Marruecos no puede borrar su culpabilidad en lo ocurrido en Ceuta

 

Marruecos no puede borrar su culpabilidad en lo ocurrido en Ceuta

Por Bruno Perera

Lo ocurrido en Ceuta no debería olvidarse cuando la frontera vuelve aparentemente a la calma.

Durante los últimos días, la situación ha disminuido en intensidad, pero la crisis está lejos de haber terminado. Después de la entrada masiva de más de 72.000 personas en la ciudad a finales de julio, todavía quedan miles de inmigrantes en Ceuta y alrededor de 2.400 menores continúan dentro del sistema de protección de la ciudad.

Y mientras España intenta solucionar el enorme problema humanitario, económico y administrativo que aquella avalancha dejó detrás, continúa sin responderse adecuadamente una pregunta fundamental:

¿Cómo fue posible que decenas de miles de personas llegaran simultáneamente a la frontera de una ciudad española situada en territorio africano sin que las autoridades marroquíes fueran capaces de impedirlo?

Porque estamos hablando de una frontera internacional.

No de diez personas.

No de cien.

No de mil.

De decenas de miles.

Y ahora se nos dice que todo fue consecuencia de las redes sociales y de una campaña de desinformación que habría animado a miles de personas a dirigirse hacia Ceuta. El presidente Pedro Sánchez ha señalado incluso a redes vinculadas a Rusia e Israel como responsables de esa desinformación, limpiando con ello la responsabilidad del Gobierno marroquí, y ,lo ha informado así porque si dijera como sabe, que el Gobierno marroquí ordenó la invasión de Ceuta tendría España que haberle declarado la guerra a Marruecos. Pero Pedro Sánchez prefiere seguir siendo el perro faldero del rey marroquí.

Puede haber existido desinformación. Puede haber influido.

Pero una cosa es conseguir que miles de personas quieran cruzar una frontera y otra muy diferente es que miles de personas puedan concentrarse y atravesarla en masa.

Ahí está la cuestión que todavía necesita una explicación convincente porque yo pienso que la invasión fue orquestada por el Gobierno marroquí a través de varios agentes que se infiltraron en la marcha, y fueron los mismos que 3 días después cuando recibieron la orden de retiro dijeron a la masa que había que retornar, y por ello solo quedaron aquellos que no estaban relacionados con los mandados por Marruecos. Son esos 7.000 u 8.000 que aún quedan en Ceuta entre adultos y MENAs.

El precedente de 2021 tampoco ayuda a olvidar

Porque esto no es completamente nuevo.

En mayo de 2021, después de que España permitiera la entrada por razones humanitarias del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir tratamiento médico, unos 8.000 inmigrantes ilegales cruzaron hacia Ceuta en aproximadamente 36 horas. Diversos estudios y análisis de aquella crisis señalaron que el control fronterizo marroquí había sido relajado o facilitado durante la entrada masiva. Y España tuvo que hacerse cargo de miles de MENAs. (Como siempre ocurre, Marruecos le mete goles inmigratorios a España cuando le da la gana).

Aquello ocurrió en un contexto de fuerte tensión diplomática entre Madrid y Rabat.

Por eso, cinco años después, cuando volvemos a contemplar una entrada masiva de semejantes dimensiones, resulta inevitable recordar aquel episodio.

La historia puede repetirse.

Y cuando se repite, conviene hacerse preguntas.

¿De verdad nadie sabía nada?

Hay algo que resulta especialmente difícil de comprender.

Si una multitud de personas se dirige hacia una frontera internacional, las autoridades del país de origen deberían detectarlo.

Si existen carreteras, vehículos, concentraciones de personas y movimientos hacia la frontera, resulta razonable preguntar:

¿Dónde estaban los controles?

Y si, además, aparecen vídeos en los que se observan grupos de personas siendo transportadas hacia las proximidades de Ceuta, la pregunta se vuelve todavía más incómoda.

Esos vídeos, por sí solos, demuestran que el Gobierno marroquí ordenó la operación.

Por ello se plantean una cuestión legítima:

¿Quién organizó aquellos desplazamientos y por qué las autoridades marroquíes permitieron que se produjeran?

Porque una cosa es negar que el Gobierno marroquí organizara la entrada y otra muy diferente explicar cómo pudo producirse una operación migratoria de semejante magnitud.

España paga la factura

Y mientras se discute quién sabía qué y quién permitió qué, hay una realidad que nadie puede negar:

la factura la está pagando España.

