Mientras España cobija a los inmigrantes ilegales en el territorio nacional hay españoles abandonados durmiendo en la calle y sin alimentos

 

Mientras España cobija a los inmigrantes ilegales en el territorio nacional hay españoles abandonados durmiendo en la calle y sin alimentos

Por Bruno Perera

Hay una realidad española que merece ser explicada sin consignas ni medias verdades: mientras el Estado dispone de un sistema específico para atender a inmigrantes que llegan ilegalmente y se encuentran en situación de vulnerabilidad, adultos y MENAs, existen también españoles que viven en la calle, sin vivienda estable y dependiendo de los servicios sociales y de organizaciones caritativas para comer.

La pregunta que muchos ciudadanos nos hacemos es sencilla: ¿Cómo se organiza el dinero público para atender unas necesidades y otras?

El Estado español dispone de un Programa de Atención Humanitaria destinado a personas inmigrantes vulnerables que llegan a las costas españolas o acceden por Ceuta y Melilla. El programa contempla alojamiento, manutención, atención sanitaria básica, orientación social y jurídica, ayudas básicas y traslados. Se financia con los Presupuestos Generales del Estado. (Ministerio de Inclusión) (Un gasto que se aproxima a unos 70 euros por día por cada adulto y unos 150 euros al día por cada MENA).

Y el sistema tiene una dimensión considerable.

Según el Ministerio de Inclusión, durante 2025 fueron atendidas 124.170 personas en el Sistema de Acogida Estatal, que incluye tanto la atención humanitaria como la acogida de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. El sistema contó con más de 56.000 plazas y durante ese año se trasladó a cerca de 20.500 personas desde Canarias a la Península. (Ministerio de Inclusión)

Además, los solicitantes y beneficiarios de protección internacional que carecen de recursos económicos pueden recibir alojamiento y cobertura de sus necesidades básicas mediante un itinerario de acogida que pretende conducir progresivamente hacia la autonomía. (Ministerio de Inclusión)

Pero aquí hay que hacer una precisión importante: no todos los inmigrantes que entran ilegalmente en España permanecen durante años alojados y mantenidos por el Estado. La permanencia depende de si son adultos o MENAs, de la situación administrativa, de los recursos disponibles y de los requisitos de cada programa.

Ahora bien, mientras existe este sistema específico de acogida, también existe otra realidad que no debería quedar escondida.

Españoles durmiendo en la calle

La última encuesta específica del Instituto Nacional de Estadística contabilizó en 2022 28.552 personas sin hogar atendidas en centros asistenciales de alojamiento y restauración. De ellas, 14.316 tenían nacionalidad española y 14.236 nacionalidad extranjera. (INE)

Y las cifras posteriores apuntan a que el problema no ha desaparecido.

Cáritas informó de que durante 2024 acompañó a 42.850 personas sin hogar, un 1,21% más que el año anterior. (Cáritas)

El informe FOESSA publicado en 2025 advierte, además, de que los datos sobre sinhogarismo siguen siendo incompletos y cita recuentos realizados en 27 ciudades españolas durante 2023. En esos recuentos se localizaron 6.144 personas sin hogar, de las cuales 1.971 estaban estrictamente en situación de calle. (Cáritas)

Por tanto, no estamos hablando de una imaginación ni de un problema inventado: hay españoles sin hogar y existen personas que necesitan ayuda para poder comer y sobrevivir.

¿Son incompatibles ambas ayudas?

No necesariamente.

Una sociedad puede decidir ayudar a una persona que llega al país en una situación de extrema vulnerabilidad y, al mismo tiempo, proteger a quien lleva toda su vida viviendo en España y ha terminado en la pobreza. Pero España no es ni debe ser la Madre Teresa del mundo y por ello deberíamos cerrar todos los centros de acogida de inmigrantes ilegales para así poder romper con la costumbre de que tan pronto llegues a España de forma ilegal pasas a estar protegido por unos años hasta que el Gobierno decida regularizar a los ilegales habidos, como ha hecho con los más de 700.000 inmigrantes ilegales que ya están casi todos legalizados.

El verdadero debate está en saber si los recursos públicos destinados a cada problema son suficientes y si las administraciones están dando una respuesta adecuada a todos los ciudadanos vulnerables.

