Canarias ante el crecimiento demográfico: inmigración, turismo, sanidad y vivienda, una realidad que no se puede ignorar

Por Bruno Perera

Hay problemas sociales que, cuando se ponen sobre la mesa, provocan inmediatamente discusiones políticas. Uno de ellos es la relación entre el crecimiento de la población, la inmigración, el turismo y la capacidad de los servicios públicos para atender a todos los ciudadanos.

En Canarias, islas que han experimentado importantes transformaciones demográficas y turísticas, estas cuestiones merecen un análisis serio, sin prejuicios, pero también sin ocultar las dificultades que afrontan sus residentes.

Negar que el crecimiento de la población puede ejercer presión sobre la sanidad, los servicios sociales y la vivienda no es una buena manera de resolver el problema. Sin embargo, atribuir todas las dificultades a la inmigración sería igualmente equivocado. La realidad es más compleja y exige distinguir entre los distintos factores que intervienen.

La sanidad: no es lo mismo tener más habitantes que disponer de más médicos

En una visita a un Hospital General de Canarias, cualquier persona puede encontrarse con una sala de espera en la que haya numerosos pacientes de distintas nacionalidades. Si esa impresión se repite durante varias visitas, es natural preguntarse qué está sucediendo y cómo influye el crecimiento de la población en la asistencia sanitaria.

Ahora bien, una observación personal no permite establecer qué porcentaje de los pacientes son extranjeros, ni cuántos son inmigrantes, turistas o residentes de larga duración. Para conocer esas proporciones sería necesario disponer de estadísticas oficiales.

Lo que sí podemos afirmar es que, cuando aumenta la población que necesita atención sanitaria, el sistema debe contar con suficientes médicos, enfermeros, centros de salud, camas hospitalarias y servicios de urgencias. Si los recursos no crecen al mismo ritmo que la demanda, pueden aumentar las esperas y las dificultades para conseguir una cita.

También es importante considerar la edad de los pacientes. Una persona mayor suele necesitar más seguimiento médico, medicamentos y atención por enfermedades crónicas que una persona joven y sana. Por eso, una población envejecida puede generar una demanda sanitaria elevada incluso cuando su número total de habitantes apenas aumenta.

Aquí aparece una cuestión interesante: si una parte importante de la inmigración corresponde a personas jóvenes en edad laboral, su utilización de los servicios sanitarios puede ser inferior, en promedio, a la de la población de mayor edad. Esto no significa que todos los inmigrantes sean jóvenes ni que todos los españoles sean ancianos. Significa que la estructura por edades debe tenerse en cuenta antes de sacar conclusiones.

Además, una persona puede utilizar poco la sanidad ordinaria y acudir a Urgencias cuando no consigue una cita, cuando trabaja en horarios incompatibles con las consultas o cuando desconoce cómo funciona el sistema sanitario. Por eso, no basta con contar pacientes: también hay que estudiar qué servicios utilizan, con qué frecuencia y por qué motivos.

La pregunta correcta no es solamente cuántos extranjeros utilizan la sanidad, sino cuántos recursos necesita cada grupo de edad y si el sistema dispone de medios suficientes para atender a todos.

Los servicios sociales: una demanda que también debe planificarse

Los servicios sociales tienen una función esencial en cualquier sociedad. Atienden a personas mayores, ciudadanos con discapacidad, familias vulnerables, menores y personas que atraviesan situaciones de dificultad económica.

Cuando en una isla aumenta su población, puede crecer la demanda de ayudas, plazas asistenciales, atención domiciliaria y otros servicios. Sin embargo, ese crecimiento no implica que todas las personas recién llegadas necesiten ayudas públicas, ni que todas las ayudas concedidas a extranjeros se resten automáticamente de las que podrían recibir los españoles. Pero si es cierto que los gastos que acarrea la inmigración ilegal en socorrerlos y ayudarlos socialmente salen de los impuestos que todos pagamos y que por ello hay menos recursos para ayudar a la gente necesitada nacional e inmigrante residente.

Para realizar una evaluación justa hay que conocer el número de beneficiarios, sus circunstancias, los criterios de acceso y el presupuesto disponible.

