El PSOE
cara a la elecciones manipula a España con sus decretos relacionados con la
vivienda
Por Bruno Perera
Desde hace semanas se están produciendo
concentraciones y protestas en distintas ciudades españolas, con especial
repercusión en la Puerta del Sol de Madrid, para reclamar algo que cualquier
ciudadano puede entender: viviendas a precios razonables y alquileres que
puedan ser pagados por una familia trabajadora sin dedicar a ello una parte
desproporcionada de sus ingresos. (Y el paro de los desahucios).
La reivindicación es legítima. El problema
comienza cuando se pretende explicar la crisis de la vivienda recurriendo
únicamente a un culpable, a una determinada ideología o a determinados decretos
del Gobierno de turno.
La realidad es bastante más compleja.
Y si queremos encontrar responsables políticos,
habría que mirar hacia atrás y preguntarse qué han hecho los sucesivos
gobiernos nacionales, autonómicos y municipales durante aproximadamente las
últimas tres décadas, porque el problema de la vivienda no nació ayer ni empezó
con el actual Gobierno.
El verdadero
problema: durante años se construyó demasiado poco donde hacía falta
Hay una cuestión fundamental que suele quedar en
segundo plano: cuando la demanda crece mucho más deprisa que la oferta, los
precios tienden a subir.
El Banco de España ha señalado precisamente que
el crecimiento de la demanda de vivienda ha sido superior al crecimiento de la
oferta y que esa insuficiencia de oferta sostiene el aumento de los precios.
También considera necesario aumentar el parque de vivienda pública en alquiler
asequible. (Banco de España)
Por tanto, resulta difícil comprender que el
debate político se centre exclusivamente en limitar precios, proteger al
inquilino mediante decretos o señalar al propietario, mientras se deja en
segundo plano una pregunta mucho más sencilla:
¿Dónde están las viviendas?
Porque una familia no puede vivir de decretos.
Un joven no puede dormir dentro de una ley.
Y una persona que busca un piso no encuentra una
vivienda porque el Gobierno anuncie nuevas medidas.
Necesita que exista una vivienda disponible.
España ha
aumentado considerablemente su población
Aquí aparece otro factor que tampoco debería
ocultarse en el debate.
España ha experimentado un fuerte crecimiento de
la población nacida en el extranjero. A 1 de enero de 2026 había 10.004.581
personas nacidas fuera de España, según el INE. La cifra de personas con
nacionalidad extranjera era de 7.243.561. La diferencia se explica, entre otras
razones, por las personas nacidas en el extranjero que han adquirido
posteriormente la nacionalidad española. (INE)
Esto no significa, naturalmente, que cada
inmigrante haya provocado una subida determinada del precio de una vivienda.
Sería una simplificación.
Pero sí significa algo elemental: millones de
nuevos residentes necesitan un lugar donde vivir.
Y cuando a un incremento importante de población
se añade una oferta residencial insuficiente, la presión sobre el mercado
aumenta.
El propio Banco de España señala que la expansión
del alquiler se ha concentrado especialmente entre jóvenes y población de
origen extranjero y que el crecimiento de la demanda ha superado al de la
oferta. (Banco de España)
Por eso resulta absurdo que el debate se plantee
como si la demanda de viviendas fuese exactamente la misma que hace veinte o
treinta años.
No lo es.
Y España tiene
además un segundo fenómeno: el turismo
España es una de las grandes potencias turísticas
mundiales. Eso tiene enormes ventajas económicas, pero también genera problemas
cuando una parte de las viviendas deja de utilizarse como residencia habitual y
pasa a destinarse al alquiler turístico, al alquiler de temporada o a otros
usos.
Aquí tampoco conviene exagerar diciendo que toda
la vivienda nueva se construye para turistas. No es cierto.
Pero sí existe un problema real de competencia
por el uso residencial de determinadas viviendas, especialmente en las zonas
turísticas y en los centros de las grandes ciudades.