Porque tampoco sería justo enfrentar a dos personas pobres entre sí: al inmigrante que duerme en un centro y al español que duerme en un banco.

El responsable de organizar los recursos públicos es la Administración.

La pregunta que debe responder España

Lo que los ciudadanos tienen derecho a conocer es cuánto dinero se dedica a la acogida de inmigrantes, cuánto tiempo permanecen en los diferentes programas, cuántas plazas existen, qué prestaciones reciben y cuánto se destina simultáneamente a combatir el sinhogarismo y la pobreza entre los españoles.

También sería necesario conocer cuántos españoles que solicitan ayuda para vivienda, alimentación o alojamiento quedan fuera de los recursos disponibles y por qué.

Porque una cosa es ayudar al que llega y otra muy distinta olvidarse del que ya estaba.

El pueblo español no debería aceptar como normal que un inmigrante ilegal recién llegado tenga acceso a una plaza de acogida mientras una persona, española lleve meses durmiendo en la calle porque no existe una vivienda social disponible.

La cuestión no debería plantearse como «inmigrantes contra españoles», sino como una exigencia a las administraciones:

si hay dinero público para proteger a quienes llegan en situación de vulnerabilidad, también debe haber una respuesta suficiente para quienes ya viven en España y han terminado en la calle, sin vivienda y sin recursos para alimentarse.

Una sociedad que quiera llamarse solidaria tiene que ser capaz de hacer ambas cosas.

Y si no existen recursos suficientes para atender a todos, entonces corresponde al Gobierno y a las administraciones explicar públicamente qué prioridades establecen, cuánto cuesta cada programa y por qué unas personas reciben determinadas prestaciones y otras no.

Ahí está el verdadero debate.

Porque ningún español que está antes, debería tener que dormir en la calle para demostrar que también necesita ayuda.

Final: Y ya que parió la vaca ahora también pare el toro con la nacionalización de posiblemente unos 150.000 saharauis. Parece ser que en España el dinero sobra para obras sociales destinadas a los de fuera.

 

¿Qué pasaría en Canarias si un día se acaba el turismo?

 

¿Qué pasaría en Canarias si un día se acaba el turismo?

Por Bruno Perera

Canarias vive mirando al mar, pero no solamente porque estamos rodeados de océano. También porque por ese mar llegan cada año millones de turistas que dejan en nuestras islas una parte importantísima de la riqueza que permite mantener nuestra economía.

Y aquí conviene hacerse una pregunta que quizá hoy resulte incómoda:

¿Qué pasaría en Canarias si un día el turismo dejara de existir o se redujera de forma drástica?

No estoy diciendo que vaya a suceder mañana, ni que el turismo vaya a desaparecer. Estoy planteando un ejercicio de imaginación para descubrir hasta qué punto dependemos de él.

Porque una economía que depende demasiado de una sola actividad puede parecer muy fuerte mientras esa actividad funciona... hasta que deja de funcionar.

El turismo no es solamente el hotel

Cuando hablamos de turismo pensamos inmediatamente en hoteles, apartamentos, playas, bares, discotecas y restaurantes.

Pero el turismo es muchísimo más.

Es el taxi que lleva al visitante desde el aeropuerto. Es el supermercado que vende alimentos al hotel. Es la lavandería que limpia miles de sábanas. Es la empresa que alquila coches. Es el trabajador que mantiene una piscina. Es el restaurante, la excursión, el barco, el comercio, la agencia de viajes, la empresa de seguridad, el constructor y una interminable cadena de pequeños negocios.

Por eso, si desapareciera una parte muy importante de los turistas, el golpe no se quedaría en los hoteles.

Se extendería por toda la economía canaria.

Primero llegaría el desempleo

Si los hoteles y complejos de apartamentos comenzaran a quedarse vacíos, necesitarían menos trabajadores.

Los restaurantes y bares tendrían menos clientes. Los taxis realizarían menos servicios. Las empresas de excursiones reducirían su actividad. Los comercios venderían menos.

Y entonces aparecería el efecto dominó.

Menos turistas significaría menos actividad.

Menos actividad significaría menos empleo.

Menos empleo significaría menos consumo.

Y menos consumo significaría menos ingresos para muchas empresas y también menor recaudación para las administraciones públicas.

Mientras tanto, aumentaría la necesidad de ayudas sociales.

