las calles se protesta contra los precios de los alquileres, contra los desahucios y contra la falta de viviendas asequibles. Y es comprensible que una persona que trabaja y, aun trabajando, no puede pagar un alquiler abusivo porque si lo hace debe dejar de comer, etcétera., sienta que algo no funciona.

Pero precisamente porque el problema es muy serio, creo que convendría introducir un poco de cordura y sentido común en el debate.

Un desahucio no siempre tiene la misma historia detrás. Hay personas que dejan de pagar porque sus ingresos no les permiten afrontar el alquiler, y hay situaciones en las que existe una verdadera vulnerabilidad económica. Pero también existen casos de personas que dejan de pagar deliberadamente y permanecen durante largos periodos en una vivienda. Y también existe la oKupación ilegal de viviendas por familias sin el consentimiento del propietario. Y otros, mafias que se dedican a reventar puertas para okupar y luego vender la okupación.

No deberíamos meter todos estos casos en el mismo saco.

Tampoco podemos olvidar una cosa elemental: una vivienda tiene un propietario. Puede ser una gran empresa, un pequeño empresario, un jubilado que tiene dos pisos, una familia que heredó una casa o una persona que compró una vivienda con los ahorros de toda su vida.

Si esa persona decide alquilarla, lo razonable es que pueda tener la seguridad de que recibirá el alquiler acordado y de que, si se produce un incumplimiento grave del contrato, podrá recuperar legalmente su propiedad en un plazo razonable como se hace en los EE.UU.

Porque si hacemos demasiado arriesgado alquilar una vivienda, puede ocurrir algo bastante sencillo: algunos propietarios dejarán de alquilarla.

Y una vivienda que no sale al mercado de alquiler es una vivienda menos disponible para quien está buscando casa.

Ahí está una de las grandes contradicciones del debate actual.

Queremos que haya más viviendas de alquiler, pero al mismo tiempo podemos crear unas condiciones que hagan que determinados propietarios tengan miedo de ponerlas en alquiler.

¿Y de dónde viene el problema?

No existe una única causa.

Tenemos una población que ha aumentado con la entrada de la inmigración y, por tanto, más personas que necesitan una vivienda. Tenemos una fuerte concentración de población en determinadas ciudades. Tenemos zonas turísticas donde existe una importante demanda internacional. Tenemos viviendas destinadas al alquiler turístico vacacional y temporal. Tenemos compradores extranjeros que adquieren viviendas, especialmente en determinadas zonas costeras y turísticas.

Y tenemos otro problema fundamental: no se construye vivienda social suficiente allí donde existe una gran demanda.

A todo ello hay que añadir una cuestión que afecta directamente al ciudadano: los salarios no han aumentado al mismo ritmo que el precio de la vivienda y del alquiler.

Ahí está probablemente el verdadero drama.

Una persona puede trabajar, pagar impuestos, tener una nómina y, sin embargo, encontrarse con que una parte enorme de sus ingresos desaparece cada mes pagando el alquiler.

Entonces aparece la pregunta inevitable:

¿De qué sirve tener empleo si el sueldo no permite acceder a una vivienda digna?

Pero la respuesta no puede consistir simplemente en trasladar todo el problema al propietario.

Viviendas turísticas, extranjeros e inmigración

También conviene hablar de estos asuntos sin tabúes y sin convertirlos en culpables universales.

Las viviendas turísticas pueden reducir la oferta residencial en determinados barrios y municipios cuando una vivienda que antes estaba disponible para residentes pasa al mercado turístico.

La compra de viviendas por extranjeros aumenta la demanda en aquellas zonas donde existe una elevada presencia de compradores internacionales.

Y el crecimiento de la población, incluida la población inmigrante, aumenta también la necesidad de viviendas.

Todo eso es economía básica: más personas buscando vivienda significa más demanda.

Pero decir que cualquiera de estos factores es por sí solo responsable de la crisis sería simplificar demasiado.

