¿Y SI MARRUECOS INTENTARA INVADIR CANARIAS? Un escenario hipotético que podría poner en jaque a España y a Europa

 

¿Y SI MARRUECOS INTENTARA INVADIR CANARIAS? Un escenario hipotético que podría poner en jaque a España y a Europa

Por Bruno Perera

¿Qué ocurriría si una mañana las costas de Canarias aparecieran rodeadas de miles barcos de pesca, pateras y zodiacs cargados de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos? ¿Y si lo que comenzara como una crisis migratoria terminara convirtiéndose en un conflicto diplomático, económico y militar de consecuencias imprevisibles?

Imaginemos por un momento un escenario que hoy pertenece al terreno de la ficción, pero que lo ocurrido en Ceuta en el mes de julio se podría repetir en Canarias, nos obliga a reflexionar sobre la seguridad de nuestras fronteras, la vulnerabilidad de los territorios insulares y la responsabilidad de los gobiernos ante una crisis de dimensiones extraordinarias.

Nota. Ver la invasión y crisis inmigratoria de Ceuta en el siguiente enlace:

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_migratoria_de_Ceuta_de_2026

No estoy afirmando que Marruecos tenga un plan para invadir Canarias. Estoy imaginando qué podría suceder si, algún día, se produjera una llegada masiva  de decenas o centenas de miles de inmigrantes ilegales a bordo de distintas embarcaciones que desbordara la capacidad de respuesta de las autoridades españolas.

Una mañana que cambiaría la historia de Canarias

Amanece en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Los turistas desayunan tranquilamente en los hoteles y complejos de apartamentos, los pescadores preparan sus barcos y los trabajadores se dirigen a sus puestos como cualquier otro día. De repente, las primeras noticias comienzan a circular por emisoras de radio, televisiones y los teléfonos móviles: desde la costa africana cientos de embarcaciones se aproximan al litoral de Canarias.

Al principio, nadie sabe con certeza qué está sucediendo. Las imágenes muestran el horizonte cubierto de pequeñas embarcaciones, mientras las autoridades reciben información contradictoria sobre el número de inmigrantes que se encuentran en las cientos de  embarcaciones habidas cerca de las costas canarias y sus intenciones.

Horas después, la situación adquiere otra dimensión. Las llegadas de las embarcaciones ilegales se multiplican y los servicios de emergencia, los centros de acogida y los recursos sanitarios comienzan a trabajar bajo una presión extraordinaria.

Imaginemos que, en uno o dos días, decenas o centenas de miles de personas intentaran alcanzar las costas del archipiélago.

¿Estaría Canarias preparada para afrontar una emergencia semejante?

La respuesta dependería de la magnitud real de la operación, de la coordinación entre España y sus socios europeos y de la rapidez con que se movilizaran los recursos disponibles. Lo que sí parece evidente es que una crisis de esa escala pondría a prueba la capacidad logística, humanitaria y política de las instituciones canarias-españolas.

Y entonces surgiría la pregunta más delicada: ¿estaríamos ante una emergencia inmigratoria extraordinaria o ante una operación de invasión deliberada por Marruecos de presión política contra España?

La diferencia sería fundamental. Una llegada masiva demuestra por sí sola que existe una invasión organizada por un Estado. Para llegar a esa conclusión no harían falta pruebas, información contrastada ni una investigación rigurosa. La magnitud de la propia invasión demostraría que fue orquestada por Marruecos.

En el  mismo hilo, imaginemos que aparecieran indicios sólidos de coordinación y de utilización deliberada de los movimientos migratorios con fines políticos por parte de Marruecos.

En ese caso, el problema dejaría de ser exclusivamente migratorio.

Canarias, una frontera europea en medio del Atlántico

Canarias no es solamente un conjunto de islas de extraordinaria belleza. Es también una parte del territorio español, una frontera exterior de la Unión Europea y uno de los destinos turísticos más importantes de España.

Nuestra economía canaria depende mayormente del turismo, y de ello sobrevive  la pesca, la agricultura, el comercio, la construcción, el transporte marítimo y aéreo y una amplia red de pequeñas y medianas empresas.

En Canarias una crisis inmigratoria que se prolongara por más de un mes afectaría a la seguridad percibida del archipiélago y podría provocar cancelaciones de reservas, reducción de vuelos, paralización de inversiones y pérdida de confianza de los visitantes internacionales.

