Con 10
millones de euros se podría intentar resolver casi todo el problema
inmigratorio de Ceuta
Por Bruno
Perera
Ceuta continúa
afrontando una situación migratoria extraordinaria después de la entrada masiva
de unos 80.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos durante los
días 30 y 31 de julio. Según informaciones publicadas en los últimos días,
todavía permanecen en la ciudad más de 10.000 inmigrantes y entre los mismos
muchos niños y niñas, aunque las cifras exactas varían según el momento y según
se contabilice a quienes están en centros de acogida, asentamientos
improvisados o en otros lugares. (El País)
La cuestión
que debemos plantearnos es sencilla: ¿cuánto dinero seguirá costando
mantener indefinidamente esta situación y cuánto costaría buscar una salida
rápida, voluntaria, digna y legal para quienes quieran regresar a Marruecos?
Mi propuesta
parte de una simple operación matemática.
Si fueran
10.000 las personas que decidieran regresar voluntariamente y el Estado
destinara 1.000 euros por persona, el coste de esa ayuda sería de aproximadamente
10 millones de euros.
Diez millones
de euros pueden parecer mucho dinero, pero son una cantidad relativamente
pequeña cuando se compara con los gastos extraordinarios que ya está afrontando
el Estado español para atender la emergencia que ronda en un millón o más de
euros diarios. El Gobierno ha aprobado, por ejemplo, un crédito extraordinario
de 25 millones de euros para la atención de los menores migrantes no
acompañados de Ceuta y también ha aprobado una declaración de emergencia para
gastos esenciales relacionados con la llegada masiva de personas inmigrantes. (La Moncloa)
¿Por qué no
ofrecer un retorno voluntario con una ayuda económica?
La idea que
planteo no consiste en obligar a nadie a marcharse mediante el pago de dinero.
Sería justamente
lo contrario: ofrecer una alternativa voluntaria.
A aquellas
personas adultas que no tengan derecho a permanecer en España y que deseen
regresar a Marruecos podría ofrecérseles un programa extraordinario de retorno
voluntario asistido, con transporte seguro, documentación, atención sanitaria
cuando fuera necesaria y una ayuda económica de 1.000 euros por persona. Y que
fuera vigente desde tal fecha a tal fecha. Y solo para esta ocasión especial en
Ceuta, pero contando que el programa de retorno voluntario se
podría implementar en otras comunidades españolas siguiendo las
necesidades de cada comunidad.
La persona
recibiría la ayuda solamente después de aceptar voluntariamente el retorno y
completar el procedimiento correspondiente.
No se trataría
de inventar un sistema completamente nuevo. España ya dispone de programas de
retorno voluntario y trabaja en esta materia con la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM). El Ministerio de Inclusión explica que existen
programas de retorno voluntario asistido y reintegración para nacionales de
terceros países que cumplen determinados requisitos. (Ministerio de Inclusión)
Y existe
incluso un precedente muy interesante.
En un convenio
publicado en el BOE, España y la OIM contemplan para determinados retornados a
Marruecos ayudas de reintegración de hasta 1.400 euros por adulto y 700
euros por menor dentro de la unidad familiar, dependiendo de las
necesidades y circunstancias de cada persona. La ayuda no se concibe simplemente
como entregar dinero en la frontera, sino como parte de un proceso de retorno y
reintegración. (BOE)
Por tanto, la
idea de utilizar una cantidad económica como incentivo para facilitar el
retorno voluntario no es jurídicamente extraña al sistema español.
Diez millones
frente a un problema que puede prolongarse durante meses o años
Supongamos,
únicamente como hipótesis, que hubiera 10.000 personas dispuestas a acogerse a
un programa de retorno voluntario.
10.000
personas × 1.000 euros = 10 millones de euros.
El Estado
podría comparar esa cantidad con el coste de mantener durante meses
instalaciones de acogida, alimentación, ropa, asistencia sanitaria, seguridad,
transporte, personal, limpieza y otros servicios extraordinarios.
La comparación
económica debería hacerse con datos oficiales de gasto por persona y por día.
No sería prudente afirmar que todo el coste actual de Ceuta asciende
exactamente a una determinada cantidad diaria sin disponer de una contabilidad
pública completa y homogénea. (Pero sabemos sin hacer muchas cuentas que el
gasto es cada día mayor y que la inseguridad crece en Ceuta).
Y que existe
una cuestión evidente: cuanto más tiempo permanezca una situación
excepcional, mayor será normalmente el gasto extraordinario asociado a ella.
Por eso creo
que merece la pena estudiar seriamente una fórmula de retorno voluntario
incentivado.
Y aquí aparece
el principal problema: los menores
Con los
menores no se puede aplicar exactamente el mismo procedimiento, salvo que sus
familias los reclamen y así también puedan recibir los 1.000 euros por cada
menor.
Los menores
extranjeros no acompañados están protegidos por la legislación española y por
las normas internacionales y europeas relativas a la infancia. Su eventual
retorno no puede convertirse simplemente en una operación económica consistente
en entregar 1.000 euros y cruzar la frontera.
El Gobierno
español ha señalado expresamente que el retorno de menores debe realizarse
respetando el ordenamiento jurídico y el interés superior del menor. (La Moncloa)
Además,
actualmente el propio Gobierno reconoce que existe un importante número de
menores en Ceuta. El 15 de septiembre informó de 2.048 menores identificados y
calculó que entre 700 y 1.000 podían continuar en las calles. (Cadena SER)
Por tanto, en
el caso de los menores habría que estudiar cada situación individualmente.
