LOS
SISTEMAS DE GOBIERNO Y ELECTORALES DE ESPAÑA Y CÓMO Y POR QUÉ VOTAR
Por
Bruno Perera
INTRODUCCIÓN
Conocer cómo
funciona el sistema político español, cómo se eligen nuestros representantes y
quiénes tienen derecho a participar en las elecciones es fundamental para
ejercer el voto con conocimiento de causa.
España tiene
una población de cerca de 50 millones de habitantes censados y un
territorio que abarca 506.030 km².
Existen diferentes instituciones políticas: el Gobierno central, las Cortes
Generales, los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos y, en el caso de
Canarias, los cabildos insulares.
Cada
institución tiene sus propias competencias, sus representantes y sus
procedimientos de elección. Además, no todos los ciudadanos tienen derecho a
votar en todas las convocatorias electorales, pues existen diferencias según la
nacionalidad, la residencia y el tipo de elecciones.
En este
artículo voy a intentar explicar, de la manera más fácil de entender , cómo
está organizada políticamente España, cómo se distribuyen los representantes,
qué papel desempeñan el rey y la reina, quiénes pueden votar, quiénes no pueden
hacerlo y qué autoridades tienen limitaciones para presentarse como candidatos.
El objetivo
es que cualquier ciudadano pueda conocer las reglas fundamentales del sistema
electoral español y acudir a las urnas sabiendo qué está votando y qué
consecuencias institucionales puede tener su decisión.
1. ¿CÓMO
ESTÁ ORGANIZADA POLÍTICAMENTE ESPAÑA?
España es
una monarquía parlamentaria y un Estado descentralizado. Esto significa que
tiene un rey como jefe del Estado, un Gobierno dirigido por un presidente y
unas Cortes Generales que representan a los ciudadanos y ejercen el poder
legislativo.
El
territorio español está organizado en:
·
17
comunidades autónomas.
·
50
provincias.
·
Dos
ciudades autónomas: Ceuta y Melilla.
·
Municipios,
que constituyen la administración territorial básica.
·
En
Canarias, siete cabildos insulares. Uno por cada isla.
Cada
comunidad autónoma dispone de sus propias instituciones de gobierno y de las
competencias que le atribuyen la Constitución y su respectivo estatuto de
autonomía.
Para
comprender el funcionamiento político español conviene distinguir entre el
Congreso de los Diputados, el Senado, los parlamentos autonómicos, los
ayuntamientos y los cabildos insulares.
2. LAS
CORTES GENERALES: CONGRESO Y SENADO
Las Cortes
Generales representan al pueblo español y están formadas por dos cámaras: el
Congreso de los Diputados y el Senado.
Aunque ambas
participan en la elaboración de las leyes, sus funciones y sus sistemas de
elección son diferentes.
El Congreso
de los Diputados
El Congreso
está compuesto por 350 diputados, elegidos por los ciudadanos mediante sufragio
universal, libre, igual, directo y secreto.
Entre sus
principales funciones se encuentran:
·
Aprobar
las leyes.
·
Aprobar
los Presupuestos Generales del Estado.
·
Investir
al presidente del Gobierno.
·
Controlar
la actuación del Gobierno.
·
Aprobar
o rechazar una moción de censura.
·
Debatir
y votar asuntos de importancia nacional.
El Congreso
es la cámara que tiene mayor peso político en la formación y el control del
Gobierno central. El presidente del Gobierno necesita obtener su confianza para
poder ser investido.
El Senado
El Senado es
la cámara de representación territorial. Participa en la elaboración de las
leyes y representa los intereses de los territorios españoles.
Está
compuesto por senadores elegidos directamente por los ciudadanos y por otros
designados por los parlamentos de las comunidades autónomas.
El número
total de senadores puede variar porque depende, entre otras circunstancias, de
la población de las comunidades autónomas.
El Senado
puede aprobar, modificar o vetar determinados proyectos legislativos, aunque el
Congreso dispone de mecanismos constitucionales para levantar ese veto o
rechazar las enmiendas.
3. ¿QUÉ
MAYORÍA SE NECESITA PARA APROBAR DECISIONES?
En el
Congreso de los Diputados hay 350 escaños. Por tanto, la mayoría absoluta se
alcanza con 176 votos.
La mayoría absoluta
significa que una propuesta necesita más de la mitad del número total de
miembros de la Cámara, no solamente más votos a favor que en contra.
También
existe la mayoría simple, que se consigue cuando hay más votos favorables que
contrarios.
