Canarias es el muro que ataja la basura inmigratoria ilegal que Europa no quiere

 

Canarias es el muro que ataja la basura inmigratoria ilegal que Europa no  quiere

Por Bruno Perera.

Canarias lleva más de 30 años convertida, sin pretenderlo, en el muro de contención de la basura inmigratoria que Europa no quiere. Lo que antes era una ruta peligrosa y excepcional desde África, hoy es una autopista abierta hacia las islas. Miles de personas llegan cada mes en pateras ilegalmente  o vuelos regulares con visados que caducan al poco tiempo. La gestión de este fenómeno se ha transformado en un laberinto burocrático, político y humanitario, donde los canarios observan cómo la situación se desborda sin que nadie dé respuestas claras.

El Estado español mantiene en Canarias una red de acogida que incluye centros de primera llegada, albergues temporales y recursos de emergencia. En 2024 había registradas más de 6.000 plazas ocupadas solo en el archipiélago. Pero el número de llegadas superó con creces esa capacidad: más de 46.000 personas desembarcaron ese año en las costas canarias.

Las oenegés y organismos internacionales advierten de lo mismo: el sistema se centra en la “primera atención” (identificación, comida, techo provisional), pero no existe un plan sólido para lo que viene después. Cuando los migrantes salen de los centros, muchos no tienen empleo, vivienda ni recursos, y acaban sobreviviendo en la economía informal o en condiciones de precariedad extrema. En otras palabras: se les abandona a su suerte.

El drama no se limita a los hombres jóvenes que suelen protagonizar las imágenes de las llegadas. Entre los migrantes hay mujeres embarazadas, madres con niños pequeños y personas enfermas. Estas son consideradas “vulnerables” y se les da derecho a alojamiento, asistencia médica, ropa y alimentación durante 18 a 24 meses, según el programa de acogida. Pero, ¿qué pasa cuando ese tiempo se acaba?
La respuesta es inquietante: no hay seguimiento real. Muchas mujeres quedan fuera del sistema sin medios ni redes familiares. Los niños acaban dependiendo de la caridad de oenegés o de los saturados servicios sociales locales.

Nadie discute que ayudar a quien huye del hambre o la guerra sea un deber moral. Pero lo que ocurre en Canarias no es ayuda planificada: es una gestión desbordada que amenaza el equilibrio social. Las islas soportan una presión que ni la península ni la Unión Europea asumen en igual medida.

Los beneficios directos para la población local son prácticamente nulos. No se crean empleos estables, ni se refuerzan los servicios públicos, ni se compensa el coste económico y social que soportan los municipios. Los ayuntamientos ven aumentar los gastos en asistencia, limpieza, seguridad y vivienda, sin recibir recursos proporcionales.

Por el contrario, las consecuencias negativas son palpables: barrios saturados, viviendas alquiladas sin control, aumento del paro juvenil local, y una sensación creciente de inseguridad y abandono. A todo esto se suma la percepción —cada vez más extendida— de que las autoridades miran hacia otro lado mientras la población canaria soporta el peso de un problema europeo.

La única forma de evitar el colapso es aplicar una política migratoria ordenada, firme y transparente.
Canarias no puede recibir ilimitadamente a todos los que llegan por mar o por aire sin documentación válida. Es necesario reforzar el control fronterizo, mejorar la cooperación con los países de origen y garantizar que la inmigración se produzca solo por vías legales, cuando el mercado laboral y la sociedad puedan asumirla dignamente.

Esto no significa cerrar puertas, sino abrirlas con criterio. España y Europa deben facilitar la entrada de quienes realmente pueden integrarse, trabajar y contribuir, pero también repatriar con garantías y respeto a la ley a quienes no cumplen los requisitos para permanecer.

De lo contrario, las islas acabarán colapsando: no habrá espacio, recursos ni servicios suficientes para tantos recién llegados, y los primeros en sufrir las consecuencias serán los propios canarios.

Si la tendencia continúa, el sistema de acogida colapsará por completo y el malestar social crecerá en las calles. No por racismo ni por odio, sino por pura desesperación de un pueblo que ve cómo se destruye su equilibrio demográfico, laboral y cultural sin compensación ni gestión eficaz.

Canarias no puede seguir siendo el patio trasero de Europa ni el vertedero humanitario de las políticas inmigratorias. O se afronta este asunto con seriedad —repartiendo responsabilidades, garantizando control fronterizo y creando planes de integración reales— o la convivencia acabará estallando en las calles.

El pueblo canario ha demostrado siempre solidaridad, pero la solidaridad no puede ser eterna si la justicia y la planificación están ausentes.

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Fuentes contrastadas

Llegadas 2024: 46.800 personas por vía marítima (Ministerio del Interior, España, 2025).

Plazas de acogida disponibles: 6.363 ocupadas en Canarias (ABC, nov. 2023).

Duración del programa de acogida: 18 meses, ampliable a 24 para personas vulnerables (ACNUR / Help.UNHCR.org, 2024).

Programas de reubicación: limitados a menores no acompañados; los adultos quedan bajo recursos temporales (Euronews, julio 2025).

Oenegés principales: Cruz Roja, CEAR, Accem, Cáritas (informes 2024–2025).

Problemas señalados: falta de seguimiento tras la salida de centros, riesgo de exclusión y precariedad (AIDA / Asylum Information Database, 2024).

Nota: Lo que llega a Canarias no es una inmigración planificada ni útil: es el residuo humano que otros países no quieren gestionar. No hablamos de personas con proyectos de vida claros, sino de individuos abandonados por sus propios Estados, sin formación, sin recursos, sin posibilidad real de integración. Y cuando un sistema recibe sin criterio, lo que llega no es esperanza: es carga, es ruina, es desecho institucional.”

Aviso: Este artículo fue enviado a la señora Ursula Von der Leyen presidenta de la Comisión Europea.