El Banco de España reconoce que el crecimiento
del alquiler turístico, de temporada y de habitaciones puede limitar la oferta
disponible para el alquiler residencial. También señala que estas
circunstancias tienen especial importancia en determinadas zonas urbanas y
turísticas. (Banco de España)
Y hay otro dato especialmente significativo: en
el primer semestre de 2024, las compras de viviendas realizadas por
extranjeros, residentes y no residentes, rondaron las 125.000 operaciones
interanuales y representaron aproximadamente el 19 % del total. En las zonas
turísticas, la proporción es especialmente elevada. (Banco de España)
Eso demuestra que el fenómeno existe.
Lo que no demuestra es que los extranjeros sean
los únicos responsables del encarecimiento. La realidad es más amplia: demografía,
turismo, inversión, empleo, salarios, tipos de interés, suelo disponible, costes
de construcción, regulación y, sobre todo, insuficiencia de oferta.
El gran
olvidado: la vivienda social
España arrastra desde hace décadas un parque de
vivienda social en alquiler muy reducido en comparación con otros países
europeos.
Y aquí sí hay una responsabilidad política que no
pertenece exclusivamente a un partido.
Han gobernado España el PSOE y el PP, además de
otros partidos, y las competencias en materia de vivienda están repartidas
entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Por eso sería demasiado fácil señalar únicamente
al Gobierno actual.
La pregunta correcta debería ser:
¿Qué han hecho todos ellos durante los últimos
treinta años para construir un parque público de vivienda suficientemente
grande?
La respuesta parece evidente cuando observamos el
problema actual.
Se ha llegado tarde.
Y ahora se pretende solucionar en pocos años una
carencia que se ha acumulado durante décadas.
No se puede
solucionar una escasez creando otra regulación
El Gobierno puede aprobar decretos.
Puede establecer límites.
Puede modificar contratos.
Puede imponer obligaciones a propietarios.
Puede crear incentivos.
Puede cambiar la legislación.
Todo eso puede tener utilidad si está bien
diseñado.
Pero existe una regla económica que ningún
decreto puede derogar:
si hay mucha demanda y poca oferta, el precio
recibe una presión al alza.
El Banco de España llega a una conclusión muy
parecida: la rigidez de la oferta constituye uno de los principales problemas y
resulta necesario aumentar la vivienda pública en alquiler asequible, al mismo
tiempo que se crean condiciones que favorezcan una mayor oferta residencial
privada. (Banco de España)
Por eso la política de vivienda debería dejar de
ser una sucesión de parches.
Hay que
construir millones de viviendas, pero construirlas donde sean necesarias
La solución de fondo pasa por aumentar de manera
extraordinaria la oferta.
España necesita muchas más viviendas,
especialmente en las zonas donde existe empleo, donde aumenta la población y
donde la presión turística es mayor.
Y no hablamos únicamente de viviendas sociales.
Hace falta vivienda pública, vivienda protegida,
vivienda de alquiler asequible y también vivienda privada.
Porque si únicamente se construye vivienda
pública, pero el mercado privado continúa teniendo una oferta insuficiente, el
problema seguirá existiendo.
La construcción tendría además un efecto
económico importante: generaría empleo, actividad industrial, demanda de
materiales y nuevas oportunidades para jóvenes y familias.
Pero hay que hacerlo con planificación.
No sirve construir miles de viviendas donde nadie
quiere vivir mientras faltan viviendas donde se concentra el empleo y la
población.
El propietario
y el inquilino deben estar protegidos
Hay otra cuestión que debería formar parte de
cualquier nueva legislación.
El inquilino necesita protección.
Pero el propietario también.
Un sistema en el que el propietario tenga miedo
de alquilar su vivienda porque teme impagos, ocupaciones o procedimientos
excesivamente largos termina reduciendo la oferta de alquiler.
