Varios países africanos no quieren a sus niños y negocian con ellos

 

Varios países africanos no quieren a sus niños y negocian con ellos

Por Bruno Perera.

Desde hace más de treinta años se viene observando una realidad incómoda y dolorosa: en varios países africanos, los niños y niñas no son protegidos como deberían por sus propios Estados. Muy al contrario, en demasiadas ocasiones son tratados como una moneda de cambio, como un problema del que deshacerse o incluso como una herramienta de presión política frente a otros países.

Uno de los ejemplos más evidentes de esta dejación de responsabilidades es la permisividad —cuando no la complicidad— de muchos gobiernos africanos ante la salida masiva de menores en pateras, zodiacs y cayucos rumbo a Europa. Se permite que niños, adolescentes, mujeres embarazadas e incluso bebés de uno o dos años se lancen al mar en embarcaciones precarias, sin condiciones mínimas de seguridad, a sabiendas de que muchos de ellos no llegarán vivos a su destino. Viajan sin chalecos salvavidas, con poco combustible, escasa comida, ropa inadecuada y en naves incapaces de resistir el viento y el oleaje. El resultado es una tragedia humanitaria constante que parece haberse normalizado.

Este drama no puede explicarse únicamente por la pobreza o la falta de oportunidades, o el cuento de que esos países fueron colonias europeas y que porque fueron explotadas ahora Europa debe aceptar su gente pobre. Estos países lloran políticamente  e hipócritamente porque ponen como excusas algo del pasado para tapar su corrupción.

También hay decisiones políticas detrás. Un caso paradigmático fue lo ocurrido en Ceuta en 2021, cuando Marruecos permitió —y en la práctica alentó— el envío masivo de miles de personas, entre ellas una gran cantidad de menores, como forma de presión política contra España tras un desacuerdo diplomático relacionado con la atención médica a un líder saharaui. Aquellos niños fueron utilizados como auténtica carne de cañón, expuestos a riesgos extremos con el único fin de enviar un mensaje político a España.

Utilizar a menores como instrumento de chantaje internacional no solo es inmoral, sino que constituye una grave violación de los derechos humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, este tipo de prácticas rara vez tiene consecuencias reales para los Estados responsables. Pero en ello se aprecia que Marruecos no protege a sus menores ni a sus mayores.

A todo ello se suma la actuación de las mafias del tráfico de personas, que se lucran con la desesperación de familias y menores. Pero estas redes no podrían operar con tanta facilidad sin la pasividad —o el beneficio directo— de las autoridades de origen y tránsito. Cuando un Estado permite que sus ciudadanos más vulnerables se jueguen la vida en el mar, está admitiendo, de facto, que ha renunciado a protegerlos.

Europa, y en particular España, tampoco queda al margen de la crítica. La Unión Europea, con su política inmigratoria ambigua y contradictoria, contribuye a que este sistema perverso siga funcionando. Al no deportar de manera efectiva a quienes llegan de forma ilegal, y al asumir automáticamente su acogida y tutela, se envía un mensaje claro: el viaje, aunque peligroso, “merece la pena”. Este efecto llamada alimenta el negocio de las mafias y anima a más familias a poner a sus hijos en manos del mar.

La ayuda humanitaria es necesaria y moralmente obligatoria, pero no puede sustituir a una política firme, coherente y responsable. Salvar vidas en el mar es imprescindible, pero también lo es atacar las causas del problema, exigir responsabilidades a los países de origen y dejar claro que los menores no pueden ser utilizados ni abandonados por conveniencia política o económica.

La pregunta final sigue siendo inquietante:

¿Dónde está la cordura política?

Mientras los intereses diplomáticos, económicos y electorales pesen más que la vida de miles de niños, el drama continuará repitiéndose, ola tras ola, cuerpo tras cuerpo, silencio tras silencio.

Nota: El político que España ayudó medicamente en el 2021 fue el saharaui Brahim Ghali, líder del Frente Polisario y presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (SADR), quien fue trasladado desde Argelia a España en 2021 para recibir tratamiento médico por COVID-19 y otras complicaciones de salud. (Wikipedia)

Su hospitalización en un hospital español bajo un nombre distinto, promovido por Podemos y PSOE provocó una crisis diplomática entre Marruecos y España, que Marruecos consideró la decisión “contraria al espíritu de la cooperación” entre ambos países, y chantajeó ese gesto humanitario con un envío masivo de inmigrantes a Ceuta en mayo de ese año 2021. (Politico)