Canarias
ante el crecimiento demográfico: inmigración, turismo, sanidad y vivienda, una
realidad que no se puede ignorar
Por Bruno Perera
Hay
problemas sociales que, cuando se ponen sobre la mesa, provocan inmediatamente
discusiones políticas. Uno de ellos es la relación entre el crecimiento de la
población, la inmigración, el turismo y la capacidad de los servicios públicos
para atender a todos los ciudadanos.
En Canarias,
islas que han experimentado importantes transformaciones demográficas y turísticas,
estas cuestiones merecen un análisis serio, sin prejuicios, pero también sin
ocultar las dificultades que afrontan sus residentes.
Negar que el
crecimiento de la población puede ejercer presión sobre la sanidad, los
servicios sociales y la vivienda no es una buena manera de resolver el
problema. Sin embargo, atribuir todas las dificultades a la inmigración sería
igualmente equivocado. La realidad es más compleja y exige distinguir entre los
distintos factores que intervienen.
La sanidad: no es lo mismo tener más habitantes que disponer de más
médicos
En una
visita a un Hospital General de Canarias, cualquier persona puede encontrarse
con una sala de espera en la que haya numerosos pacientes de distintas
nacionalidades. Si esa impresión se repite durante varias visitas, es natural
preguntarse qué está sucediendo y cómo influye el crecimiento de la población
en la asistencia sanitaria.
Ahora bien,
una observación personal no permite establecer qué porcentaje de los pacientes
son extranjeros, ni cuántos son inmigrantes, turistas o residentes de larga
duración. Para conocer esas proporciones sería necesario disponer de
estadísticas oficiales.
Lo que sí
podemos afirmar es que, cuando aumenta la población que necesita atención
sanitaria, el sistema debe contar con suficientes médicos, enfermeros, centros
de salud, camas hospitalarias y servicios de urgencias. Si los recursos no
crecen al mismo ritmo que la demanda, pueden aumentar las esperas y las
dificultades para conseguir una cita.
También es
importante considerar la edad de los pacientes. Una persona mayor suele
necesitar más seguimiento médico, medicamentos y atención por enfermedades
crónicas que una persona joven y sana. Por eso, una población envejecida puede
generar una demanda sanitaria elevada incluso cuando su número total de
habitantes apenas aumenta.
Aquí aparece
una cuestión interesante: si una parte importante de la inmigración corresponde
a personas jóvenes en edad laboral, su utilización de los servicios sanitarios
puede ser inferior, en promedio, a la de la población de mayor edad. Esto no
significa que todos los inmigrantes sean jóvenes ni que todos los españoles
sean ancianos. Significa que la estructura por edades debe tenerse en cuenta
antes de sacar conclusiones.
Además, una
persona puede utilizar poco la sanidad ordinaria y acudir a Urgencias cuando no
consigue una cita, cuando trabaja en horarios incompatibles con las consultas o
cuando desconoce cómo funciona el sistema sanitario. Por eso, no basta con
contar pacientes: también hay que estudiar qué servicios utilizan, con qué
frecuencia y por qué motivos.
La pregunta
correcta no es solamente cuántos extranjeros utilizan la sanidad, sino cuántos
recursos necesita cada grupo de edad y si el sistema dispone de medios
suficientes para atender a todos.
Los servicios sociales: una demanda que también debe planificarse
Los
servicios sociales tienen una función esencial en cualquier sociedad. Atienden
a personas mayores, ciudadanos con discapacidad, familias vulnerables, menores
y personas que atraviesan situaciones de dificultad económica.
Cuando en una
isla aumenta su población, puede crecer la demanda de ayudas, plazas
asistenciales, atención domiciliaria y otros servicios. Sin embargo, ese
crecimiento no implica que todas las personas recién llegadas necesiten ayudas
públicas, ni que todas las ayudas concedidas a extranjeros se resten
automáticamente de las que podrían recibir los españoles. Pero si es cierto que
los gastos que acarrea la inmigración ilegal en socorrerlos y ayudarlos
socialmente salen de los impuestos que todos pagamos y que por ello hay menos
recursos para ayudar a la gente necesitada nacional e inmigrante residente.
Para
realizar una evaluación justa hay que conocer el número de beneficiarios, sus
circunstancias, los criterios de acceso y el presupuesto disponible.
