Mientras España cobija a los inmigrantes ilegales en el territorio nacional hay españoles abandonados durmiendo en la calle y sin alimentos

 

Mientras España cobija a los inmigrantes ilegales en el territorio nacional hay españoles abandonados durmiendo en la calle y sin alimentos

Por Bruno Perera

Hay una realidad española que merece ser explicada sin consignas ni medias verdades: mientras el Estado dispone de un sistema específico para atender a inmigrantes que llegan ilegalmente y se encuentran en situación de vulnerabilidad, adultos y MENAs, existen también españoles que viven en la calle, sin vivienda estable y dependiendo de los servicios sociales y de organizaciones caritativas para comer.

La pregunta que muchos ciudadanos nos hacemos es sencilla: ¿Cómo se organiza el dinero público para atender unas necesidades y otras?

El Estado español dispone de un Programa de Atención Humanitaria destinado a personas inmigrantes vulnerables que llegan a las costas españolas o acceden por Ceuta y Melilla. El programa contempla alojamiento, manutención, atención sanitaria básica, orientación social y jurídica, ayudas básicas y traslados. Se financia con los Presupuestos Generales del Estado. (Ministerio de Inclusión) (Un gasto que se aproxima a unos 70 euros por día por cada adulto y unos 150 euros al día por cada MENA).

Y el sistema tiene una dimensión considerable.

Según el Ministerio de Inclusión, durante 2025 fueron atendidas 124.170 personas en el Sistema de Acogida Estatal, que incluye tanto la atención humanitaria como la acogida de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. El sistema contó con más de 56.000 plazas y durante ese año se trasladó a cerca de 20.500 personas desde Canarias a la Península. (Ministerio de Inclusión)

Además, los solicitantes y beneficiarios de protección internacional que carecen de recursos económicos pueden recibir alojamiento y cobertura de sus necesidades básicas mediante un itinerario de acogida que pretende conducir progresivamente hacia la autonomía. (Ministerio de Inclusión)

Pero aquí hay que hacer una precisión importante: no todos los inmigrantes que entran ilegalmente en España permanecen durante años alojados y mantenidos por el Estado. La permanencia depende de si son adultos o MENAs, de la situación administrativa, de los recursos disponibles y de los requisitos de cada programa.

Ahora bien, mientras existe este sistema específico de acogida, también existe otra realidad que no debería quedar escondida.

Españoles durmiendo en la calle

La última encuesta específica del Instituto Nacional de Estadística contabilizó en 2022 28.552 personas sin hogar atendidas en centros asistenciales de alojamiento y restauración. De ellas, 14.316 tenían nacionalidad española y 14.236 nacionalidad extranjera. (INE)

Y las cifras posteriores apuntan a que el problema no ha desaparecido.

Cáritas informó de que durante 2024 acompañó a 42.850 personas sin hogar, un 1,21% más que el año anterior. (Cáritas)

El informe FOESSA publicado en 2025 advierte, además, de que los datos sobre sinhogarismo siguen siendo incompletos y cita recuentos realizados en 27 ciudades españolas durante 2023. En esos recuentos se localizaron 6.144 personas sin hogar, de las cuales 1.971 estaban estrictamente en situación de calle. (Cáritas)

Por tanto, no estamos hablando de una imaginación ni de un problema inventado: hay españoles sin hogar y existen personas que necesitan ayuda para poder comer y sobrevivir.

¿Son incompatibles ambas ayudas?

No necesariamente.

Una sociedad puede decidir ayudar a una persona que llega al país en una situación de extrema vulnerabilidad y, al mismo tiempo, proteger a quien lleva toda su vida viviendo en España y ha terminado en la pobreza. Pero España no es ni debe ser la Madre Teresa del mundo y por ello deberíamos cerrar todos los centros de acogida de inmigrantes ilegales para así poder romper con la costumbre de que tan pronto llegues a España de forma ilegal pasas a estar protegido por unos años hasta que el Gobierno decida regularizar a los ilegales habidos, como ha hecho con los más de 700.000 inmigrantes ilegales que ya están casi todos legalizados.

El verdadero debate está en saber si los recursos públicos destinados a cada problema son suficientes y si las administraciones están dando una respuesta adecuada a todos los ciudadanos vulnerables.

Porque tampoco sería justo enfrentar a dos personas pobres entre sí: al inmigrante que duerme en un centro y al español que duerme en un banco.

El responsable de organizar los recursos públicos es la Administración.

La pregunta que debe responder España

Lo que los ciudadanos tienen derecho a conocer es cuánto dinero se dedica a la acogida de inmigrantes, cuánto tiempo permanecen en los diferentes programas, cuántas plazas existen, qué prestaciones reciben y cuánto se destina simultáneamente a combatir el sinhogarismo y la pobreza entre los españoles.

También sería necesario conocer cuántos españoles que solicitan ayuda para vivienda, alimentación o alojamiento quedan fuera de los recursos disponibles y por qué.

Porque una cosa es ayudar al que llega y otra muy distinta olvidarse del que ya estaba.

El pueblo español no debería aceptar como normal que un inmigrante ilegal recién llegado tenga acceso a una plaza de acogida mientras una persona, española lleve meses durmiendo en la calle porque no existe una vivienda social disponible.

La cuestión no debería plantearse como «inmigrantes contra españoles», sino como una exigencia a las administraciones:

si hay dinero público para proteger a quienes llegan en situación de vulnerabilidad, también debe haber una respuesta suficiente para quienes ya viven en España y han terminado en la calle, sin vivienda y sin recursos para alimentarse.

Una sociedad que quiera llamarse solidaria tiene que ser capaz de hacer ambas cosas.

Y si no existen recursos suficientes para atender a todos, entonces corresponde al Gobierno y a las administraciones explicar públicamente qué prioridades establecen, cuánto cuesta cada programa y por qué unas personas reciben determinadas prestaciones y otras no.

Ahí está el verdadero debate.

Porque ningún español que está antes, debería tener que dormir en la calle para demostrar que también necesita ayuda.

Final: Y ya que parió la vaca ahora también pare el toro con la nacionalización de posiblemente unos 150.000 saharauis. Parece ser que en España el dinero sobra para obras sociales destinadas a los de fuera.