También debe tenerse presente que muchas personas inmigrantes trabajan, pagan impuestos y cotizan a la Seguridad Social. Su contribución económica forma parte de los recursos que permiten financiar los servicios públicos. La cuestión consiste en analizar conjuntamente esa contribución y el gasto asociado, sin dar por supuesto que todos los integrantes de un grupo aportan lo mismo o reciben los mismos servicios. En esto también se debe saber que una gran parte de inmigrantes que cobran mensualmente el salario mínimo contribuyen poco al pago de pensiones y otras necesidades sociales. Y si tienen hijos, casi no pagan nada de impuestos.

Una política responsable debe proteger a quienes más lo necesitan, sean españoles o extranjeros, y garantizar que el crecimiento demográfico no deje desatendidas a las personas vulnerables que ya viven en las islas en condiciones legales.

La vivienda: el punto donde coinciden el turismo y el crecimiento de la población

Si existe un asunto especialmente delicado en Canarias y en toda España, es el acceso a la vivienda.

Para un trabajador que cobra un salario modesto, un pensionista con ingresos limitados o una pareja joven que desea independizarse, encontrar una vivienda a un precio razonable puede convertirse en una tarea muy difícil. Cuando los alquileres absorben una parte excesiva de los ingresos, disminuye la capacidad de ahorrar, formar una familia y desarrollar un proyecto de vida.

¿Por qué sucede?

Una de las razones económicas fundamentales es la relación entre la demanda y la oferta. Si muchas personas buscan alojamiento y no se construyen suficientes viviendas disponibles para residencia habitual, la competencia por ellas puede impulsar los precios al alza.

En Canarias intervienen varios factores.

En primer lugar, el turismo hace que el precio del suelo suba. Y las viviendas destinadas al alquiler vacacional pueden ofrecer una rentabilidad atractiva para sus propietarios. En determinadas zonas, cuando una vivienda pasa del alquiler residencial al turístico, disminuye la oferta disponible para quienes necesitan vivir y trabajar en una isla. El efecto concreto depende de la cantidad de viviendas afectadas, de su localización y de las condiciones del mercado.

En segundo lugar, el crecimiento de la población residente. Las personas que llegan a Canarias para trabajar, estudiar, reunirse con sus familias o establecerse de forma permanente necesitan un lugar donde vivir. La inmigración forma parte de ese crecimiento, pero no es su único componente: también hay trabajadores procedentes de otras comunidades autónomas, nuevas familias locales y personas que cambian de municipio.

En tercer lugar, las limitaciones de la oferta. Canarias son 8 islas con un territorio limitado y una planificación urbanística que debe tener en cuenta la disponibilidad de suelo, el agua, las infraestructuras, la protección ambiental y la capacidad de los municipios. No es posible aumentar indefinidamente la construcción sin considerar esas limitaciones.

También influyen los costes de edificación, la disponibilidad de financiación, la inversión inmobiliaria y la cantidad de viviendas que permanecen vacías o no se ofrecen en alquiler residencial.

Por tanto, sería incorrecto afirmar que la crisis de la vivienda se debe exclusivamente a la inmigración. Pero también sería incorrecto excluir el crecimiento de la población de cualquier análisis de la demanda de alojamiento.

Si llegan más residentes y no se ofrecen suficientes viviendas, esa demanda adicional puede contribuir a la presión sobre los precios. Y si, al mismo tiempo, una parte del parque residencial se destina al turismo, el problema puede agravarse en determinados lugares.

Lo razonable es medir cuánto influye cada factor y adoptar medidas adecuadas para cada uno.

Las islas tienen límites: el crecimiento debe acompañarse de planificación

Canarias no es solamente un destino turístico. Es también el hogar de miles de personas que necesitan hospitales, colegios, carreteras, transporte, agua, electricidad, viviendas y espacios públicos.

Cada nueva actividad económica y cada aumento significativo de población deben analizarse en función de la capacidad real de cada isla para atenderlos.

El turismo aporta empleo, actividad empresarial e ingresos. La inmigración puede cubrir puestos de trabajo necesarios, contribuir a la economía y compensar parcialmente el envejecimiento de la población. Ambos fenómenos pueden generar beneficios importantes. -Siempre y cuando su entrada sea legal y cuando los necesitemos-.