España ha tenido que proporcionar alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria, seguridad, protección de menores y recursos administrativos para atender una situación extraordinaria. (Y mientras todo esto sucede Marruecos no ha mandado a España ni un dirham para ayudar a sus compatriotas; ni tampoco les ha pedido que regresen a su país).

Hoy todavía hay personas durmiendo en asentamientos improvisados en Ceuta, mientras las administraciones españolas trabajan para ampliar la capacidad de acogida. (El País)

Y el Gobierno español anuncia que la inmensa mayoría de quienes continúan allí serán devueltos a Marruecos una vez examinada individualmente su situación. (ElHuffPost)

Es decir:

Marruecos controla la salida de muchas de esas personas; España se encuentra con el problema, España lo atiende y España paga buena parte de las consecuencias.

¿Es razonable mantener indefinidamente una política en la que España depende de un tercer país para controlar una frontera exterior de la Unión Europea?

Yo creo que no.

Y Canarias conoce demasiado bien este problema

Canarias tampoco puede contemplar lo ocurrido en Ceuta como un problema lejano.

Las islas llevan más de 30 años soportando la presión de las rutas migratorias atlánticas. En 2026 las llegadas descendieron en algo, pero la ruta continúa siendo una de las más peligrosas del mundo. (Y así y con todo se nos han colado por mar y por aire unos 500.000 inmigrantes ilegales en unos 30 años).

Y aquí aparece otra pregunta que merece ser formulada:

¿Por qué España y la Unión Europea tienen que asumir prácticamente en solitario las consecuencias económicas, sociales y administrativas de una inmigración ilegal que parte desde territorio africano?

No estoy hablando de despreciar a nadie.

No estoy hablando de color de piel.

No estoy hablando de nacionalidades.

Estoy hablando de responsabilidades.

Una persona que entra legalmente en España, trabaja, paga impuestos y se mantiene por sus propios medios está en una situación completamente diferente de quien entra ilegalmente, carece de recursos y necesita que el Estado le proporcione alojamiento, alimentación y asistencia.

Y cuando se trata de menores no acompañados, MENAs, la responsabilidad económica y administrativa para las comunidades autónomas es todavía mayor. Casi 4.000 euros por mes por persona.

Ese es el debate que deberíamos mantener.

Marruecos tiene derecho a defender sus intereses. España también

Marruecos puede defender sus intereses nacionales.

Puede mantener sus reivindicaciones territoriales.

Puede discrepar de la política exterior española.

Puede negociar con Madrid.

Puede utilizar todos los instrumentos diplomáticos que considere oportunos dentro de la legalidad internacional.

Pero hay una línea que no debería cruzarse:

utilizar a seres humanos desesperados como instrumento de presión contra otro país.

Y si Marruecos sostiene que jamás ha utilizado la inmigración como mecanismo de presión, entonces debería ser el primer interesado en que se investigue hasta el último detalle de lo ocurrido en Ceuta.

Porque si realmente no tuvo ninguna responsabilidad, una investigación independiente debería demostrarlo.

Y si hubo autoridades que permitieron deliberadamente que la frontera se desbordara, también debería saberse.

Necesitamos respuestas

¿Quién movilizó a esas decenas de miles de personas?

¿Quién permitió que llegaran hasta la frontera?

¿Por qué no fueron detenidas antes?

¿Qué sabían los servicios de seguridad marroquíes?

¿Qué información tenía España?

¿Por qué España no estaba preparada para una entrada de semejante magnitud?

Y, sobre todo:

¿Qué garantías tenemos de que algo parecido no vuelva a ocurrir?

Porque Ceuta ya ha vivido dos episodios extraordinarios en pocos años.

En 2021 fueron miles.

En 2026 fueron decenas de miles.

Y cuando un país vecino demuestra que una frontera española puede verse sometida a una presión migratoria gigantesca en cuestión de horas, España tiene la obligación de aprender la lección.

Y Canarias debe mirar lo ocurrido con los ojos bien abiertos

Ceuta nos ha enseñado algo que los canarios sabemos desde hace mucho tiempo:

las fronteras no se defienden con discursos. Se defienden con medios, inteligencia, vigilancia y una política exterior firme.

Canarias no puede esperar a que ocurra una crisis de las dimensiones de Ceuta para empezar a preguntarse qué pasaría si un día se produjera una presión migratoria extraordinaria sobre las islas.

