Ceuta arde
y el Gobierno español no logra apagar el fuego inmigratorio
Por Bruno Perera
Ceuta vuelve a encontrarse en una situación que
debería preocupar seriamente a todo el Gobierno español. Lo que comenzó como
una crisis migratoria amenaza con convertirse en un problema de seguridad, de
convivencia y, si no se actúa con rapidez, incluso en una fuente de grave
enfrentamiento diplomático entre España y Marruecos.
La pregunta que muchos españoles nos hacemos es
sencilla: ¿cómo es posible que decenas de miles de personas puedan
desplazarse hacia una frontera tan concreta sin que las autoridades del país de
origen sepan lo que está ocurriendo?
Según las cifras manejadas por las autoridades
españolas, alrededor de 72.000 personas se dirigieron hacia Ceuta
durante la crisis. No estamos hablando de unos cientos de personas que cruzan
clandestinamente una frontera. Estamos hablando de una movilización humana de
una magnitud extraordinaria.
Es muy difícil imaginar que semejante
concentración de personas mientras se dirigían hacia Ceuta pudiera pasar
completamente desapercibida para el Estado marroquí.
Marruecos dispone de fuerzas de seguridad,
policía, servicios de inteligencia y controles fronterizos precisamente en la
zona próxima a Ceuta. Por ello, resulta legítimo preguntarse si las autoridades
marroquíes fueron incapaces de controlar la situación o si, por el contrario, permitieron
deliberadamente que esa presión migratoria llegara hasta la frontera española y
entrara como una invasión en Ceuta.
No afirmo que exista una orden directa del
Gobierno marroquí para provocar lo sucedido, porque una acusación de esa
naturaleza necesitaría pruebas. Pero sí considero que la magnitud de los
acontecimientos justifica una investigación seria sobre el comportamiento de
las autoridades marroquíes.
¿Una crisis
migratoria o una forma de presión política?
Marruecos sabe perfectamente que Ceuta y Melilla
constituyen uno de los puntos más sensibles de las relaciones entre ambos
países.
También sabe que una presión migratoria masiva
puede producir enormes dificultades a España sin necesidad de disparar un solo
tiro.
Y eso es precisamente lo preocupante.
Una frontera sometida permanentemente a una
presión extraordinaria puede acabar produciendo enfrentamientos entre
inmigrantes, fuerzas de seguridad y población local. Si además se producen
agresiones contra militares o policías, incendios, disturbios o enfrentamientos
entre grupos de población, el problema deja de ser exclusivamente migratorio y
pasa a convertirse en un problema de seguridad nacional.
El peligro no consiste necesariamente en que
Marruecos vaya a lanzar mañana una invasión militar contra Ceuta o Melilla.
Existe un escenario mucho más complejo y
posiblemente más eficaz:
presión migratoria, saturación de las ciudades,
conflictos sociales, enfrentamientos, tensión política y, finalmente, una
crisis diplomática entre España y Marruecos.
Una situación así podría deteriorarse rápidamente
a partir de un solo incidente grave.
El precedente
de la Marcha Verde
La historia demuestra que Marruecos ha utilizado
en el pasado las movilizaciones civiles como instrumento político.
En 1975, el rey Hassan II organizó la denominada Marcha
Verde, mediante la cual decenas de miles de civiles marroquíes fueron
movilizados hacia el entonces Sáhara español.
No fue una invasión militar convencional. Fue una
gigantesca operación política destinada a crear una situación sobre el terreno
que obligara a España a reaccionar.
Por eso resulta comprensible que algunos
observadores vean con preocupación cualquier movilización masiva de población
hacia Ceuta o Melilla.
No significa que estemos ante una nueva Marcha
Verde. Son circunstancias históricas completamente diferentes.
Pero sí demuestra que las movilizaciones
civiles pueden utilizarse como instrumentos de presión territorial y política.
