En España la okupación y la “inquiokupación” siguen siendo un laberinto ilegal sin castigo real

Por Bruno Perera.

En España, recuperar una vivienda que haya sido okupada por “okupas” o “inquiokupas” se ha convertido en un auténtico rompecabezas que deja a los propietarios desprotegidos, endeudados y frustrados. La sensación general es que la ley protege más al que invade que al legítimo dueño, y que el sistema judicial se ha vuelto una trampa burocrática que premia la impunidad.

Muchos propietarios, cansados de los abusos y del riesgo, optan por dedicar sus inmuebles al alquiler vacacional antes que arriesgarse a alquilar a familias o particulares por miedo a perder la vivienda durante años.

Cómo funciona la okupación en la práctica

Si te okupan tu segunda vivienda, en apenas tres días el okupa puede empadronarse en ese domicilio, recibir correspondencia o facturas, y con ello bloquear tu derecho de acceso. A partir de ese momento, recuperarla se convierte en un proceso judicial largo y costoso. Cuando finalmente logras desalojar al okupa, el panorama suele ser desolador: la casa destrozada, los objetos robados y el culpable en libertad, sin indemnización ni multa.

En el caso de los “inquiokupas”, el problema se repite con otra máscara. Son inquilinos que pagan los primeros meses de alquiler y luego dejan de hacerlo, permaneciendo en la vivienda durante uno o dos años gracias a las dilaciones judiciales. Cuando por fin son desalojados, el propietario no recupera los impagos, los daños ni lo robado.

Y si se trata de tu única vivienda, la situación es aún más dramática. Basta con que hayas estado hospitalizado o de vacaciones para encontrar tu casa okupada. Aunque se trate de tu morada principal, la recuperación no siempre es inmediata; el proceso exige demostrar la habitualidad y depender de la voluntad de la autoridad judicial. Para cuando recuperas tu casa, ya está arrasada, sin que nadie asuma los costes.

Bandas organizadas y negocio ilegal de la okupación

En los últimos años se han detectado bandas organizadas que se dedican a okupar viviendas para luego vender la “posesión” a terceros. Cobran entre 1.000 y 5.000 euros por traspasar llaves de viviendas ajenas, y los nuevos ocupantes alegan “buena fe” para prolongar la estancia. Este tráfico de viviendas okupadas, aunque ilegal, apenas tiene consecuencias penales efectivas.

Muchos de estos abusos prosperan por la lentitud judicial y la falta de un protocolo unificado que distinga entre allanamiento (vivienda habitual) y usurpación (segunda vivienda). La primera permite a la policía actuar de inmediato; la segunda, no.

Lo que dicen los datos oficiales

Según el Ministerio del Interior y la prensa nacional, en 2024 se registraron 16.426 denuncias por okupación o allanamiento de inmuebles, un aumento del 7,4 % respecto al año anterior. Cataluña concentra más del 42 % de todos los casos, con 7.009 denuncias, seguida de Andalucía (2.207), Comunidad Valenciana (1.767) y Madrid (1.451).

En cambio, regiones como La Rioja o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla apenas suman unas decenas de casos.

Aunque el fenómeno ha crecido en volumen absoluto, sigue afectando a una porción mínima del parque inmobiliario español: aproximadamente 0,057 % de las viviendas totales. Esto significa que, estadísticamente, las okupaciones son escasas, pero su impacto mediático y social es enorme, pues reflejan un fallo profundo del sistema legal que deja indefenso al ciudadano que trabaja y paga impuestos.

Por qué los propietarios se sienten desprotegidos

1. Vacíos legales y lentitud judicial.

La ley distingue entre allanamiento de morada (art. 202 del Código Penal) y usurpación (art. 245). En el primer caso —cuando se trata de la vivienda habitual— la policía puede intervenir de inmediato; en el segundo, el propietario debe iniciar una denuncia judicial que puede demorarse meses o años.

2. Procesos civiles para los “inquiokupas”.

Cuando un inquilino deja de pagar, no comete delito, sino un incumplimiento civil. El desahucio por impago es lento y costoso, y durante ese tiempo el okupante mantiene la posesión del inmueble sin sanción penal.

3. Costes y daños no resarcidos.

Aunque el propietario gane el juicio, los okupas rara vez pagan por los destrozos o los bienes robados. En la práctica, la justicia termina siendo un castigo para la víctima.

Reformas recientes y respuesta institucional

En 2024 y 2025 el Gobierno español aprobó reformas para agilizar los desalojos, creando procedimientos penales rápidos para ciertos supuestos de usurpación o allanamiento. Sin embargo, los juristas coinciden en que el cambio es más teórico que efectivo: los juzgados carecen de medios y las resoluciones siguen demorándose.

