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martes, 29 de septiembre de 2026

Marruecos quiere el Gran Magreb, pero ¿qué hace por los marroquíes que se marchan de sus país?

 


Marruecos quiere el Gran Magreb, pero ¿qué hace por los marroquíes que se marchan de sus país?

Por Bruno Perera

Hay cosas que, cuando uno las mira con un poco de perspectiva, producen una pregunta difícil de evitar: ¿qué sentido tiene que un Estado quiera ampliar sus territorios mientras muchos de sus propios ciudadanos intentan escapar de ellos en busca de una vida mejor?

Esta pregunta resulta especialmente inevitable cuando se habla de Marruecos, de la inmigración y de las históricas reivindicaciones territoriales marroquíes.

Durante los últimos años, España y Marruecos han mantenido una relación estrecha en materia de seguridad, fronteras, comercio e inmigración. A regañadientes la propia Comisión Europea considera a Marruecos un socio estratégico en la lucha contra el tráfico de personas y la inmigración ilegal.

Pero una cosa es la cooperación entre Estados y otra muy distinta es cerrar los ojos ante las contradicciones que aparecen cuando miles de personas abandonan Marruecos buscando precisamente aquello que no encuentran suficientemente en su país: trabajo, prosperidad, seguridad y oportunidades.

Y aquí aparece una cuestión que merece ser planteada sin rodeos.

Si un Gobierno aspira a ser respetado por sus ciudadanos y pretende además ampliar su influencia territorial, su primera obligación debería ser conseguir que sus propios ciudadanos quieran quedarse.

No parece lógico que un joven marroquí tenga que mirar hacia España u otra nación del mundo como una puerta de salida mientras su propio país proclama grandes proyectos nacionales y territoriales.

Ceuta ha vuelto a poner el problema delante de nuestros ojos

Lo ocurrido en Ceuta durante julio de 2026 fue extraordinario por sus dimensiones. Decenas de miles de personas entraron desde Marruecos en territorio español en cuestión de días, provocando una situación que desbordó la capacidad de recepción de la ciudad y obligó a intervenir a las autoridades españolas y a solicitar apoyo europeo.

La discusión sobre quién provocó aquella situación continúa abierta.

Algunos informes españoles señalaron una actuación extraordinariamente permisiva de las fuerzas marroquíes durante determinadas horas. Marruecos negó haber facilitado la entrada y atribuyó el fenómeno a las redes de tráfico, las redes sociales y la interpretación de una resolución judicial española. El presidente del Gobierno español, como un vendido a Marruecos que es, afirmó posteriormente que no existían pruebas sólidas que demostraran que Marruecos hubiera organizado la operación.

Por tanto, entre tantas mentiras y conociendo la cobardía y manipulación de Pedro Sánchez y las aspiraciones marroquíes, se puede afirmar como hecho probado que Rabat organizó aquella entrada masiva.

Y tampoco podemos ignorar la realidad que quedó delante de nuestros ojos: cuando decenas de miles de personas se concentran en una frontera y terminan entrando en una ciudad española, las consecuencias humanas y materiales las tiene que afrontar España, mientras Marruecos juega a humanitario alegando falsamente de dientes para afuera que acepta la devolución de sus migrantes, MENAs y adultos. Y en todo ello Marruecos jamás ha enviado alimentos, ropa y albergue a esos ciudadanos que llegan a España con lo puesto y que el Estado español  debe asumir como problema interno suyo.

Y esa es precisamente la contradicción que merece ser discutida.

¿Por qué tiene que ser España quien recoja los pedazos? ¿Por qué debe ser España y la UE., quienes solventen los problemas sociales y económicos de Marruecos?

El inmigrante que consigue llegar a España normalmente no llega con una vivienda, un empleo, una cuenta bancaria y una familia esperándolo.

Llega muchas veces con lo puesto.

Necesita comida.

Necesita asistencia sanitaria.

Necesita alojamiento.

Necesita protección.

Necesita que alguien se ocupe de él y de ella.

Y cuando se trata de menores, las obligaciones de protección son todavía mayores. Unos 4.500 euros por persona por mes de gastos. Y en todo esto habiendo tantos nacionales en España que duermen en la calle o están a la espera de un desaucio.

La cuestión que planteo no es si esas personas merecen ser tratadas humanamente.