Por ejemplo,
para la investidura del presidente del Gobierno se exige mayoría absoluta en la
primera votación. Si no se consigue, se celebra una segunda votación 48 horas
después, en la que basta con obtener más votos a favor que en contra.
En el
Senado, las mayorías dependen del número de miembros y del tipo de decisión que
se esté votando.
4. ¿CÓMO SE
DISTRIBUYEN LOS 350 DIPUTADOS DEL CONGRESO?
En las
elecciones generales, los ciudadanos no votan directamente a un candidato a
presidente del Gobierno, sino a una candidatura de un partido político o
coalición en su circunscripción electoral.
La
circunscripción ordinaria es la provincia.
Cada
provincia recibe inicialmente dos diputados, mientras que Ceuta y Melilla
eligen un diputado cada una. Los restantes escaños se distribuyen entre las
provincias según su población.
Una vez
celebradas las elecciones, los escaños se reparten mediante el sistema
proporcional conocido como método D'Hondt.
Este sistema
divide los votos obtenidos por cada candidatura entre una serie de números
consecutivos y atribuye los escaños a los cocientes más altos.
En las
elecciones al Congreso existe, además, una barrera electoral del 3 % de los
votos válidos emitidos en cada circunscripción. Los votos en blanco cuentan
como votos válidos a estos efectos, mientras que los votos nulos no se
contabilizan como válidos.
5. ¿CÓMO SE
ELIGEN LOS SENADORES?
El Senado
tiene un sistema de elección diferente al del Congreso.
En las
elecciones generales, los ciudadanos eligen directamente a una parte de los
senadores. La distribución es la siguiente:
·
Cuatro
senadores por cada provincia peninsular.
·
Tres
por cada una de las islas mayores: Gran Canaria, Tenerife y Mallorca.
·
Uno
por cada una de las demás circunscripciones insulares.
·
Dos
por Ceuta y dos por Melilla.
Además, cada
comunidad autónoma designa un senador y otro más por cada millón de habitantes
de su territorio, de acuerdo con el procedimiento establecido en su estatuto y
en la legislación correspondiente.
Una
diferencia importante es que en las papeletas del Senado los ciudadanos pueden
seleccionar directamente a candidatos individuales, sin estar obligados a votar
una lista cerrada como sucede en el Congreso.
Por tanto,
el Senado combina la representación elegida directamente por los ciudadanos con
la representación designada por los parlamentos autonómicos.
6. ¿CADA
CUÁNTO TIEMPO SE CELEBRAN LAS ELECCIONES GENERALES?
Las
elecciones generales se celebran normalmente cada cuatro años, aunque pueden
adelantarse si se disuelven las Cortes Generales conforme a la Constitución.
En ellas se
eligen los diputados del Congreso y los senadores que corresponden a cada
circunscripción.
Después de
las elecciones, el rey consulta a los representantes de los grupos políticos
con presencia parlamentaria y propone un candidato a la Presidencia del
Gobierno.
Sin embargo,
el candidato no se convierte en presidente por decisión del rey: necesita
obtener la confianza del Congreso de los Diputados.
7. ¿QUÉ
OCURRE CON LOS VOTOS EN BLANCO, LOS VOTOS NULOS Y LOS VOTOS DE PARTIDOS QUE NO
CONSIGUEN ESCAÑOS?
Este asunto
suele generar confusión entre los ciudadanos.
El
voto en blanco
se considera válido, pero no se atribuye a ninguna candidatura. Sin embargo, al
formar parte del total de votos válidos, puede influir en el cálculo de las
barreras electorales.
El
voto nulo,
por el contrario, no se considera válido y no participa en ese cálculo.
Por otra
parte, cuando un partido obtiene votos, pero no consigue ningún escaño, esos
votos no se transfieren a los partidos mayoritarios ni se reparten entre otras
formaciones.
Lo que
sucede es que los escaños se distribuyen entre las candidaturas que cumplen los
requisitos electorales y obtienen los cocientes más altos según el sistema
D'Hondt.
Por eso, en
determinadas circunscripciones, votar a un partido pequeño puede no traducirse
en representación parlamentaria. Pero eso no significa que sus votos se
entreguen a otro partido.
8. LAS
ELECCIONES AUTONÓMICAS
España
cuenta con 17 comunidades autónomas y cada una dispone de su propio parlamento
o asamblea legislativa.
Los
ciudadanos eligen a los diputados autonómicos, que posteriormente participan en
la elección del presidente de su comunidad.
Entre las
comunidades autónomas se encuentran Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares,
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad
Valenciana.
