Inmigración ilegal y turismo no congenian y requieren soluciones efectivas
Por Bruno Perera.
1. En las últimas tres décadas, las Islas Canarias se han convertido en un punto crítico en la llegada de inmigrantes ilegales, destacando un fenómeno que ha generado un amplio debate social y político. Aproximadamente 450.000 inmigrantes han arribado a las islas a través de pateras, zodiacs y cayucos, y otras centenas de miles han llegado por vía aérea. No se conoce con exactitud cuántos han sido, pero se sabe que cerca de la mitad de los adultos que han llegado en pateras, zodiacs y cayucos han sido enviados ilegalmente a la Península y a otros países europeos.
2. El costo total de esta situación se acerca a los 30.000 millones de euros. Este gasto desproporcionado plantea serios interrogantes sobre la gestión de recursos y la atención a las necesidades urgentes de la población local.
3. El sistema de acogida en Canarias enfrenta desafíos considerables, gastando alrededor de 50 euros diarios por una o dos semanas por cada inmigrante adulto y entre 100 y 125 euros por cada menor no acompañado (MENA) durante unos dos años. Sin embargo, este enfoque ha dejado de lado a los ciudadanos canarios, quienes enfrentan problemas de vivienda, con un número creciente de personas sin hogar y una escasez crítica de viviendas sociales. La priorización de la ayuda a inmigrantes en detrimento de las necesidades locales plantea una cuestión de justicia social y equidad.
4. Los políticos canarios, en lugar de abordar la raíz del problema, parecen más centrados en la distribución de los 6.000 MENAs albergados en las islas entre las diferentes comunidades autónomas de España. Esta estrategia, que podría parecer una solución temporal, en realidad es un parche que no aborda el problema subyacente, ya que repartir a los MENAs entre las restantes 16 autonomías medio vacía los albergues, lo que a su vez brinda la oportunidad a las mafias de continuar enviando a más inmigrantes ilegales a Canarias, especialmente a MENAs.
5. La continua llegada de inmigrantes ilegales y la escasa integración en la sociedad canaria solo beneficia a las mafias que operan en África, enriqueciendo sus redes delictivas a expensas de la vida de quienes buscan una mejor calidad de vida. En esta odisea migratoria, aproximadamente 5.000 inmigrantes ilegales han perecido en altamar, mientras viajaban en busca de un sueño social y económico próspero que nunca lograron alcanzar.
6. La falta de una política migratoria clara y efectiva, junto con la creciente llegada de inmigrantes ilegales, ha llevado a que muchos de ellos no se integren adecuadamente en la sociedad canaria, lo que ha contribuido a un aumento de la delincuencia. Este fenómeno no solo genera preocupación entre los ciudadanos, sino que también afecta la percepción de Canarias como un destino turístico seguro y acogedor.
7. Es imprescindible que los líderes políticos canarios tomen una postura firme y realista frente a la inmigración ilegal. La construcción de viviendas sociales y la atención a las necesidades de los canarios deben convertirse en una prioridad. Al mismo tiempo, es crucial establecer acuerdos más rigurosos con la UE, Frontex y con los países de origen y tránsito para desmantelar las redes de tráfico de personas que operan en África.
Conclusión
La situación actual en Canarias no puede seguir ignorándose. Es necesario un enfoque integral que contemple tanto la ayuda humanitaria como la protección de los derechos de los ciudadanos canarios. En este sentido, es fundamental que los políticos tengan la valentía de abordar este tema de manera honesta y proactiva, buscando soluciones sostenibles que beneficien, antes que a otros, a la población local. Solo así se podrá evitar que la situación continúe deteriorándose y que, dentro de unos años, el barco económico y social canario se hunda para siempre.
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