Marruecos abandona a sus menores y adultos para que otras naciones se los cuiden

 

Marruecos abandona a sus menores y adultos para que otras naciones se los cuiden

Por Bruno Perera

La crisis migratoria que afecta a Ceuta ha puesto sobre la mesa una cuestión que España debería plantearse con mucha más claridad: ¿hasta qué punto puede un país trasladar de hecho a otras naciones la responsabilidad de atender a sus propios ciudadanos y menores?

La situación resulta especialmente llamativa cuando se observa lo ocurrido en Ceuta. Miles de personas procedentes de Marruecos llegaron a la ciudad autónoma, entre ellas adultos y menores. España tuvo que asumir su alimentación, alojamiento, asistencia sanitaria, educación y, en el caso de los menores no acompañados, su tutela y protección.

Y aquí surge una pregunta que resulta difícil de ignorar: ¿qué ocurriría si sucediera exactamente lo contrario?

Imaginemos que, por falta de trabajo o por cualquier otra circunstancia, decenas de miles de ceutíes cruzaran la frontera y ocuparan una ciudad marroquí próxima a Ceuta. Supongamos que entre ellos hubiera miles de menores no acompañados.

¿Aceptaría Marruecos mantenerlos durante años? ¿Les proporcionaría alojamiento, alimentación, ropa, asistencia sanitaria y escolarización? ¿Crearía miles de plazas para ellos y asumiría su tutela hasta que alcanzaran la mayoría de edad?

Todo hace pensar que la respuesta sería muy diferente.

Marruecos dispone de mecanismos oficiales de protección de menores, pero eso no significa que tenga capacidad para proporcionar una atención comparable a la que España ofrece a los menores extranjeros no acompañados. Organismos internacionales como UNICEF llevan años señalando las carencias existentes en el sistema marroquí de protección infantil y la especial vulnerabilidad de los menores migrantes.

La realidad de muchos menores que viven en las calles marroquíes tampoco puede ignorarse. Existen niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, algunos de ellos viviendo en la calle, pidiendo limosna o expuestos a explotación y tráfico. Esto demuestra que disponer sobre el papel de mecanismos de protección no significa necesariamente disponer de recursos suficientes para atender a todos los menores que necesitan ayuda.

Y mientras tanto, Marruecos reclama a España la devolución de sus menores.

La reclamación puede presentarse ante la comunidad internacional como la actitud de un Estado preocupado por sus niños. Pero una cosa es reclamar públicamente el regreso de los menores y otra muy distinta demostrar que, cuando regresen, existirán recursos suficientes para garantizar su protección, alojamiento, educación y bienestar.

Ahí está una de las grandes contradicciones de esta situación.

Marruecos reclama a sus menores porque son marroquíes, pero España es quien tiene que hacerse cargo de ellos mientras permanecen en Ceuta. España debe buscar instalaciones, personal, alimentos, asistencia médica, educación y recursos económicos para atenderlos.

Y no hablamos solamente de los menores.

También existen miles de adultos que, después de entrar irregularmente en Ceuta, terminan siendo atendidos de una u otra manera por España mientras se resuelve su situación.

Una comparación que pone el problema en evidencia

La mejor manera de comprender la dimensión del problema es hacer el ejercicio contrario.

Imaginemos que miles de españoles de Ceuta entraran irregularmente en Marruecos.

Imaginemos que entre ellos hubiera familias enteras y miles de menores.

¿Aceptaría Marruecos que España dijera: «Como son menores, deben permanecer ahí, así que ustedes en Marruecos deben encargarse de alimentarlos, vestirlos, escolarizarlos y tutelarlos durante los próximos años»?

Difícilmente.

Lo más probable es que Marruecos exigiera su identificación y su devolución a España y que considerase que España debía hacerse responsable de sus propios ciudadanos.

Y probablemente nadie consideraría extraño ese planteamiento.

Entonces hay que hacerse otra pregunta: ¿por qué lo que parece lógico cuando se plantea en sentido inverso deja de parecerlo cuando la responsabilidad recae sobre España?

España es un país europeo con un sistema de protección social desarrollado y con obligaciones legales e internacionales respecto a los menores. Eso no significa, sin embargo, que tenga recursos ilimitados ni que deba asumir indefinidamente las consecuencias de las deficiencias de otros países.

El coste lo paga España

La atención de los menores extranjeros no acompañados no es gratuita.