¿Y de qué viviríamos?

Aquí está la verdadera pregunta.

Canarias tiene poca agricultura y poca pesca, y un sinfín de otras actividades que dependen sobre todo del turismo: construcción, comercio, industria, energías renovables, servicios profesionales, actividad portuaria y posibilidades en sectores tecnológicos.

Pero la cuestión no es si Canarias tiene otros sectores.

La cuestión es:

¿Son suficientemente grandes y productivos para sustituir una caída brutal del turismo?

Esa es una pregunta que deberíamos hacernos cuando las cosas marchan bien, no cuando llegue una crisis.

Porque preparar el futuro cuando llega el problema suele ser mucho más difícil que prepararlo cuando todavía tenemos tiempo.

Canarias tiene algo que muchos países desearían

Tenemos sol prácticamente todo el año.

Tenemos viento.

Tenemos mar.

Tenemos una posición geográfica extraordinaria entre Europa, África y América.

Tenemos puertos y aeropuertos.

Tenemos universidades y profesionales preparados.

Tenemos un clima que podría favorecer determinadas actividades científicas, tecnológicas y energéticas.

Y tenemos millones de personas que conocen las islas y mantienen relaciones económicas con ellas.

Por tanto, Canarias no está condenada a vivir exclusivamente del turismo.

Pero tampoco sería sensato pensar que podemos sustituirlo de la noche a la mañana.

El turismo puede cambiar antes de desaparecer

Además, quizá el peligro no sea que el turismo desaparezca.

Puede ocurrir algo diferente.

Que cambie.

Que determinados mercados dejen de venir.

Que aumenten los precios del transporte.

Que aparezcan otros destinos competidores.

Que cambien las preferencias de los viajeros.

Que las nuevas generaciones tengan otros hábitos.

Que determinadas circunstancias internacionales hagan más difícil viajar.

O que el propio modelo turístico tenga que transformarse.

Por eso, el verdadero desafío no consiste en luchar contra el turismo.

Consiste en no depender exclusivamente de él.

No esperemos a que el barco se hunda para construir otro

Por ejemplo: Mauritania tiene hierro, pesca, oro y otros recursos naturales. Pero algún día determinados yacimientos disminuirán y los recursos pesqueros pueden sufrir fuertes presiones.

Canarias tiene otra clase de recurso: su capacidad para atraer personas y vender servicios al exterior.

Pero tampoco es un recurso infinito ni está garantizado para siempre.

Por eso deberíamos utilizar los buenos años turísticos para construir una economía más diversificada.

Una economía donde el turismo siga siendo importante, pero donde también tengan un peso mayor la energía, la agricultura especializada, la industria, la reparación naval, la logística, la tecnología, la investigación, los servicios profesionales y otras actividades capaces de generar riqueza desde las islas.

Porque el problema no es tener una gallina que pone huevos de oro

El problema sería depender de ella para comer todos los días.

Mientras la gallina siga poniendo huevos, todos estaremos tranquilos.

Pero un buen día puede poner menos huevos.

Y entonces descubriremos si tenemos otra fuente de alimento.

Canarias no tiene que abandonar el turismo.

Tiene que aprovecharlo.

Mientras millones de turistas llegan a nuestras islas, deberíamos estar construyendo las actividades económicas que nos permitan vivir dignamente incluso si algún día llegan muchos menos.

Porque el futuro de Canarias no debería depender de que el avión siga llegando lleno.

Debería depender de que, además del turismo, seamos capaces de producir riqueza suficiente para mantenernos cuando las circunstancias cambien.

Y las circunstancias, tarde o temprano, siempre cambian.

 

Los políticos que se consideran ateos cuando acuden a actos religiosos van a pescar votos de un pueblo engoadado por la religión o religiones

 

Los políticos que se consideran ateos cuando acuden a actos religiosos van a pescar votos de un pueblo engoadado por la religión o religiones

Por Bruno Perera

Hay algo que siempre me ha llamado la atención de la política española: algunos políticos que se declaran ateos o poco practicantes aparecen, sin embargo, muy sonrientes en procesiones, romerías, fiestas patronales, ceremonias religiosas y otros actos vinculados a la religión.

Y uno se pregunta: ¿van porque han descubierto de repente la fe o porque han descubierto que allí hay votos?