Tampoco existe un mecanismo claro que obligue al okupa a reparar los daños ni devolver lo robado, lo que convierte a la “okupación” en una apuesta de riesgo nulo para quien la practica.

Comparación con otros países

En otros países existen figuras jurídicas que, con el tiempo y bajo estrictos requisitos, permiten regularizar la posesión de un inmueble. Sin embargo, ninguno otorga la impunidad inmediata que se percibe en el debate español.

Reino Unido (Inglaterra y Gales): la adverse possession permite adquirir una propiedad tras años de posesión pacífica (12 o más), pero solo tras un proceso judicial y notificación al propietario legítimo.

Brasil: la usucapião concede la propiedad tras cinco años de posesión continua y pacífica, si se usa la vivienda como residencia familiar.

Países Bajos: la ocupación (kraaking) fue despenalizada en el pasado, pero desde 2010 está penalizada y permite el desalojo inmediato por la policía.

Italia y otros países europeos: la usucapione o prescripción adquisitiva requiere décadas de ocupación y buena fe documentada.

Conclusión comparativa: la mayoría de naciones civilizadas penaliza la okupación y solo contempla la regularización después de muchos años, y nunca con el nivel de tolerancia procesal que se observa en España.

Tabla resumen 2024 (España)

Comunidad Autónoma	Denuncias por ocupación 2024	Porcentaje estimado nacional
Cataluña	7.009	42 %
Andalucía	2.207	13 %
Comunidad Valenciana	1.767	11 %
Comunidad de Madrid	1.451	9 %
Castilla-La Mancha	732	4 %
Galicia	556	3 %
Canarias	441	2,6 %
Castilla y León	402	2,4 %
País Vasco	353	2,1 %
La Rioja	65	0,4 %
Ceuta y Melilla	12	0,07 %
Total España	16.426	100 %

(Fuente: Ministerio del Interior, Portal Estadístico de Criminalidad, 2025)

Conclusión general

Decir que en España la okupación está “amparada por ley” no es técnicamente exacto, pero sí refleja una verdad política y judicial incómoda: los mecanismos legales no funcionan con la rapidez ni la contundencia que esperan los ciudadanos.

Las okupaciones e inquiokupaciones no salen gratis en teoría, pero sí lo hacen en la práctica: los okupas no pagan multas, no reparan los daños y rara vez enfrentan consecuencias penales proporcionales.

Mientras tanto, los propietarios gastan dinero, tiempo y salud en defender lo que ya es suyo.

El resultado: un país donde muchos prefieren cerrar sus casas o alquilarlas a turistas antes que confiar en la justicia española.

Fuentes consultadas y verificadas

Ministerio del Interior — Portal Estadístico de Criminalidad (serie 2024-2025).

Europa Press, 22 feb 2025 – “Las okupaciones repuntan un 7,4 % en 2024 en España”.

El Diario de Madrid, 22 feb 2025 – “Las okupaciones aumentan en España”.

Madrid Press, 2025 – datos sobre el porcentaje de viviendas afectadas (0,057 %).

El Español, Observatorio de Vivienda – explicación legal de allanamiento y usurpación.

El Periódico, marzo 2025 – análisis de la nueva ley de juicios rápidos.

GOV.UK – normativa británica sobre adverse possession.

STJ Brasil – explicación jurídica de la usucapião.

Wikipedia / Países Bajos – cambios legislativos de 2010 que criminalizan el kraaking.

Nota final:

En España hay más de 23.000 viviendas okupadas en venta, representando cerca del 3% del mercado inmobiliario. En Canarias, aunque no hay cifras exactas, se estima que el fenómeno también está presente, especialmente en zonas turísticas y urbanas.

Datos generales sobre viviendas okupadas en España

Idealista reporta que hasta septiembre de 2025 había 23.010 viviendas okupadas anunciadas en su plataforma idealista.

Esto representa aproximadamente el 3% de todas las viviendas en venta en España Diario Que! idealista.

Las provincias más afectadas son Girona (8,9%), Tarragona (8,8%) y Sevilla (8,4%) idealista El Cronista.

Según El Cronista, 2,6% de los inmuebles en venta están okupados El Cronista.

Situación en Canarias

Aunque los informes no detallan cifras específicas para Canarias, las compañías antiokupas y portales inmobiliarios señalan que zonas turísticas como Tenerife y Gran Canaria presentan casos frecuentes de okupación ilegal.

En general, las islas no figuran entre las más afectadas, pero el fenómeno existe y preocupa especialmente a propietarios de segundas residencias.

Perspectiva de compañías antiokupas

Empresas como ServiOkupas y AlexLegal destacan que la okupación sigue siendo un problema creciente, especialmente en viviendas vacías, heredadas o en proceso de venta serviokupas.com alexlegal.ai.

