En España se
permite que los okupas roben viviendas y vendan la okupación
Por Bruno Perera.
España presume de ser un Estado de Derecho, pero
cada vez son más los ciudadanos que tienen la sensación —fundada— de que la ley
no protege a quien cumple, sino a quien la burla. Uno de los ejemplos más
claros y sangrantes es el fenómeno de la okupación ilegal de viviendas. Un
fenómeno que, aunque el legislador se empeñe en negarlo, en la práctica está
permitido.
Porque no nos engañemos: no hace falta que una
ley diga explícitamente “se permite robar viviendas” para que eso ocurra. Basta
con que el sistema no actúe, llegue tarde o proteja más al
infractor que a la víctima. Y eso es exactamente lo que sucede hoy en
España.
La teoría dice
una cosa, la realidad otra
El Código Penal tipifica la ocupación ilegal.
Sobre el papel, todo parece claro: entrar en una vivienda ajena sin permiso es
delito. Sin embargo, en la práctica, la diferencia entre vivienda habitual y
vivienda vacía, entre allanamiento y usurpación, se ha convertido en un
laberinto jurídico que beneficia siempre al okupa y perjudica al propietario.
La policía, en muchos casos, no actúa. Los
juzgados tardan meses o años. El propietario debe seguir pagando impuestos,
comunidad, suministros y abogados, mientras quien ocupa ilegalmente la vivienda
vive gratis y sin consecuencias reales.
Eso no es justicia. Eso es abandono
institucional.
El negocio de
la okupación
El disparate alcanza niveles grotescos cuando
descubrimos que la okupación se ha convertido en un negocio. No porque
sea legal, sino porque el Estado lo tolera.
Hoy en España se venden viviendas okupadas. No la
propiedad, claro está, sino la posesión ilegal: las llaves, el acceso, la
“ocupación consolidada”. Mafias organizadas entran en pisos, los revenden a
terceros y cobran por algo que no es suyo. Y lo hacen porque saben que nadie
le pedirá cuentas ni los va a echar de inmediato.
Cuando un sistema permite que un delito sea
rentable, ese sistema es cómplice por omisión.
El
propietario, convertido en sospechoso
En este país se ha construido un relato perverso:
el propietario es el malo, el okupa es la víctima. Da igual si el piso es fruto
de una vida de trabajo, si es la segunda vivienda de una familia humilde o el
ahorro de un pequeño propietario. El discurso oficial prefiere hablar de
“conflicto social” antes que de delito.
Mientras tanto, los derechos fundamentales se
jerarquizan ideológicamente. El derecho a la propiedad, recogido en la
Constitución, queda subordinado a interpretaciones políticas que no
resuelven el problema de la vivienda, pero sí crean inseguridad jurídica.
Un Estado que
no protege, deja de ser Estado
Cuando un ciudadano siente que su casa puede ser
ocupada y que recuperarla será una pesadilla, algo se rompe. Se rompe la
confianza. Se rompe el contrato social. Se rompe la idea misma de legalidad.
Un país donde robar una vivienda no tiene
consecuencias inmediatas es un país que normaliza la trampa, castiga al
honrado y premia al que actúa al margen de la ley. Y cuando eso se convierte en
norma, no estamos ante un fallo puntual, sino ante un fracaso del sistema.
España no necesita discursos buenistas ni parches
legislativos. Necesita leyes claras, aplicación inmediata y una justicia que
proteja primero a la víctima. Todo lo demás es retórica.
Y mientras eso no ocurra, muchos ciudadanos
seguirán pensando —con razón— que en España robar una vivienda sale
demasiado barato.
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Datos y
fuentes
- Código Penal español
- Artículo 202: Allanamiento de morada
- Artículo 245: Usurpación de bienes inmuebles
- Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
- Datos sobre duración media de procedimientos civiles de desahucio.
- Ministerio del Interior
- Estadísticas de denuncias por ocupación ilegal (incremento sostenido
en la última década).
- Informes de asociaciones de propietarios y registradores
- Casos documentados de venta ilegal de viviendas okupadas y mafias
organizadas.
- Constitución Española
- Artículo 33: Derecho a la propiedad privada.
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