Naturalmente, no podemos entrar en la conciencia de cada político ni afirmar que todos acuden a esos actos exclusivamente para conseguir votos. Puede haber razones institucionales, culturales, protocolarias o simplemente respeto hacia los ciudadanos que participan en ellos.

Pero tampoco sería ingenuo pensar que el cálculo electoral puede estar presente.

España es un país donde el cristianismo, especialmente el catolicismo, ha dejado una huella cultural enorme. Muchas fiestas populares, patronales y tradiciones tienen un origen religioso, aunque una parte de quienes participan en ellas no sean practicantes. En determinados pueblos y ciudades, una procesión puede reunir a miles de personas.

Y allí aparece el político.

El mismo político que quizá no pisa una iglesia durante el resto del año puede aparecer junto al santo, saludar a los vecinos, estrechar manos, posar para las fotografías y acompañar a las autoridades religiosas. Todo muy respetable si lo hace como representante institucional. Pero el ciudadano tiene derecho a preguntarse si detrás de esa presencia existe también una estrategia electoral.

Porque los votos también se pescan.

Y los políticos conocen perfectamente dónde se encuentra el banco de peces.

El caso del presidente del Gobierno

El asunto resulta todavía más llamativo cuando hablamos del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien se ha declarado ateo. En 2018, al tomar posesión como presidente, optó por prometer el cargo ante un ejemplar de la Constitución y otro de la Biblia, en lugar de realizar un juramento tradicional exclusivamente religioso.

La presencia de la Biblia no convierte a una persona en creyente, evidentemente. Pero sí demuestra hasta qué punto determinados símbolos religiosos continúan formando parte de las ceremonias institucionales españolas.

También resulta interesante observar que políticos que no suelen acudir habitualmente a una misa ordinaria pueden aparecer en celebraciones religiosas con una importante presencia social.

¿Por qué?

Puede ser protocolo. Puede ser tradición. Puede ser respeto institucional. Y también puede ser política.

Las tres cosas no son necesariamente incompatibles.

La religión como tradición y como fuerza electoral

En España existe una diferencia entre ser creyente y participar en determinadas tradiciones religiosas.

Una persona puede no creer en Dios y acudir a la fiesta de su pueblo, acompañar una procesión o asistir a una celebración patronal porque forma parte de su cultura y de su historia familiar.

Pero un político tiene además otra consideración: representa a ciudadanos que votan.

Por eso, cuando un dirigente aparece en un acto religioso multitudinario, el ciudadano puede interpretar su presencia de dos maneras.

La primera sería: «Está aquí porque representa a todos, incluidos los creyentes».

La segunda: «Está aquí porque sabe que aquí hay muchos votos».

Y quizá ambas interpretaciones tengan una parte de verdad.

¿Hipocresía o inteligencia política?

Aquí aparece el verdadero debate.

Si un político es ateo, nadie puede exigirle que crea en Dios. Y si representa institucionalmente a ciudadanos creyentes, tampoco parece razonable exigirle que desaparezca de todas las celebraciones religiosas de su localidad.

Pero también sería legítimo preguntarle:

¿Por qué no aparece durante todo el año en una misa normal y sí aparece cuando delante tiene una multitud, cámaras de televisión y fotógrafos?

La pregunta es incómoda, pero la política está llena de preguntas incómodas.

Los políticos viven de los votos y necesitan acercarse a los ciudadanos. Algunos lo hacen visitando mercados, otros inaugurando obras, otros acudiendo a asociaciones y otros participando en fiestas populares.

Y cuando una fiesta religiosa concentra a buena parte del pueblo, la procesión puede convertirse también en un escaparate político.

El político no necesita arrodillarse para hacer campaña. A veces basta con estar allí.

Un pueblo «engordado» por la religión

El título de este artículo utiliza deliberadamente una expresión provocadora: «un pueblo engordado por la religión o religiones».

No pretende decir que todos los ciudadanos sean religiosos ni que la religión convierta automáticamente a las personas en manipulables. Significa que, durante siglos, las religiones han formado parte de las estructuras culturales, familiares y sociales de los pueblos, y que todavía hoy pueden tener una enorme capacidad de convocatoria.

Y donde existe una gran capacidad de convocatoria, la política suele aparecer.

