Siento vergüenza ajena cuando escucho a políticos canarios decir que la inmigración es favorable para Canarias

 

Siento vergüenza ajena cuando escucho a políticos canarios decir que la inmigración es favorable para Canarias

Por Bruno Perera.

Siento vergüenza ajena cuando escucho a políticos canarios de partidos como el PSOE, CC, NC, Podemos y otros tantos —salvo VOX— afirmar que la inmigración es favorable para Canarias. Cada vez que abren la boca para decir semejante disparate, lo hacen manipulando la realidad y confundiendo a la ciudadanía.

Cuando estos políticos hablan de inmigración, suelen esconder una trampa lingüística: no diferencian entre inmigración legal e inmigración ilegal. No se atreven a reconocer abiertamente que la única inmigración verdaderamente buena para las islas es la que llega de forma legal, ordenada y cuando el territorio la necesita, tal como reclama VOX. Lo demás no es progreso, sino un colapso anunciado y enmascarado de hipocresía.

Entre todas las simplezas que repiten los políticos canarios manipuladores, una de las más usadas es decir que Canarias es un pueblo solidario porque también fuimos emigrantes.

Pero estos vendepatrias, que lo saben muy bien, ocultan una verdad incómoda: en Europa, África y América, los españoles peninsulares y  canarios que emigraron fueron muchas veces discriminados y maltratados.

Un ejemplo poco conocido es el de Venezuela, donde entre 1908 y 1935 llegaron a encarcelar a canarios en varias islas, como Isla Orchilla, Isla El Burro e Isla Margarita.

Y aún esconden otra realidad: hoy, en Canarias, de los aproximadamente 2.300.000 habitantes, casi la mitad son extranjeros y foráneos peninsulares.   Con todo esto aún quieren meter más inmigración en las islas.

Lo más grave es que Canarias carece de soberanía marítima propia. La llamada SAR (Región de Búsqueda y Salvamento) que le fue asignada por la Organización Marítima Internacional (OMI) en 1987 —con una superficie de unos 1,5 millones de km²— es ficticia, porque el archipiélago no es un Estado Archipelágico reconocido por Naciones Unidas. Es decir, esas aguas no pertenecen realmente a Canarias. En el mejor de los casos, el archipiélago podría aspirar, siguiendo el precedente de Saint Pierre et Miquelon (1992), a una zona marítima de 24 millas náuticas y aguas interinsulares, siempre y cuando España lo solicite formalmente ante la ONU.

Sin embargo, mientras no se reclamen esos derechos, Canarias seguirá siendo un territorio sin mar propio, dependiente de una SAR que la obliga a rescatar y acoger inmigrantes que llegan en pateras, zódiacs o cayucos, sin capacidad real de decisión sobre su gestión.

Y es ahí donde los políticos locales esconden su hipocresía: se rasgan las vestiduras hablando de “solidaridad”, pero omiten el coste económico, social y demográfico que la inmigración ilegal está provocando en las islas.

Según estimaciones no oficiales pero coincidentes con distintos informes del Ministerio del Interior y de oenegés, el mantenimiento del sistema de acogida, albergues, manutención y subvenciones asociadas cuesta a los contribuyentes españoles y de UE, más de 1.500 millones de euros al año de los cuales un cerca de 30% = 450.000.000 se despilfarran en las islas y el resto entre gobiernos africanos corruptos que, en la práctica, no frenan el tráfico de personas, sino que lo alimentan.

En los últimos 30 años, Canarias ha recibido alrededor de 300.000 inmigrantes ilegales, en su mayoría procedentes de África Occidental, pero también de América Central y del Sur. Si esta tendencia continúa, en apenas dos décadas el archipiélago podría sufrir una transformación demográfica irreversible. Muchos de esos inmigrantes —que en un futuro constituirán una fuerza política organizada— podrían formar sus propios partidos o integrarse en otros, condicionando la vida política local.

De seguir así, la identidad histórica, cultural y social de Canarias corre serio riesgo de desaparecer.

Canarias no puede seguir siendo el campo de pruebas humanitario de Europa ni el vertedero de las políticas immigratorias fallidas de Bruselas y Madrid.

La verdadera solidaridad no consiste en convertir las islas en un gran campamento, sino en defender el derecho de los canarios a decidir su futuro, su demografía y su soberanía.

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Fuentes consultadas

1. SAR de Canarias (Región de Búsqueda y Salvamento): Asignada por la Organización Marítima Internacional (OMI) en 1987, con unos 1,5 millones de km². No implica soberanía marítima, solo responsabilidad operativa.

Fuente: Organización Marítima Internacional (OMI), Maritime Search and Rescue Regions Chart, 1987.

2. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Montego Bay, 1982): Define el concepto de Estado Archipelágico, al que Canarias no pertenece por ser parte del Estado español.

3. Saint Pierre et Miquelon (1992): Caso francés que obtuvo 24 millas de mar territorial y zona contigua tras reclamación ante la ONU.

4. Coste de la inmigración irregular en España: Estimaciones basadas en informes del Ministerio del Interior y datos presupuestarios del Plan Canarias 2023-2024 de Migraciones.

b. Fuente: Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Migraciones.

5. Datos de llegadas a Canarias: Más de 300.000 personas en tres décadas (1994–2024).

a. Fuente: Frontex, Ministerio del Interior y ACNUR.

Nota: Canarias se encuentra totalmente saturada en Educación, Sanidad, Territorio, Vivienda y Servicios Sociales. Esta situación es consecuencia de haber construido en exceso complejos turísticos, Viviendas Vacacionales  y haber permitido una inmigración ilegal descontrolada. Y para más INRY los salarios se mantienen a la baja y la cesta de la compra en las nubes.