Marruecos siempre ha utilizado y sigue utilizando a su probre gente como carne de cañón en sus disputas políticas

 

Marruecos siempre ha utilizado y sigue utilizando a su pobre gente como carne de cañón en sus disputas políticas

Por Bruno Perera

Hay países que utilizan la diplomacia para resolver sus problemas y hay gobiernos que convierten los problemas de sus propios ciudadanos en instrumentos de presión política. Marruecos pertenece, a mi juicio, a este segundo grupo: es ruin y explotador de su gente.

No estoy hablando del pueblo marroquí, sino de quienes gobiernan Marruecos y de la forma en que, durante décadas, han utilizado determinadas cuestiones —la inmigración, Ceuta y Melilla, el Sáhara Occidental y el sentimiento nacionalista— como instrumentos de presión frente a España y Europa.

Y aquí aparece una contradicción que resulta difícil de ignorar: miles de marroquíes buscan una vida mejor fuera de su país porque en el suyo solo obtienen entre 5 o 10 euros por 8 horas de trabajo,  y en ello el poder político impulsa precisamente ese deseo de emigrar en los marroquíes pobres como elemento de cambiar sus vidas

El ciudadano pobre termina pagando la factura

Marruecos es un país con grandes diferencias sociales y económicas. La propia realidad reciente del país lo demuestra. En 2026 el desempleo juvenil continúa siendo elevado y existe un fuerte descontento entre sectores de la población joven por las oportunidades laborales, los servicios públicos y las desigualdades. (Reuters)

Ante esa situación cabe hacerse una pregunta sencilla:

¿Por qué un joven marroquí tiene que arriesgar su vida en el mar para buscar en Europa las oportunidades que no encuentra en su propio país?

No debería ser necesario.

Un Estado que quiera realmente el bienestar de sus ciudadanos debería procurar que sus jóvenes pudieran trabajar, formar una familia y vivir dignamente en su propia tierra.

Pero cuando la emigración se convierte en una salida para miles de personas desesperadas, esas mismas personas pueden terminar transformadas en una herramienta involuntaria de la política internacional.

Y ahí es donde aparece lo que considero más injusto: el ciudadano pobre acaba pagando los platos rotos de las disputas entre gobiernos.

Ceuta y Melilla no pueden convertirse en moneda de cambio

Marruecos mantiene sus reivindicaciones ficticias y de propaganda sobre Ceuta y Melilla, mientras España sostiene que la soberanía de ambas ciudades no está sometida a negociación. En agosto de 2026, el Gobierno español y la UE volvieron a rechazar expresamente negociar la soberanía de las dos ciudades con Marruecos. (Reuters)

Desde mi punto de vista, pretender modificar las fronteras internacionales simplemente porque un Estado considera que determinado territorio debería pertenecerle abriría una puerta extremadamente peligrosa.

Porque si aceptáramos que las fronteras pueden modificarse unilateralmente basándose en reivindicaciones históricas, entonces tendríamos que revisar una enorme cantidad de fronteras existentes en el mundo.

¿Dónde terminaría el proceso?

¿Habría que revisar las fronteras de Europa, Oriente Medio, Asia, África o América cada vez que un Estado reclamara territorios que considera históricamente suyos?

Las fronteras internacionales, con independencia de las opiniones que cada uno pueda tener sobre ellas, no pueden convertirse en un juego permanente de reclamaciones territoriales.

La inmigración no debe ser un arma diplomática

La inmigración es un fenómeno humano. Detrás de cada inmigrante hay una persona, una familia, una historia y muchas veces una situación económica difícil.

Por eso considero especialmente grave que las personas que intentan emigrar puedan terminar convirtiéndose en instrumentos de presión política.

