Marruecos miente y manipula cuando dice a España y a la UE que está dispuesto a recibir a los MENAs

 

Marruecos miente y manipula cuando dice a España y a la UE  que está dispuesto a recibir a los MENAs

Por Bruno Perera

Desde hace años Marruecos viene transmitiendo a España y a las instituciones europeas que está dispuesto a recibir de vuelta a los menores extranjeros no acompañados —los conocidos como MENAs— que sean de nacionalidad marroquí y que se encuentren en territorio español. Pero no a los MENAs subsaharianos que parten del territorio marroquí hacia territorio español. (Algo que no se puede comprender).

Sobre el papel, la propuesta parece en parte razonable: si un menor marroquí ha llegado ilegalmente a España y se demuestra que su familia o un sistema adecuado de protección puede hacerse cargo de él en Marruecos, ¿por qué no devolverlo a su país de origen?

El problema aparece cuando pasamos de las declaraciones políticas a la realidad jurídica.

La legislación española y europea no permite simplemente meter a un menor en un avión y enviarlo a Marruecos. Antes de proceder a su retorno deben respetarse determinadas garantías y, sobre todo, debe prevalecer el interés superior del menor. La normativa europea establece que, antes de expulsar a un menor no acompañado, las autoridades deben asegurarse de que será entregado a un familiar, a un tutor designado o a unas instalaciones de acogida adecuadas en el país de retorno. (EUR-Lex)

Además, la normativa europea exige que las circunstancias del menor sean examinadas individualmente y que se tengan en cuenta factores como la posibilidad de reunificación familiar, su bienestar, su seguridad, su desarrollo y las posibles situaciones de violencia, explotación o trata. (EUR-Lex). (En definitiva un cuento de las Mil y Una Noches que nunca termina si se sigue el proceso legal internacional).

Y aquí es donde, a mi juicio, aparece la contradicción de la posición marroquí.

Marruecos puede decir públicamente que está dispuesto a recibir a sus menores, pero una cosa es decirlo y otra muy distinta es proporcionar a España las garantías necesarias para que esos retornos puedan ejecutarse legalmente y de forma efectiva.

De hecho, España y Marruecos ya tienen desde 2007 un acuerdo específico sobre la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. Ese acuerdo establece expresamente que cualquier retorno debe realizarse respetando la legislación española, el Derecho internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño. También contempla la reunificación familiar o, cuando proceda, la entrega del menor a una institución de tutela. (BOE). (Y en todo esto Marruecos sabe que según los acuerdos internacionales la devolución de MENAs es casi imposible y por ello Marruecos juega al gato y al ratón con España).

Por tanto, la cuestión no es simplemente si Marruecos dice "sí, devuélvanmelos".

La verdadera pregunta es:

¿Está Marruecos dispuesto a demostrar, caso por caso, que esos menores serán recibidos, protegidos y atendidos adecuadamente cuando regresen?

Porque ahí está el verdadero problema.

Una promesa política no es una garantía jurídica

Marruecos conoce perfectamente las dificultades que tiene España para efectuar estos retornos. También conoce las obligaciones que España ha asumido en materia de protección de menores. (Y de ello Marruecos se aprovecha para lanzar sus falsas campañas de proteccionismo del menor).

Por eso considero que cuando desde Marruecos se afirma que están dispuestos a recibir a los menores, sería necesario pasar de las declaraciones políticas a compromisos concretos.

España no debe exigir ni conseguir, antes de aceptar cualquier devolución, una identificación fiable del menor, la localización de sus familiares cuando sea posible, una comprobación de las circunstancias familiares, garantías sobre quién recibirá al menor y pruebas de que existirá una estructura adecuada de protección después de su llegada. (Esto le corresponde a Marruecos).

Debería bastar con que Marruecos diga: "Es marroquí, devuélvanlo".

España no debe preguntar: "¿Quién lo recibirá? ¿Dónde vivirá? ¿Quién será responsable de él? ¿Qué protección tendrá? ¿Qué ocurrirá si su familia no puede hacerse cargo de él?" (Eso le compete a Marruecos).

Y esas respuestas deberían estar documentadas.

Marruecos también tiene una responsabilidad

La responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre España.

Si Marruecos considera que sus menores deben regresar a su país, tiene también la responsabilidad de demostrar que dispone de los medios necesarios para recibirlos y protegerlos.