La cuestión es otra:

¿Por qué la mayor parte de esa responsabilidad termina recayendo sobre el país al que llegan?

En la crisis de Ceuta de 2026, las autoridades españolas tuvieron que aumentar la capacidad de acogida mientras la Unión Europea seguía de cerca la situación. La Comisión Europea incluso señaló que Marruecos estaba dispuesto a readmitir a quienes hubieran entrado ilegalmente, incluidos menores no acompañados. Pero todo ese cuento de readmitir como sabemos es falso. Y toda esta tragedia ya le ha costado a España y a la UE., unos 26 millones de euros.

Eso demuestra que el problema es que Marruecos «abandona» oficialmente a todos sus ciudadanos que emigran aunque digan que  existe cooperación y existen mecanismos de retorno, retorno que el Gobierno marroquí olvida cuando se les reclama readmitir inmigrantes que llegan a España.

Pero queda una pregunta política y moral mucho más profunda:

¿No sería mejor que Marruecos pudiera ofrecer a sus jóvenes unas condiciones de vida suficientemente buenas como para que no sintieran la necesidad de arriesgar la vida intentando llegar a Europa? No ofrece eso porque para el Gobierno marroquí las divisas que envían los inmigrantes es parte del sustento de la Monarquía alauita y de su séquito que la guarda, la cuida y la defiende.

Primero los ciudadanos, después los territorios

Aquí llegamos al asunto que más me llama la atención.

Marruecos mantiene como propaganda de invasión y de lavado de cerebro de sus ciudadanos desde hace décadas una reivindicación sobre Ceuta y Melilla. En agosto de 2026, el ministro marroquí de Justicia volvió a defender públicamente la posición de Rabat sobre ambas ciudades. España respondió que su soberanía sobre Ceuta y Melilla no está abierta a negociación.

Es una cuestión territorial que forma parte de la política exterior marroquí desde hace mucho tiempo.

Pero yo me pregunto:

¿Para qué quiere un Estado más territorio si todavía tiene ciudadanos que abandonan el territorio que ya posee porque consideran que fuera de él tendrán una vida mejor?

Esta pregunta no pretende negar a Marruecos el derecho a defender sus posiciones diplomáticas.

Pretende poner las prioridades en otro orden.

Primero el ciudadano.

Después el territorio.

Primero el pan.

Después el mapa.

Primero una vivienda digna.

Después las fronteras.

Primero el empleo.

Después los sueños geopolíticos.

Porque conquistar un territorio puede cambiar un mapa.

Pero conseguir que millones de personas quieran quedarse voluntariamente en su país porque viven bien es una conquista mucho más profunda.

El sueño del Gran Marruecos

Durante el siglo XX existieron corrientes nacionalistas marroquíes asociadas a la idea de un territorio histórico mucho más amplio que el actual Estado marroquí. En diferentes momentos, esas reivindicaciones han incluido territorios que hoy pertenecen a otros Estados o cuya soberanía es objeto de disputa.

Hoy el conflicto territorial más importante es el del Sáhara Occidental, cuya soberanía Marruecos reivindica mientras las Naciones Unidas continúan considerándolo un territorio no autónomo pendiente de una solución política.

También están las reclamaciones sobre Ceuta y Melilla.

Pero una cosa es defender una reivindicación histórica y otra convertir la historia en una especie de cheque en blanco territorial.

Porque si aplicáramos ese principio sin límites, habría que reconstruir medio mundo a partir de los antiguos imperios, reinos, sultanatos y civilizaciones.

Y entonces el mapa mundial no duraría ni cinco minutos.

¿Y las Canarias?

Aquí conviene separar la historia de la propaganda.

Se ha recurrido en determinados discursos nacionalistas marroquíes  a argumentos relacionados con la antigua presencia amazigh o bereber en las islas Canarias  antes de que reinara Juba II en la antigua Mauritania Tingitana, y con la vinculación histórica del norte de África y las islas.

Pero de ahí no se desprende jurídicamente que Canarias forme parte de Marruecos.

Las islas Canarias tienen una lejanía histórica propia de unos 2.000 y tantos años, y su situación política contemporánea es completamente diferente de la de los territorios norteafricanos.

El argumento de que determinados pueblos amazighes estuvieron relacionados culturalmente con las islas tampoco convierte automáticamente a Canarias en territorio marroquí.