Las
competencias de estos parlamentos varían según la Constitución y sus
respectivos estatutos de autonomía.
Entre otras
materias, pueden legislar sobre sanidad, educación, servicios sociales,
ordenación territorial y otras competencias asumidas por cada comunidad.
Las
elecciones autonómicas suelen celebrarse cada cuatro años, aunque algunas comunidades
tienen calendarios propios y pueden convocar elecciones anticipadas.
Los
ciudadanos españoles residentes en el extranjero también pueden participar en
las elecciones autonómicas de su comunidad de inscripción, si cumplen los
requisitos censales correspondientes.
9. EL
PARLAMENTO DE CANARIAS
Canarias
dispone de un parlamento propio, compuesto actualmente por 70 diputados.
El sistema
electoral canario combina circunscripciones insulares con una circunscripción
autonómica.
La
distribución de los 70 escaños es la siguiente:
·
El
Hierro: 3 diputados.
·
Fuerteventura:
8 diputados.
·
Gran
Canaria: 15 diputados.
·
La
Gomera: 4 diputados.
·
Lanzarote:
8 diputados.
·
La
Palma: 8 diputados.
·
Tenerife:
15 diputados.
·
Circunscripción
autonómica: 9 diputados.
Total:
70 diputados.
El sistema
electoral canario tiene particularidades propias. Para el reparto de los
escaños insulares se exige, con carácter general, alcanzar al menos el 15 % de
los votos válidos de la circunscripción insular o el 4 % de los votos válidos
de toda Canarias.
Para obtener
representación por la circunscripción autonómica se exige alcanzar el 4 % de
los votos válidos emitidos en el conjunto del archipiélago.
El
Parlamento de Canarias aprueba leyes autonómicas, controla al Gobierno de
Canarias y elige al presidente del Gobierno autonómico.
10. LAS
ELECCIONES MUNICIPALES Y LOS AYUNTAMIENTOS
Los
ciudadanos también eligen a los concejales de sus respectivos municipios.
El número de
concejales depende de la población del municipio y está regulado por la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General.
En los
municipios de más de 250 habitantes, los concejales se eligen mediante listas y
el reparto de escaños se realiza, con carácter general, mediante el sistema
D'Hondt. Para participar en el reparto es necesario alcanzar el 5 % de los
votos válidos emitidos en la circunscripción, incluidos los votos en blanco.
En los
municipios de hasta 250 habitantes existen reglas especiales de votación
mediante listas abiertas. También existe el régimen de concejo abierto para
determinados municipios.
Una vez
constituidos los ayuntamientos, los concejales eligen al alcalde.
Normalmente,
para ser elegido alcalde se necesita la mayoría absoluta de los votos de los
concejales. Si ningún candidato consigue esa mayoría, es proclamado alcalde el
cabeza de la lista que haya obtenido más votos populares.
11. LOS
CABILDOS INSULARES DE CANARIAS
Canarias
tiene una institución propia que no existe en las comunidades autónomas
peninsulares: los cabildos insulares.
Hay siete
cabildos, uno por cada isla:
·
Cabildo
de El Hierro.
·
Cabildo
de Fuerteventura.
·
Cabildo
de Gran Canaria.
·
Cabildo
de La Gomera.
·
Cabildo
de Lanzarote.
·
Cabildo
de La Palma.
·
Cabildo
de Tenerife.
Los
ciudadanos eligen directamente a los consejeros de sus respectivos cabildos en
las elecciones insulares, que se celebran coincidiendo con las elecciones
municipales y autonómicas cuando corresponde.
Los cabildos
tienen competencias importantes en materias como carreteras, turismo, medio
ambiente, servicios sociales, cultura y ordenación insular, dentro del marco
legal establecido.
Es
importante señalar que los cabildos no son simples ayuntamientos de ámbito
insular: son instituciones de gobierno y administración de cada isla, con
competencias propias.
12. CEUTA Y
MELILLA
Ceuta y
Melilla tienen un régimen especial como ciudades autónomas.
Cada una
dispone de una Asamblea compuesta por 25 miembros, elegidos por los ciudadanos.
Sus
presidentes son también alcaldes-presidentes.
Ambas
ciudades tienen competencias propias establecidas en sus estatutos de
autonomía, aunque su régimen no es idéntico al de las comunidades autónomas con
parlamentos legislativos ordinarios.
13. ¿CUÁNDO
SE CELEBRAN LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS?
Las
elecciones municipales se celebran normalmente cada cuatro años, por regla
general el cuarto domingo de mayo.