Hay que proporcionarles alojamiento, comida, ropa, atención médica, educación, trabajadores sociales, psicólogos, seguridad y todo aquello que requiere la tutela de un menor. (Que es el cuento de donde se nutren las oenegés proinmigración ilegal, las mafias y los partidos políticos vendepatrias)

Cuando llegan cientos o miles de personas en un periodo muy corto, el problema adquiere una dimensión completamente diferente.

Ceuta, además, tiene unas características geográficas y demográficas muy particulares. No puede convertirse indefinidamente en un enorme centro de acogida para personas que proceden de otro país.

Y cuando la capacidad de Ceuta se desborda, el problema termina trasladándose al resto de España.

Comunidades autónomas, ayuntamientos y Administración central tienen que dedicar recursos económicos y humanos para atender una situación que, en su origen, está estrechamente relacionada con Marruecos.

¿Protección de menores o traslado de responsabilidades?

Nadie puede defender que un menor antes de cumplir 16 años sea abandonado a su suerte. Pero también se debe comprender que entre ellos los MENAs, jóvenes de 16 años no son menores sino jóvenes casi adultos.

Pero proteger a un menor no debería significar que su país de origen quede liberado de toda responsabilidad.

Si un menor marroquí llega a España, España debe protegerlo mientras permanezca bajo su jurisdicción. Pero eso no debería convertirse automáticamente en una obligación de mantenerlo durante años sin que Marruecos participe de manera efectiva en su recuperación, reintegración familiar y protección.

Y aquí es donde las palabras deben ir acompañadas de hechos.

Si Marruecos afirma que quiere recuperar a sus menores, debería demostrar que está dispuesto a colaborar de manera efectiva: identificación, documentación y localización de las familias.

Porque reclamar a los menores públicamente es relativamente sencillo.

Lo verdaderamente importante es hacerse cargo de ellos cuando regresan.

Un problema que España no puede solucionar sola

La cuestión migratoria no puede reducirse a una discusión entre quienes quieren proteger a los inmigrantes y quienes quieren rechazarlos.

España puede y debe proteger a las personas vulnerables, pero también tiene derecho a exigir que los países de origen colaboren y asuman sus responsabilidades.

No puede aceptarse como normal que un país envíe —o permita que salgan— miles de personas hacia otro Estado y que, una vez allí, sea ese segundo país quien tenga que asumir prácticamente todos los costes humanos, sociales y económicos.

Y mucho menos cuando hablamos de menores.

La pregunta final es sencilla:

Si Marruecos considera que esos niños son sus ciudadanos y que deben regresar a su país, ¿está dispuesto a proporcionarles allí la protección, alojamiento, alimentación, educación y tutela que España está proporcionando mientras permanecen en Ceuta?

La respuesta a esa pregunta debería ser clara y pública.

Porque si un Estado reclama a sus menores, también debe estar preparado para hacerse cargo de ellos.

De lo contrario, existe el riesgo de que la responsabilidad termine siendo trasladada silenciosamente a otros países.

Y en este caso, uno de esos países es España.

Marruecos reclama a sus menores, pero España y la UE pagan la factura de protegerlos. Y esa situación no puede convertirse en una solución permanente.

Nota: Resulta difícil entender que, pocos días después de la última invasión de Ceuta, alrededor de 65.000 marroquíes regresaran a Marruecos prácticamente de la noche a la mañana. Este hecho me lleva a plantearme si aquella entrada masiva pudo haber sido promovida o, al menos, organizada de alguna manera por Marruecos con algún objetivo que desconozco.

Una posibilidad —y la planteo únicamente como hipótesis— es que Marruecos quisiera demostrar a España que tiene capacidad para provocar una entrada masiva en Ceuta y Melilla cuando lo considere oportuno, utilizando la presión migratoria como instrumento político.

También cabe preguntarse si, entre las decenas de miles de personas que entraron en Ceuta, pudo haber individuos que actuaran siguiendo instrucciones de las autoridades marroquíes y que, llegado el momento, transmitieran la orden de regresar.

El hecho que llama especialmente la atención es que unos 65.000 regresaran a Marruecos, mientras que aproximadamente 5.000 permanecieron en Ceuta. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿por qué una cantidad tan extraordinariamente elevada de personas decidió regresar casi al mismo tiempo?

No afirmo que esta hipótesis sea cierta, porque no dispongo de pruebas que permitan demostrarla. Pero considero legítimo plantearla y preguntarse si aquella entrada masiva fue simplemente un fenómeno migratorio espontáneo o si pudo existir detrás algún tipo de estrategia política.