La historia puede explicar una civilización; no necesariamente determina una frontera moderna.

Y aquí aparece otra paradoja histórica

Marruecos es hoy un Estado con una identidad oficial que combina elementos árabes, amazighes, islámicos,  subsaharianos y otros componentes históricos.

La propia Constitución marroquí reconoce la identidad amazigh como uno de los componentes fundamentales de la identidad nacional.

Pero la historia del Magreb es muchísimo más complicada que la simple idea de que «esto siempre fue nuestro».

La expansión musulmana alcanzó el norte de África a partir del siglo VII y la conquista omeya tuvo su origen en el mundo árabe oriental. Sin embargo, el Marruecos posterior no fue una simple colonia permanente de Damasco: surgieron dinastías locales y estructuras políticas propias que terminaron configurando la historia del país.

Y tampoco conviene confundir a los árabes que llegaron durante la expansión islámica con los sirios de la actual Siria como si todo el proceso histórico hubiera sido una colonización siria de Marruecos.

La historia es bastante más compleja.

Una monarquía que reivindica un origen especial

Hay otro elemento muy particular de la monarquía marroquí.

La Casa alauita sostiene oficialmente su descendencia del profeta Mahoma. El propio rey Mohammed VI se refiere públicamente a esa condición y a su papel como descendiente del Profeta y «Comendador de los Creyentes».

Esto forma parte de la legitimidad religiosa e histórica de la monarquía marroquí.

Pero precisamente por eso cabe formular otra pregunta:

Si quien gobierna un país se presenta como heredero de una tradición religiosa vinculada al Profeta, ¿no debería la dignidad y el bienestar de los ciudadanos constituir una de sus máximas prioridades?

No estoy hablando de religión.

Estoy hablando de responsabilidad.

Un país no se hace grande solamente aumentando su territorio

Marruecos tiene derecho a defender sus intereses nacionales.

España tiene derecho a defender los suyos.

Los marroquíes tienen derecho a buscar una vida mejor.

Los españoles tienen derecho a exigir que sus fronteras sean controladas.

Y los inmigrantes tienen derecho a recibir un trato humano y digno siempre y cuando no entren en un país en forma de invasiones.

Todas esas afirmaciones pueden coexistir.

Pero hay algo que debería estar por encima de cualquier proyecto geopolítico:

que una persona no tenga que jugarse la vida en el mar para escapar de su propia tierra.

Quizá la verdadera grandeza de Marruecos no consistiría en conseguir algún día Ceuta, Melilla, el Sáhara o cualquier otro territorio.

Quizá consistiría en conseguir que un joven marroquí pudiera levantarse una mañana y decir:

«¿Para qué voy a marcharme de Marruecos? Aquí tengo trabajo, vivienda, seguridad, libertad y un futuro».

Eso sí sería una gran victoria para un Marruecos que quiera vivir en paz y en armonía con sus naciones vecinas.

Porque los territorios se pueden conquistar.

Las fronteras se pueden modificar.

Los mapas se pueden dibujar de nuevo.

Pero conseguir que un pueblo no quiera emigrar porque encuentra en su propia patria una vida digna es conquistar algo mucho más difícil: el corazón de sus propios ciudadanos.

Nota final: Los marroquíes que viven en el extranjero no mantienen su identidad solo por considerar que Marruecos es un país libre y democrático. Más bien, se sienten empujados a aferrarse a sus raíces debido al rechazo y al racismo que a menudo sufren en los países de acogida. Es precisamente esta discriminación la que refuerza su fidelidad a su rey y a su patria. Como consecuencia, siguen inyectando grandes sumas de dinero a través del envío de divisas, un pilar que resulta absolutamente vital para la economía marroquí y para su Gobierno. Y en todo esto quizás el problema de Ceuta se pueda solucionar dando 1.000 euros a cada inmigrante que voluntariamente acepte retornar a Marruecos con viaje pago hasta su lugar de residencia. Si hacen cuentas en los gastos y en el descontento que están creando los más de 10.000 inmigrantes ilegales que aún quedan en Ceuta comprobarán que es más barato ofrecer el retorno voluntario por 1.000 euros por cada individuo. Y además la Ley española lo admite.

Ver vídeo: https://www.bing.com/search?q=Videos%20de%20inmigrantes%20en%20Ceuta&FORM=ARPSEC&PC=3BTC&PTAG=1391

 

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