Si existe una
familia en Marruecos capaz de hacerse cargo del menor, si se garantiza su
seguridad y bienestar y si las autoridades competentes consideran que el
retorno responde a su interés superior, podría estudiarse la reagrupación
familiar conforme al procedimiento legal.
Pero si esas
garantías no existen, España tiene obligaciones de protección que no
desaparecen porque exista una crisis migratoria.
Tampoco todas
las personas adultas pueden ser tratadas de la misma manera
Otro elemento
fundamental sería distinguir entre las personas que simplemente han entrado
ilegalmente y aquellas que han solicitado protección internacional o pueden
encontrarse bajo alguna otra protección jurídica.
España y la
Unión Europea están obligadas a respetar el principio de no devolución
cuando una persona pueda estar expuesta a persecución, tortura, tratos
inhumanos o graves riesgos contrarios al Derecho internacional.
Por ello, un
programa como el que propongo tendría que comenzar con la identificación
individual de cada persona.
Primero
identificación.
Después
comprobación de su situación jurídica.
Después
información sobre sus derechos y posibilidades.
Y finalmente,
para quienes legalmente puedan hacerlo y quieran regresar, retorno
voluntario asistido y seguro.
No sería una
devolución indiscriminada.
Una propuesta
que podría estudiarse
Mi propuesta
concreta sería que el Gobierno español, en coordinación con las autoridades de
Ceuta, Marruecos, la Unión Europea y la OIM, estudiara un Programa
Extraordinario de Retorno Voluntario desde Ceuta con las siguientes
características:
1. Identificación individual de cada persona.
2. Separación jurídica de adultos, menores y personas especialmente
vulnerables.
3. Información individualizada sobre las posibilidades de retorno.
4. Garantía de que nadie que tenga derecho a solicitar protección
internacional sea privado de ese derecho.
5. Comprobación de que el retorno no vulnera el principio de no devolución.
6. Para quienes puedan retornar legalmente y acepten hacerlo voluntariamente,
transporte organizado y seguro hasta Marruecos.
7. Una ayuda económica de referencia de hasta 1.000 euros por persona, o una
cantidad equivalente diseñada por las autoridades competentes.
8. En los casos vulnerables, estudiar una fórmula de reintegración mediante
la OIM, en lugar de entregar necesariamente todo el dinero en efectivo.
9. En el caso de menores, aplicar exclusivamente los procedimientos
establecidos por la legislación española y las obligaciones internacionales
sobre protección de la infancia.
10. Establecer un plazo determinado para el programa y publicar periódicamente
el número de personas acogidas al retorno voluntario y el coste real de la
operación.
¿Podría
funcionar?
Eso nadie
puede garantizarlo de antemano.
Es posible que
algunas personas consideren atractiva una ayuda de 1.000 euros y decidan
regresar. También es posible que otras prefieran permanecer en España.
Por tanto, no
debería presupuestarse el programa suponiendo que las 10.000 personas
aceptarían necesariamente la oferta.
Precisamente
por eso tendría sentido comenzar con un programa piloto y evaluar los
resultados.
Si 2.000
personas aceptaran, el coste de las ayudas sería de 2 millones de euros.
Si fueran
5.000, serían 5 millones.
Y si fueran
10.000, serían 10 millones.
La
Administración podría conocer así cuánto cuesta realmente cada retorno
voluntario y compararlo con el coste de mantener a una persona durante el mismo
periodo en el sistema extraordinario de acogida.
Ceuta necesita
una solución, no una situación permanente de emergencia
La ciudad
autónoma no puede convertirse indefinidamente en un gigantesco centro de
acogida improvisado.
Tampoco sería
razonable que la solución consistiera simplemente en trasladar el problema
desde Ceuta a otras partes de España sin haber resuelto previamente la
situación jurídica de cada persona.
El propio
Gobierno está intentando aumentar las plazas de acogida y acelerar la
identificación y los procedimientos administrativos. A mediados de septiembre
ya había 4.160 personas en plazas temporales y se trabajaba para alcanzar unas
6.000 plazas. (La Moncloa)
Pero una
infraestructura de emergencia no puede convertirse en la solución permanente.
Por eso
considero que debería estudiarse una tercera vía: protección para quien
tenga derecho a ella y retorno voluntario asistido para quien pueda regresar
legalmente y quiera hacerlo.
Si una ayuda
de 1.000 euros consigue que una persona regrese voluntariamente a su país, el
Estado no debería contemplarla simplemente como un gasto.
Podría ser una
inversión destinada a resolver una situación excepcional.
Y si
finalmente fueran 10.000 las personas que voluntariamente aceptaran regresar,
estaríamos hablando de una operación cuyo incentivo económico total sería de
unos 10 millones de euros.
Diez millones
pueden parecer mucho dinero.
Pero la
pregunta que debería hacerse la Administración es otra:
¿Cuánto
costaría mantener durante meses o años un problema que podría solucionarse, al
menos parcialmente, mediante retornos voluntarios, legales, seguros y dignos?
Esa es una
cuenta que, en mi opinión, merece ser estudiada con números encima de la mesa y
no solamente con discursos políticos.
Nota final: Quienes
decidan retornar voluntariamente a Marruecos acogiéndose a la ayuda económica
de 1.000 euros concedida por el Estado español deberán comprometerse
formalmente a no volver a entrar ilegalmente en España. Si incumplieran este
compromiso y fueran interceptados entrando de nuevo de forma irregular= ilegal, serían
deportados en el acto o a más tardar después de 72 horas a su país de procedencia, sin
recibir ninguna ayuda económica adicional, más allá de los gastos necesarios
para efectuar el retorno.


