LA
INMIGRACIÓN ILEGAL QUE VIENE A CANARIAS PERJUDICA MÁS A ESPAÑA QUE LA QUE ENTRÓ EN
JULIO DE ESTE AÑO 2026 EN CEUTA
Por
Bruno Perera
La
inmigración ilegal que llega a Canarias por vía marítima constituye un problema
económico, social y administrativo para España que, a mi entender, tiene unas
características y unas consecuencias mucho más prolongadas que las que tuvo la
entrada masiva de inmigrantes que se produjo en Ceuta durante los días 30 y 31
de julio de 2026.
No se trata
solamente de contar cuántos inmigrantes entran ilegalmente en territorio
español. Se trata de analizar qué sucede después de su llegada, cuánto tiempo
permanecen en nuestro país, qué gastos ocasionan a las administraciones
públicas y qué consecuencias tiene su distribución por el territorio nacional.
Para
comprender esta diferencia conviene examinar los dos acontecimientos por
separado.
LA ENTRADA
MASIVA EN CEUTA Y UNA DISCREPANCIA EN LAS CIFRAS OFICIALES
Durante los
días 30 y 31 de julio de 2026 con la venia del Gobierno marroquí, se produjo
una entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos hacia Ceuta. Las
estimaciones oficiales fueron cambiando durante los días posteriores.
Inicialmente se habló de unas 49.000 entradas; posteriormente, el Ministerio
del Interior manejó unas 72.000, mientras que el ministro de Política
Territorial, Ángel Víctor Torres, llegó a hablar de 80.000. Por otra parte, un
informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras manejó una horquilla de
entre 75.000 y 85.000 personas.
Aquella
entrada provocó una situación extraordinaria para una ciudad autónoma de
aproximadamente 18,5 km².
Y cuya
población ronda los 83.000 habitantes.
Sin embargo,
una característica importante de aquel episodio fue que una gran parte de
quienes entraron regresaron posteriormente a Marruecos.
El 6 de
noviembre de 2026 se conoció que la Guardia Civil había remitido a la Audiencia
Nacional un informe en el que estimaba que aproximadamente 88.146 personas
habían regresado a Marruecos hasta el 27 de octubre.
Aquí surge
una pregunta que las autoridades deberían responder con claridad: ¿cómo es
posible que el número estimado de retornos sea superior al número de personas
que, según las propias estimaciones oficiales, entraron en Ceuta?
Si el
Gobierno calculó unas 72.000 entradas, o incluso aceptamos la estimación
superior de 80.000, ¿cómo puede la Guardia Civil contabilizar 88.146 retornos?
¿Se han
contabilizado personas individualizadas o movimientos de paso por la frontera?
¿Se han podido producir cruces repetidos de una misma persona? ¿Qué
procedimiento estadístico se ha utilizado para obtener esa cifra?
No estamos
ante una diferencia menor. Estamos ante una discrepancia de miles de registros
en un asunto de enorme importancia para la seguridad fronteriza y la gestión
migratoria española.
La propia
Policía Nacional reconoció ante la Audiencia Nacional que no disponía de un
recuento oficial del total de entradas, porque estas se produjeron por una zona
bajo responsabilidad de la Guardia Civil. También explicó que sus cifras de
retornos eran muy inferiores a las estimaciones globales de este último cuerpo.
Por tanto,
considero necesario que el Gobierno publique un balance detallado que permita
conocer cuántas personas entraron realmente, cuántas salieron, cuántas permanecían
en Ceuta y qué método se empleó para calcular los movimientos fronterizos. (Y
más cuando aún se cree que hay en Ceuta unos 15.000 inmigrantes ilegales entre
ellos MENAs y adultos.)
La
Administración tiene la obligación de ofrecer cifras comprensibles,
verificables y coherentes. Cuando las estadísticas oficiales parecen
contradecirse, los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones.
CANARIAS:
UN FLUJO MIGRATORIO QUE SE EXTIENDE POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL
La situación
de Canarias presenta características diferentes.
El
archipiélago recibe embarcaciones procedentes de las costas africanas que, en
ocasiones, transportan a decenas o incluso centenares de inmigrantes. Su
llegada obliga a movilizar a Salvamento Marítimo, servicios sanitarios, fuerzas
de seguridad, personal de emergencia y dispositivos de recepción y atención
humanitaria.
Pero el
problema no termina cuando las embarcaciones, pateras, zodiacs y cayucos llegan
a puerto.