Pero los beneficios económicos generales no garantizan que todos los residentes se beneficien por igual. Una empresa turística puede aumentar sus ingresos mientras un trabajador local encuentra dificultades para pagar el alquiler. Un establecimiento puede necesitar más empleados mientras los servicios públicos del municipio soportan una demanda creciente.

La pregunta política fundamental es cómo se distribuyen los beneficios y los costes, y si las administraciones se anticipan a los problemas.

No basta con celebrar el aumento de visitantes o de habitantes. También hay que calcular cuántos médicos, enfermeros, viviendas, plazas escolares y recursos sociales serán necesarios para atender las nuevas necesidades.

¿Se puede afirmar que la inmigración no perjudica a los nacionales?

Una afirmación tan categórica no resiste un análisis riguroso. El crecimiento de la población, incluida la inmigración, puede incrementar la demanda de determinados servicios y bienes. Si la oferta permanece limitada, pueden aparecer tensiones que afecten a quienes ya residían en el territorio.

Pero de ello no se deduce que toda inmigración perjudique a los nacionales, ni que el efecto sea idéntico en todos los lugares y circunstancias.

El resultado depende de la edad de los recién llegados, de su situación laboral, de su contribución económica, de las necesidades de sus familias, de la oferta de viviendas y de la capacidad de las administraciones para ampliar los servicios.

Una población joven que trabaja y cotiza puede contribuir a sostener un sistema de pensiones y una economía que envejecen. Al mismo tiempo, esa población necesita vivienda, transporte y asistencia sanitaria. Ambas realidades pueden ser ciertas.

Por eso, en lugar de enfrentar a españoles e inmigrantes, conviene exigir datos transparentes y políticas que permitan atender las necesidades de todos sin deteriorar las condiciones de vida de los residentes.

¿Qué debería hacerse en Canarias?

La solución comienza por conocer la magnitud real del problema.

En materia sanitaria, sería necesario publicar datos actualizados sobre las listas de espera, la disponibilidad de profesionales, la utilización de Urgencias y la demanda de Atención Primaria, teniendo en cuenta la edad y la situación residencial de los pacientes.

En materia de vivienda, habría que conocer cuántas viviendas se destinan al alquiler vacacional, cuántas están disponibles para residencia habitual, cómo evolucionan los alquileres y cuántas viviendas nuevas se incorporan efectivamente al mercado residencial.

En materia demográfica, convendría estudiar el crecimiento de la población residente, sus edades, su distribución municipal y las previsiones para los próximos años.

Con esa información, las administraciones podrían determinar qué servicios necesitan refuerzo, dónde es necesario aumentar la oferta de vivienda y qué medidas pueden reducir las dificultades de acceso.

También deberían evaluar periódicamente los resultados. Las políticas públicas no pueden basarse únicamente en promesas, impresiones personales o consignas partidistas.

Conclusión: hablar de los problemas no es discriminar

Los ciudadanos tienen derecho a expresar su preocupación por las listas de espera, los alquileres elevados y la presión sobre los servicios públicos. No se debe descalificar automáticamente esas inquietudes por el mero hecho de que incluyan preguntas sobre inmigración o turismo.

Del mismo modo, las personas extranjeras no deben ser señaladas colectivamente como responsables de problemas que dependen también de las decisiones de las administraciones, de la planificación económica y de las características del mercado inmobiliario.

La realidad es que el crecimiento demográfico puede tener efectos positivos y negativos, y que sus consecuencias dependen de cómo se gestione. Negar cualquier efecto negativo no ayuda a los residentes; atribuir todos los problemas a un solo colectivo tampoco ofrece soluciones.

Canarias necesita una política que tenga en cuenta sus límites territoriales, su economía turística, el envejecimiento de parte de su población y las necesidades de quienes llegan para establecerse.

Una isla no puede medir su éxito únicamente por el número de turistas, el crecimiento de su población o los ingresos que genera. También debe medirlo por la posibilidad de que sus habitantes encuentren una vivienda digna, reciban una atención sanitaria adecuada y puedan vivir con seguridad económica.

Porque el verdadero progreso no consiste solamente en que crezca la economía, sino en que ese crecimiento permita mantener una calidad de vida digna para quienes ya vivían en Canarias y para quienes llegan a formar parte de su sociedad.