Canarias:
Vivienda social frente al gasto en inmigración ilegal
Por Bruno Perera
Durante décadas, Canarias ha arrastrado un grave
problema estructural de vivienda social. Hoy, más de 100.000 personas
necesitan una vivienda digna y alrededor de 30.000 están inscritas en listas
de espera oficiales. Paralelamente, decenas de miles de jóvenes no pueden emanciparse,
y los alquileres de viviendas de apenas 90–100 m² superan habitualmente los
1.000 euros mensuales, una cifra totalmente desproporcionada si
consideramos que la mayoría de salarios brutos en las islas se sitúan entre 1.300
y 1.700 euros.
La situación es anómala incluso dentro del
conjunto del Estado: desde el año 2000, solo un 4–5% de la vivienda
construida en Canarias es pública, una cifra dramática que explica buena
parte de la crisis social actual. No es un fallo puntual: es un fracaso acumulado
de planificación, inversión y voluntad política.
Un gasto que
crece mientras la vivienda se estanca
Mientras todo esto ocurre, Canarias se ha
convertido en uno de los principales puntos de entrada de inmigración ilegal, unos
con la intención de quedarse en las islas y otros con la de trasladarse
a Europa. Y cada vez son más las voces
—incluida la mía— que denuncian que una parte sustancial del presupuesto
destinado a la gestión de la inmigración ilegal podría haber sido utilizada
para resolver, en gran medida, la emergencia habitacional interna.
Aquí no se discute humanidad, solidaridad ni
derechos; se discute prioridades en un territorio frágil, limitado y con
recursos públicos escasos.
La cifra
polémica: 45.000 millones en tres décadas
Diversos sectores críticos con la política
migratoria actual calculamos que, sumando partidas del Estado, la Unión Europea
y la propia Comunidad Autónoma, el gasto acumulado en tres décadas vinculado
directa o indirectamente a la inmigración ilegal podría situarse alrededor de
los 45.000 millones de euros.
Esta estimación global integra:
1.
Coste de acogida y tutela de menores
extranjeros no acompañados, que ronda los 150 €/día por persona
(4.500 €/mes de promedio, y en otras autonomías incluso más).
- Acogida de adultos, estimada en 50 €/día (unos 1.500
€/mes).
- Financiación a oenegés que gestionan centros y programas migratorios.
- Fondos europeos destinados a vigilancia marítima y control fronterizo.
- Subvenciones y ayudas a países de tránsito como Marruecos, Mauritania,
Senegal, Gambia o Malí.
- Costes operativos de Frontex, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y
medios navales permanentes.
Solo el mantenimiento anual de MENAs y adultos superaría
los 500 millones de euros, sin contar las ayudas internacionales ni el
gasto estructural.
La comparación
directa: viviendas que nunca se construyeron
Si tomamos un coste medio de 100.000 euros por
vivienda social construida en suelo público del Gobierno de Canarias:
45.000.000.000 ÷ 100.000 = 450.000 viviendas
sociales.
Es decir, según esta perspectiva crítica, con el
gasto acumulado en inmigración ilegal durante tres décadas se podrían haber
levantado 450.000 viviendas, suficientes para resolver todas las listas
de espera actuales, renovar el parque público y garantizar alojamiento
asequible durante generaciones.
No se trata de una exageración política: es aritmética
simple.
Opacidad,
intermediarios y mala gestión
Un número creciente de analistas denunciamos
además que una parte significativa del dinero destinado a la gestión
migratoria:
1.
No llega a los destinatarios
reales.
- Se diluye en estructuras burocráticas costosas.
- Enriquece a oenegés escasamente fiscalizadas, a algunos empresarios y
a algunos partidos políticos.
- Alimenta redes de tráfico en origen y tránsito.
- Termina en manos de gobiernos extranjeros con altos índices de
corrupción.
La falta de auditorías independientes, transparencia
en la justificación del gasto y control real sobre los convenios convierte el
sistema en un cajón opaco donde es prácticamente imposible seguir el
rastro de cada euro.
Mientras
tanto, la emergencia habitacional crece
Canarias vive hoy una tormenta perfecta:
1.
Alquileres prohibitivos.
- Jóvenes forzados a vivir con sus padres hasta los 30 o 35 años.
- Familias atrapadas en infraviviendas.
- Jubilados con pensiones mínimas incapaces de acceder a un alquiler
digno.
- Un parque de vivienda social totalmente insuficiente y que crece a un
ritmo ridículo.
La consecuencia es una exclusión silenciosa
que afecta principalmente a trabajadores humildes, madres solas, padres solos y
personas mayores: los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
La tesis:
reorientar las prioridades
El argumento es claro: Canarias no puede
seguir actuando como territorio de sacrificio, gestionando —y pagando— un
fenómeno migratorio ilegal que debería ser responsabilidad del conjunto del
Estado y, sobre todo, de la Unión Europea.
Si el archipiélago no es capaz de garantizar
vivienda digna a su propia población, ¿cómo va a absorber indefinidamente el
impacto económico, social y logístico de la inmigración ilegal?
La propuesta que defiendo es sencilla:
1.
Cerrar progresivamente los
centros de acogida de inmigrantes ilegales, devolviendo
a la UE su responsabilidad en materia de fronteras.
- Reducir el gasto en estructuras ineficientes y duplicadas.
- Eliminar intermediarios y oenegés opacas.
- Garantizar auditorías exhaustivas y seguimiento público del gasto.
- Reorientar esos fondos hacia un plan masivo y permanente de vivienda
pública, capaz de ofrecer alquileres asequibles
(400 € mensuales o menos) y estabilidad a la población local.
No se trata de insolidaridad. Se trata de
supervivencia social.
Conclusión
Canarias no puede seguir cargando sobre
sus espaldas el peso de un fenómeno migratorio global mientras sus propios
ciudadanos sufren la mayor crisis habitacional de su historia reciente.
La prioridad debe quedar clara:
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