La Ley Antiokupas de 2025 ha endurecido los procedimientos de desalojo, introduciendo juicios rápidos y desalojos exprés para casos de usurpación serviokupas.com alexlegal.ai.

Diferencias entre cifras oficiales y privadas

Por ejemplo, el Delegado del Gobierno en Madrid afirma que hay solo 370 viviendas okupadas en esa comunidad La Razón.

Sin embargo, portales inmobiliarios y asociaciones vecinales creen que la cifra real es mucho mayor, lo que refleja una falta de consenso entre fuentes oficiales y privadas La Razón.

En Lanzarote, las viviendas okupadas representan aproximadamente el 2,8% del total de inmuebles en venta, según datos de portales inmobiliarios y compañías antiokupas. Arrecife es uno de los focos principales.

Viviendas okupadas en Lanzarote

Según un estudio de Idealista y reportes de La Voz de Lanzarote, las casas okupadas en Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura suponen el 2,8% del total de viviendas en venta La Voz de Lanzarote.

Este fenómeno ha crecido en los últimos años, especialmente en zonas urbanas como Arrecife, donde hay mayor concentración de inmuebles vacíos o en proceso de venta.

Casos recientes y respuesta local

En junio de 2025, la Policía Local de Arrecife frustró la okupación de 14 viviendas en un edificio inacabado gracias a la colaboración ciudadana y una línea telefónica antiokupa habilitada por el Ayuntamiento La Razón.

Las autoridades locales están implementando servicios de respuesta rápida 24 horas para asistir a propietarios afectados por ocupaciones ilegales COPE.

Marco legal: Ley Antiokupas 2025

La Ley Orgánica 1/2025, conocida como Ley Antiokupas, permite desalojos exprés si la ocupación se detecta en las primeras 48 horas COPE Adaix Inmobiliaria.

También introduce juicios rápidos para casos de usurpación y allanamiento de morada, lo que ha fortalecido la protección legal de los propietarios.

Comparativa con otras regiones

Aunque Lanzarote no está entre los lugares más afectados (como Girona o Sevilla), el 2,8% de viviendas okupadas en venta es una cifra significativa para una isla con menor densidad poblacional.

Aclaración: Cuando se dice que en España hay unas 23.000 viviendas okupadas e inqueokupadas a la venta, no significa que ese sea el total habido de viviendas okupadas e inqueokupadas. Esa cifra solo incluye las que están a la venta dentro del conjunto de inmuebles okupados (ocupados a la fuerza) o inqueokupados (cuyos inquilinos dejaron de pagar). Por tanto, si hay 23.000 viviendas de este tipo en venta, es fácil imaginar que el número real de viviendas okupadas e inqueokupadas podría ser varias veces mayor.

La okupación suele darse en inmuebles vacíos, heredados o en proceso de venta, especialmente en zonas turísticas o de expansión urbana.

Distinto a todo lo dicho, vean un importante vídeo que explica que las okupaciones de viviendas en España  rondan entre 800.000 y 1.200.000.

https://www.youtube.com/watch?v=kNpeVP4Pi-U

En resumen final en España, la okupación y la inqueokupación es un problema real que se maquilla

En España, la sensación general es clara: la ley parece proteger más al que invade que al legítimo dueño. Las okupaciones y las inqueokupaciones no son un fenómeno menor, y sin embargo, las cifras oficiales siempre parecen mínimas, maquilladas para no alarmar al pueblo.

No se trata de teorías: basta con mirar alrededor. Viviendas vacías que de la noche a la mañana se llenan de okupas; inquilinos que dejan de pagar durante meses sin que las autoridades actúen de forma rápida o efectiva. En Lanzarote, en Costa Teguise, Arrecife, Puerto del Carmen y Playa Blanca, el problema es evidente: cientos de viviendas ocupadas, muchas a la vista de todos. Y en Canarias, fácilmente unas 10.000.

El Gobierno central y los autonómicos aplican la misma técnica que con la inmigración ilegal: cifras reducidas, comparaciones engañosas y el cuento de pobrecitos inmigrantes ilegales, o pobrecitos MENAs. Con las okupaciones e inqueokupaciones, la táctica es idéntica: minimizar el problema y hacer que parezca que todo está bajo control, cuando la realidad es otra.

La sensación de hartazgo es generalizada. Propietarios que ven cómo sus viviendas son ocupadas o dejadas de pagar mes tras mes, sin protección efectiva. Ciudadanos que perciben que el Estado no actúa con la rapidez ni la contundencia necesarias. Y mientras tanto, las estadísticas oficiales siguen mostrando un país “tranquilo”, muy distinto del que vivimos cada día en nuestras calles y barrios.

Es hora de llamar a las cosas por su nombre: la okupación y la inqueokupación existen, son un problema creciente y el maquillaje de cifras no cambia la realidad que vemos con nuestros propios ojos.