La sangría social y económica de la descoordinación migratoria en Canarias y la UE

 

La sangría social y económica de la descoordinación migratoria en Canarias y la UE

Por Bruno Perera

Canarias se ha convertido, en los últimos treinta años, en el epicentro de la inmigración irregular hacia Europa. Una parte de quienes llegan a las islas se queda; otra, como puede, logra desplazarse a distintos países europeos.

Pero lo que ocurre aquí no es solo un problema humanitario ni una cuestión de fronteras: es el reflejo de una cadena de intereses políticos, económicos y diplomáticos que ha terminado por convertir el drama migratorio en un negocio rentable para unos pocos y en una tragedia social para inmigrantes y canarios.

Los políticos canarios tienen una gran parte de culpa en lo que hoy vivimos. En 2021, en plena pandemia de la Covid-19, hicieron un llamamiento colosal al permitir la entrada de decenas de miles de inmigrantes ilegales, alegando que no podían ser deportados porque las fronteras africanas estaban cerradas. Aquello fue una farsa bien planeada, una maniobra que permitió a políticos, empresarios y oenegés obtener beneficios mientras se ofrecía alojamiento y manutención a miles de inmigrantes en hoteles y apartamentos turísticos. "Miles de estos inmigrantes fueron trasladados meses después por el Gobierno canario, con la complicidad del Estado, a otros países de la UE, aunque Francia interceptó a muchos en sus fronteras y los devolvió de nuevo a España."

A partir de ese episodio, la inmigración ilegal no solo continuó, sino que creció exponencialmente, impulsando además la creación de nuevas oenegés que viven de las desgracias ajenas y que, en muchos casos, se sostienen y enriquecen gracias a las subvenciones públicas de la Unión Europea destinadas a la gestión del fenómeno migratorio.

Bruselas mira parcialmente hacia otro lado, y España no hace lo que puede, sino lo que le conviene. Entre Canarias y el Gobierno central chantajean a la Unión Europea para conseguir más ayudas económicas que terminan diluyéndose entre mafias, políticos, empresarios y oenegés, y  que como sabemos muchas de estas oenegés despilfarran  parte de las subvenciones en comprar cosas personales.

Algo similar ocurre con países africanos como Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia y Mali, que reciben millones en subvenciones a cambio de frenar una migración que nunca detienen del todo, sino cuando les conviene o cuando buscan renegociar nuevas partidas de dinero bajo el chantaje migratorio.

Según los datos disponibles, en Canarias el gasto anual en inmigración ronda los 1.500 millones de euros, de los cuales unos 450 millones se destinan a la tutela de menores no acompañados (MENAs) y adultos, y el resto se reparte entre subvenciones, cooperación internacional y programas de control fronterizo. Sin embargo, una parte importante de esos fondos se pierde en burocracia, intermediarios y corrupción, tanto dentro como fuera de España.

Canarias padece este fenómeno desde 1994, y cada año la situación empeora. Las cifras oficiales están maquilladas, y la realidad supera con creces los informes que presentan el Gobierno canario y el Estado español. No existe una política migratoria coherente, solo una política de intereses cruzados. Mientras tanto, las islas soportan la presión social, la inseguridad y el coste económico de un sistema que nadie parece querer reformar.

Y todo ello ocurre en un archipiélago donde los alquileres están por las nubes, la cesta de la compra en Marte y los salarios en el infierno. La sociedad canaria paga los platos rotos de una gestión migratoria improvisada y orientada al beneficio político y económico de unos pocos.

La única salida razonable pasa por cerrar las fronteras a la inmigración ilegal y admitir solo la inmigración legal cuando España y la Unión Europea realmente la necesiten. De lo contrario, seguiremos atrapados en un círculo vicioso donde unos pocos se enriquecen mientras la mayoría sufre las consecuencias.

Fuentes contrastadas

Eurostat (2024): Migration and Asylum in Europe – 2024 edition, con indicadores clave sobre migración, asilo y diversidad en la UE.

European Migration Network (EMN España): informe anual sobre el panorama migratorio y de asilo en España.

UNHCR (2024): en 2024 llegaron a España 63.970 personas por tierra o mar, un 7,1 % más que el año anterior.

Ministerio del Interior (España): balance de inmigración irregular, con cifras de llegadas a Canarias desde 1994.

Migration and Home Affairs (Comisión Europea): más de 7,2 millones de nacionales de países no comunitarios residían en España a 1 de enero de 2024.

Cuentas Públicas y Cooperación Internacional (2023-2024): el gasto directo e indirecto en gestión migratoria ronda 1.500 millones de euros anuales, incluyendo programas de tutela, subvenciones y cooperación exterior.

Nota final

Mientras los políticos canarios dejan de hacer su trabajo, este artículo ha sido enviado a la señora Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, con el propósito de que Europa escuche la voz de Canarias y actúe de una vez con responsabilidad.

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Canarias exige una política migratoria justa y responsable

A la atención de la Comisión Europea, el Gobierno de España y la opinión pública europea:

Canarias lleva más de tres décadas soportando una presión migratoria que no ha sido ni creada ni gestionada por sus ciudadanos. Lo que comenzó como un fenómeno humanitario se ha convertido en un negocio político, económico y diplomático que enriquece a unos pocos mientras empobrece a la mayoría.

Hoy denuncio:

La descoordinación entre Canarias, el Estado español y la Unión Europea, que ha convertido al archipiélago en una puerta de entrada desbordada y sin control.

El uso perverso de fondos europeos, que alimenta redes de corrupción, burocracia y oportunismo, beneficiando a mafias, oenegés sin escrúpulos, y estructuras políticas que no rinden cuentas.

La falta de transparencia en el gasto público, con más de 1.500 millones de euros anuales destinados a la gestión migratoria, de los cuales una parte significativa se pierde en intermediarios y despilfarro.

La presión social y económica sobre la población canaria, que sufre alquileres inalcanzables, salarios precarios y una inseguridad creciente, mientras se le exige solidaridad sin respaldo ni compensación.

Canarias no es culpable de las desgracias de otros pueblos. No somos responsables de las decisiones de gobiernos africanos corruptos ni de las políticas migratorias fallidas de Bruselas. Somos una sociedad que lucha por sobrevivir, por mantener su identidad, su economía y su dignidad.

Por ello exigimos:

1.    El cierre efectivo de las rutas de inmigración ilegal, con controles fronterizos reales y cooperación internacional basada en resultados, no en chantajes diplomáticos.

2.    La admisión de inmigración legal solo cuando sea necesaria y sostenible, respetando las capacidades reales de acogida y empleo.

3.    Una auditoría independiente de los fondos europeos destinados a migración, con especial atención al papel de oenegés y empresas privadas.

4.    Una redistribución equitativa de responsabilidades migratorias en toda la UE, para que Canarias no siga siendo un muro de contención sin apoyo.

Este manifiesto es la voz de una ciudadanía que ha sido ignorada demasiado tiempo. No pedimos privilegios, pedimos justicia. No rechazamos la humanidad, rechazamos el abuso. No negamos la solidaridad, exigimos reciprocidad.

Canarias no puede seguir pagando los platos rotos de una Europa que mira hacia otro lado.

 Contacto: brunopereragarcia5@gmail.com

Tel: 0034 623 500 818