Una vez
identificados y atendidos, muchos de estos inmigrantes son trasladados de una
isla a otra y desde algunas islas a distintos puntos de la Península. De esta
manera, parte de la presión inicial que soporta Canarias y sus servicios
públicos se extiende posteriormente a otras comunidades autónomas. Pero la
mayor parte de los inmigrantes se quedan en el archipiélago distribuidos entre
cada una de las islas, sobre todo MENAs y en menor proporción adultos.
Según el
balance correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de
noviembre de 2026, llegaron ilegalmente a Canarias por vía marítima 24.364 inmigrantes.
En el mismo periodo de 2025 habían llegado 14.690. Esto representa un
incremento del 65,9 %.
Además,
solamente durante los primeros quince días de noviembre de 2026 llegaron 11.037
personas al archipiélago. Sobre todo más a El Hierro que a otras islas.
Son cifras
que merecen una atención especial, particularmente por las consecuencias que
tienen para unas islas que cuentan con una población limitada, un territorio
reducido y unos servicios públicos que también deben atender las necesidades de
sus residentes. (Y en todo esto no se debe olvidar contabilizar a los
inmigrantes ilegales que entran por aeropuertos y fronteras terrestres, cuya
cantidad, con la argucia de entrar como turista y después quedarse, suele ser
superior a la que llega por mar).
EL TRASLADO
A LA PENÍNSULA Y EL COSTE PARA EL ESTADO
Uno de los
aspectos que considero más importantes de este fenómeno es el traslado de
inmigrantes desde Canarias hacia la Península.
El propio
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó de que durante
2025 se gestionó el traslado de 20.489 inmigrantes ilegales desde Canarias a la
Península.
Este dato
demuestra que la inmigración ilegal que llega al archipiélago no constituye
exclusivamente un problema de las islas, sino que termina teniendo
repercusiones sobre el conjunto del Estado.
Cada
traslado requiere medios de transporte, identificación, tramitación
administrativa y, cuando corresponde, alojamiento y asistencia dentro de los
programas públicos de atención humanitaria.
El Gobierno
también informó de que durante 2025 el Sistema de Acogida Estatal atendió a
124.170 personas y contó con 56.053 plazas de acogida, distribuidas entre los
programas de protección internacional y atención humanitaria.
Estamos
hablando de una estructura administrativa y asistencial que necesita
financiación pública, instalaciones, trabajadores, recursos materiales y oenegés
que no necesitamos pero que están ahí
entre los inmigrantes viviendo del cuento del eslogan: “pobrecitos inmigrantes”.
Y aquí
aparece una cuestión que considero fundamental: ¿cuánto dinero está gastando
realmente España en atender a los inmigrantes que llegan ilegalmente a través
de Canarias y que una parte de los
mismos son posteriormente trasladados a la Península?
No basta con
conocer el número de llegadas. Es necesario conocer el coste total de cada
procedimiento, desde el rescate marítimo hasta la recepción, manutención,
alojamiento, asistencia sanitaria, transporte y seguimiento administrativo.
¿QUÉ SUCEDE
CON LOS INMIGRANTES ADULTOS QUE NO REGRESAN A SUS PAÍSES?
Otro asunto
que merece un análisis riguroso es la permanencia en España de los inmigrantes adultos
que llegan ilegalmente.
No todos los
inmigrantes que llegan a Canarias permanecen necesariamente en los centros de
acogida. Algunos consiguen salir de ellos, otros solicitan protección
internacional, otros encuentran empleo legal o ilegal, y otros continúan su
situación administrativa por diferentes vías.
Pero también
existe una cuestión que no puede ignorarse: cuando no se produce el retorno al
país de origen, las necesidades de alojamiento, integración, documentación y
atención pueden prolongarse durante años.
Esto acarrea
consecuencias sobre el mercado y la subida del precio del alquiler de la
vivienda, y mayores gastos en los servicios sanitarios, la asistencia social y
las necesidades de empleo.
Por eso,
para conocer el verdadero balance económico hay que comparar los gastos
públicos con las cotizaciones, los impuestos y la actividad productiva que
generan quienes consiguen incorporarse al mercado laboral.
Lo que no
resulta razonable es que el Estado no publique una contabilidad suficientemente
detallada que permita conocer ese balance.
CANARIAS NO
PUEDE SOPORTAR INDEFINIDAMENTE ESTA SITUACIÓN
Canarias es
un territorio insular, alejado geográficamente de la Península y situado frente
a una de las principales rutas migratorias procedentes de África occidental.
