Nacionalizar a decenas de miles saharauis acarreará problemas políticos, económicos y sociales en Marruecos y en España

 

Nacionalizar a decenas de miles saharauis acarreará problemas políticos, económicos y sociales en Marruecos y en España

Por Bruno Perera

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la proposición de ley que pretende facilitar la nacionalidad española a los saharauis nacidos durante el periodo en que el Sáhara Occidental estuvo bajo administración española, así como, en determinadas condiciones, a sus descendientes. La iniciativa fue aprobada el pasado 10 de septiembre por 168 votos a favor, 31 en contra y 145 abstenciones. Sin embargo, conviene aclararlo desde el principio: todavía no es una ley definitivamente vigente, porque debe continuar su tramitación en el Senado.

Sus defensores PSOE y su séquito de aduladores, presentan la medida como una reparación histórica hacia quienes nacieron en el Sáhara cuando era administrado por España. Y es perfectamente legítimo que exista un debate sobre la responsabilidad histórica española y sobre los derechos de quienes tuvieron vínculos documentales con la antigua Administración española desde 1884  y durante sus vidas hasta 1975. (El Sáhara Occidental pasó a ser una provincia española a partir del 10 de enero de 1958)

Pero también es legítimo preguntarse si, en el delicadísimo momento que atraviesan las relaciones entre España, Marruecos, Argelia y el Frente Polisario, es prudente adoptar una medida de estas características.

Las estimaciones sobre el número de posibles beneficiarios son muy diferentes. Algunas informaciones hablan de hasta 200.000 personas, mientras otras sitúan el universo potencial en torno a 80.000-110.000, dependiendo de cómo se contabilicen los descendientes. Lo que sí está claro es que no estamos hablando de unos pocos cientos de casos individuales, sino de decenas de miles de posibles nuevos ciudadanos españoles.

¿Qué ocurrirá con los hijos y descendientes?

La cuestión no termina necesariamente con quienes nacieron durante la Administración española.

El texto contempla que los descendientes en primer grado de quienes adquieran la nacionalidad española puedan optar también a ella dentro de un determinado plazo. Es decir, la decisión puede tener un efecto generacional.

Por tanto, no estamos simplemente ante la posibilidad de reconocer la nacionalidad a un grupo de personas de avanzada edad que nacieron cuando España administraba el territorio. Estamos creando un nuevo vínculo jurídico entre España y familias saharauis durante generaciones.

Y ese vínculo puede adquirir una enorme importancia política si esas personas continúan viviendo en un territorio que Marruecos considera parte de su soberanía.

El problema con Marruecos

España mantiene desde hace años una relación especialmente delicada con Marruecos.

Marruecos considera el Sáhara Occidental una cuestión fundamental para su política nacional, mientras que el Frente Polisario defiende la autodeterminación y la independencia del territorio.

En estas circunstancias, conceder la nacionalidad española a decenas de miles de saharauis puede ser interpretado en Rabat como algo mucho más importante que un simple procedimiento administrativo.

Aunque España sostenga que se trata exclusivamente de una cuestión de nacionalidad y de derechos individuales, Marruecos puede interpretarlo como un reconocimiento político de una identidad saharaui diferenciada.

Y no debemos olvidar que España necesita a Marruecos para cuestiones tan importantes como el control de la inmigración ilegal, la lucha contra el terrorismo y la cooperación policial y económica.

Por eso resulta cuando menos discutible que España adopte ahora una medida susceptible de abrir otro frente de enfrentamiento con Rabat.

¿Podría la crisis de Ceuta estar relacionada?

Hay otra posibilidad que, a mi juicio, tampoco debería ignorarse, aunque existen pruebas públicas suficientes para presentarla como un hecho demostrado.

Marruecos no ha reconocido oficialmente que su Gobierno organizara la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Sin embargo, teniendo en cuenta la enorme dimensión que alcanzó aquella crisis y el contexto de las relaciones hispano-marroquíes, cabe preguntarse si aquella presión migratoria pudo tener también un componente político.

Quizás Marruecos, aunque su Gobierno no haya dado la cara respecto a la invasión inmigratoria de Ceuta, utilizó —o permitió— aquella presión migratoria como una forma de protesta o de chantaje político frente a España. Y cabe preguntarse si, entre las razones que pudieron contribuir a aquella actuación, se encontraba también la cuestión del Sáhara Occidental y, en particular, la posibilidad de que España nacionalizara a los saharauis ahora contemplados en esta proposición de ley.

No afirmo que esa fuera la causa de la crisis de Ceuta, porque para afirmarlo serían necesarias pruebas que actualmente no tengo. Pero sí considero legítimo plantear la hipótesis y preguntarse si Marruecos podría utilizar nuevamente la inmigración ilegal como instrumento de presión política si España continúa avanzando en esta dirección.

Y eso debería preocupar seriamente al Gobierno español.

¿Y si un español de origen saharaui tiene problemas con Marruecos?

Aquí aparece, a mi juicio, una de las cuestiones más delicadas.

Imaginemos que un saharaui que reside en el territorio saharaui controlado por Marruecos obtiene la nacionalidad española.

Si posteriormente es detenido, perseguido o maltratado por motivos políticos, ¿qué hará España?