Y si disminuye la oferta, el precio vuelve a
subir.
Por eso España necesita una legislación
equilibrada que proporcione seguridad jurídica a las dos partes.
El buen inquilino no debe ser víctima del
propietario abusivo.
Pero el propietario que cumple la ley tampoco
debe convertirse en víctima del inquilino que incumple el contrato.
La solución no consiste en enfrentar a unos
contra otros.
Consiste en crear seguridad, vivienda y reglas
claras.
La política no
debería convertir la vivienda en un arma electoral
Y aquí llegamos al núcleo de la cuestión.
En vísperas electorales, la vivienda es un
extraordinario instrumento político.
Un Gobierno puede anunciar nuevas medidas,
presentarlas como una gran solución social y transmitir la impresión de que
está actuando contra los precios.
Pero los ciudadanos deberían preguntarse algo
mucho más sencillo:
¿Cuántas viviendas nuevas van a ponerse realmente
en el mercado?
Porque una ley puede cambiar las condiciones de
un contrato.
Lo que no puede hacer por sí sola es construir
una vivienda.
Y si no aumenta suficientemente el número de
viviendas disponibles, la tensión continuará.
Por eso las protestas por el precio de la
vivienda deberían servir para exigir mucho más que consignas partidistas.
Deberían exigir responsabilidades a todos los
gobiernos que durante décadas no hayan conseguido crear una oferta residencial
suficiente.
Y deberían exigir al Gobierno actual algo más que
decretos: un verdadero plan nacional de vivienda a largo plazo.
Menos
propaganda y más ladrillos
España no necesita una guerra entre propietarios
e inquilinos.
No necesita enfrentar a españoles contra extranjeros.
Tampoco necesita convertir el turismo en el único
culpable.
Necesita más viviendas.
Necesita suelo urbanizable donde sea necesario.
Necesita agilizar licencias.
Necesita reducir burocracia.
Necesita construir vivienda pública y protegida.
Necesita favorecer el alquiler residencial frente
a usos que expulsan vivienda del mercado habitual cuando la situación lo
justifique.
Necesita garantizar seguridad jurídica.
Y necesita que las administraciones dejen de
pasarse la pelota unas a otras.
La vivienda es un problema de oferta y demanda,
pero también de política pública.
Durante décadas, España ha permitido que la
oferta residencial no creciera al mismo ritmo que las necesidades de una
población que ha aumentado considerablemente y que se concentra cada vez más en
determinadas ciudades y zonas turísticas.
Ahora estamos pagando las consecuencias.
Por eso, cuando volvamos a escuchar que el
problema de la vivienda se soluciona simplemente con otro decreto, convendría
recordar una cosa:
los decretos pueden cambiar las reglas del
mercado, pero no construyen casas.
Y España necesita casas.
Muchas casas.
Y necesita construirlas pronto.
Porque mientras la política discute quién tiene
la culpa, hay millones de ciudadanos —jóvenes, familias, trabajadores y
pensionistas— que siguen buscando una vivienda que puedan pagar.
Ese
debería ser el verdadero centro del debate, y no una huelga general que, a
estas alturas, nadie sabe muy bien si se pretende protestar contra el actual
Gobierno o contra la oposición. Lo que sí parece claro es que el PSOE intenta,
manipulando, que la huelga se presente como una protesta contra la oposición
por haber tumbado los dos últimos decretos del Gobierno socialista.
Sin
embargo, aquellos decretos no eran más que un borrón y cuenta nueva basado en
nuevas obligaciones que, lejos de solucionar el problema de la vivienda, podían
complicar todavía más la gestión del parque de vivienda pública y terminar
enfrentando a inquilinos y arrendadores.
Nota final: Según el Banco de
España, con datos de 2024, cerca del 90 % de los propietarios de
viviendas alquiladas son particulares. Además, dentro de los
propietarios particulares, predominan claramente los pequeños propietarios.
