Con 10 millones de euros se podría intentar resolver casi todo el problema inmigratorio de Ceuta

 

Con 10 millones de euros se podría intentar resolver casi todo el problema inmigratorio de Ceuta

Por Bruno Perera

Ceuta continúa afrontando una situación migratoria extraordinaria después de la entrada masiva de unos 80.000 inmigrantes ilegales  procedentes de Marruecos durante los días 30 y 31 de julio. Según informaciones publicadas en los últimos días, todavía permanecen en la ciudad más de 10.000 inmigrantes y entre los mismos muchos niños y niñas, aunque las cifras exactas varían según el momento y según se contabilice a quienes están en centros de acogida, asentamientos improvisados o en otros lugares. (El País)

La cuestión que debemos plantearnos es sencilla: ¿cuánto dinero seguirá costando mantener indefinidamente esta situación y cuánto costaría buscar una salida rápida, voluntaria, digna y legal para quienes quieran regresar a Marruecos?

Mi propuesta parte de una simple operación matemática.

Si fueran 10.000 las personas que decidieran regresar voluntariamente y el Estado destinara 1.000 euros por persona, el coste de esa ayuda sería de aproximadamente 10 millones de euros.

Diez millones de euros pueden parecer mucho dinero, pero son una cantidad relativamente pequeña cuando se compara con los gastos extraordinarios que ya está afrontando el Estado español para atender la emergencia que ronda en un millón o más de euros diarios. El Gobierno ha aprobado, por ejemplo, un crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de los menores migrantes no acompañados de Ceuta y también ha aprobado una declaración de emergencia para gastos esenciales relacionados con la llegada masiva de personas inmigrantes. (La Moncloa)

¿Por qué no ofrecer un retorno voluntario con una ayuda económica?

La idea que planteo no consiste en obligar a nadie a marcharse mediante el pago de dinero.

Sería justamente lo contrario: ofrecer una alternativa voluntaria.

A aquellas personas adultas que no tengan derecho a permanecer en España y que deseen regresar a Marruecos podría ofrecérseles un programa extraordinario de retorno voluntario asistido, con transporte seguro, documentación, atención sanitaria cuando fuera necesaria y una ayuda económica de 1.000 euros por persona. Y que fuera vigente desde tal fecha a tal fecha. Y solo para esta ocasión especial en Ceuta, pero contando que el programa de retorno voluntario se podría implementar en otras comunidades españolas siguiendo las necesidades de cada comunidad.

La persona recibiría la ayuda solamente después de aceptar voluntariamente el retorno y completar el procedimiento correspondiente.

No se trataría de inventar un sistema completamente nuevo. España ya dispone de programas de retorno voluntario y trabaja en esta materia con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El Ministerio de Inclusión explica que existen programas de retorno voluntario asistido y reintegración para nacionales de terceros países que cumplen determinados requisitos. (Ministerio de Inclusión)

Y existe incluso un precedente muy interesante.

En un convenio publicado en el BOE, España y la OIM contemplan para determinados retornados a Marruecos ayudas de reintegración de hasta 1.400 euros por adulto y 700 euros por menor dentro de la unidad familiar, dependiendo de las necesidades y circunstancias de cada persona. La ayuda no se concibe simplemente como entregar dinero en la frontera, sino como parte de un proceso de retorno y reintegración. (BOE)

Por tanto, la idea de utilizar una cantidad económica como incentivo para facilitar el retorno voluntario no es jurídicamente extraña al sistema español.

Diez millones frente a un problema que puede prolongarse durante meses o años

Supongamos, únicamente como hipótesis, que hubiera 10.000 personas dispuestas a acogerse a un programa de retorno voluntario.

10.000 personas × 1.000 euros = 10 millones de euros.

El Estado podría comparar esa cantidad con el coste de mantener durante meses instalaciones de acogida, alimentación, ropa, asistencia sanitaria, seguridad, transporte, personal, limpieza y otros servicios extraordinarios.

La comparación económica debería hacerse con datos oficiales de gasto por persona y por día. No sería prudente afirmar que todo el coste actual de Ceuta asciende exactamente a una determinada cantidad diaria sin disponer de una contabilidad pública completa y homogénea. (Pero sabemos sin hacer muchas cuentas que el gasto es cada día mayor y que la inseguridad crece en Ceuta).

Y que existe una cuestión evidente: cuanto más tiempo permanezca una situación excepcional, mayor será normalmente el gasto extraordinario asociado a ella.

Por eso creo que merece la pena estudiar seriamente una fórmula de retorno voluntario incentivado.

Y aquí aparece el principal problema: los menores

Con los menores no se puede aplicar exactamente el mismo procedimiento, salvo que sus familias los reclamen y así también puedan recibir los 1.000 euros por cada menor.

Los menores extranjeros no acompañados están protegidos por la legislación española y por las normas internacionales y europeas relativas a la infancia. Su eventual retorno no puede convertirse simplemente en una operación económica consistente en entregar 1.000 euros y cruzar la frontera.

El Gobierno español ha señalado expresamente que el retorno de menores debe realizarse respetando el ordenamiento jurídico y el interés superior del menor. (La Moncloa)

Además, actualmente el propio Gobierno reconoce que existe un importante número de menores en Ceuta. El 15 de septiembre informó de 2.048 menores identificados y calculó que entre 700 y 1.000 podían continuar en las calles. (Cadena SER)

Por tanto, en el caso de los menores habría que estudiar cada situación individualmente.

