Abandono de niños y niñas menores africanos en aeropuertos canarios

 

Abandono de niños y niñas menores africanos en aeropuertos canarios

Por Bruno Perera.

El pasado 19 de diciembre de 2025, la Policía Nacional detuvo en Gran Canaria a un hombre por abandonar a su propio hijo menor de edad en territorio español, tras llegar juntos en avión desde Marruecos, y tratar de regresar solo a su país de origen. El niño, que apareció solo y desesperado ante la sede de Cruz Roja en Telde, declaró que su padre lo había abandonado en España y se había llevado sus documentos, lo que lo situó en una situación de desamparo e indocumentación.

El menor fue inmediatamente protegido por las autoridades —trasladado a un centro de acogida por orden de la Fiscalía de Menores— y su padre fue arrestado cuando intentaba volar a Marrakech sin el niño. El juez decretó prisión provisional para el progenitor, recordando que abandonar a un menor es un delito grave con consecuencias penales.

¿Qué está pasando de verdad?

Este caso puntual pone el foco en un problema mayor, estructural y profundamente injusto:

• En los últimos años han aumentado significativamente las llegadas de menores extranjeros no acompañados en pateras, cayucos y zodiacs a España, especialmente desde zonas magrebíes y subsaharianas. Datos oficiales reflejan que los jóvenes procedentes de estas zonas representan una proporción muy alta de las llegadas de “MENAs” (menores extranjeros no acompañados).
• La figura jurídica de MENA ofrece al menor protección y tutela estatal en centros especializados hasta que cumple 18 años, lo que implica un costo importante para las administraciones públicas. El gasto medio por menor tutelado puede rondar, en algunas autonomías, cifras cercanas a 150 € diarios, unos 4.500 euros mensuales, incluyendo educación, comida, alojamiento, ropa, calzado y atención social especializada.
• -Dinero que se reparten entre las oenegés que viven del cuento de los MENAs-.
• Una vez alcanzada la mayoría de edad, muchos de estos jóvenes pueden acceder a mecanismos de reagrupación familiar o regularización migratoria, lo que permite que los MENAs puedan reclamar a sus familiares y estos consigan la residencia en España. Esto ha generado un debate intenso y polémico: ¿cómo conciliar los derechos de menores con las posibles estrategias familiares de sacar ventaja del sistema?

Un fenómeno que no es solo un único caso

Aunque el caso reciente en Canarias es particularmente chocante por lo explícito —el padre o madre que literalmente abandona al niño y se va—, existen informes y sentencias anteriores que apuntan  a muchos otros padres y a redes de facilitación de menores que organizan y monetizan la llegada de estos jóvenes a España. Un ejemplo documentado es una red que mafiosa fue condenada por traer menores desde Marruecos y cobrar miles de euros por hacerlo, entregándolos a centros donde permanecerían hasta la mayoría de edad. (Telecinco)

Es decir: la vulnerabilidad de la infancia y el derecho de los menores a protección internacional están siendo instrumentalizados, en algunos casos, como un camino hacia una residencia más estable en Europa. Esto no es solo motivo de denuncia moral, sino también de urgente debate político y jurídico.

Derechos humanos vs. abuso del sistema

España y la Unión Europea tienen compromisos claros con los derechos de la infancia y con la protección de menores que llegan sin referente adulto. La realidad de los “MENAs” no es homogénea: la mayoría son jóvenes que sus padres por ser pobres envían a Canarias o a la Península con el propósito de que España los tutele gratis, por varios años.
Pero mezclar tragedia humana con comportamientos fraudulentos o deliberadamente ventajistas distorsiona el problema y pone en tensión la solidaridad y la responsabilidad del Estado.

¿Qué deberían hacer España y la UE?

1.    Reforzar los mecanismos de control y verificación para garantizar que los menores no acompañados lo sean realmente, antes de acceder a la tutela estatal.

2.    Coordinar con Marruecos y países de origen protocolos de retorno seguro para casos en que se demuestre abandono voluntario o fraude familiar.

3.    Combatir las redes que trafican o instrumentalizan a menores, aplicando penas más duras y cooperación transnacional.

4.    Apoyar programas de desarrollo local en origen para que las familias no recurran a prácticas desesperadas o ilícitas.

Conclusión

El caso de Canarias es más que un suceso aislado: es un síntoma de fallas estructurales en cómo se gestionan las fronteras, la migración y la protección de la infancia en Europa. Defender los derechos de los más vulnerables no puede convertirse en un incentivo perverso para el abuso. España y la UE deben actuar con firmeza, humanidad y sentido común para cerrar los vacíos que permiten que niños/as sean dejados atrás como si fueran piezas intercambiables de un sistema que debería protegerlos, no explotarlos.

Nota: La mejor opción y remedio a esta tragedia y sangría económica, es cerrar todos los centros de tutela de MENAs y de adultos habidos en España. Y que cada nación africana aguante su vela con su propio palo. No somos ni debemos ser la Madre Teresa del mundo porque ya damos más de lo que podemos.

Final: Como tantos otros artículos que he escrito denunciando los abusos relacionados con la inmigración ilegal, este también fue enviado a la señora Ursula Von der Leyen presidenta de la Comisión Europea con la intención de que sepa lo que está ocurriendo en Canarias y en muchos lugares de España peninsular con la inmigración ilegal.