¿Se limitará a decir que se trata de un ciudadano marroquí que vive en Marruecos?

Difícilmente.

Si esa persona posee un pasaporte español y la nacionalidad española, es lógico pensar que podrá solicitar protección y asistencia consular de España y de la UE.

Y si España y la UE interviene para defender a uno de sus ciudadanos frente a las autoridades marroquíes, el problema dejará de ser exclusivamente saharaui y pasará a ser también un problema entre España la UE y Marruecos.

Tinduf: otra complicación

Existe además otro escenario todavía más complicado: los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia.

Allí viven decenas de miles de saharauis, muchos de ellos en situación de apatridia. La nueva nacionalidad podría permitirles viajar, estudiar y trabajar en España y en otros países de la Unión Europea.

Para muchas de esas personas, indudablemente, supondría una mejora importante de sus posibilidades personales.

Pero también existe un problema.

El conflicto del Sáhara Occidental continúa sin una solución definitiva y el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario se rompió en 2020.

¿Qué ocurriría si un ciudadano español residente en los campamentos de Tinduf resultara víctima de un episodio relacionado con el conflicto?

¿Podría España y la UE desentenderse completamente?

Algunos observadores ya han advertido de que la aparición de ciudadanos españoles en una zona de conflicto podría terminar involucrando a España y a la UE, especialmente si se produjeran víctimas entre ellos.

Y eso es precisamente lo que me preocupa.

El coste económico

También debemos hablar del dinero.

España tiene una deuda pública elevada, un sistema de pensiones sometido a una enorme presión y unas necesidades sociales que ya requieren miles de millones de euros. (Y que cuando no hay dinero suficiente se toma de otras carteras para pagar las pensiones).

No sería responsable decir que todo nuevo ciudadano saharaui tendrá automáticamente derecho a una pensión no contributiva, porque eso no es así. Las pensiones no contributivas de jubilación exigen, entre otros requisitos, residencia legal en España durante determinados periodos.

Pero eso no significa que la cuestión económica carezca de importancia.

Los nuevos ciudadanos españoles podrán acceder, cuando cumplan los requisitos legales correspondientes, a los derechos y prestaciones previstos por nuestro ordenamiento. Y algunos saharauis que ya tienen vínculos laborales o administrativos con España reciben pensiones derivadas de sus relaciones anteriores con la Seguridad Social española.

Por tanto, la nacionalidad no es simplemente entregar un pasaporte. Significa incorporar a una persona a un conjunto de derechos y obligaciones dentro del Estado español y la UE.

Si hablamos de decenas de miles de nuevos ciudadanos, el impacto económico futuro merece ser estudiado antes de aprobar definitivamente la norma.

España debe medir las consecuencias

Yo no niego los vínculos históricos entre España y el pueblo saharaui.

Tampoco niego que existan saharauis que conservan documentos españoles de sus padres, de sus abuelos o de ellos mismos y que consideran que España abandonó el territorio en unas circunstancias históricas que todavía no han sido resueltas.

Pero una cosa es reconocer una injusticia histórica y otra muy distinta es adoptar una decisión cuyas consecuencias políticas pueden extenderse durante generaciones.

España no puede actuar únicamente pensando en el pasado.

Tiene que pensar también en el futuro.

Tiene que preguntarse qué ocurrirá con Marruecos, qué ocurrirá con los saharauis que continúen viviendo bajo administración marroquí, qué ocurrirá con quienes permanezcan en Tinduf, qué obligaciones asumirá España y la UE cuando alguno de esos ciudadanos tenga problemas y cuánto terminará costando al Estado la extensión de derechos y prestaciones a una población que puede alcanzar decenas de miles de personas.

Y todo ello ocurre, además, mientras España intenta mantener una relación de cooperación con Marruecos.

¿No estamos enviando, entonces, mensajes contradictorios?

Una decisión que puede echar más leña al fuego

El Sáhara Occidental continúa siendo uno de los conflictos territoriales más complicados del norte de África.

Marruecos no va a renunciar fácilmente a sus reivindicaciones. El Frente Polisario tampoco ha renunciado a sus aspiraciones. Argelia respalda al Polisario y España se encuentra geográficamente a escasos kilómetros de toda esta realidad.

Por eso considero que España debería actuar con mucha prudencia.

Una decisión que afecte a decenas de miles de personas y que pueda crear nuevos vínculos jurídicos entre España y ciudadanos residentes en una zona disputada no debería aprobarse sin estudiar hasta el último de sus efectos diplomáticos, económicos y jurídicos.

Porque después puede ocurrir aquello que dice el viejo refrán:

«Parió la vaca y ahora pare el toro».

España podría encontrarse con que una medida presentada como una reparación histórica termina convirtiéndose en un nuevo problema con Marruecos, en nuevas obligaciones económicas para el Estado y en situaciones diplomáticas difíciles de resolver.

El problema del Sáhara Occidental necesita una solución política internacional dictada por Naciones Unidas y no por España ni la UE.

España debería contribuir a buscar esa solución, pero sin convertir automáticamente a España en parte directa de cada problema que pueda surgir en el territorio.

Antes de dar un paso de semejante magnitud, convendría mirar no solamente hacia el pasado, sino también hacia las consecuencias que ese paso puede traer durante las próximas décadas.