En muchas
comunidades autónomas, las elecciones autonómicas coinciden con las
municipales. Otras comunidades tienen calendarios propios.
Las
elecciones generales, por su parte, pueden coincidir o no con las municipales y
autonómicas, dependiendo de la fecha de disolución de las Cortes y de las
convocatorias electorales.
Por tanto,
en España no existe una única jornada electoral para elegir a todos los
representantes políticos.
14. ¿QUIÉN
PUEDE VOTAR EN LAS ELECCIONES GENERALES, AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES?
Esta es una
de las cuestiones más importantes para comprender el sistema electoral español.
El derecho
al voto depende de la nacionalidad, la edad, la residencia y el tipo de elecciones.
La regla
general es que pueden votar los ciudadanos españoles mayores de 18 años que
estén inscritos en el censo electoral y no se encuentren privados legalmente
del derecho de sufragio.
Sin embargo,
existen diferencias importantes entre las distintas convocatorias.
A.
Elecciones generales nacionales
Son las
elecciones en las que se eligen los diputados del Congreso y los senadores.
¿Quiénes
pueden votar?
·
Todos
los ciudadanos españoles mayores de 18 años inscritos en el censo electoral.
·
Los
españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de
Residentes Ausentes (CERA).
·
Los
españoles que se encuentran temporalmente fuera del país, mediante el
procedimiento de voto correspondiente.
¿Quiénes
no pueden votar?
·
Los
extranjeros residentes en España que no tengan nacionalidad española.
·
Los
ciudadanos de otros países de la Unión Europea que residan en España, si no
tienen nacionalidad española.
Por tanto,
un ciudadano marroquí, colombiano, argentino o alemán que viva legalmente en
España, pero no tenga nacionalidad española, no puede votar en las elecciones
generales.
B.
Elecciones autonómicas. Detalles importantes que se deben conocer
Son las elecciones en las que se eligen los representantes de los
parlamentos de las comunidades autónomas, incluidas Canarias, Andalucía,
Cataluña, Galicia y las demás comunidades.
¿Quiénes pueden votar?
·
Los ciudadanos españoles mayores de 18 años
inscritos en el censo electoral correspondiente.
·
Los españoles residentes en el extranjero
inscritos en el CERA que tengan derecho a votar en su comunidad autónoma de
inscripción.
¿Quiénes no pueden votar?
·
Los extranjeros que tengan residencia legal en
España, pero no nacionalidad española.
·
Los ciudadanos de la Unión Europea que no
tengan nacionalidad española.
·
Los extranjeros procedentes de países con
acuerdos de reciprocidad para las elecciones municipales. Estos acuerdos no les
conceden derecho a votar en las elecciones autonómicas.
Es decir, un ciudadano alemán, francés, italiano, marroquí o
colombiano que resida en Canarias, pero no tenga nacionalidad española, no
puede votar en las elecciones al Parlamento de Canarias.
C.
Elecciones municipales
Son las elecciones para elegir a los concejales de los
ayuntamientos, que posteriormente participan en la elección del alcalde, salvo
las particularidades legales correspondientes.
Aquí encontramos una diferencia importante: pueden votar
determinados extranjeros que no tienen nacionalidad española.
¿Quiénes pueden votar?
1.
Los españoles mayores de 18 años residentes en
España e inscritos en el censo electoral correspondiente.
2.
Los ciudadanos de otros países de la Unión
Europea que residan en España, estén empadronados, inscritos en el censo y
hayan manifestado su voluntad de votar en las elecciones municipales.
3.
Los ciudadanos de determinados países
extracomunitarios con acuerdos de reciprocidad con España, exclusivamente para
las elecciones municipales y siempre que cumplan los requisitos del acuerdo
correspondiente.
Los países
extracomunitarios con acuerdos de reciprocidad en vigor para las elecciones
municipales son:
·
Bolivia.
·
Cabo
Verde.
·
Colombia.
·
República
de Corea.
·
Chile.
·
Ecuador.
·
Islandia.
·
Noruega.
·
Nueva
Zelanda.
·
Paraguay.
·
Perú.
·
Reino
Unido.
Trinidad
y Tobago.
Para estos
ciudadanos existen requisitos específicos de residencia legal, empadronamiento
e inscripción en el censo electoral.
Como regla
general, se exigen cinco años de residencia legal e ininterrumpida en España
antes de solicitar la inscripción. Hay dos excepciones: los ciudadanos de
Noruega deben acreditar más de tres años de residencia legal e ininterrumpida,
y los del Reino Unido, al menos tres años. Para los ciudadanos de Nueva Zelanda
no se exige un período mínimo de residencia.