Y, precisamente por ello, España debería analizar
cuidadosamente lo ocurrido en Ceuta y preguntarse si estamos ante una crisis
espontánea o ante una situación que alguien está aprovechando políticamente.
¿Desde cuándo
pertenecen Ceuta y Melilla a España?
Existe otro argumento que aparece periódicamente
en el debate: la afirmación de que Ceuta y Melilla deberían pertenecer a
Marruecos porque se encuentran geográficamente en África.
Pero la geografía no determina por sí sola la
soberanía política.
Ceuta forma parte de la Corona portuguesa desde 1415,
y posteriormente quedó vinculada a la Corona española. Melilla fue incorporada
a la Corona de Castilla en 1497.
Es decir, la presencia española en estas ciudades
tiene más de 5 siglos de historia.
Por eso, si alguien sostiene que España debería
entregar Ceuta y Melilla a Marruecos simplemente porque están situadas en
territorio africano, habría que hacerse una pregunta mucho más amplia:
¿Deberíamos empezar a modificar las fronteras de
todo el planeta en función de quién habitaba un territorio muchos siglos atrás?
Porque si aplicamos ese criterio de manera
universal, las consecuencias serían extraordinarias.
¿Dónde
terminaría entonces la reclamación territorial?
Si España tuviera que entregar Ceuta y Melilla a
Marruecos porque se encuentran geográficamente en África, podríamos aplicar el
mismo razonamiento a innumerables territorios del mundo.
Turquía, por ejemplo, controla actualmente una
parte de su territorio situada en Europa. ¿Debería entregar esa parte a los
países europeos porque geográficamente pertenece al continente europeo?
Y si el argumento fuese que los territorios deben
pertenecer a los pueblos que los habitaban antes de la llegada de los europeos,
entonces habría que plantearse cuestiones todavía más difíciles.
¿Deberían Estados Unidos, Canadá dejar de existir
como Estados y convertirse en territorios gobernados exclusivamente por los
pueblos indígenas?
¿Debería Australia convertirse en una república
aborigen y abandonar los descendientes de los colonos europeos el país?
¿Debería Nueva Zelanda aplicar exactamente el
mismo criterio?
¿Y qué hacemos con prácticamente todos los países
de América?
La historia mundial está llena de conquistas,
migraciones, colonizaciones, desplazamientos de población, matrimonios, guerras
y cambios de soberanía.
No existe prácticamente ningún Estado moderno
cuya frontera pueda explicarse exclusivamente por quién vivía allí hace dos mil
años.
Por eso resulta peligroso utilizar selectivamente
la historia para justificar unas reivindicaciones territoriales mientras se
ignora la historia cuando no resulta conveniente.
¿Y qué ocurre
con Canarias?
Este mismo razonamiento nos lleva a otro asunto
que afecta directamente a España: Canarias.
En ocasiones se ha utilizado la antigüedad de los
contactos entre el norte de África y las islas para argumentar que Canarias
tendría una vinculación territorial con Marruecos.
Es cierto que existen referencias antiguas a las
islas y que las expediciones relacionadas con Juba II, rey de Mauritania
Tingitana, constituyen uno de los episodios más conocidos de la historia
antigua de Canarias.
Pero una visita, expedición o conocimiento
geográfico de unas islas no equivale a demostrar soberanía territorial sobre
ellas.
Y mucho menos puede utilizarse una expedición
realizada hace aproximadamente dos mil años para establecer una reclamación
territorial moderna.
Los primeros pobladores de Canarias fueron
pueblos de origen norteafricano, y existe una evidente relación cultural y
genética entre los antiguos habitantes de las islas y poblaciones del noroeste
africano. Pero de ahí no se deriva que las Canarias sean territorio marroquí.
Si aceptáramos semejante principio, tendríamos
que reconstruir las fronteras del mundo entero utilizando acontecimientos
ocurridos hace dos mil años.
Además, la historia política del actual Marruecos
tampoco puede proyectarse retrospectivamente como si el Estado marroquí
contemporáneo hubiera existido con las mismas fronteras, instituciones y
soberanía desde la Antigüedad.