La prevención siempre cuesta menos que la improvisación.

Y a Marruecos hay que tratarlo como lo que es:

un vecino con el que España debe mantener relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad, pero también un Estado que defiende sus propios intereses y al que España no debe entregar gratuitamente las llaves de sus fronteras.

Porque una cosa es cooperar.

Y otra muy distinta es depender.

Ceuta ha dejado una pregunta encima de la mesa.

Ahora corresponde a España exigir una respuesta.

Y si las imágenes muestran movimientos de personas hacia la frontera, si miles de personas pudieron concentrarse en cuestión de horas y si las autoridades españolas fueron incapaces de prever la magnitud de lo que estaba sucediendo, entonces alguien tendrá que explicar por qué.

La historia puede ocultarse durante un tiempo detrás de comunicados diplomáticos. Pero las imágenes, los hechos y las consecuencias permanecen.

Nota final: Pienso que Marruecos usó la última invasión de Ceuta como un simulacro para demostrar a España que puede llevar a cabo una futura real invasión de Ceuta, Melilla y Canarias. Y España tendrá que entrar en guerra incluso contra civiles que Marruecos antepone como carne de cañón y en primera fila porque no siente aprecio por su gente, sobre todo por los pobres.

Ver vídeo de un camión descargando a decenas de inmigrantes cerca de Ceuta mientras un policía marroquí hace la vista gorda: https://www.instagram.com/reel/DbdeC0ygmEv/

Marruecos abandona a sus menores y adultos inmigrantes ilegales para que otras naciones los cuiden y los eduquen y así les manden divisas

 

Marruecos abandona a sus menores y adultos inmigrantes ilegales para que otras naciones los cuiden y los eduquen y así les manden divisas

Por Bruno Perera

La crisis migratoria que afecta a Ceuta ha puesto sobre la mesa una cuestión que España debería plantearse con mucha más claridad: ¿hasta qué punto puede un país trasladar de hecho a otras naciones la responsabilidad de atender a sus propios ciudadanos adultos y menores?

La situación resulta especialmente llamativa cuando se observa lo ocurrido en Ceuta. Unas 72.000- 80.000 personas procedentes de Marruecos llegaron a la ciudad autónoma como una invasión entre el 29 y 30  de julio, adultos y menores, hombres, mujeres, niñas y niños. España tuvo que asumir su alimentación, alojamiento y asistencia sanitaria; y, en el caso de los menores no acompañados, su tutela y protección mientras se resuelve el caso de cada uno, algo que llevará varios meses o años en arreglar, y si es que se resuelve sus traslados con su familias en Marruecos.

Y aquí surge una pregunta que resulta difícil de ignorar: ¿qué ocurriría si sucediera exactamente lo contrario?

Imaginemos que, por falta de trabajo o por cualquier otra circunstancia, decenas de miles de ceutíes cruzaran la frontera y ocuparan una ciudad marroquí próxima a Ceuta. Supongamos que entre ellos hubiera miles de menores no acompañados.

¿Aceptaría Marruecos mantenerlos durante años? ¿Les proporcionaría alojamiento, alimentación, ropa, asistencia sanitaria y escolarización? ¿Crearía miles de plazas para ellos y asumiría su tutela hasta que alcanzaran la mayoría de edad?

Todo hace pensar que la respuesta sería muy diferente.

Marruecos dispone de mecanismos oficiales de protección de menores, pero eso no significa que tenga intención para proporcionar una atención comparable a la que España ofrece a los menores extranjeros no acompañados. Organismos internacionales como UNICEF llevan años señalando las carencias existentes en el sistema marroquí de protección infantil y la especial vulnerabilidad de los menores migrantes.

La realidad de muchos menores que viven en las calles marroquíes tampoco puede ignorarse. Existen niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, algunos de ellos viviendo en la calle, pidiendo limosna o expuestos a explotación y tráfico. Esto demuestra que disponer sobre el papel de mecanismos de protección no significa necesariamente disponer de intención ni recursos suficientes para atender a todos los menores que necesitan ayuda.

Y mientras tanto, Marruecos reclama a España la devolución de sus menores.

La reclamación puede presentarse ante la comunidad internacional como la actitud de un Estado preocupado por sus niños. Pero una cosa es reclamar públicamente el regreso de los menores y otra muy distinta demostrar que, cuando regresen, existirán recursos suficientes para garantizar su protección, alojamiento, educación y bienestar.