¿En manos de quién están las viviendas destinadas al alquiler
en España?
- Pequeños propietarios particulares: constituyen la
gran mayoría. Entre los arrendadores particulares, el 76,1
% tiene una sola vivienda destinada al alquiler, y esas
viviendas representan el 50,7 % de todas
las viviendas alquiladas que están en manos de personas físicas.
- Particulares con dos viviendas: representan el 15
% de los arrendadores particulares y poseen el 21,8
% de las viviendas alquiladas propiedad de personas físicas.
- Particulares con entre 3 y 5 viviendas: son el 7,5
% de los arrendadores particulares y concentran el 18,9
% de las viviendas alquiladas propiedad de personas
físicas.
- Particulares con entre 6 y 10 viviendas: representan
aproximadamente el 1,2 % de los arrendadores
particulares y poseen el 6,2 %
de las viviendas alquiladas propiedad de personas físicas.
- Particulares con 11 o más viviendas: son solamente
alrededor del 0,2 % de los arrendadores
particulares y concentran el 2,4 %
de las viviendas alquiladas propiedad de personas físicas.
- Sociedades y empresas privadas: tienen una participación
minoritaria. El Banco de España estimó que las sociedades eran
propietarias de alrededor del 8 % de las viviendas habituales
alquiladas a precio de mercado, frente a aproximadamente
el 92
% propiedad de particulares.
- Administraciones públicas y vivienda social: su peso dentro
del parque de alquiler es reducido. El Banco de España estimaba en torno a
300.000
viviendas de alquiler social, una cifra equivalente
aproximadamente al 1,5 % de las viviendas
principales.
¿La huelga
general nació después de tumbarse los decretos?
Hay una cuestión que merece ser aclarada porque
las fechas son importantes.
El 1 de octubre ya estaba convocada la
movilización hacia el Congreso para presionar durante la votación de los
decretos de vivienda.
Pero el dato más significativo llega el 2 de
octubre por la mañana, antes de que se conociera el resultado de la
votación. Durante la movilización desde la Puerta del Sol hacia el Congreso,
los representantes de los manifestantes ya hablaban de que «el único camino
es la huelga general».
Después llegó la votación y el Congreso rechazó
los dos decretos.
Por la tarde y por la noche, la reivindicación de
la huelga general ganó todavía más fuerza, aunque entonces todavía no había una
fecha fijada.
La secuencia, por tanto, es bastante clara:
1 de octubre: movilización
anunciada hacia el Congreso.
2 de octubre, antes de la votación: ya se habla de huelga general.
2 de octubre: el Congreso rechaza los decretos.
2 de octubre, después de la votación: se intensifica la exigencia de
huelga general.
Días posteriores: se empieza a concretar la convocatoria.
Por eso hay que distinguir entre dos
afirmaciones.
Una cosa es decir que la huelga general fue
convocada formalmente después de que el Congreso rechazara los decretos.
Eso es cierto.
Otra muy distinta es afirmar que la huelga
general surgió como consecuencia de que la oposición tumbara los decretos.
Esa afirmación resulta mucho más discutible, porque la propia reivindicación de
la huelga ya estaba siendo planteada antes de que el Congreso votara.
Y aquí aparece la pregunta que debería formar
parte del debate:
Si la huelga general ya se estaba planteando
antes de conocer el resultado de la votación, ¿cómo puede presentarse
posteriormente como una consecuencia exclusiva del voto de la oposición contra
los decretos?
La cronología no demuestra por sí sola que
existiera una estrategia política previamente diseñada. Pero sí demuestra que la
idea de la huelga general no apareció después de la votación como una reacción
espontánea al rechazo de los decretos.
Por eso, atribuir toda la responsabilidad de la
huelga al voto de la oposición requiere, como mínimo, explicar qué papel
desempeñaba ya la convocatoria de huelga general durante la movilización que se
produjo antes de que el Congreso hubiera votado.