Importante: tener residencia
legal y estar empadronado no significa automáticamente tener derecho a votar.
Hay que cumplir los requisitos específicos e inscribirse en el censo cuando
corresponda.
D. ¿Pueden los extranjeros votar en los cabildos canarios?
No.
Aunque
determinados extranjeros residentes en España pueden votar en las elecciones
municipales, ese derecho no se extiende a las elecciones de los cabildos
insulares.
En
los cabildos pueden votar los ciudadanos españoles que cumplan los requisitos
censales correspondientes.
Esta
diferencia es especialmente importante en Canarias, porque las elecciones
municipales y las de los cabildos se celebran coincidiendo en la misma jornada
electoral, pero no tienen exactamente el mismo cuerpo electoral.
15. ¿QUÉ
MIEMBROS DE LA CASA REAL ESPAÑOLA PUEDEN VOTAR?
Esta
cuestión es especialmente interesante porque existe una diferencia entre el
derecho legal a votar y la costumbre institucional de la monarquía.
La
legislación española no establece una prohibición general que prive a los
miembros de la Familia Real del derecho al voto.
Por tanto,
siempre que tengan la nacionalidad española, la edad exigida y estén inscritos
en el censo correspondiente, pueden votar.
Entre los
miembros que reúnen o pueden reunir esos requisitos se encuentran:
·
Felipe
VI, rey de España.
·
Letizia,
reina consorte.
·
Leonor,
princesa de Asturias.
·
Sofía,
infanta de España.
·
Juan
Carlos I, rey emérito.
·
Sofía
de Grecia, reina emérita.
El derecho
individual de cada uno depende de los requisitos generales de nacionalidad,
edad y censo.
¿Por qué no
suelen participar públicamente en las elecciones?
La Corona
representa institucionalmente al conjunto del Estado y debe mantener una
posición de neutralidad respecto a los partidos políticos.
Por ello, la
participación partidista pública del monarca y de los miembros de la Familia
Real no forma parte de sus funciones institucionales.
No obstante,
conviene distinguir entre esa neutralidad institucional y una prohibición legal
de votar: son cuestiones diferentes.
¿Pueden
presentarse a las elecciones los miembros de la Familia Real?
Aquí
encontramos una diferencia fundamental.
El artículo
6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece la inelegibilidad
de los miembros de la Familia Real Española incluidos en el Registro Civil previsto
legalmente, así como de sus cónyuges.
Esto
significa que pueden tener derecho a votar, pero no pueden presentarse como
candidatos a cargos electivos mientras estén comprendidos en esa causa de
inelegibilidad.
16. EL
PAPEL DEL REY Y DE LA REINA EN LA POLÍTICA ESPAÑOLA Y EN LAS ELECCIONES
España es
una monarquía parlamentaria. Esto significa que el rey es el jefe del Estado,
pero no dirige el Gobierno ni decide las políticas que deben aplicarse en el
país.
En la
actualidad, el jefe del Estado es Felipe VI y la reina consorte es Letizia.
La
Constitución establece que el rey simboliza la unidad y permanencia del Estado,
representa a España en las relaciones internacionales y ejerce las funciones
que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
¿Qué
funciones políticas tiene el rey?
Entre sus
principales funciones constitucionales se encuentran:
·
Sancionar
y promulgar las leyes aprobadas por las Cortes Generales.
·
Convocar
y disolver las Cortes Generales en los casos previstos por la Constitución.
·
Convocar
elecciones generales conforme a las disposiciones constitucionales.
·
Proponer
un candidato a la Presidencia del Gobierno después de consultar a los
representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria.
·
Nombrar
al presidente del Gobierno una vez que ha obtenido la confianza del Congreso.
·
Nombrar
y separar a los ministros a propuesta del presidente del Gobierno.
·
Ser
informado de los asuntos de Estado y, a petición del presidente del Gobierno,
presidir el Consejo de Ministros.
·
Ejercer
el mando supremo de las Fuerzas Armadas dentro del marco constitucional.
·
Representar
al Estado español en determinados actos y relaciones internacionales.
No obstante,
estas funciones no significan que el rey pueda gobernar por su cuenta, aprobar
políticas personales o imponer decisiones al Parlamento.
La mayoría
de sus actos necesitan el refrendo del presidente del Gobierno o del ministro
competente. En determinados supuestos relacionados con la propuesta y el
nombramiento del candidato a presidente del Gobierno, así como con la
disolución prevista en el artículo 99 de la Constitución, el refrendo
corresponde al presidente del Congreso.