Ahí está una de las grandes contradicciones de esta situación.

Marruecos reclama a sus menores porque son marroquíes, pero España es quien tiene que hacerse cargo de ellos mientras permanecen en Ceuta. España debe buscar instalaciones, personal, alimentos, asistencia médica, educación y recursos económicos para atenderlos.

Y no hablamos solamente de los menores.

También existen miles de adultos que, después de entrar irregularmente en Ceuta, terminan siendo atendidos de una u otra manera por España mientras se resuelve su situación.

Una comparación que pone el problema en evidencia

La mejor manera de comprender la dimensión del problema es hacer el ejercicio contrario.

Imaginemos que miles de españoles de Ceuta entraran irregularmente en Marruecos.

Imaginemos que entre ellos hubiera familias enteras y miles de menores.

¿Aceptaría Marruecos que España dijera: «Como son menores, deben permanecer ahí, así que ustedes en Marruecos deben encargarse de alimentarlos, vestirlos, escolarizarlos y tutelarlos durante los próximos años»?

Difícilmente.

Lo más probable es que Marruecos exigiera su identificación y su devolución a España y que considerase que España debía hacerse responsable de sus propios ciudadanos.

Y probablemente nadie consideraría extraño ese planteamiento.

Entonces hay que hacerse otra pregunta: ¿por qué lo que parece lógico cuando se plantea en sentido inverso deja de parecerlo cuando la responsabilidad recae sobre España?

España es un país europeo con un sistema de protección social desarrollado y con obligaciones legales e internacionales respecto a los menores. Eso no significa, sin embargo, que tenga recursos ilimitados ni que deba asumir indefinidamente las consecuencias de las deficiencias de otros países.

El coste lo paga España

La atención de los menores extranjeros no acompañados no es gratuita.

Hay que proporcionarles alojamiento, comida, ropa, atención médica, educación, trabajadores sociales, psicólogos, seguridad y todo aquello que requiere la tutela de un menor. (Que es el cuento de donde se nutren las oenegés proinmigración ilegal, las mafias y los partidos políticos vendepatrias)

Cuando llegan cientos o miles de personas en un periodo muy corto, el problema adquiere una dimensión completamente diferente.

Ceuta tiene actualmente algo más de 83.000 habitantes en un territorio que apenas posee 18.5 km2.

• Cifra oficial a 1 de enero de 2025: 83.595 habitantes, según el padrón oficial publicado por el BOE.
• El INE había registrado 83.567 habitantes en su serie de población residente para esa misma fecha.
• Por tanto, para hablar de la población de Ceuta de forma redonda, podemos decir unos 83.600 habitantes.

Esto es importante para poner en contexto la situación que estamos comentando: una entrada de 72.000 personas supondría, en términos puramente numéricos, una cantidad equivalente a aproximadamente el 86 % de toda la población residente de Ceuta.

Ceuta, además, tiene unas características geográficas y demográficas muy particulares. No puede convertirse indefinidamente en un enorme centro de acogida para personas que proceden de otro país.

Y cuando la capacidad de Ceuta se desborda, el problema termina trasladándose al resto de España.

Comunidades autónomas, ayuntamientos y Administración central tienen que dedicar recursos económicos y humanos para atender una situación que, en su origen, está estrechamente relacionada con Marruecos.

¿Protección de menores o traslado de responsabilidades?

Nadie puede defender que un menor antes de cumplir 16 años sea abandonado a su suerte. Pero también se debe comprender que entre ellos los MENAs, jóvenes de 16 años no son menores sino jóvenes casi adultos.

Pero proteger a un menor no debería significar que su país de origen quede liberado de toda responsabilidad.

Si un menor marroquí o de otra nacionalidad llega a España, España debe protegerlo mientras permanezca bajo su jurisdicción. Pero eso no debería convertirse automáticamente en una obligación de mantenerlo durante años sin que Marruecos u otras naciones participen de manera efectiva en su recuperación, reintegración familiar y protección.

Y aquí es donde las palabras deben ir acompañadas de hechos.

Si Marruecos afirma que quiere recuperar a sus menores, debería demostrar que está dispuesto a colaborar de manera efectiva: identificación, documentación y localización de las familias.

Porque reclamar a los menores públicamente es relativamente sencillo.

Lo verdaderamente importante es hacerse cargo de ellos cuando regresan.