El político sabe que una fotografía junto a miles de ciudadanos puede valer más electoralmente que muchas horas encerrado en un despacho.

Por eso no resulta extraño que algunos dirigentes, sean creyentes, agnósticos o ateos, aparezcan en determinados actos religiosos.

Al final, los votos mandan

En democracia, conseguir votos no es ningún delito. Al contrario: es la condición necesaria para gobernar.

Lo cuestionable sería otra cosa: presentarse ante los ciudadanos como algo que uno no es exclusivamente para obtener su voto.

Si un político ateo acude a una procesión porque respeta la tradición de sus vecinos, perfecto.

Si acude porque representa institucionalmente a todos los ciudadanos, también es perfectamente comprensible.

Pero si además existe un cálculo electoral, tampoco debería sorprendernos.

Después de todo, los políticos conocen una vieja regla de la democracia:

Allí donde hay ciudadanos, hay votos; y allí donde hay muchos ciudadanos reunidos, puede haber una buena pesca electoral.

Quizá por eso algunos políticos ateos no necesitan recuperar la fe para acercarse a la religión.

Les basta con creer en algo mucho más terrenal: el voto del ciudadano.

 

Las pensiones de los saharauis que se nacionalicen español dependerá de varios factores

 

Las pensiones de los saharauis que se nacionalicen español dependerá de varios factores

Por Bruno Perera

En un artículo anterior que pueden leer en este enlace:  http://lavozliberaldelanzarote.blogspot.com/2026/09/nacionalizar-decenas-de-miles-saharauis.html

planteé la cuestión de qué pensiones podrían recibir los saharauis si España aprobara una ley que facilitara su nacionalización. Después de volver a estudiar la legislación española, considero necesario hacer algunas precisiones, porque el asunto es más complejo de lo que puede parecer a primera vista.

La primera cuestión que debemos dejar clara es que tener la nacionalidad española no significa automáticamente tener derecho a una pensión no contributiva de jubilación.

La pensión no contributiva de jubilación está destinada a personas de 65 años o más, sin que importe su nacionalidad, que carezcan de ingresos suficientes y cumplan determinados requisitos de residencia. Entre ellos se encuentra haber residido legalmente en España durante al menos diez años entre los 16 años y la fecha en que se solicita la pensión, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Por tanto, un saharaui que obtuviera la nacionalidad española pero continuara viviendo en Tinduf, Argelia, no tendría por el simple hecho de ser español derecho automático a la pensión no contributiva ordinaria de jubilación española.

Pero aquí aparece una cuestión que merece especial atención.

España también protege a determinados españoles que viven en el extranjero

La legislación española contempla prestaciones asistenciales destinadas a determinados españoles residentes fuera de España que se encuentren en situación de necesidad.

La Ley 40/2006, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, establece la protección de los españoles residentes en el extranjero que tengan 65 años o más y se encuentren en situación de necesidad económica.

El Real Decreto 8/2008 desarrolla estas prestaciones y contempla la llamada prestación económica por razón de necesidad, que incluye una prestación por ancianidad.

Por tanto, sería incorrecto decir que ningún español que viva en el extranjero y jamás haya cotizado puede recibir una ayuda asistencial española. Sí existen mecanismos de protección para determinados españoles que viven fuera de España.

Ahora bien, tampoco sería correcto afirmar que cualquier español que resida en cualquier país extranjero, cumpla 65 años y no haya cotizado tiene automáticamente derecho a cobrar una cantidad determinada. Las prestaciones tienen sus propios requisitos y condiciones.

El caso de los saharauis de Tinduf

Existe además un antecedente particularmente interesante.

La Administración española mantiene determinadas pensiones a favor de antiguos miembros de la población saharaui que prestaron servicios a España durante la época del Sáhara español.

La documentación publicada en el Boletín Oficial del Estado hace referencia expresamente a pensionistas saharauis residentes en diferentes lugares, entre ellos Tinduf, en Argelia.

Esto demuestra que existen personas de origen saharaui viviendo actualmente fuera de España que reciben prestaciones económicas españolas.

Pero aquí también debemos hacer una distinción importante: esas pensiones históricas no significan necesariamente que esas personas estén cobrando la pensión no contributiva ordinaria de jubilación que actualmente se concede en España. En determinados casos se trata de derechos derivados de la relación que tuvieron con la Administración española y de un régimen específico.

