Entre
España y Marruecos: ¿es factible negociar las explotaciones del Sáhara a cambio
del control migratorio?
Por Bruno Perera.
La cuestión del Sáhara Occidental continúa siendo
uno de los temas más sensibles, complejos y estratégicos de la relación entre
España y Marruecos. Tras casi medio siglo de conflicto congelado, el territorio
sigue figurando en Naciones Unidas como un Territorio No Autónomo pendiente
de descolonización, sin que se haya celebrado el referéndum de autodeterminación
que la comunidad internacional reconoce como mecanismo legítimo para determinar
su futuro.
Mientras tanto, Marruecos ejerce un control
efectivo —de facto— sobre la mayor parte del territorio. Y ese control
incluye sus costas atlánticas, escenario clave tanto para la disputa sobre
delimitaciones marítimas y recursos naturales, como para la gestión de rutas
migratorias ilegales que afectan directamente a España, especialmente a las
Islas Canarias.
Ante esta realidad geopolítica, surge una pregunta
incómoda pero inevitable:
¿Puede España negociar con Marruecos un pacto que incluya control migratorio
a cambio de una regulación transparente y legítima de las prospecciones y
explotaciones en aguas y territorios saharauis?
A continuación se analizan los elementos
jurídicos, marítimos, migratorios y políticos que hacen que esta cuestión no
solo sea pertinente, sino urgente.
1. El estatus
jurídico del Sáhara Occidental: una descolonización inacabada
El marco legal internacional es claro en su
definición general, pero complejo en su aplicación práctica:
Desde 1963, el Sáhara Occidental aparece en la
lista de Territorios No Autónomos de la ONU.
Los Acuerdos de Madrid (1975), mediante
los cuales España se retiró, no transfieren soberanía y carecen de
validez para modificar el estatus internacional del territorio.
Según resoluciones y dictámenes de la ONU, el
pueblo saharaui es el titular del derecho a decidir sobre sus recursos naturales,
incluida la explotación pesquera, minera o energética.
Por tanto, cualquier explotación o concesión
otorgada sin su consentimiento carece de legitimidad internacional.
Este marco legal crea una enorme discrepancia
entre la situación jurídica —que favorece claramente al derecho saharaui— y la
situación práctica —con un control marroquí asentado desde hace décadas—.
Esa brecha es donde se insertan los conflictos
actuales sobre recursos, prospecciones y explotación marítima.
2. La disputa
marítima: ZEE, plataforma continental y proximidad a Canarias
España y Marruecos mantienen desacuerdos sobre:
La delimitación de la Zona Económica Exclusiva
(ZEE) en el Atlántico nororiental.
La extensión de la plataforma continental,
especialmente en áreas con potencial minero.
La consideración o no de las aguas adyacentes al
Sáhara como “aguas marroquíes”.
Estudios jurídicos recientes señalan que,
mientras el Sáhara siga siendo un territorio pendiente de descolonización,
España no está obligada a negociar con Marruecos una delimitación que afecte
a ese espacio marítimo, porque Marruecos no tiene soberanía reconocida
sobre él.
Sin embargo, la realidad operativa es distinta:
Marruecos ha impulsado leyes nacionales extendiendo sus aguas, ha consolidado
su presencia en la costa atlántica del Sáhara, y ha promovido permisos de
exploración y campañas sísmicas en zonas próximas a las Islas Canarias,
generando preocupación política, social y ambiental en el archipiélago.
Aunque la legalidad internacional limita a
Marruecos, la práctica geopolítica indica que Rabat sigue ampliando su
influencia en el área.
3. Migración
atlántica: la palanca geopolítica
En los últimos años, la ruta migratoria ilegal hacia
Canarias se ha reactivado con fuerza. Esta ruta:
Es una de las más peligrosas del mundo.
Depende en gran medida de lo que sucede en las
costas del Atlántico africano.
Involucra factores económicos, sociales y, también,
políticos.
Aunque no existe un informe oficial que
certifique porcentajes exactos del origen de las salidas de migración ilegal
hacia Canarias desde las costas marroquíes y saharauis, lo que sí es
ampliamente reconocido por analistas y cuerpos de seguridad es que la
cooperación o no cooperación de Marruecos influye de manera directa en la mayor
parte de los flujos migratorios hacia Canarias.
Rabat ha demostrado repetidamente que puede
fortalecer la vigilancia o flexibilizarla según el clima político y
diplomático.
Por ello, la pregunta que plantea este artículo
no es inocente:
¿Está España en disposición de negociar un acuerdo global que incluya
migración y explotación de recursos?
4. ¿Un pacto
España–Marruecos? Viable, arriesgado y éticamente delicado
Un acuerdo de esta naturaleza solo sería
aceptable —y defendible jurídicamente— si cumple tres condiciones esenciales:
Condición 1:
Respeto al marco de descolonización
Ningún pacto puede ignorar que el Sáhara sigue
siendo territorio pendiente de autodeterminación.
Cualquier explotación de recursos debe incluir mecanismos de representación del
pueblo saharaui o supervisión internacional.
Condición 2:
Transparencia y supervisión internacional
Debe existir:
Publicación de concesiones.
Auditorías independientes.
Participación de organismos internacionales.
Garantía de que cualquier desarrollo económico
beneficia a la población local.
Condición 3:
El control migratorio no puede violar derechos humanos
La migración no puede convertirse en moneda de
cambio.
Debe gestionarse dentro del marco del derecho internacional, respetando la
vida, la dignidad y la protección de las personas vulnerables.
5. España
necesita claridad estratégica
España ha mantenido durante años una postura
ambigua respecto al Sáhara Occidental, lo que debilita tanto su proyección
internacional como su capacidad de negociación frente a Marruecos.
Mientras tanto:
Marruecos avanza sus intereses marítimos y
territoriales.
Consolidando su control sobre el Sáhara.
Y utilizando su posición estratégica en la
frontera sur de Europa para ejercer presión diplomática.
España ya no puede permitirse actuar sin una
estrategia definida.
Una negociación es posible —y algunos dirían que
necesaria—, pero debe plantearse con rigor jurídico, coherencia
histórica, responsabilidad humanitaria y, sobre todo, con
transparencia absoluta ante la ciudadanía.
Fuentes
consultadas
A continuación se recogen referencias utilizadas
para el análisis jurídico, político y geoestratégico del artículo:
Naciones Unidas: documentación sobre Territorios
No Autónomos y dictámenes relativos al Sáhara Occidental.
Informes sobre la invalidez jurídica de los
Acuerdos de Madrid (1975).
Artículos y análisis jurídicos sobre delimitación
marítima en el Atlántico nororiental y frente a Canarias.
Informes sobre el estatus de explotación de
recursos naturales en territorios no autónomos.
Publicaciones académicas sobre derecho
internacional marítimo y Zonas Económicas Exclusivas.
Estudios recientes sobre rutas migratorias
atlánticas y cooperación hispano-marroquí.
Documentación sobre la consideración del Sáhara
Occidental como territorio en proceso de descolonización y derechos del pueblo
saharaui.
Análisis geopolíticos portugueses y españoles
sobre las tensiones en aguas próximas a Canarias.
Ensayos, dictámenes y artículos de derecho
internacional referentes al control de recursos en territorios pendientes de
autodeterminación.