¿Qué puede
hacer España para volver a ser una economía competitiva?
Por Bruno
Perera
España atraviesa una situación compleja que
preocupa a millones de ciudadanos. Mientras los precios de la vivienda alcanzan
niveles difíciles de asumir para una gran parte de la población, los salarios
permanecen estancados, la cesta de la compra sigue encareciéndose y la
percepción de corrupción política continúa erosionando la confianza de los
ciudadanos en las instituciones.
Ante esta realidad, surge una pregunta inevitable:
¿qué puede hacer España para recuperar competitividad económica y mejorar el
nivel de vida de sus ciudadanos?
Ningún país puede planificar correctamente sus
servicios públicos, su mercado laboral o sus políticas de vivienda si desconoce
cuántas personas inmigrantes ilegales entran y permanecen en su territorio.
España necesita reforzar el control de sus fronteras marítimas y aéreas,
agilizar los procedimientos de identificación y devolución cuando la ley lo
permita, y promover acuerdos eficaces con los países de origen y tránsito.
La inmigración legal, ordenada y vinculada a las
necesidades reales del mercado laboral puede ser beneficiosa. Sin embargo, la
inmigración irregular masiva de adultos y MENAs genera tensiones sobre los
servicios públicos, la vivienda y determinados sectores laborales donde los
salarios ya son bajos.
La vivienda se ha convertido en uno de los
mayores problemas económicos del país. Miles de jóvenes no pueden
independizarse y numerosas familias destinan una parte excesiva de sus ingresos
al alquiler o a la hipoteca.
España necesita aumentar significativamente la
construcción de viviendas, especialmente vivienda protegida y asequible.
También es necesario simplificar trámites urbanísticos, liberar suelo donde sea
viable y fomentar la colaboración público-privada para incrementar la oferta.
Cuando la oferta es insuficiente y la demanda
aumenta, los precios se disparan. Esa es una ley económica básica que ningún
gobierno puede ignorar.
La okupación ilegal de viviendas genera inseguridad
jurídica y desconfianza entre los propietarios. Muchos pequeños ahorradores
evitan poner sus viviendas en alquiler por miedo a sufrir largos procesos
judiciales en caso de impago u okupación.
España necesita procedimientos judiciales rápidos
que permitan distinguir claramente entre situaciones de vulnerabilidad social y
okupaciones ilegales. Proteger a las familias necesitadas no debe significar
desproteger el derecho de propiedad.
Una mayor seguridad jurídica ayudaría a aumentar
la oferta de viviendas en alquiler y contribuiría a moderar los precios.
Las pequeñas y medianas empresas son el motor
económico del país. Sin embargo, muchas soportan una elevada carga fiscal y
burocrática.
Reducir impuestos sobre el trabajo, simplificar
trámites administrativos y facilitar la creación de empresas permitiría atraer
inversión, generar empleo y mejorar los salarios.
La riqueza no se crea desde los despachos
ministeriales, sino mediante la actividad de millones de trabajadores,
autónomos y empresarios.
La corrupción tiene un coste económico enorme.
Cada euro malgastado en contratos amañados, enchufismo o clientelismo es un
euro que deja de invertirse en infraestructuras, sanidad, educación o reducción
de impuestos.
España necesita endurecer las penas por
corrupción, aumentar la transparencia de las administraciones públicas y
reforzar los organismos de control independientes.
La confianza es uno de los activos más
importantes para cualquier economía moderna. Cuando los ciudadanos perciben que
las reglas no son iguales para todos, la inversión disminuye y el crecimiento
económico se resiente.
Los salarios españoles llevan años perdiendo
capacidad de compra frente al aumento de los precios. Para mejorar los sueldos
no basta con decretarlo desde un despacho; es necesario aumentar la
productividad de la economía.
Eso implica invertir en innovación, industria,
energía competitiva, formación profesional, digitalización y sectores de alto
valor añadido.
Los países más ricos no son los que reparten
mejor la pobreza, sino los que generan más riqueza.
Conclusión
España dispone de recursos humanos,
infraestructuras, posición geográfica y capacidad empresarial suficientes para
convertirse en una de las economías más competitivas de Europa. Sin embargo,
para lograrlo necesita afrontar con valentía problemas que muchos responsables
políticos prefieren evitar o maquillar.
Controlar la inmigración irregular, aumentar la
oferta de vivienda, combatir la okupación ilegal, reducir la presión fiscal
sobre quienes producen riqueza, perseguir la corrupción y apostar por la
productividad son medidas que podrían contribuir a mejorar la situación
económica del país.
Asimismo sería algo rentable para el sistema económico
español no importar tanto desde China, sobre todo placas solares, y generadores
eólicos de varias naciones. También la recuperación de las fábricas de textil y de
acero son una prioridad.
La prosperidad no surge por casualidad. Requiere
instituciones sólidas, reglas claras y gobiernos que antepongan el interés
general al interés partidista. Solo así España podrá ofrecer a las futuras
generaciones oportunidades reales de progreso y bienestar.
Apéndice de fuentes
1.
España mantiene un debate público intenso sobre
la presión de la vivienda, especialmente en grandes ciudades y zonas
turísticas.
- Los datos oficiales muestran que el acceso a la vivienda es una de las
principales preocupaciones ciudadanas.
- La inflación acumulada de los últimos años ha afectado al poder
adquisitivo de muchos hogares.
- La corrupción política sigue siendo objeto de investigaciones
judiciales y de preocupación social periódica.
- Los economistas discrepan sobre el impacto exacto de la inmigración en
salarios y vivienda, pero existe consenso en que una planificación eficaz
de infraestructuras, vivienda y empleo es fundamental para evitar
tensiones sociales.
- Nota: En los 30 y tantos años que hemos padecido inmigración ilegal en
España, se han despilfarrado unos 30.000.000.000 de euros en ayudas países
africanos desde donde nos envían inmigrantes y en cobijo y manutención de inmigrantes
ilegales adultos y MENAs. Dinero que hubiese sido suficiente para hacer
una 300.000 viviendas a precio de unos 100.000 euros cada una, contando
con que el Gobierno español pusiera el terreno, permisos y planos.