El problema aparece cuando la demanda aumenta y la oferta no consigue crecer al mismo ritmo. Y mientras en la mayoría de los sectores los salarios permanecen congelados.

Proteger al inquilino y proteger al propietario

Creo que aquí debería estar el centro del debate.

Hay que proteger al ciudadano vulnerable que realmente no puede pagar.

Pero también hay que proteger al propietario que cumple la ley y alquila su vivienda.

Las dos cosas no son incompatibles.

Un sistema razonable debería permitir que una persona vulnerable pueda recibir ayuda pública, mientras el propietario tenga la garantía de que no tendrá que esperar indefinidamente para recuperar su vivienda cuando existe un incumplimiento.

Y aquí llegamos a las polémicas prórrogas de los contratos de alquiler.

Si un propietario sabe que un contrato que inicialmente era de dos años puede prolongarse otros dos años en determinadas circunstancias, puede considerar que ha perdido parte del control sobre cuándo podrá recuperar su vivienda.

Algunos propietarios pueden aceptar esa situación.

Otros pueden decidir no alquilar.

Y otros pueden vender.

Por eso, antes de aprobar cualquier norma, habría que preguntarse también:

¿Qué hará el propietario después de que se apruebe esta ley?

Porque las leyes no funcionan únicamente por lo que dicen en el papel. También producen comportamientos.

Y una cosa más: construir

Quizá sea la parte menos espectacular del debate, porque construir viviendas no produce titulares inmediatos.

Pero si faltan viviendas, hay que construir viviendas.

Más suelo disponible donde sea posible.

Más rapidez administrativa.

Más vivienda pública.

Más vivienda protegida.

Más colaboración entre administraciones y empresas.

Y más seguridad jurídica para quien construye y para quien alquila.

Si conseguimos aumentar considerablemente el número de viviendas disponibles, la presión sobre los precios puede reducirse.

Mientras haya mucha gente buscando vivienda y pocas viviendas disponibles, será difícil solucionar el problema solamente mediante decretos.

Ni todos los propietarios son especuladores ni todos los inquilinos son okupas

Esta frase debería escribirse en letras grandes.

Hay propietarios abusivos y hay propietarios perfectamente cumplidores.

Hay inquilinos que cumplen escrupulosamente sus obligaciones y hay personas que utilizan las dificultades del sistema para permanecer en viviendas que no les pertenecen o por las que han dejado de pagar.

Y hay personas verdaderamente vulnerables que necesitan ayuda.

Por eso no sirve demonizar a todo un colectivo.

El propietario no debe ser presentado automáticamente como el malo de la película, ni el inquilino como el culpable de todos los problemas.

La realidad es mucho más compleja.

Hace falta sentido común

El problema de la vivienda no se va a solucionar con consignas.

Tampoco con enfrentamientos entre propietarios e inquilinos.

Ni convirtiendo a los extranjeros, a los inmigrantes, a los propietarios, a los turistas o a los jóvenes en los culpables absolutos.

Hace falta aumentar la oferta, construir más vivienda, controlar los usos turísticos donde realmente estén expulsando al residente, mejorar los salarios, ayudar a quien realmente no puede pagar y garantizar al propietario que alquilar su vivienda no significa quedar indefenso durante años ante un incumplimiento.

Y, sobre todo, hace falta recordar algo que parece haberse olvidado:

la vivienda es un derecho, pero una vivienda también es una propiedad.

Una sociedad razonable tiene que ser capaz de proteger ambas cosas.

Porque si queremos que haya viviendas para alquilar, necesitamos que alguien esté dispuesto a ponerlas en alquiler.

Y si queremos que los trabajadores puedan vivir dignamente, necesitamos que sus salarios permitan pagar esas viviendas.

Quizá, en medio de todo este enorme follón, la solución empiece por dejar de buscar culpables absolutos y empezar a buscar equilibrios razonables.

Eso, al menos, sería un poco de cordura.