Pensemos en un turista británico, alemán o francés, etc., que hubiera reservado sus vacaciones con meses de antelación. Si las televisiones de su país difundieran durante días imágenes de playas desbordadas y ocupadas por inmigrantes ilegales con chozas de cartón, de chapa de hojalata y de plásticos, llenas de excrementos, orín y basura, tal como ocurrió en Ceuta. En ese enfrentamiento con una situación de incertidumbre, cientos de miles de turistas decidirían cambiar de destino.

Los hoteles y complejos de apartamentos tendrían miles de habitaciones vacías. Los restaurantes perderían clientes. Los taxistas, comerciantes, trabajadores de excursiones y numerosas familias empezarían a notar las pérdidas. Y el paro obrero aumentaría con consecuencias drásticas.

Y detrás de cada negocio habría personas que dependen de su salario para pagar una hipoteca, alimentar a sus hijos o mantener a sus mayores.

Sin embargo, conviene distinguir entre una crisis localizada y un derrumbe económico generalizado. El turismo desaparecería en una emergencia grave y prolongada que  podría ocasionar pérdidas considerables, especialmente si las autoridades no consiguieran restablecer la confianza y la normalidad a través de las expulsiones en caliente y en pocas semanas.

Canarias descubriría entonces hasta qué punto su prosperidad depende también de la estabilidad, la seguridad y la confianza internacional.

La Armada española ante una situación extraordinaria

En este escenario imaginario, el Gobierno de España tendría que activar un dispositivo de emergencia en el que participarían la Armada, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, las fuerzas policiales y los servicios sanitarios y de protección civil, cada uno dentro de sus competencias.

La prioridad inmediata sería conocer la dimensión de lo que está ocurriendo, proteger la vida humana en el mar, controlar las fronteras y evitar que la situación se extendiera de manera incontrolada.

Si existieran pruebas de que el Estado marroquí estuviera promoviendo deliberadamente una operación de presión contra territorio español, el Gobierno de España tendría que evaluar esa información con sus aliados y adoptar las medidas diplomáticas, jurídicas y de seguridad que correspondieran.

Pero la presencia de decenas de miles de inmigrantes ilegales en embarcaciones no convertiría automáticamente a esas personas en combatientes ni justificaría tratarlas como un ejército enemigo. Aunque entre ellos hayan agentes y militares marroquíes.

Esta distinción es esencial. Entre quienes llegan por mar podría haber mandados por el Gobierno marroquí, personas que buscan trabajo, familias que huyen de la pobreza, refugiados que escapan de la persecución y también individuos que puedan participar en actividades delictivas. Cada situación tendría que examinarse conforme a la ley. (Aunque sea difícil comprender que mientras nos invaden debamos cumplir las leyes internacionales). -Salvo que por emergencia nacional no se contemplaran las leyes internacionales y sin más preámbulos se decidiera por expulsar de las islas a todos los inmigrantes ilegales invasores, devuelta al país de donde salieron-.

Y esa sería precisamente una de las mayores dificultades: mantener el control y la seguridad en medio de una emergencia sin permitir que el miedo sustituyera al criterio.

La calle se llenaría de protestas y de enfrentamientos políticos

A medida que se difundieran las imágenes de la crisis, la sociedad canaria podría dividirse profundamente.

Una parte de la población exigiría el cierre efectivo de los albergues de adultos y de MENAs  y el cese de las entradas ilegales, el refuerzo de la vigilancia marítima y una respuesta contundente del Gobierno. Otra, las oenegés proinmigración ilegal que viven del cuento inmigratorio, como Cruz Roja, Caminando Fronteras y Casa África, entre otras tantas, reclamarían asistencia humanitaria, protección para los menores y garantías para quienes pudieran necesitar asilo.

Las organizaciones por la defensa de Canarias pondría el grito en el cielo y las oenegés supuestamente humanitarias denunciarían cualquier vulneración de derechos. Los partidos políticos se acusarían mutuamente de irresponsabilidad, mientras las redes sociales se llenarían de rumores, vídeos y mensajes incendiarios, unos con la verdad y otros con bulos y manipulaciones.

En las calles se producirían manifestaciones multitudinarias. Algunas serían pacíficas; otras podrían degenerar en enfrentamientos casi bélicos  si la tensión aumentara.

El peligro sería que una crisis provocada por circunstancias extraordinarias terminara enfrentando a los propios ciudadanos, nacionales y extranjeros residentes.

