El presidente de Canarias está vendiendo las islas a la inmigración ilegal
Por Bruno
Perera.
El actual
presidente del Gobierno de Canarias parece empeñado en continuar una estrategia
política que, lejos de proteger a las islas y a su población, las está entregando
a los intereses de la inmigración ilegal. No ha sido suficiente el llamamiento
que desde hace años realizan Coalición Canaria y el PSOE en favor de una
política de puertas abiertas, especialmente desde la pandemia de la Covid-19,
cuando el flujo migratorio se disparó y nunca dejó de crecer.
Durante todo
este tiempo, la respuesta de las instituciones ha sido clara: ofrecer hospedaje
en hoteles y apartamentos, manutención y ayudas sociales a quienes llegan en
pateras, cayucos o zodiacs; ya sean menores no acompañados (MENAs), adultos,
mujeres embarazadas, ancianos o personas con discapacidades. El coste es
desorbitado: cada MENA supone alrededor de 150 euros diarios de gasto público.
Entre las subvenciones que España y la Unión Europea destinan a gobiernos africanos
—muchos de ellos marcados por la corrupción— y el gasto en la acogida de
inmigración irregular, la factura anual asciende a unos 2.500 millones de
euros.
Mientras
tanto, los servicios esenciales se saturan: hospitales, colegios, vivienda
pública y programas sociales sufren una presión insoportable, obligando a la
población canaria a compartir recursos cada vez más escasos.
El papel del Open Arms y la normalización del problema. Por si todo esto fuera poco, en los últimos días el Gobierno canario ha autorizado
la estancia del barco Open Arms en las islas durante dos meses. Su
misión será “socorrer” a los inmigrantes que pidan auxilio en altamar, una
medida que, en la práctica, supone incentivar aún más la llegada de pateras,
cayucos y zodiacs. A ello se suma la polémica iniciativa de permitir que
miembros de esta ONG entren en los colegios canarios para dar charlas. Según el
presidente Clavijo, el objetivo es “mentalizar” a los alumnos de que la
inmigración no es un problema, sino una ayuda para Canarias.
Esta visión no
solo es ingenua, sino peligrosa: cuanto más se faciliten estas operaciones de
rescate, más aumentará el negocio de las mafias que trafican con seres humanos.
El resultado ya está a la vista: casi 6.000 inmigrantes han perdido la vida
en el Atlántico en los últimos años. La responsabilidad no recae únicamente
en las mafias, sino también en organizaciones como Caminando Fronteras,
el propio Open Arms y otras oenegés que, bajo un disfraz humanitario, se nutren
del drama ajeno.
Políticos que negocian con la desgracia. Los dirigentes
canarios que apoyan esta política migratoria parecen más preocupados por sus
propios intereses que por el bienestar de los isleños. Son incapaces de ver más
allá de sus ombligos y negocios, y actúan como si vender Canarias fuese un
peaje aceptable para mantener sus sillones.
La población
canaria merece otra cosa: dirigentes responsables que defiendan los recursos,
el empleo y la seguridad de quienes llevan generaciones construyendo esta
tierra. No políticos manipuladores que —como diría el pueblo llano— venderían
hasta a sus propias madres para conseguir sus fines.
En definitiva,
Canarias no puede seguir siendo moneda de cambio en manos de quienes hacen de
la inmigración un negocio. La solidaridad no puede confundirse con la
irresponsabilidad política.
Ver vídeo: Al filo de la media noche, que también explica algunas de las bobadas políticas de Clavijo:
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