El colmo de los colmos: el Gobierno canario busca empleos para los MENAs, pero no para los menores canarios

 

El colmo de los colmos: el Gobierno canario busca empleos para los MENAs, pero no para los menores canarios

Por Bruno Perera

Cada nuevo amanecer parece despertar al Gobierno de Canarias de su letargo político, solo para lamentarse públicamente de la falta de apoyo del Estado español en materia migratoria. Esta vez, el debate gira en torno a los casi 1.000 menores extranjeros no acompañados (MENAs) que, según el propio Ejecutivo canario, ya han solicitado asilo y cuyo traslado a la Península —según dictó el Tribunal Supremo— debería ser asumido por el Estado.

Sin embargo, más allá del pulso administrativo entre Canarias y Madrid, hay una realidad que el Gobierno autonómico evita mirar de frente: la prioridad política y económica se ha volcado sobre los MENAs, mientras que los menores canarios desempleados o en riesgo de exclusión quedan relegados al olvido.

Un doble rasero institucional

Resulta paradójico que, mientras el paro juvenil en Canarias supera el 36%, el Ejecutivo regional anuncie con orgullo programas de formación e inserción laboral dirigidos a los MENAs, tal como reconocen algunos responsables políticos en un vídeo difundido públicamente (ver enlace al final del artículo). Es un gesto de humanidad, sí, pero también una muestra de injusticia social, cuando las familias canarias llevan años viendo cómo sus hijos encadenan becas precarias o se marchan a otras regiones en busca de oportunidades.

¿Quiénes son realmente los MENAs?

El discurso oficial sostiene que estos menores provienen de países en guerra, como Malí o Sudán. Sin embargo, las cifras y los testimonios desmienten esa versión. En realidad, una parte importante de estos jóvenes no procede de zonas bélicas, sino de países del África occidental donde operan mafias migratorias y redes de oenegés que instruyen a los menores para declarar falsamente su procedencia o edad y así obtener el estatus de MENA o de refugiado.

Surge entonces la pregunta clave:
Si muchos de estos supuestos menores llegan sin documentos de identidad, ¿cómo pueden las autoridades saber con certeza de qué país provienen?

La respuesta es tan incómoda como evidente: no lo saben. Se basan en declaraciones verbales o en informes proporcionados por las mismas organizaciones —Oenegés que gestionan su acogida en albergues y que se nutren económicamente de la tragedia migratoria.

El negocio de la solidaridad subvencionada

La acogida de los MENAs se ha convertido en un negocio millonario que mueve subvenciones europeas y estatales. En él participan mafias africanas, gobiernos, oenegés, empresas de servicios y hasta entidades religiosas. Y, cómo no, también la Cruz Roja se nutre de las desgracias y tragedias de la inmigración ilegal.

Cada menor tutelado representa un gasto medio de 150 euros diarios, lo que, en el caso de los 6.000 MENAs que actualmente hay albergados en Canarias, supone una cifra descomunal:

6.000 × 150 × 365 = 328.500.000 euros al año.
Es decir, más de 328 millones de euros anuales, o lo que es lo mismo, unos 900.000 euros diarios.

A estas cifras hay que sumar los cerca de 30.000 inmigrantes adultos en situación irregular que, cada año, son alojados durante unas dos semanas. El coste medio por persona ronda los 50 euros diarios, lo que supone un gasto anual aproximado de 21 millones de euros.

El gasto total anual en inmigración ilegal asciende a unos 349 millones de euros, financiados por el Gobierno canario, el Estado español y, sobre todo, por la Unión Europea, que paga el chantaje global al subvencionar anualmente a países africanos con cientos de millones de euros: Marruecos, Mauritania, Senegal, Malí y Gambia. Todos ellos, países con altos niveles de corrupción, que abren sus fronteras a la inmigración ilegal cada vez que desean obtener más dinero u otras prebendas de la UE.

Y, mientras tanto, miles de jóvenes canarios siguen sin recibir ayudas reales para empleo, vivienda o formación profesional.

Así, lo que se presenta como una política de “solidaridad” se convierte en un lucrativo negocio. Un sistema en el que unos ganan dinero y otros votos, mientras la juventud canaria continúa marginada.

Una sociedad al borde del hartazgo

Cada día crece el descontento ciudadano. No por falta de empatía hacia los migrantes, sino por la injusticia en la distribución de los recursos. Canarias no puede ni debe cargar sola con el peso de la política migratoria española y europea, pero tampoco puede seguir premiando la ilegalidad y el engaño mientras abandona a sus propios menores.

El Gobierno canario debería recordar que la solidaridad no empieza en Bruselas ni en Bamako, sino en los barrios de La Isleta, Taco, Arrecife o Jinámar, donde miles de jóvenes canarios siguen esperando la oportunidad que nunca llega.

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Fuentes consultadas

1. Sentencia del Tribunal Supremo (STS 1579/2024): Obliga al Estado español a asumir la tutela de menores extranjeros no acompañados cuando la comunidad autónoma carezca de recursos suficientes.

2. Informe del Observatorio de la Juventud de Canarias (2024): El paro juvenil en Canarias alcanza el 36,8%, el más alto de España.

3. Informe del Ministerio de Inclusión (2024): Canarias acoge a más de 6.000 MENAs, de los cuales el 70% carece de documentación acreditativa.

4. Coste medio por menor tutelado: 150 €/día → gasto total anual estimado: 328.500.000 €.

5. Vídeo de referencia (intervenciones de políticos canarios sobre búsqueda de empleo para MENAs):
YouTube – Intervenciones políticas

Artículo relacionado: CanariasNoticias.es, “El Gobierno de Canarias estudia fórmulas para insertar laboralmente a menores migrantes” (2025).

Nota:
Si sumamos todos los gastos relacionados con la inmigración —la estancia en albergues, las ayudas que la Unión Europea destina en subvenciones a países africanos como Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia y Malí, y lo que España invierte en Policía, Sanidad, Educación y atención a mujeres con niños pequeños o embarazadas—, la cifra total podría superar fácilmente los 1.500 millones de euros al año.
Y eso sin contar a quienes llegan con enfermedades o discapacidades, que también requieren asistencia médica y, en muchos casos, prestaciones económicas mensuales.