En
los últimos años se ha vuelto cada vez más habitual ver en España concejales,
diputados autonómicos e incluso parlamentarios nacionales de origen extranjero.
Algunos de ellos llegaron al país de forma ilegal, en patera o sin
documentación, y con el paso del tiempo obtuvieron la nacionalidad española.
La
legalidad: un punto de partida, no el final del debate
Desde el punto de vista jurídico, la cuestión es clara.
La legislación española exige únicamente tener la nacionalidad española para
poder ser elegido concejal, diputado autonómico o diputado nacional. La ley no distingue
entre españoles por nacimiento o por naturalización, ni tiene en cuenta cómo se
produjo la entrada inicial en el país.
Es decir, si hoy alguien ocupa un cargo público, lo hace
legalmente. Este punto conviene dejarlo claro para evitar debates artificiales.
Pero que algo sea legal no lo convierte automáticamente
en incuestionable desde el punto de vista político, ético o social.
La
política real: votos, imagen y estrategia
La explicación de por qué los partidos colocan estos
perfiles en sus listas no suele encontrarse en el mérito técnico o en la
experiencia de gestión, sino en la estrategia electoral.
Hay tres factores clave:
No es filantropía. Es política práctica.
El
malestar social: una realidad ignorada
Existe un malestar creciente entre muchos ciudadanos
españoles que sienten que:
1. El mérito y la
trayectoria pesan menos que el perfil identitario.
2. Se premia
simbólicamente a quien representa un relato, no a quien ha contribuido durante
décadas.
3. Se utiliza la
inmigración como herramienta electoral, no como un fenómeno que deba
gestionarse con rigor.
Este descontento no nace del racismo, como a menudo se
intenta simplificar, sino de una sensación de injusticia comparativa: esfuerzo
frente a oportunidad política.
Democracia
formal frente a legitimidad social
Aquí aparece una distinción fundamental:
1. Democracia
formal:
la ley permite estas candidaturas.
2. Legitimidad
social:
una parte creciente de la población no las percibe como justas ni
representativas.
Cuando los partidos ignoran de forma sistemática esta
brecha, alimentan la desafección política, la polarización y el auge de
opciones que prometen romper con ese consenso.
La
responsabilidad final es de los votantes
Conviene recordar un punto esencial: los partidos hacen
lo que creen que les da votos. Si esta estrategia se mantiene es porque, de
momento, funciona electoralmente.
En democracia, la corrección o el castigo no llega desde
los discursos oficiales, sino desde las urnas. Si una mayoría social considera
que estas prácticas son erróneas, los partidos cambiarán. Si no, continuarán.
Final
El debate no es si estas personas cumplen la ley —la
cumplen—, sino si este modelo de representación responde al interés general o a
una lógica de marketing político.
Plantear esta cuestión no es antidemocrático. Al
contrario: es una exigencia democrática básica preguntarse a quién representan
realmente nuestros representantes y por qué han sido elegidos.
Callar el debate no lo hace desaparecer. Solo lo
traslada, cada vez con más fuerza, al voto de protesta y a la ruptura del consenso
político.
Nota: Todo este
planteamiento conlleva además un riesgo político evidente. Cuando alguno de
estos políticos que han adquirido la nacionalidad española es apartado de una
lista electoral y no queda satisfecho con su partido, en ocasiones opta por
crear su propia formación política apoyándose en colectivos inmigrantes. De
este modo surgen partidos de base inmigrante que terminan compitiendo
directamente con los partidos nacionales tradicionales, un fenómeno que ya se
ha dado en numerosos casos en países como Francia, Inglaterra y otras naciones
europeas. Algo que termina siempre en la demanda de menos control sobre la inmigración
ilegal y más libertad de entrada y legalización.
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