Sus
habitantes tienen derecho a disponer de unos servicios sanitarios, educativos,
sociales y de vivienda adecuados, al igual que los ciudadanos de cualquier otra
comunidad española.
La
solidaridad con los inmigrantes que llegan en embarcaciones precarias y
necesitan auxilio humanitario no debe confundirse con la obligación de aceptar
indefinidamente cualquier volumen de llegadas ilegales sin que exista una
política eficaz de control fronterizo y de deportación.
También es
necesario que las administraciones públicas expliquen con transparencia cuánto
cuesta esta política y cómo se distribuyen sus responsabilidades entre el
Estado y las comunidades autónomas.
La atención
humanitaria es una obligación, pero también lo es administrar responsablemente
los recursos públicos y garantizar que los servicios esenciales no se vean
desbordados.
DOS
FENÓMENOS DIFERENTES Y UNA MISMA OBLIGACIÓN DEL ESTADO
La entrada
masiva en Ceuta durante julio de 2026 fue un acontecimiento extraordinario que
puso a prueba la seguridad fronteriza española y provocó una situación
humanitaria de enorme gravedad.
Sin embargo,
los datos de los retornos a Marruecos muestran que se produjo un importante
movimiento de regreso, aunque las cifras oficiales publicadas presentan
discrepancias que todavía necesitan una explicación.
En Canarias,
por el contrario, las llegadas marítimas forman parte de un flujo migratorio
que requiere una estructura continuada de rescate, recepción, acogida y
traslado hacia otras partes de España.
Por eso
considero que, desde el punto de vista de los costes públicos acumulados y de
las consecuencias territoriales a medio y largo plazo, la inmigración ilegal
que llega a Canarias puede representar una carga económica más prolongada para
el Estado que aquella entrada masiva en Ceuta.
No obstante,
para demostrar cuánto mayor es esa carga sería necesario disponer de una
comparación económica oficial que todavía no tenemos.
España
necesita conocer el coste real de ambos fenómenos, el número de inmigrantes que
permanecen en territorio nacional, el tiempo que reciben asistencia pública,
los que trabajan y cotizan y los que regresan a sus países.
No se puede
administrar correctamente un problema que no se mide con transparencia.
Y Canarias,
por su situación geográfica y por la intensidad de las llegadas, necesita que
el Gobierno de España deje de tratar esta cuestión como una sucesión de
emergencias aisladas y establezca una política migratoria capaz de proteger las
fronteras, atender a las personas que necesitan auxilio y garantizar que los
recursos públicos se administren de forma responsable.
Fuentes
documentales para acompañar la publicación:
·
Ministerio
del Interior: Balance de
inmigración irregular.
·
Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: Información sobre
acogida y atención humanitaria.
Información
de la investigación sobre las entradas y retornos en Ceuta publicada por EL
PAÍS, RTVE y Cadena SER.
Nota final. Cuando algunas oenegés establecidas en Canarias y
en la Península reclaman un mayor control de la ruta migratoria de pateras,
zodiacs y cayucos procedentes de África, alegando las miles de muertes que se
han producido en el Atlántico, conviene preguntarse cuáles son sus verdaderas
motivaciones. ¿Lo hacen exclusivamente por razones humanitarias o también
porque necesitan que continúe funcionando el sistema del que viven?
Desde mi punto de vista, detrás de esas reclamaciones existe una
contradicción: se pide un mayor control y más medios de rescate para evitar
muertes en el mar, pero, al mismo tiempo, se contribuye a mantener abierta una
ruta que permite la llegada de cientos de miles de inmigrantes ilegales. Un
fenómeno del que determinadas oenegés obtienen financiación, actividad y razón
de ser.
Considero especialmente grave que se alimente entre los africanos más
pobres la esperanza de que, si se lanzan al océano en embarcaciones precarias,
siempre habrá alguien dispuesto a rescatarlos. Muchos terminan emprendiendo una
travesía extremadamente peligrosa, confiando en que la Guardia Civil del Mar
acudirá en su auxilio y actuará como una especie de ángel de la guarda en las
aguas del Atlántico.
La verdadera ayuda humanitaria no debería consistir en facilitar que más
personas se jueguen la vida en el océano, sino en evitar que tengan que hacerlo
y combatir cualquier actividad que se aproveche de su pobreza, su desesperación
y sus esperanzas de alcanzar una vida mejor.