En julio de 2026 se produjo una entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos. Las cifras comunicadas posteriormente superaron las 80.000 personas, aunque la mayoría comandados por agentes de Marruecos abandonó después el territorio. La responsabilidad exacta sobre cómo se produjo aquella entrada masiva continúa siendo objeto de controversia. El Gobierno español afirmó que no tenía pruebas concretas de que las autoridades marroquíes hubieran organizado la operación, mientras que un informe policial español señaló una actuación anormalmente pasiva de las fuerzas marroquíes durante varias horas. Lo que da a entender que la invasión de Ceuta fue orquestada por el Estado Marroquí, como ha hecho otras tantas veces. Recuerde año 2021 y las tantas miles de pateras y zodiacs que han mandado a Canarias durante más de 30 años. (Reuters)

Por tanto, no hace falta afirmar aquello que está demostrado.

Basta con formular una pregunta política:

¿Puede un Estado utilizar su capacidad para controlar —o no controlar— sus fronteras como mecanismo de presión sobre otro Estado?

Si la respuesta fuera afirmativa, estaríamos ante un problema gravísimo para toda Europa.

El poder, la religión y el ciudadano

La Constitución marroquí establece que el islam es la religión del Estado y atribuye al rey, como Amir al-Muminin —Comendador de los Creyentes—, importantes funciones religiosas. (Proyecto Constitución)

Esto no significa que todos los marroquíes piensen igual ni que todos acepten la utilización política de la religión. Sería injusto afirmarlo.

Pero sí resulta legítimo preguntarse qué ocurre cuando religión, monarquía, identidad nacional y poder político aparecen estrechamente vinculados.

La religión pertenece a la conciencia de cada persona. No debería utilizarse para impedir que un ciudadano pueda cuestionar a su Gobierno, criticar una política pública o reclamar mejores condiciones de vida.

Y existen hechos que obligan a plantearse esta cuestión. Amnistía Internacional ha documentado durante los últimos años procesos contra periodistas, activistas y personas críticas con las autoridades marroquíes, además de restricciones a la libertad de expresión y de reunión. (Amnesty International)

Incluso existen casos recientes de personas condenadas por expresiones consideradas ofensivas para el islam. (Amnesty International)

Eso demuestra que la libertad de expresión en Marruecos sigue teniendo límites que en una democracia europea resultarían extraordinariamente controvertidos.

No es una crítica contra el pueblo marroquí

Quiero dejar esto muy claro.

Mi crítica no está dirigida contra los marroquíes.

El pueblo marroquí merece exactamente lo mismo que cualquier otro pueblo: trabajo digno, educación, sanidad, seguridad, libertad de expresión y posibilidades de prosperar.

Precisamente por eso considero injusto que personas que viven con dificultades económicas puedan ser utilizadas como instrumentos en conflictos políticos que ellas no han provocado.

Un joven que cruza una frontera no debería ser considerado una pieza de ajedrez.

Un menor que llega a Ceuta no debería convertirse en un arma diplomática.

Una familia que abandona Marruecos buscando trabajo no debería ser utilizada para presionar a España.

Y un ciudadano marroquí tampoco debería ser obligado a elegir entre su identidad nacional y su derecho a cuestionar al poder.

Marruecos necesita mirar hacia dentro

Antes de reclamar territorios españoles, quizá sería más útil que el poder marroquí se preguntara por qué tantos de sus propios ciudadanos desean marcharse.

Antes de utilizar la cuestión migratoria como elemento de presión internacional, sería más beneficioso crear las condiciones para que emigrar dejara de ser una necesidad para tantas personas.

Antes de hablar permanentemente de Ceuta y Melilla, habría que hablar también de empleo, salarios, vivienda, educación, sanidad y libertad.

Porque un país verdaderamente fuerte no necesita que sus ciudadanos arriesguen la vida para demostrar su fortaleza.

Un país verdaderamente fuerte es aquel en el que sus ciudadanos quieren quedarse.

Y esa debería ser la verdadera batalla política de Marruecos: no conseguir que los pobres crucen sus fronteras, sino conseguir que tengan razones para no querer hacerlo.

Mientras tanto, Europa no debería aceptar que la inmigración se convierta en moneda de cambio.

Las personas no son mercancías.

Los inmigrantes no son soldados.

Los menores no son instrumentos diplomáticos.

Y los ciudadanos pobres de ningún país deberían ser utilizados como carne de cañón en las disputas políticas de sus gobernantes.