Un problema que España no puede solucionar sola

La cuestión  inmigratoria no puede reducirse a una discusión entre quienes quieren proteger a los inmigrantes y quienes quieren rechazarlos.

España puede y debe proteger a las personas vulnerables, pero también tiene derecho a exigir que los países de origen colaboren y asuman sus responsabilidades.

No puede aceptarse como normal que un país envíe —o permita que salgan— miles de personas hacia otro Estado y que, una vez allí, sea ese segundo país quien tenga que asumir prácticamente todos los costes humanos, sociales y económicos.

Y mucho menos cuando hablamos de menores.

La pregunta final es sencilla:

Si Marruecos considera que esos niños son sus ciudadanos y que deben regresar a su país, ¿está dispuesto a proporcionarles allí la protección, alojamiento, alimentación, educación y tutela que España está proporcionando mientras permanecen en Ceuta?

La respuesta a esa pregunta debería ser clara y pública.

Porque si un Estado reclama a sus menores, también debe estar preparado para hacerse cargo de ellos.

De lo contrario, existe el riesgo de que la responsabilidad termine siendo trasladada silenciosamente a otros países.

Y en este caso, uno de esos países es España.

Marruecos reclama a sus menores, pero España y la UE pagan la factura de protegerlos. Y esa situación no puede convertirse en una solución permanente.

Aviso: Resulta difícil entender que, pocos días después de la última invasión de Ceuta, alrededor de 65.000 marroquíes regresaran a Marruecos prácticamente de la noche a la mañana. Este hecho me lleva a plantearme si aquella entrada masiva pudo haber sido promovida o, al menos, organizada de alguna manera por Marruecos con algún objetivo político que desconozco.

Una posibilidad —y la planteo únicamente como hipótesis— es que Marruecos quisiera demostrar a España que tiene capacidad para provocar una entrada masiva en Ceuta y Melilla cuando lo considere oportuno, utilizando la presión migratoria como instrumento político.

También cabe preguntarse si, entre las decenas de miles de personas que entraron en Ceuta, pudo haber individuos-agentes-camuflados,  que actuaran siguiendo instrucciones de las autoridades marroquíes y que, llegado el momento, transmitieran la orden de regresar.

El hecho que llama especialmente la atención es que unos 65.000 regresaran a Marruecos, mientras que aproximadamente 7.000 permanecieron en Ceuta. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿por qué una cantidad tan extraordinariamente elevada de personas decidió regresar casi al mismo tiempo?

No afirmo que esta hipótesis sea cierta, porque no dispongo de pruebas que permitan demostrarla. Pero considero legítimo plantearla y preguntarse si aquella entrada masiva fue simplemente un fenómeno migratorio espontáneo o si pudo existir detrás algún tipo de estrategia política por parte de Marruecos.

No creo que los medios sociales tuvieran tanto poder como para en unos días mover tantas decenas de miles de gente, y menos creo que el Gobierno marroquí con toda la policía de frontera que posee no se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Nota final: Según han informado algunas autoridades ceutíes, todavía quedarían en Ceuta alrededor de 10.000 inmigrantes, de los cuales unos 2.500 serían menores extranjeros no acompañados (MENAs).

Por otra parte, en las próximas manifestaciones y concentraciones anunciadas para estos días se está utilizando el lema: «Apoyo a Ceuta porque mañana puede tocarle a Canarias».

Sin embargo, este eslogan no parece encajar del todo con la realidad de Canarias. ¿Por qué? Porque, en el caso de las islas, la presión migratoria no es algo que pueda ocurrir mañana: lleva sucediendo desde hace décadas.

Desde aproximadamente 1994 hasta la actualidad, cerca de 450.000 inmigrantes habrían llegado a Canarias de forma ilegal. Lo han hecho principalmente a bordo de pateras, zodiacs y cayucos, procedentes de África Occidental y del África Subsahariana, aunque también han llegado personas procedentes de otras zonas del mundo y de países de Centro y Sudamérica, utilizando igualmente otras vías de entrada, incluidos vuelos nacionales e internacionales.

Por eso, quizá sería más acertado decir: «Apoyo a Ceuta porque lo que está ocurriendo allí Canarias lleva sufriéndolo desde hace más de treinta años».

Canarias no tiene que esperar a que «mañana le toque». La presión migratoria ya lleva décadas tocando a sus puertas y poco han hecho las autoridades políticas para corregir este gran problema que nos satura todos los servicios sociales y la vivienda. Y nos exprime hasta la última gota económica.

