Marruecos siempre
ha utilizado y sigue utilizando a su pobre gente como carne de cañón en sus
disputas políticas
Por Bruno Perera
Hay países que utilizan la diplomacia para
resolver sus problemas y hay gobiernos que convierten los problemas de sus
propios ciudadanos en instrumentos de presión política. Marruecos pertenece, a
mi juicio, a este segundo grupo: es ruin y explotador de su gente.
No estoy hablando del pueblo marroquí, sino de
quienes gobiernan Marruecos y de la forma en que, durante décadas, han
utilizado determinadas cuestiones —la inmigración, Ceuta y Melilla, el Sáhara
Occidental y el sentimiento nacionalista— como instrumentos de presión frente a
España y Europa.
Y aquí aparece una contradicción que resulta
difícil de ignorar: miles de marroquíes buscan una vida mejor fuera de su país porque
en el suyo solo obtienen entre 5 o 10 euros por 8 horas de trabajo, y en ello el poder político impulsa
precisamente ese deseo de emigrar en los marroquíes pobres como elemento de
cambiar sus vidas
El ciudadano
pobre termina pagando la factura
Marruecos es un país con grandes diferencias
sociales y económicas. La propia realidad reciente del país lo demuestra. En
2026 el desempleo juvenil continúa siendo elevado y existe un fuerte
descontento entre sectores de la población joven por las oportunidades
laborales, los servicios públicos y las desigualdades. (Reuters)
Ante esa situación cabe hacerse una pregunta
sencilla:
¿Por qué un joven marroquí tiene que arriesgar su
vida en el mar para buscar en Europa las oportunidades que no encuentra en su
propio país?
No debería ser necesario.
Un Estado que quiera realmente el bienestar de
sus ciudadanos debería procurar que sus jóvenes pudieran trabajar, formar una
familia y vivir dignamente en su propia tierra.
Pero cuando la emigración se convierte en una
salida para miles de personas desesperadas, esas mismas personas pueden
terminar transformadas en una herramienta involuntaria de la política
internacional.
Y ahí es donde aparece lo que considero más
injusto: el ciudadano pobre acaba pagando los platos rotos de las disputas
entre gobiernos.
Ceuta y
Melilla no pueden convertirse en moneda de cambio
Marruecos mantiene sus reivindicaciones ficticias
y de propaganda sobre Ceuta y Melilla, mientras España sostiene que la
soberanía de ambas ciudades no está sometida a negociación. En agosto de 2026,
el Gobierno español y la UE volvieron a rechazar expresamente negociar la
soberanía de las dos ciudades con Marruecos. (Reuters)
Desde mi punto de vista, pretender modificar las
fronteras internacionales simplemente porque un Estado considera que
determinado territorio debería pertenecerle abriría una puerta extremadamente
peligrosa.
Porque si aceptáramos que las fronteras pueden
modificarse unilateralmente basándose en reivindicaciones históricas, entonces
tendríamos que revisar una enorme cantidad de fronteras existentes en el mundo.
¿Dónde terminaría el proceso?
¿Habría que revisar las fronteras de Europa,
Oriente Medio, Asia, África o América cada vez que un Estado reclamara
territorios que considera históricamente suyos?
Las fronteras internacionales, con independencia
de las opiniones que cada uno pueda tener sobre ellas, no pueden convertirse en
un juego permanente de reclamaciones territoriales.
La inmigración
no debe ser un arma diplomática
La inmigración es un fenómeno humano. Detrás de
cada inmigrante hay una persona, una familia, una historia y muchas veces una
situación económica difícil.
Por eso considero especialmente grave que las
personas que intentan emigrar puedan terminar convirtiéndose en instrumentos de
presión política.
En julio de 2026 se produjo una entrada masiva de
personas en Ceuta desde Marruecos. Las cifras comunicadas posteriormente
superaron las 80.000 personas, aunque la mayoría comandados por agentes de Marruecos
abandonó después el territorio. La responsabilidad exacta sobre cómo se produjo
aquella entrada masiva continúa siendo objeto de controversia. El Gobierno español
afirmó que no tenía pruebas concretas de que las autoridades marroquíes
hubieran organizado la operación, mientras que un informe policial español
señaló una actuación anormalmente pasiva de las fuerzas marroquíes durante
varias horas. Lo que da a entender que la invasión de Ceuta fue orquestada
por el Estado Marroquí, como ha hecho otras tantas veces. Recuerde año 2021 y
las tantas miles de pateras y zodiacs que han mandado a Canarias durante más de
30 años. (Reuters)
Por tanto, no hace falta afirmar aquello que está
demostrado.
