La inmigración de MENA en Canarias es un desafío que requiere
soluciones efectivas
Por Bruno Perera.
La situación de los Menores No Acompañados (MENA) en Canarias
es un tema candente que ha generado un intenso debate en la sociedad y en las
instituciones políticas. Con cerca de 6.000 MENA en las islas, de los cuales argumenta
el presidente del Gobierno canario que 4.000 deberían ser distribuidos entre
las otras 16 comunidades autónomas, surgen preguntas sobre la efectividad de
estas medidas y las implicaciones que podrían tener en el futuro de Canarias.
Uno de los puntos más destacados por el presidente del
Gobierno canario es que el reparto de los MENA no solo es necesario, sino
urgente. Sin embargo, un análisis rápido muestra que, si se distribuyeran los
6.000 MENA entre las 17 autonomías, a cada una le corresponderían
aproximadamente 353 menores. Este número, aunque significativo, no aborda las
raíces del problema, que radica en el flujo constante de llegadas a las islas.
Algunos críticos han señalado que este tipo de reparto podría
abrir la puerta a un aumento en la llegada de MENA, ya que las mafias que
operan en África podrían interpretar el movimiento de estos menores como una
oportunidad para enviar más MENA a Canarias. En este sentido, se argumenta que
la solución no debe centrarse únicamente en el reparto, sino en medidas más
drásticas, como el cierre de albergues y la repatriación de los menores a sus
países de origen.
Es crucial considerar que la Convención sobre los Derechos
del Niño, de la que España es signataria, establece la obligación de proteger a
los menores vulnerables. No obstante, esta protección no debe extenderse a
aquellos que llegan a España a través de redes de tráfico humano. La
intervención de las mafias en este proceso plantea un dilema ético y práctico
sobre la responsabilidad de los países receptores.
Además, el costo de mantener a un MENA en un centro de
acogida oscila entre 100 y 125 euros por día, una cifra que ha generado
preocupación en una comunidad que ya enfrenta desafíos significativos en
términos de recursos y atención a sus propios ciudadanos. La percepción de que
los recursos destinados a los MENA podrían ser utilizados para ayudar a los
canarios en situación de vulnerabilidad ha intensificado el debate en torno a
la inmigración y la justicia social.
Como solución, se ha propuesto un enfoque más riguroso en el
control de fronteras, apoyado por agencias como Frontex, así como un proceso de
deportación para los migrantes que no cumplan con los criterios de asilo. Estos
pasos, se argumenta, son esenciales para proteger el sistema turístico de
Canarias, que es vital para la economía local, y para garantizar que el flujo
migratorio no se convierta en una carga insostenible.
En conclusión, la situación de los MENA en Canarias es un
desafío complejo que requiere un enfoque multifacético. Si bien el reparto
entre comunidades autónomas puede ser una parte de la solución, no aborda las
causas profundas del problema. La repatriación, el control de fronteras y un
enfoque más riguroso en la gestión de la inmigración son medidas que deben ser
consideradas para asegurar el bienestar de todos los residentes de Canarias y
proteger su futuro. La inmigración es un tema sensible que debe ser tratado con
responsabilidad, garantizando siempre la protección de los derechos de todos
los involucrados, pero sin actuar como una Madre Teresa, y sin manipulación ni oenegés
vendepatrias de por medio, sino con la verdad y protegiendo ante todo a Canarias
y sus ciudadanos.
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