También debe
tenerse presente que muchas personas inmigrantes trabajan, pagan impuestos y
cotizan a la Seguridad Social. Su contribución económica forma parte de los
recursos que permiten financiar los servicios públicos. La cuestión consiste en
analizar conjuntamente esa contribución y el gasto asociado, sin dar por
supuesto que todos los integrantes de un grupo aportan lo mismo o reciben los
mismos servicios. En esto también se debe saber que una gran parte de
inmigrantes que cobran mensualmente el salario mínimo contribuyen poco al pago
de pensiones y otras necesidades sociales. Y si tienen hijos, casi no pagan
nada de impuestos.
Una política
responsable debe proteger a quienes más lo necesitan, sean españoles o
extranjeros, y garantizar que el crecimiento demográfico no deje desatendidas a
las personas vulnerables que ya viven en las islas en condiciones legales.
La vivienda: el punto donde coinciden el turismo y el crecimiento de la
población
Si existe un
asunto especialmente delicado en Canarias y en toda España, es el acceso a la
vivienda.
Para un
trabajador que cobra un salario modesto, un pensionista con ingresos limitados
o una pareja joven que desea independizarse, encontrar una vivienda a un precio
razonable puede convertirse en una tarea muy difícil. Cuando los alquileres
absorben una parte excesiva de los ingresos, disminuye la capacidad de ahorrar,
formar una familia y desarrollar un proyecto de vida.
¿Por qué
sucede?
Una de las
razones económicas fundamentales es la relación entre la demanda y la oferta.
Si muchas personas buscan alojamiento y no se construyen suficientes viviendas
disponibles para residencia habitual, la competencia por ellas puede impulsar
los precios al alza.
En Canarias
intervienen varios factores.
En primer lugar, el turismo hace que el precio del suelo
suba. Y
las viviendas destinadas al alquiler vacacional pueden ofrecer una rentabilidad
atractiva para sus propietarios. En determinadas zonas, cuando una vivienda
pasa del alquiler residencial al turístico, disminuye la oferta disponible para
quienes necesitan vivir y trabajar en una isla. El efecto concreto depende de
la cantidad de viviendas afectadas, de su localización y de las condiciones del
mercado.
En segundo lugar, el crecimiento de la población residente. Las personas que
llegan a Canarias para trabajar, estudiar, reunirse con sus familias o
establecerse de forma permanente necesitan un lugar donde vivir. La inmigración
forma parte de ese crecimiento, pero no es su único componente: también hay
trabajadores procedentes de otras comunidades autónomas, nuevas familias
locales y personas que cambian de municipio.
En tercer lugar, las limitaciones de la oferta. Canarias son 8 islas
con un territorio limitado y una planificación urbanística que debe tener en
cuenta la disponibilidad de suelo, el agua, las infraestructuras, la protección
ambiental y la capacidad de los municipios. No es posible aumentar
indefinidamente la construcción sin considerar esas limitaciones.
También
influyen los costes de edificación, la disponibilidad de financiación, la
inversión inmobiliaria y la cantidad de viviendas que permanecen vacías o no se
ofrecen en alquiler residencial.
Por tanto,
sería incorrecto afirmar que la crisis de la vivienda se debe exclusivamente a
la inmigración. Pero también sería incorrecto excluir el crecimiento de la
población de cualquier análisis de la demanda de alojamiento.
Si llegan
más residentes y no se ofrecen suficientes viviendas, esa demanda adicional
puede contribuir a la presión sobre los precios. Y si, al mismo tiempo, una
parte del parque residencial se destina al turismo, el problema puede agravarse
en determinados lugares.
Lo razonable
es medir cuánto influye cada factor y adoptar medidas adecuadas para cada uno.
Las islas tienen límites: el crecimiento debe acompañarse de
planificación
Canarias no
es solamente un destino turístico. Es también el hogar de miles de personas que
necesitan hospitales, colegios, carreteras, transporte, agua, electricidad,
viviendas y espacios públicos.
Cada nueva
actividad económica y cada aumento significativo de población deben analizarse
en función de la capacidad real de cada isla para atenderlos.
El turismo
aporta empleo, actividad empresarial e ingresos. La inmigración puede cubrir
puestos de trabajo necesarios, contribuir a la economía y compensar
parcialmente el envejecimiento de la población. Ambos fenómenos pueden generar
beneficios importantes. -Siempre y cuando su entrada sea legal y cuando los
necesitemos-.