Imaginemos a un trabajador de Lanzarote que teme perder su empleo, a una familia que ve cómo aumentan las dificultades para acceder a una vivienda y a un empresario turístico preocupado por la supervivencia de su negocio. Sus inquietudes merecerían ser escuchadas y atendidas.

Al mismo tiempo, los inmigrantes que llegaran en las embarcaciones se convertirían en (non gratos) y serían no bienvenidos y odiados por la población residente.

La responsabilidad de los dirigentes sería impedir que la indignación legítima ante una situación mal gestionada se transformara en una persecución colectiva.

Porque una sociedad que pierde la calma puede acabar agravando el problema que pretende resolver.

¿Qué papel desempeñarían Marruecos y las organizaciones internacionales?

En este escenario ficticio pero posible, el Gobierno marroquí podría negar cualquier responsabilidad y atribuir las salidas a la actuación de redes digitales y de tráfico de personas, a decisiones individuales o a otros factores ajenos a sus autoridades. Tal como alegó durante la invasión de Ceuta en julio que fue orquestada por el Reino alauita.

España, por su parte, exigiría explicaciones y pediría cooperación para esclarecer los hechos.

Si se demostrara que determinadas redes criminales hubieran organizado las salidas, correspondería perseguir a sus responsables. Si aparecieran pruebas de que autoridades extranjeras hubieran utilizado deliberadamente esos movimientos para coaccionar a España, las consecuencias diplomáticas serían mucho más graves que podrían iniciar una guerra entre España y Marruecos.

La Unión Europea tendría que decidir cómo apoyar a España y Canarias, tanto en el control de las fronteras como en la atención humanitaria, el reparto de responsabilidades y la protección de la economía insular.

También podría intervenir la diplomacia internacional para impedir que la crisis escalara.

De una crisis migratoria a una crisis de seguridad nacional

Llegamos al punto más delicado de esta hipótesis.

Supongamos que las investigaciones revelaran que la llegada masiva no había sido espontánea ni orquestada por mafias ni oenegés proinmigración ilegal, sino que formaba parte de una estrategia del Gobierno de Marruecos destinada a desbordar las instituciones españolas, generar inestabilidad y obligar al Gobierno español a aceptar determinadas exigencias políticas y económicas marroquíes.

En ese caso, España podría considerar que se encontraba ante una forma de coerción exterior.

La respuesta dependería de las pruebas, de la naturaleza de las acciones y de su gravedad. Podría incluir sanciones diplomáticas, restricciones de cooperación, medidas económicas y consultas con los aliados europeos y de la OTAN para llevar a cabo lo que se explica en el artículo 5 del Tratado de la OTAN: una guerra de defensa contra Marruecos.

Nota. El artículo 5 de la OTAN establece lo siguiente: Un ataque armado contra uno o varios países miembros, ocurrido en Europa o en América del Norte, será considerado un ataque contra todos ellos. Por tanto, cada país aliado ayudará al país atacado, adoptando las medidas que considere necesarias, incluido el uso de la fuerza armada.

Si, además, se produjeran ataques armados, operaciones militares o actos atribuibles a un Estado extranjero que alcanzaran los umbrales jurídicos correspondientes, el conflicto entraría en una categoría completamente distinta.

La Carta de las Naciones Unidas establece límites estrictos al uso de la fuerza. Cualquier respuesta española tendría que ajustarse al derecho internacional y a las circunstancias concretas de los hechos.

Una guerra con Marruecos sería una posibilidad, no una consecuencia inevitable.

Y si llegara a producirse un conflicto armado, Canarias no sería la única afectada. Las consecuencias podrían extenderse al comercio, al transporte, al abastecimiento energético, a las relaciones diplomáticas y a la seguridad de toda la región.

Los primeros perjudicados serían los ciudadanos de ambos países, incluidos aquellos que nunca hubieran participado en la crisis.

¿Y si estallara una guerra y miles de marroquíes huyeran de su país?

Siguiendo la hipotética narración, la tensión podría aumentar y desembocar en el temor a los bombardeos, la inseguridad y el deterioro económico podrían empujar a otros miles más de personas a abandonar Marruecos.

Algunas intentarían salir a donde fuera. Otras buscarían refugio en diferentes países europeos o norteafricanos.

De este modo, la crisis que inicialmente hubiera afectado a Canarias podría convertirse en una emergencia humanitaria de dimensiones regionales, nacionales e internacionales.

España tendría que proteger su territorio y, al mismo tiempo, atender las obligaciones internacionales relacionadas con la protección de las personas desplazadas.