Basta con formular una pregunta política:
¿Puede un Estado utilizar su capacidad para
controlar —o no controlar— sus fronteras como mecanismo de presión sobre otro
Estado?
Si la respuesta fuera afirmativa, estaríamos ante
un problema gravísimo para toda Europa.
El poder, la
religión y el ciudadano
La Constitución marroquí establece que el islam
es la religión del Estado y atribuye al rey, como Amir al-Muminin
—Comendador de los Creyentes—, importantes funciones religiosas. (Proyecto
Constitución)
Esto no significa que todos los marroquíes
piensen igual ni que todos acepten la utilización política de la religión.
Sería injusto afirmarlo.
Pero sí resulta legítimo preguntarse qué ocurre
cuando religión, monarquía, identidad nacional y poder político aparecen
estrechamente vinculados.
La religión pertenece a la conciencia de cada
persona. No debería utilizarse para impedir que un ciudadano pueda cuestionar a
su Gobierno, criticar una política pública o reclamar mejores condiciones de
vida.
Y existen hechos que obligan a plantearse esta
cuestión. Amnistía Internacional ha documentado durante los últimos años
procesos contra periodistas, activistas y personas críticas con las autoridades
marroquíes, además de restricciones a la libertad de expresión y de reunión. (Amnesty International)
Incluso existen casos recientes de personas
condenadas por expresiones consideradas ofensivas para el islam. (Amnesty International)
Eso demuestra que la libertad de expresión en
Marruecos sigue teniendo límites que en una democracia europea resultarían
extraordinariamente controvertidos.
No es una
crítica contra el pueblo marroquí
Quiero dejar esto muy claro.
Mi crítica no está dirigida contra los
marroquíes.
El pueblo marroquí merece exactamente lo mismo
que cualquier otro pueblo: trabajo digno, educación, sanidad, seguridad,
libertad de expresión y posibilidades de prosperar.
Precisamente por eso considero injusto que
personas que viven con dificultades económicas puedan ser utilizadas como
instrumentos en conflictos políticos que ellas no han provocado.
Un joven que cruza una frontera no debería ser
considerado una pieza de ajedrez.
Un menor que llega a Ceuta no debería convertirse
en un arma diplomática.
Una familia que abandona Marruecos buscando
trabajo no debería ser utilizada para presionar a España.
Y un ciudadano marroquí tampoco debería ser
obligado a elegir entre su identidad nacional y su derecho a cuestionar al
poder.
Marruecos
necesita mirar hacia dentro
Antes de reclamar territorios españoles, quizá
sería más útil que el poder marroquí se preguntara por qué tantos de sus
propios ciudadanos desean marcharse.
Antes de utilizar la cuestión migratoria como
elemento de presión internacional, sería más beneficioso crear las condiciones
para que emigrar dejara de ser una necesidad para tantas personas.
Antes de hablar permanentemente de Ceuta y
Melilla, habría que hablar también de empleo, salarios, vivienda, educación,
sanidad y libertad.
Porque un país verdaderamente fuerte no necesita
que sus ciudadanos arriesguen la vida para demostrar su fortaleza.
Un país verdaderamente fuerte es aquel en el que
sus ciudadanos quieren quedarse.
Y esa debería ser la verdadera batalla política
de Marruecos: no conseguir que los pobres crucen sus fronteras, sino conseguir
que tengan razones para no querer hacerlo.
Mientras tanto, Europa no debería aceptar que la
inmigración se convierta en moneda de cambio.
Las personas no son mercancías.
Los inmigrantes no son soldados.
Los menores no son instrumentos diplomáticos.
Y los ciudadanos pobres de ningún país deberían
ser utilizados como carne de cañón en las disputas políticas de sus
gobernantes.