Esto
significa que la responsabilidad política y jurídica del acto recae en quien lo
refrenda, según establece la Constitución.
¿Qué papel
desempeña el rey después de unas elecciones generales?
Después de
unas elecciones generales, el rey no decide qué partido debe gobernar ni elige
libremente al presidente del Gobierno.
Su función
consiste en consultar a los representantes de los partidos políticos con
presencia en el Congreso y, a través del presidente de la Cámara, proponer un
candidato a la Presidencia del Gobierno.
Posteriormente,
el candidato debe presentarse ante el Congreso de los Diputados y solicitar su
confianza.
Si obtiene
la mayoría absoluta en la primera votación o la mayoría simple en la segunda,
queda investido y el rey procede a nombrarlo presidente del Gobierno.
Por tanto,
la decisión política de conceder la confianza corresponde a los diputados del
Congreso, no al monarca.
¿Puede el
rey rechazar una ley o impedir que se celebren elecciones?
El rey
sanciona y promulga las leyes aprobadas por las Cortes Generales.
Su función
en este ámbito es constitucional y formal: no dispone de un poder de veto
político para rechazar una ley porque no esté de acuerdo con su contenido.
Tampoco
puede decidir por iniciativa propia cuándo deben celebrarse unas elecciones al
margen de los procedimientos establecidos en la Constitución.
Su actuación
debe ajustarse a las funciones y límites que establece el ordenamiento
constitucional.
¿Qué papel
tiene la reina Letizia?
La reina
Letizia es la reina consorte y acompaña al rey en numerosos actos
institucionales, culturales, educativos y sociales.
Sin embargo,
la Constitución no le atribuye competencias políticas propias.
No participa
constitucionalmente en la elección del presidente del Gobierno, no nombra
ministros, no aprueba leyes ni tiene capacidad propia para convocar elecciones.
Su papel es
fundamentalmente representativo e institucional, sin intervención
constitucional en las decisiones de los partidos políticos ni en los resultados
electorales.
¿Qué
importancia tiene la monarquía en el sistema electoral español?
La monarquía
forma parte de la organización constitucional del Estado, pero no sustituye la
voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.
Los
ciudadanos eligen a sus representantes en el Congreso, el Senado, los
parlamentos autonómicos, los ayuntamientos y los cabildos canarios.
El rey
representa institucionalmente al Estado y cumple las funciones que le asigna la
Constitución. La reina consorte desempeña funciones representativas y sociales,
pero no tiene atribuciones políticas propias.
En
definitiva, en España el poder de formar Gobierno corresponde al Congreso de
los Diputados, mientras que el rey interviene en el procedimiento
constitucional de propuesta y nombramiento del presidente.
17. ¿SON
ELEGIDOS EL REY Y LA REINA POR SUFRAGIO UNIVERSAL?
Ni el rey de
España ni la reina son elegidos por sufragio universal, es decir, los
ciudadanos españoles no votan para elegirlos en unas elecciones.
La razón es
que España es una monarquía parlamentaria hereditaria, no una república.
¿Cómo llega
el rey al trono?
El rey
Felipe VI llegó a la Corona por sucesión hereditaria, de acuerdo con el
artículo 57 de la Constitución española de 1978.
Esto
significa que la Corona se transmite conforme a las reglas constitucionales de
sucesión.
El heredero
sucede al monarca cuando se produce su fallecimiento o abdicación. Las Cortes
Generales intervienen en determinados supuestos previstos en la Constitución,
como una abdicación, una renuncia o una duda sobre la sucesión.
Felipe VI
fue proclamado rey el 19 de junio de 2014, después de la abdicación de su padre,
Juan Carlos I.
¿Cómo llega
la reina al cargo?
La reina
Letizia tampoco es elegida por los ciudadanos.
Su condición
de reina procede de su matrimonio con Felipe VI. Es la reina consorte, no la
titular de la Corona.
Esto
significa que no hereda el trono ni tiene las mismas funciones constitucionales
que el rey.
¿Quién
decidió que España fuera una monarquía?
La monarquía
parlamentaria está establecida en la Constitución de 1978, aprobada mediante
referéndum el 6 de diciembre de ese año.
El artículo
1.3 establece expresamente:
«La forma
política del Estado español es la Monarquía parlamentaria».
Por tanto,
los ciudadanos votaron la Constitución que estableció la monarquía
parlamentaria, pero no eligieron directamente a Juan Carlos I ni a sus
sucesores.