Y tengan bien en cuenta: En lo dicho aquí no hay racismo sino la pura verdad que las oenegés proinmigración ilegal no quieren oír.

 

La inmigración ilegal no solo está perjudicando a Ceuta, también a toda España, y más a Canarias

 

La inmigración ilegal no solo está perjudicando a Ceuta, también a toda España, y más a Canarias

Por Bruno Perera

El próximo 2 de septiembre se han convocado concentraciones en numerosas ciudades españolas en apoyo a Ceuta, después de la gravísima crisis migratoria que sufrió la ciudad autónoma a finales de julio. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha llamado a los ayuntamientos a mostrar su solidaridad con los ceutíes bajo el lema “Ceuta no está sola. Ceuta es España. Lo que afecta a los ceutíes nos concierne a todos”. (FEMP)

En Lanzarote también se celebrará una concentración.

Y, naturalmente, Ceuta merece todo nuestro apoyo.

Pero hay algo que llama poderosamente la atención en el mensaje que se está difundiendo en Canarias: “Apoyo a Ceuta. Le ha tocado a Ceuta; mañana podría tocarle a Canarias”.

¿Mañana podría tocarle a Canarias?

No.

A Canarias ya le ha tocado. Y lleva tocándole más de treinta años.

Canarias no tiene que esperar a que llegue su turno

Canarias lleva décadas siendo una de las principales puertas de entrada de la inmigración ilegal procedente de África.

Según los datos recogidos en un estudio publicado este año, entre 1994 y 2025 llegaron por vía marítima a Canarias 270.218 inmigrantes en situación irregular.

Y hay un dato todavía más significativo: 142.539 llegaron solamente entre 2021 y 2025. Es decir, más de la mitad de todas las llegadas registradas en las tres últimas décadas se concentraron en apenas cinco años. (Europa Press)

Por tanto, cuando en Canarias se dice que “mañana podría tocarnos”, convendría recordar que Canarias lleva años soportando una presión migratoria extraordinaria.

No se trata de una posibilidad futura.

Es una realidad que las islas conocen desde hace décadas.

Ceuta y Canarias son dos caras del mismo problema

Lo ocurrido en Ceuta ha sido extraordinariamente grave.

El 30 de julio se produjo una entrada masiva desde Marruecos que las autoridades y medios internacionales han cifrado en más de 70.000 personas, aunque la cifra exacta ha sido objeto de diferentes estimaciones. Miles permanecen todavía en la ciudad y la situación ha provocado una fuerte tensión social. España ha tenido que solicitar incluso la colaboración de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea para acelerar la identificación y clasificación de las personas que permanecen allí. (Reuters)

En Ceuta se han producido además protestas de ciudadanos que reclaman soluciones y el desalojo de los asentamientos improvisados. La tensión llegó a episodios violentos, incluida la quema de un asentamiento. (El País)

Por eso nadie debería minimizar lo que está viviendo Ceuta.

Pero tampoco deberíamos caer en el error de pensar que la inmigración ilegal es un problema exclusivamente ceutí.

Es un problema español.

Y es también un problema europeo.

Y en España, Canarias ha soportado durante años una presión especialmente intensa.

¿Por qué parece que solo nos acordamos de Canarias cuando llegan pateras?

Esta es la pregunta que deberíamos hacernos en Lanzarote.

Cuando miles de personas aparecen de repente en Ceuta, toda España descubre la gravedad de una frontera sometida a una presión migratoria extraordinaria.

Pero cuando las pateras, las zodiacs , los cayucos  y los barcos  de pesca robados llegan a Canarias, más las pateras aviones, muchas veces el asunto desaparece de los titulares nacionales después de unos días.

Y mientras tanto, las islas tienen que afrontar las consecuencias.

Llegan inmigrantes que necesitan atención sanitaria, alimentación, alojamiento, asistencia jurídica y protección.

Y existe además el problema particularmente delicado de los MENAS, menores extranjeros no acompañados, cuya atención recae en gran medida sobre las comunidades autónomas.

Canarias ha tenido que asumir durante años una responsabilidad que, por su magnitud, difícilmente puede considerarse exclusivamente canaria.

El problema no termina cuando una persona llega a España

Aquí existe otro aspecto que conviene discutir con serenidad.

Una política migratoria no puede limitarse a rescatar o atender a quienes llegan después de haber conseguido atravesar una frontera.

