Corrupción estructural en África: cuando un sistema
entero moldea la conducta
Por Bruno Perera.
La corrupción
en muchos países africanos no es un fenómeno aislado ni una desviación puntual
del comportamiento institucional. Es un sistema completo, una estructura que
atraviesa la vida cotidiana, la economía, la administración pública y las
relaciones sociales. No se trata de casos excepcionales, sino de un modo de
funcionamiento que condiciona la supervivencia de millones de personas.
Quien no ha
vivido allí suele imaginar la corrupción como un acto individual: un
funcionario que pide una mordida, un policía que exige dinero, un militar que
retiene un documento. Pero la realidad es mucho más profunda. En muchos países
africanos, la corrupción no es una anomalía, sino la única forma de
que las cosas funcionen.
Un sistema que obliga a participar
Cuando un
ciudadano necesita pagar para obtener un documento básico, para evitar una
agresión policial o para mantener un empleo, no está eligiendo libremente. Está
respondiendo a un entorno donde las reglas oficiales no existen o no sirven, y
donde las reglas reales son las que imponen quienes tienen poder.
En ese
contexto, la corrupción deja de ser una decisión moral y se convierte en un
mecanismo de supervivencia. Y cuando un sistema entero funciona así, la
población termina atrapada en él. La repetición normaliza la conducta, y lo que
empezó como una obligación se convierte en costumbre. Así se forma un ciclo que
pasa de padres a hijos, no como un valor, sino como una estrategia para
sobrevivir en un entorno hostil.
Instituciones débiles, Estados ausentes
La raíz del
problema no está en la moralidad individual, sino en la debilidad de las
instituciones. En muchos países africanos:
- la policía depende de sobornos
para complementar salarios miserables
- los militares operan como
estructuras paralelas de poder
- los funcionarios públicos
trabajan en sistemas donde el sueldo oficial no basta
- la justicia es inaccesible
para la mayoría
- los gobiernos no garantizan
derechos básicos
Cuando el
Estado no protege, la gente se protege como puede. Y cuando el Estado no
funciona, la corrupción se convierte en la única vía para acceder a servicios
que deberían ser derechos.
Consecuencias que llegan a Europa
Esto tiene
efectos directos en España y, especialmente, en Canarias:
- prácticas fraudulentas en
procesos migratorios
- abandono de menores para que
el Estado español asuma su tutela
- redes que se aprovechan de
vacíos legales
- falta de cooperación de los
países de origen en repatriaciones
Todo esto
genera una presión económica y social que España no puede asumir
indefinidamente.
La responsabilidad de los Estados de origen
La solución no
pasa por cargar sobre España la responsabilidad de sistemas fallidos ajenos.
Cada país debe hacerse cargo de sus ciudadanos, de sus menores y de sus
problemas estructurales. Y España debe exigir:
- acuerdos de repatriación
vinculantes
- cooperación real en
identificación de menores
- condicionar la ayuda
internacional al cumplimiento de obligaciones básicas
No es
sostenible que Canarias y España asuman los costes de la corrupción estructural
de otros Estados.
Conclusión
La corrupción
en África no es un fenómeno individual, sino un sistema que moldea conductas,
destruye instituciones y empuja a millones de personas a emigrar. Entender esto
no implica justificarlo, sino reconocer su profundidad. Y reconocerlo es
imprescindible para defender los intereses de España y para exigir que cada
Estado asuma su responsabilidad.
Nota: Aunque aquí me
centro en África, lo que describo podría aplicarse igualmente a muchos países
de Centroamérica y Sudamérica, donde las dinámicas de corrupción son muy
similares.
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