¿Puede un
ciudadano votar para cambiar al rey?
No existe
una elección popular para decidir quién ocupa la Corona.
Sin embargo,
los ciudadanos pueden participar en un cambio del sistema político mediante los
procedimientos de reforma constitucional.
Para modificar
la monarquía y establecer una república habría que reformar la Constitución
siguiendo el procedimiento agravado de su artículo 168, que exige:
1.
Aprobación
por mayoría de dos tercios de ambas cámaras.
2.
Disolución
de las Cortes y celebración de nuevas elecciones.
3.
Nueva
aprobación por dos tercios del Congreso y del Senado.
4.
Referéndum
obligatorio para que los ciudadanos ratifiquen la reforma.
En
conclusión, España es una democracia en la que los ciudadanos eligen a sus
representantes políticos, pero no eligen al jefe del Estado. El rey llega al
trono por sucesión hereditaria y la reina consorte obtiene su condición por
matrimonio.
Esta es una
de las principales diferencias entre una monarquía parlamentaria y una
república parlamentaria.
18. ¿QUÉ
AUTORIDADES PUEDEN VOTAR Y CUÁLES NO PUEDEN PRESENTARSE A LAS ELECCIONES?
En España,
ocupar un cargo público no significa perder el derecho al voto.
El
presidente del Gobierno, los ministros, los presidentes autonómicos, los
diputados, los senadores, los alcaldes, los concejales, los jueces, los
fiscales, los policías, los guardias civiles y los militares pueden votar si
cumplen los requisitos generales.
Lo mismo
sucede con los delegados del Gobierno, los directores generales y otras
autoridades públicas.
Es importante
distinguir entre dos derechos:
·
Sufragio activo: es el derecho a
votar.
·
Sufragio pasivo: es el derecho a
presentarse como candidato y poder ser elegido.
Una
autoridad puede conservar el derecho a votar y, al mismo tiempo, tener
prohibido presentarse como candidata mientras ocupe determinado cargo.
¿Quiénes no
pueden votar?
La Ley
Orgánica del Régimen Electoral General establece que carecen del derecho de
sufragio las personas condenadas por sentencia judicial firme a una pena
principal o accesoria que les prive expresamente del derecho de sufragio,
mientras dure su cumplimiento.
Por tanto,
ser ministro, juez, policía, militar o cualquier otra autoridad no supone
perder el derecho al voto.
Además, la
legislación actual reconoce expresamente que todas las personas pueden ejercer
su derecho de sufragio de manera consciente, libre y voluntaria, con los medios
de apoyo que necesiten.
¿Qué
autoridades tienen limitaciones para presentarse como candidatos?
Entre las
personas que pueden encontrarse incursas en causas de inelegibilidad recogidas
en el artículo 6 de la LOREG figuran:
·
Los
miembros de la Familia Real Española incluidos en el Registro Civil
correspondiente y sus cónyuges.
·
Los
presidentes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.
·
Los
magistrados del Tribunal Constitucional.
·
Los
vocales del Consejo General del Poder Judicial.
·
Los
presidentes y determinados consejeros del Consejo de Estado y del Tribunal de
Cuentas.
·
El
defensor del pueblo y sus adjuntos.
·
El
fiscal general del Estado.
·
Los
jueces, magistrados y fiscales en activo.
·
Los
militares profesionales y de complemento en activo.
·
Los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Policía en activo.
·
Los
presidentes, vocales y secretarios de las juntas electorales.
·
Los
delegados y subdelegados del Gobierno.
·
Determinados
responsables de organismos y entidades estatales, así como otras autoridades
expresamente contempladas en la ley.
En algunos
casos, la legislación permite que las personas afectadas puedan presentarse si abandonan
previamente la situación administrativa o el cargo incompatible, conforme a los
requisitos legales.
Además,
existen causas de inelegibilidad e incompatibilidad relacionadas con condenas
judiciales y con determinados cargos territoriales.
¿Pueden hacer
campaña electoral los jueces, policías y militares?
Aquí existe
otra limitación importante.
La
legislación electoral prohíbe a los miembros en activo de las Fuerzas Armadas,
de los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los jueces, magistrados y fiscales en
activo, así como a los miembros de las juntas electorales, difundir propaganda
electoral o realizar actividades de campaña electoral.
Por tanto,
estas personas pueden ejercer su derecho al voto, pero están sujetas a
restricciones para mantener la neutralidad y la imparcialidad que exige el
desempeño de sus funciones.