Por ello, utilizar a estos pensionistas como prueba de que cualquier saharaui nacionalizado español tendría derecho automáticamente a una PNC sería jurídicamente incorrecto.

¿Y qué ocurriría con un saharaui nacionalizado que se trasladara a España?

La situación sería diferente.

Si un saharaui adquiere la nacionalidad española, se establece legalmente en España y con el paso de los años cumple los requisitos de residencia exigidos para la pensión no contributiva, podría acceder a ella aunque nunca hubiese cotizado.

Y esto es precisamente lo que diferencia una pensión contributiva de una no contributiva.

Para cobrar una pensión contributiva es necesario haber generado previamente derechos mediante las correspondientes cotizaciones.

La pensión no contributiva, en cambio, tiene una naturaleza asistencial y no exige haber cotizado, pero sí exige cumplir los requisitos establecidos por la legislación, entre ellos los relacionados con la residencia y los ingresos.

Por eso, si una persona nacionalizada española llega a España con una edad avanzada, no puede darse por supuesto que al día siguiente de cumplir 65 años tendrá derecho a la PNC ordinaria. Tendrá que comprobarse si reúne los requisitos de residencia exigidos.

¿Y qué sucedería con sus descendientes?

Aquí aparece otra cuestión que considero especialmente importante.

Supongamos que España nacionaliza a determinados saharauis y que posteriormente sus hijos y descendientes adquieren también la nacionalidad española.

Si esos descendientes viven y trabajan durante años en España, su situación respecto a las pensiones será la misma que la de cualquier otro ciudadano español: podrán generar una pensión contributiva mediante sus cotizaciones y, si llegado el momento no cumplen los requisitos para una contributiva pero sí los establecidos entonces para una PNC, podrían solicitar esta última.

En cambio, si viven permanentemente fuera de España, habría que estudiar las prestaciones existentes para españoles residentes en el exterior y las condiciones que establezca la legislación en ese momento.

Por tanto, la nacionalidad puede ser un elemento importante, pero no es por sí sola suficiente para determinar qué pensión recibirá una persona.

Una cuestión que tampoco debemos olvidar: las leyes pueden cambiar

Cuando hablamos de los hijos o nietos de personas que pudieran ser nacionalizadas hoy, estamos hablando de personas que quizá se jubilen dentro de varias décadas.

Nadie puede asegurar que dentro de 20, 30 o 40 años las condiciones actuales de las pensiones no contributivas sean exactamente las mismas.

El número de años de residencia exigidos podría cambiar, las cuantías podrían modificarse, podrían cambiar los límites de ingresos e incluso podría reformarse completamente el sistema de protección asistencial.

Por eso sería una imprudencia afirmar hoy cuánto cobraría dentro de varias décadas un descendiente de un saharaui nacionalizado.

Una conclusión que conviene dejar clara

Después de revisar la normativa, considero que la conclusión correcta es la siguiente:

Las pensiones de los saharauis que se nacionalicen dependen de varios factores.

Dependerán de dónde residan, de cuánto tiempo hayan residido en España, de si han cotizado o no, de sus ingresos, de su edad y de las leyes que estén vigentes cuando soliciten la prestación.

Un saharaui que permanezca en Tinduf no adquiere automáticamente el derecho a la PNC ordinaria española por obtener la nacionalidad. Sin embargo, España sí dispone de determinadas prestaciones asistenciales para españoles residentes en el extranjero, por lo que tampoco sería correcto afirmar que un español que nunca haya cotizado y viva fuera de España jamás puede recibir una ayuda económica española.

Y existe además el antecedente histórico de los pensionistas saharauis vinculados a la Administración española que continúan percibiendo determinadas prestaciones incluso residiendo fuera de España.

En definitiva, nacionalidad, residencia y cotizaciones son tres cuestiones diferentes y no deben confundirse.

Si algún día España aprueba una legislación especial de nacionalización para los saharauis, habrá que estudiar detenidamente no solamente quién obtiene la nacionalidad, sino también qué derechos sociales y económicos lleva aparejados esa nacionalidad y cuáles son las condiciones que deberán cumplir sus beneficiarios.

Porque una cosa es conceder la nacionalidad española y otra, jurídicamente distinta, es conceder automáticamente el derecho a una determinada pensión.