La paradoja sería amarga: una crisis que algunos hubieran presentado como una cuestión de seguridad podría terminar generando una necesidad humanitaria todavía mayor.

La guerra rara vez se limita a los objetivos que anuncian quienes la inician. Sus consecuencias alcanzan a trabajadores, comerciantes, pescadores, agricultores, familias y niños que no tienen poder alguno para decidir sobre ella.

Por eso, evitar una escalada sería siempre preferible a tener que administrar sus devastadoras consecuencias.

Canarias no puede vivir de espaldas a su propia seguridad

Este escenario imaginario nos lleva a una reflexión que considero necesaria.

Canarias necesita planes de emergencia adecuados a su condición insular, una coordinación eficaz entre las administraciones, recursos suficientes para vigilar sus aguas y mecanismos capaces de responder a una llegada extraordinaria de inmigrantes sin colapsar los servicios públicos.

También necesita que el Gobierno explique con claridad qué medidas se activarían en una crisis grave, cómo se protegerían los puertos y aeropuertos, qué apoyo recibirían los municipios y de qué manera se garantizaría la continuidad de la actividad turística y comercial.

No se trata de vivir atemorizados ni de presentar a un país vecino como un enemigo inevitable. Se trata de reconocer que la seguridad, la planificación y la diplomacia son responsabilidades permanentes de cualquier Estado.

La prevención no consiste en anunciar guerras, sino en evitar que una situación de tensión llegue a convertirse en una tragedia.

Y esa prevención exige inteligencia, cooperación internacional, control fronterizo, capacidad logística y dirigentes capaces de actuar con serenidad cuando la presión popular y política sea máxima.

La verdadera victoria sería evitar la catástrofe

Imaginemos, finalmente, que después de semanas de tensión España y Marruecos alcanzaran un acuerdo con mediación europea. Que se investigaran los hechos, se desarticularan las redes criminales de tráfico humano, que se le pidiera responsabilidades a Marruecos, se recuperara el control de las fronteras y se establecieran garantías para impedir que una crisis semejante volviera a repetirse.

En ese caso y si se devolvieran a todos los inmigrantes llegados en los barcos de pesca, pateras y zodiacs que produjeron la invasión, adultos y MENAs; poco a poco, los vuelos turísticos regresarían a la normalidad. Los hoteles y complejos de apartamentos recuperarían sus reservas. Los comerciantes volverían a trabajar sin la incertidumbre de los primeros días y las familias canarias nacionales y extranjeras residentes podrían mirar al futuro con mayor tranquilidad. Pero eso ocurriría después de haber pagado un alto precio por la paz que se haya podido lograr, y siempre manteniendo ojos bien abierto contra las intenciones futuras de Marruecos donde ni una mosca se mueve sin que su rey lo sepa.

Ese sería el desenlace que más debería interesarnos.

Porque la fortaleza de un país no se mide únicamente por su capacidad para responder a una amenaza, sino también por su habilidad para impedir que esa amenaza destruya su convivencia, su economía y sus relaciones con el mundo.

Canarias es territorio español y europeo. Su seguridad importa, y mucho. Pero protegerla no exige alimentar el odio ni dar por inevitable una guerra que hoy estamos imaginando.

Exige preparación, responsabilidad y una política exterior capaz de defender los intereses españoles sin cerrar las puertas a la razón.

Una invasión de Canarias mediante una operación migratoria deliberadamente organizada sería un escenario de enorme gravedad. Pero el deber de España sería protegerse antes de improvisar y actuar antes de que la crisis se convirtiera en una catástrofe. (La Marcha Verde de 1975 nos dice que no debemos confiar en Marruecos ni un ápice).

Porque, si alguna vez llegara una prueba semejante para nuestras islas, la pregunta decisiva no sería solamente cuántas embarcaciones aparecen en el horizonte.

La verdadera pregunta sería si España estaría preparada para afrontar una crisis de esta magnitud con firmeza, inteligencia y unidad, sin dejarse doblegar por el miedo a las pérdidas económicas, políticas y sociales. ¿Sería capaz de mantenerse firme ante el chantaje de Marruecos, que utiliza la presión migratoria de su pobre gente como instrumento y carne de cañón para alcanzar sus objetivos políticos, económicos y territoriales, poniendo a su propia población más vulnerable en primera línea de conflictos y disputas que poco tienen que ver con el bienestar de esas personas?