19. ¿QUÉ
DEBE SABER UN CIUDADANO ANTES DE IR A VOTAR?
Para ejercer
el derecho al voto correctamente conviene tener presentes algunas cuestiones
prácticas.
Primera.
Comprobar la inscripción en el censo electoral.
Es
importante verificar que los datos personales y el municipio de inscripción son
correctos y que se figura en el censo correspondiente a las elecciones
convocadas.
Segunda.
Conocer qué elecciones se celebran.
No es lo
mismo votar en unas elecciones generales que en unas autonómicas, municipales o
insulares. Cada convocatoria elige representantes diferentes.
Tercera.
Saber qué se está votando.
En las
elecciones generales se eligen diputados y senadores. En las autonómicas se
eligen representantes del parlamento correspondiente. En las municipales se
eligen concejales y en Canarias también se eligen los consejeros de los
cabildos.
Cuarta.
Identificarse correctamente.
Para votar
presencialmente se puede utilizar el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir
con fotografía. Los documentos originales pueden estar caducados, siempre que
permitan identificar al elector. No sirven fotocopias ni el resguardo del DNI
en trámite.
Quinta.
Recordar que el voto es libre y secreto.
Nadie puede
obligar a una persona a votar a un partido determinado ni exigirle que revele a
quién ha votado.
Sexta.
Conocer las diferencias entre el voto en blanco y el voto nulo.
El voto en
blanco es válido y puede influir en el cálculo de las barreras electorales. El
voto nulo no se considera válido.
Séptima.
Informarse antes de elegir.
Conviene
conocer los programas electorales, las propuestas, las competencias de cada
institución y la trayectoria de los candidatos. También es importante
distinguir entre las promesas que puede cumplir una administración y aquellas
que corresponden a otra.
El voto no
debería ser simplemente una respuesta emocional ante una campaña electoral,
sino una decisión personal tomada con información suficiente.
CONCLUSIÓN
El sistema
político español está formado por diferentes instituciones que se reparten las
responsabilidades de legislar, gobernar, controlar la acción política y
administrar los territorios.
Los
ciudadanos eligen directamente a sus representantes mediante elecciones
generales, autonómicas, municipales e insulares. A partir de esos resultados se
constituyen las distintas cámaras y corporaciones públicas.
El Congreso
de los Diputados tiene un papel decisivo en la formación del Gobierno central;
el Senado representa territorialmente a los ciudadanos; los parlamentos
autonómicos legislan dentro de sus competencias; los ayuntamientos administran
los municipios y los cabildos gestionan los intereses insulares de Canarias.
Por otra
parte, el derecho al voto está sujeto a las condiciones establecidas por la
legislación electoral. Los españoles mayores de edad pueden participar en las
elecciones que les correspondan, mientras que determinados extranjeros
residentes en España también pueden hacerlo en las municipales si cumplen los
requisitos legales.
Las
autoridades públicas tampoco pierden su derecho al voto por ocupar un cargo,
aunque algunas tienen limitaciones para presentarse como candidatos o
participar en campañas electorales.
Por encima
de estas instituciones, la Corona representa la jefatura del Estado dentro de
los límites establecidos por la Constitución. El rey no es elegido por los
ciudadanos, no dirige el Gobierno y no puede sustituir la voluntad del Congreso
de los Diputados.
Conocer cómo
se distribuyen los escaños, qué funciones desempeña cada institución, quién
tiene derecho a votar y qué papel corresponde al rey permite comprender mejor
el funcionamiento de la democracia española.
Votar
es un derecho, pero ejercerlo con conocimiento es también una responsabilidad
ciudadana.
Un ciudadano
bien informado está en mejores condiciones de valorar las propuestas políticas,
distinguir las competencias de cada administración y decidir libremente a quién
entrega su representación.
FUENTES
LEGALES Y DOCUMENTACIÓN DE CONSULTA
·
Constitución
Española de 1978, especialmente los artículos 1, 56 a 65, 68, 69, 99 y 168.
·
Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
·
Estatutos
de Autonomía de las comunidades autónomas.
·
Estatuto
de Autonomía de Canarias.
·
Ministerio
del Interior: información oficial sobre el derecho de sufragio y los
procedimientos electorales.
Enlaces
oficiales:
·
Boletín
Oficial del Estado: https://www.boe.es
·
Constitución
Española: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
·
Ley
Orgánica del Régimen Electoral General: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-11672
·
Ministerio
del Interior, derecho de sufragio: https://infoelectoral.interior.gob.es/es/proceso-electoral/el-derecho-de-sufragio/
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