También debe existir una política eficaz de control fronterizo, identificación, devolución cuando legalmente corresponda y lucha contra las redes que organizan el tráfico de personas.

En el caso de Ceuta, el Gobierno español está intentando ahora acelerar precisamente ese proceso con ayuda europea. Se ha solicitado la incorporación de agentes adicionales de Frontex y apoyo de Europol y de la Agencia de Asilo de la UE. (ElHuffPost)

Pero la pregunta que debemos hacernos es muy sencilla:

¿Por qué no hemos tenido durante todos estos años una respuesta europea de una dimensión semejante para Canarias?

Canarias también es frontera exterior de España.

Y, por tanto, también es frontera exterior de la Unión Europea.

Apoyar a Ceuta no significa olvidarse de Canarias

Los lanzaroteños que acudan el 2 de septiembre a apoyar a Ceuta deberían poder hacerlo con toda legitimidad.

Ceuta es España.

Lo que ocurre allí nos afecta a todos.

Pero precisamente por eso sería perfectamente razonable que desde Lanzarote se lanzara también otro mensaje:

Canarias también necesita apoyo.

No tiene sentido enfrentar a Ceuta con Canarias, como tampoco tendría sentido enfrentar a Canarias con Ceuta.

Ambas son territorios españoles que se encuentran en primera línea de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Y ambos necesitan que el Estado y Europa les proporcionen medios suficientes para controlar sus fronteras y gestionar adecuadamente la inmigración.

Canarias no quiere privilegios; quiere que no se olvide su realidad

Canarias no está pidiendo un trato especial.

Está pidiendo que se reconozca una realidad que lleva décadas padeciendo.

Porque cuando se acumulan decenas de miles de llegadas en pocos años, el problema deja de ser exclusivamente humanitario.

También afecta a la seguridad, los servicios públicos, la vivienda, la sanidad, la educación, los servicios sociales y la capacidad de acogida.

Y afecta especialmente a unas islas que, por su propia condición geográfica, tienen unas posibilidades limitadas para absorber indefinidamente una presión migratoria de semejante magnitud.

Por eso resulta extraño escuchar:

“Mañana podría tocarle a Canarias”.

La respuesta desde Canarias debería ser:

“No hace falta esperar a mañana. A Canarias ya le ha tocado.”

Y hay que hablar también de Marruecos

La cuestión no puede analizarse únicamente desde el lado español.

Marruecos es un elemento fundamental en cualquier solución.

Lo ocurrido en Ceuta demuestra hasta qué punto el control de la frontera marroquí puede tener consecuencias inmediatas sobre España.

España necesita cooperación con Marruecos, pero esa cooperación debe traducirse en resultados concretos: control efectivo de las fronteras, lucha contra las mafias que trafican con personas y cumplimiento de los acuerdos de readmisión cuando sean aplicables.

Y, al mismo tiempo, España debe mantener una posición clara respecto a Ceuta y Melilla.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado recientemente que la soberanía de ambas ciudades no es objeto de negociación con Marruecos.

Esa posición debería quedar completamente clara.

La solidaridad debe ser para todos

El 2 de septiembre se podrá decir:

“Ceuta no está sola”.

Estoy de acuerdo.

Pero desde Canarias deberíamos añadir:

“Canarias tampoco”.

Porque los españoles de Ceuta no son más españoles que los canarios.

Ni los canarios somos más españoles que los ceutíes.

Somos ciudadanos de un mismo país y vivimos en territorios que, además, forman parte de la frontera exterior de la Unión Europea.

Por eso, si la concentración del 2 de septiembre pretende ser realmente un acto de solidaridad nacional, debería servir para algo más que para recordar la tragedia de Ceuta.

Debería servir para recordar que España tiene un problema migratorio que afecta a todo el territorio nacional y que Canarias lleva soportando una parte especialmente importante de ese problema desde hace más de treinta años.

Ceuta necesita ayuda.

Canarias también.

Ceuta necesita seguridad.

Canarias también.

Ceuta necesita que España y Europa no la abandonen.

Canarias tampoco puede ser abandonada.

Y quizá el mensaje que deberíamos llevar desde Lanzarote a la concentración del 2 de septiembre sea precisamente este:

“Apoyo a Ceuta. Pero no olvidemos que Canarias lleva más de treinta años en primera línea.”

Porque la inmigración ilegal no solo está perjudicando a Ceuta: está afectando a toda España, y especialmente a Canarias.