La antigua Mauritania Tingitana era una
entidad política de la Antigüedad con un territorio y unas estructuras
completamente diferentes de las del Marruecos actual. Posteriormente, el norte
de África experimentó profundas transformaciones políticas, religiosas y
culturales, incluidas la conquista árabe y la formación sucesiva de diferentes
Estados y dinastías.
Por tanto, tampoco sería históricamente correcto
afirmar simplemente que porque algunos antiguos habitantes de Canarias
procedían del norte de África, Canarias pertenece actualmente a Marruecos.
Las fronteras
no pueden cambiar cada vez que cambia la interpretación de la historia
Este es, en mi opinión, el punto fundamental.
Las fronteras internacionales modernas se basan
en tratados, acontecimientos históricos, reconocimiento internacional y en el
principio de integridad territorial de los Estados.
Si cada país comenzara a reclamar territorios
basándose en quién estuvo allí hace quinientos, mil o dos mil años, el mundo
entraría en una situación imposible.
España podría reclamar territorios europeos que
alguna vez estuvieron bajo dominio español.
Italia podría reconstruir el Imperio romano.
Grecia podría reclamar territorios del mundo
helénico.
Turquía podría reivindicar territorios del
antiguo Imperio otomano.
Rusia podría justificar nuevas fronteras
utilizando antiguos territorios del Imperio ruso.
Y prácticamente todos los países tendrían
argumentos históricos para reclamar territorios de sus vecinos.
La historia sirve para comprender el presente, no
para convertir cada guerra y cada conquista de hace siglos en una factura
territorial pendiente de cobro.
España debe
actuar antes de que sea demasiado tarde
Ceuta no necesita discursos. Necesita seguridad,
control fronterizo y una política clara.
España debe mantener relaciones diplomáticas con
Marruecos y cooperar en todo aquello que beneficie a ambos países. Marruecos es
un vecino importante y la cooperación entre ambos Estados resulta
imprescindible.
Pero cooperación no significa aceptar presiones.
Si Marruecos quiere defender sus posiciones sobre
Ceuta y Melilla, tiene todo el derecho a hacerlo por vías diplomáticas. España,
por su parte, tiene exactamente el mismo derecho a defender la soberanía que
ejerce sobre ambas ciudades.
Lo que España no puede permitirse es que una
presión migratoria de decenas de miles de personas termine provocando una
situación de caos en Ceuta.
Porque cuando una ciudad empieza a arder, el
problema deja de ser exclusivamente migratorio.
Se convierte en un problema político.
Y cuando el problema político afecta a dos países
que comparten una frontera extremadamente sensible, cualquier incidente puede
adquirir una dimensión mucho mayor de la que inicialmente se esperaba.
Por eso el Gobierno español debería actuar
inmediatamente, exigir explicaciones a Marruecos, reforzar la frontera,
proteger a las fuerzas de seguridad y establecer una política migratoria capaz
de impedir que las fronteras españolas se conviertan en instrumentos de presión
política.
España debe buscar el diálogo con Marruecos.
Pero también debe dejar algo absolutamente claro:
la amistad entre dos países no puede construirse
sobre la amenaza, la presión migratoria o la incertidumbre sobre la soberanía
territorial.
Ceuta y Melilla no son simplemente dos ciudades
situadas en África.
Son ciudades españolas con siglos de historia.
Y si algún día se pretende modificar su
soberanía, esa decisión no puede venir impuesta por una avalancha humana en una
frontera, por una presión diplomática o por una reinterpretación interesada de
la historia.
Debe decidirse por los procedimientos políticos y
jurídicos que corresponden a los Estados modernos.
Porque si permitimos que las fronteras cambien
cada vez que alguien consigue ejercer suficiente presión sobre ellas, no
estaremos resolviendo un conflicto: estaremos abriendo la puerta a muchos más.
