La legalización inmigratoria aprobada por el PSOE y Podemos resulta, en la práctica, una farsa

 

La legalización inmigratoria aprobada por el PSOE y Podemos resulta, en la práctica, una farsa
Por Bruno Perera.

La legalización inmigratoria aprobada por el PSOE y Podemos resulta, en la práctica, una farsa si no va acompañada de una reforma profunda de las actuales leyes de extranjería.

España arrastra desde hace años una realidad incómoda que demasiados prefieren simplificar: cientos de miles de personas viven y trabajan en nuestro país en situación administrativa irregular, formando parte de la economía real, pagando alquileres, consumiendo y, en muchos casos, trabajando sin derechos ni garantías. Negar este hecho no lo hace desaparecer.

Por eso, una legalización extraordinaria de estas personas que hayan tenido buena conducta social no solo es razonable, sino necesaria, especialmente cuando el propio Estado carece de medios reales para expulsar de forma efectiva a un volumen tan elevado de población en situación ilegal. Ahora bien, dicha legalización solo tendría sentido si va acompañada de un cambio profundo en la política migratoria, que deje claro que se trata de una medida excepcional, cerrada y no repetible, y no de una puerta giratoria permanente.

Legalizar lo existente, no premia la ilegalidad futura
Legalizar a más de 500.000 inmigrantes que ya se encuentran en España permitiría:

• Sacarlos de la economía sumergida.
• Garantizar pequeñas cotizaciones, derechos laborales y control administrativo.
• Saber con mayor precisión quién está en el país y en qué condiciones.

Pero esta legalización debería ir acompañada de una reforma clara de la Ley de Extranjería, que establezca de forma expresa que:

• No habrá nuevas legalizaciones extraordinarias durante un largo periodo (por ejemplo, diez años).
• A partir de ese momento, solo se podrá acceder a la residencia por vías legales previas, desde el país de origen o por protección internacional reconocida.

Ningún Parlamento puede blindar jurídicamente el futuro, pero sí puede enviar un mensaje normativo y político claro: esta legalización debe ser el cierre de una etapa, no el inicio de otra.

El derecho a voto: desmontando un bulo interesado
Uno de los argumentos más repetidos contra la legalización es que “los inmigrantes legalizados votarán”. Esto es falso.

En España:

• Solo los ciudadanos españoles mayores de 18 años, sin distinción de raza, religión o condición social, pueden votar en elecciones generales, autonómicas y europeas.
• Los extranjeros legalizados no nacionalizados solo pueden votar en elecciones municipales, y únicamente si su país de origen mantiene tratados de reciprocidad con España.

La legalización no concede la nacionalidad, ni automática ni a medio plazo. Únicamente abre la vía legal para que, tras varios años de residencia legal y cumpliendo los plazos y requisitos que marca la ley según cada caso, una persona pueda solicitarla. Lo demás es propaganda política.

Otra cuestión distinta es la política. Con el paso del tiempo, es razonable pensar que cientos de miles de inmigrantes que lleguen a obtener la nacionalidad española puedan sentir simpatía por los partidos que impulsaron su legalización. Eso es, precisamente, lo que PSOE y Podemos esperan: que parte de los inmigrantes ya nacionalizados y de quienes hoy se legalicen, tras años de residencia legal y trabajo en España, acaben viendo en esos partidos a sus principales valedores y les presten su apoyo electoral.

Reagrupación familiar: realidad jurídica, no multiplicación automática
También se afirma que cada inmigrante regularizado traerá “a tres más” por reagrupación familiar. Esto no es automático ni inmediato, aunque sí es legalmente posible en determinados casos.

La reagrupación familiar:

• Está estrictamente regulada.
• Exige ingresos suficientes, vivienda adecuada y plazos prolongados.
• No es un derecho inmediato tras la legalización, pero abre la puerta a que sea más fácil conseguirla.

Endurecer de verdad la entrada ilegal
La legalización solo tendría sentido si se acompaña de un endurecimiento real y creíble de la entrada ilegal, tanto por mar como por aire.

Esto implica:

• Negar ayudas sociales ordinarias a quienes entren en España de forma ilegal.
• Limitar su estancia a centros de identificación y tramitación breve.
• Priorizar la expulsión rápida cuando no exista causa legal de permanencia.

Ahora bien, conviene decirlo con honestidad: España no puede legalmente negar la asistencia humanitaria básica, ni expulsar a una persona sin procedimiento administrativo y garantías jurídicas. Existen límites constitucionales, europeos e internacionales que no se pueden ignorar, aunque a algunos no nos guste.

MENAs: menos demagogia y más responsabilidad
El caso de los menores extranjeros no acompañados es un problema que no tiene pie ni cabeza. No pueden ser expulsados ni abandonados, porque el interés superior del menor está por encima de cualquier debate ideológico y porque es un negocio que fomentan las mafias africanas y españolas y las oenegés proinmigración ilegal.

Eso no significa mantener indefinidamente un sistema que, en la práctica, puede actuar como reclamo. Es posible y necesario:

• Reforzar los acuerdos de retorno familiar asistido.
• Evitar estancias prolongadas en centros de acogida.
• Endurecer y unificar las pruebas de determinación de edad.
• Coordinar devoluciones con países de origen cuando sea legalmente posible, sin dejar que las ONG manipulen el sistema inmigratorio.

Cerrar albergues sin alternativa no es legal, pero mantener el sistema actual sin reformas tampoco es responsable.

Orden, legalidad y mensaje claro
Esta posición no es antiinmigración. Es pro-orden jurídico:

• Legalizar lo que ya existe.
• Integrar a quien ya vive aquí.
• Cortar el efecto llamada.
• Dejar claro que la vía ilegal no compensa.

España necesita una política migratoria de Estado, no una sucesión de parches ideológicos ni discursos alarmistas. Legalizar sin reformar sería un error. Reformar sin legalizar sería una hipocresía.

Final
La solución está en actuar con realismo y valentía, enfrentando los hechos sin miedo ni engaños. Negar los límites legales es tan irresponsable como ignorar la realidad de la inmigración que ya existe. La clave, en definitiva, es controlar estrictamente las fronteras y detener toda inmigración ilegal, sea cual sea su origen o el método empleado; solo así se podrá tener un verdadero control migratorio.