Pero los
beneficios económicos generales no garantizan que todos los residentes se
beneficien por igual. Una empresa turística puede aumentar sus ingresos
mientras un trabajador local encuentra dificultades para pagar el alquiler. Un
establecimiento puede necesitar más empleados mientras los servicios públicos
del municipio soportan una demanda creciente.
La pregunta
política fundamental es cómo se distribuyen los beneficios y los costes, y si
las administraciones se anticipan a los problemas.
No basta con
celebrar el aumento de visitantes o de habitantes. También hay que calcular
cuántos médicos, enfermeros, viviendas, plazas escolares y recursos sociales
serán necesarios para atender las nuevas necesidades.
¿Se puede afirmar que la inmigración no perjudica a los nacionales?
Una
afirmación tan categórica no resiste un análisis riguroso. El crecimiento de la
población, incluida la inmigración, puede incrementar la demanda de
determinados servicios y bienes. Si la oferta permanece limitada, pueden
aparecer tensiones que afecten a quienes ya residían en el territorio.
Pero de ello
no se deduce que toda inmigración perjudique a los nacionales, ni que el efecto
sea idéntico en todos los lugares y circunstancias.
El resultado
depende de la edad de los recién llegados, de su situación laboral, de su
contribución económica, de las necesidades de sus familias, de la oferta de
viviendas y de la capacidad de las administraciones para ampliar los servicios.
Una
población joven que trabaja y cotiza puede contribuir a sostener un sistema de
pensiones y una economía que envejecen. Al mismo tiempo, esa población necesita
vivienda, transporte y asistencia sanitaria. Ambas realidades pueden ser
ciertas.
Por eso, en
lugar de enfrentar a españoles e inmigrantes, conviene exigir datos
transparentes y políticas que permitan atender las necesidades de todos sin
deteriorar las condiciones de vida de los residentes.
¿Qué debería hacerse en Canarias?
La solución
comienza por conocer la magnitud real del problema.
En materia
sanitaria, sería necesario publicar datos actualizados sobre las listas de
espera, la disponibilidad de profesionales, la utilización de Urgencias y la
demanda de Atención Primaria, teniendo en cuenta la edad y la situación
residencial de los pacientes.
En materia
de vivienda, habría que conocer cuántas viviendas se destinan al alquiler
vacacional, cuántas están disponibles para residencia habitual, cómo
evolucionan los alquileres y cuántas viviendas nuevas se incorporan
efectivamente al mercado residencial.
En materia
demográfica, convendría estudiar el crecimiento de la población residente, sus
edades, su distribución municipal y las previsiones para los próximos años.
Con esa
información, las administraciones podrían determinar qué servicios necesitan
refuerzo, dónde es necesario aumentar la oferta de vivienda y qué medidas
pueden reducir las dificultades de acceso.
También
deberían evaluar periódicamente los resultados. Las políticas públicas no
pueden basarse únicamente en promesas, impresiones personales o consignas
partidistas.
Conclusión: hablar de los problemas no es discriminar
Los
ciudadanos tienen derecho a expresar su preocupación por las listas de espera,
los alquileres elevados y la presión sobre los servicios públicos. No se debe
descalificar automáticamente esas inquietudes por el mero hecho de que incluyan
preguntas sobre inmigración o turismo.
Del mismo
modo, las personas extranjeras no deben ser señaladas colectivamente como
responsables de problemas que dependen también de las decisiones de las
administraciones, de la planificación económica y de las características del
mercado inmobiliario.
La realidad
es que el crecimiento demográfico puede tener efectos positivos y negativos, y
que sus consecuencias dependen de cómo se gestione. Negar cualquier efecto
negativo no ayuda a los residentes; atribuir todos los problemas a un solo
colectivo tampoco ofrece soluciones.
Canarias necesita
una política que tenga en cuenta sus límites territoriales, su economía
turística, el envejecimiento de parte de su población y las necesidades de
quienes llegan para establecerse.
Una isla no puede medir su éxito únicamente por el número
de turistas, el crecimiento de su población o los ingresos que genera. También
debe medirlo por la posibilidad de que sus habitantes encuentren una vivienda
digna, reciban una atención sanitaria adecuada y puedan vivir con seguridad
económica.
Porque el
verdadero progreso no consiste solamente en que crezca la economía, sino en que
ese crecimiento permita mantener una calidad de vida digna para quienes ya
vivían en Canarias y para quienes llegan a formar parte de su sociedad.