Si existe una familia en Marruecos capaz de hacerse cargo del menor, si se garantiza su seguridad y bienestar y si las autoridades competentes consideran que el retorno responde a su interés superior, podría estudiarse la reagrupación familiar conforme al procedimiento legal.

Pero si esas garantías no existen, España tiene obligaciones de protección que no desaparecen porque exista una crisis migratoria.

Tampoco todas las personas adultas pueden ser tratadas de la misma manera

Otro elemento fundamental sería distinguir entre las personas que simplemente han entrado ilegalmente y aquellas que han solicitado protección internacional o pueden encontrarse bajo alguna otra protección jurídica.

España y la Unión Europea están obligadas a respetar el principio de no devolución cuando una persona pueda estar expuesta a persecución, tortura, tratos inhumanos o graves riesgos contrarios al Derecho internacional.

Por ello, un programa como el que propongo tendría que comenzar con la identificación individual de cada persona.

Primero identificación.

Después comprobación de su situación jurídica.

Después información sobre sus derechos y posibilidades.

Y finalmente, para quienes legalmente puedan hacerlo y quieran regresar, retorno voluntario asistido y seguro.

No sería una devolución indiscriminada.

Una propuesta que podría estudiarse

Mi propuesta concreta sería que el Gobierno español, en coordinación con las autoridades de Ceuta, Marruecos, la Unión Europea y la OIM, estudiara un Programa Extraordinario de Retorno Voluntario desde Ceuta con las siguientes características:

1. Identificación individual de cada persona.

2. Separación jurídica de adultos, menores y personas especialmente vulnerables.

3. Información individualizada sobre las posibilidades de retorno.

4. Garantía de que nadie que tenga derecho a solicitar protección internacional sea privado de ese derecho.

5. Comprobación de que el retorno no vulnera el principio de no devolución.

6. Para quienes puedan retornar legalmente y acepten hacerlo voluntariamente, transporte organizado y seguro hasta Marruecos.

7. Una ayuda económica de referencia de hasta 1.000 euros por persona, o una cantidad equivalente diseñada por las autoridades competentes.

8. En los casos vulnerables, estudiar una fórmula de reintegración mediante la OIM, en lugar de entregar necesariamente todo el dinero en efectivo.

9. En el caso de menores, aplicar exclusivamente los procedimientos establecidos por la legislación española y las obligaciones internacionales sobre protección de la infancia.

10. Establecer un plazo determinado para el programa y publicar periódicamente el número de personas acogidas al retorno voluntario y el coste real de la operación.

¿Podría funcionar?

Eso nadie puede garantizarlo de antemano.

Es posible que algunas personas consideren atractiva una ayuda de 1.000 euros y decidan regresar. También es posible que otras prefieran permanecer en España.

Por tanto, no debería presupuestarse el programa suponiendo que las 10.000 personas aceptarían necesariamente la oferta.

Precisamente por eso tendría sentido comenzar con un programa piloto y evaluar los resultados.

Si 2.000 personas aceptaran, el coste de las ayudas sería de 2 millones de euros.

Si fueran 5.000, serían 5 millones.

Y si fueran 10.000, serían 10 millones.

La Administración podría conocer así cuánto cuesta realmente cada retorno voluntario y compararlo con el coste de mantener a una persona durante el mismo periodo en el sistema extraordinario de acogida.

Ceuta necesita una solución, no una situación permanente de emergencia

La ciudad autónoma no puede convertirse indefinidamente en un gigantesco centro de acogida improvisado.

Tampoco sería razonable que la solución consistiera simplemente en trasladar el problema desde Ceuta a otras partes de España sin haber resuelto previamente la situación jurídica de cada persona.

El propio Gobierno está intentando aumentar las plazas de acogida y acelerar la identificación y los procedimientos administrativos. A mediados de septiembre ya había 4.160 personas en plazas temporales y se trabajaba para alcanzar unas 6.000 plazas. (La Moncloa)

Pero una infraestructura de emergencia no puede convertirse en la solución permanente.

Por eso considero que debería estudiarse una tercera vía: protección para quien tenga derecho a ella y retorno voluntario asistido para quien pueda regresar legalmente y quiera hacerlo.

Si una ayuda de 1.000 euros consigue que una persona regrese voluntariamente a su país, el Estado no debería contemplarla simplemente como un gasto.

Podría ser una inversión destinada a resolver una situación excepcional.

Y si finalmente fueran 10.000 las personas que voluntariamente aceptaran regresar, estaríamos hablando de una operación cuyo incentivo económico total sería de unos 10 millones de euros.

Diez millones pueden parecer mucho dinero.

Pero la pregunta que debería hacerse la Administración es otra:

¿Cuánto costaría mantener durante meses o años un problema que podría solucionarse, al menos parcialmente, mediante retornos voluntarios, legales, seguros y dignos?

Esa es una cuenta que, en mi opinión, merece ser estudiada con números encima de la mesa y no solamente con discursos políticos.

Nota final: Quienes decidan retornar voluntariamente a Marruecos acogiéndose a la ayuda económica de 1.000 euros concedida por el Estado español deberán comprometerse formalmente a no volver a entrar ilegalmente en España. Si incumplieran este compromiso y fueran interceptados entrando de nuevo de forma irregular= ilegal, serían deportados en el acto o a más tardar después de 72 horas a su país de procedencia, sin recibir ninguna ayuda económica adicional, más allá de los gastos necesarios para efectuar el retorno.