No podemos aceptar que los menores sean utilizados como una simple cuestión estadística o diplomática o como otra Marcha Verde como la de 1975.

Un menor no es una cifra.

Un menor es una persona.

Y precisamente porque estamos hablando de menores, España tiene que actuar con humanidad, pero también con sentido común.

La protección del menor no debería convertirse en una puerta abierta para que miles de jóvenes emprendan viajes peligrosos con la esperanza de llegar a Europa, mientras los países de origen se desentienden de las consecuencias.

El problema no empieza cuando el menor llega a España

Hay otra cuestión que considero fundamental y de la que se habla demasiado poco.

¿Por qué tantos menores marroquíes y subsaharianos quieren abandonar su país?

Si un joven considera que su futuro está en España y está dispuesto a jugarse la vida para cruzar el Estrecho o el Atlántico, quizá deberíamos preguntarnos qué está fallando en su propio país.

Marruecos y todos los países subsaharianos tienen la obligación de ofrecer a sus jóvenes oportunidades de educación, formación, trabajo y una vida digna. La prevención de la emigración de menores no puede consistir únicamente en impedir que crucen la frontera.

Debe consistir también en conseguir que esos menores no quieran marcharse desesperadamente de su propio país.

Y aquí es donde la responsabilidad de Marruecos y de países subsaharianos  resulta ineludible.

España tampoco puede permanecer indefinidamente atrapada

España se encuentra en una situación especialmente complicada.

Por una parte, tiene que proteger a los menores y cumplir las obligaciones derivadas de la legislación española, europea y de los tratados internacionales.

Por otra, debe controlar sus fronteras y garantizar que la entrada ilegal de personas no se convierta en un sistema permanente de inmigración descontrolada.

Ambas cosas pueden y deben hacerse simultáneamente.

Yo creo firmemente, viendo como está el panorama, que la solución para España es salirse de la protección de los menores y de los tratados relacionados de Naciones Unidas.

La solución debería ser cambiar las reglas para que protección y control migratorio puedan funcionar conjuntamente.

España y la Unión Europea deberían negociar con los países de origen acuerdos mucho más claros: identificación rápida, comprobación familiar, centros de recepción adecuados, seguimiento posterior al retorno, lucha contra las mafias que utilizan a menores y mecanismos que permitan ejecutar las devoluciones en caliente.

Y si un país de origen afirma que quiere recuperar a sus menores, debería asumir una parte mucho mayor de esa responsabilidad.

No se puede pedir a España que sea padre y madre de los hijos de otros países

España puede ayudar.

España debe proteger a los menores que llegan a su territorio.

Pero España no puede convertirse indefinidamente en el país que educa, alimenta, aloja y tutela a menores procedentes de otros Estados mientras esos Estados se limitan a reclamar públicamente que se los devuelvan.

La solidaridad internacional tiene límites.

Y esos límites deben establecerse mediante acuerdos claros, verificables y exigibles.

También considero necesario revisar profundamente determinados convenios y compromisos internacionales relacionados con inmigración y retorno para que España tenga capacidad real para controlar sus fronteras y ejecutar una política migratoria propia dentro del marco de los derechos fundamentales.

Porque una cosa es respetar los derechos humanos y otra muy diferente es aceptar que las normas internacionales puedan convertirse en un mecanismo que haga prácticamente imposible gestionar una frontera.

Marruecos debe demostrarlo con hechos

Por eso, cuando Marruecos diga que está dispuesto a recibir a los MENAs marroquíes que se encuentran en España, mi respuesta sería muy sencilla:

No basta con decirlo. Hay que demostrarlo.

Que presente un sistema claro de identificación y recepción.

Que facilite la localización de las familias.

Que garantice que los menores serán recibidos por sus familiares.

Que existan centros adecuados para aquellos que no puedan regresar con sus familias.

Y que asuma su responsabilidad como país de origen.

Si Marruecos realmente quiere recuperar a sus menores, España debería estar dispuesta a colaborar.

Pero si las declaraciones de Rabat son únicamente una herramienta diplomática para aparentar ante España, la Unión Europea y las Naciones Unidas que Marruecos está dispuesto a hacerse cargo de sus propios menores, mientras en la práctica no proporciona las garantías necesarias para que esos retornos puedan ejecutarse, entonces estaremos ante una operación política y no ante una verdadera solución.