En toda España: Fraudes y vacíos legales en el sistema de
acogida de menores no acompañados (MENAs)
Por Bruno Perera.
Hace
años que vengo denunciando lo siguiente, y ayer, 11/11/2025, en un programa
nocturno, la televisión española La Cuatro denunció lo mismo.
En
España, el sistema de protección a los menores extranjeros no acompañados
(MENAs) nació con una intención noble: ofrecer amparo a jóvenes migrantes que
llegan solos, sin familia ni medios de subsistencia. Pero en los últimos años
han surgido casos y denuncias que muestran cómo algunas familias procedentes
del norte de África se aprovechan de los vacíos legales y de la falta de
control administrativo para obtener beneficios indebidos.
En
comunidades como Canarias, donde el flujo migratorio es constante y la red de
acogida está desbordada, se han detectado situaciones en las que familias
residentes en España o en el extranjero habrían simulado la condición de
desamparo de algunos de sus hijos menores. En estos casos, los jóvenes ingresan
en centros de acogida como si no tuvieran padres ni tutores, cuando en realidad
mantienen vínculos familiares cercanos.
Fuentes
policiales y testimonios directos de trabajadores sociales describen cómo, tras
un tiempo en los centros, los supuestos menores no acompañados reciben visitas
de familiares que se presentan como “amigos” o “parientes lejanos”. Una vez
alcanzan la mayoría de edad, los lazos familiares se hacen públicos, y muchos
pasan a convivir con sus progenitores residentes en Canarias o a solicitar
reagrupación familiar. El resultado es que el Estado ha asumido durante años su
manutención, educación y regularización legal, mientras los verdaderos tutores
se mantenían al margen.
El
problema radica en la debilidad del sistema de verificación. Los servicios
sociales y las fiscalías de menores no siempre disponen de medios suficientes
para comprobar si un adolescente tiene padres o tutores en España. Las pruebas
de ADN o las investigaciones familiares resultan costosas y lentas, y en la
práctica se prioriza la atención humanitaria sobre la comprobación del origen.
A
ello se suma que diversas fuentes críticas han denunciado un posible conflicto
de intereses en la gestión de los centros de acogida. Algunas organizaciones “oenegés”
reciben subvenciones públicas por cada menor tutelado —una media de 150 euros
diarios—, y varios analistas apuntan a que la falta de transparencia en la
fiscalización de esos fondos contribuye a mantener un sistema que necesita una
revisión urgente.
Cuando
se detectan irregularidades, las consecuencias suelen ser mínimas. La Fiscalía,
en la mayoría de los casos, se limita a investigar posibles fraudes económicos
o a imponer sanciones administrativas, sin abordar la raíz del problema: la
manipulación deliberada de un sistema diseñado para proteger a quienes
realmente lo necesitan.
Los acuerdos con Marruecos y la resistencia a las
devoluciones
En los últimos años, España y Marruecos han suscrito varios acuerdos de
cooperación para facilitar la repatriación de menores marroquíes no
acompañados, con la promesa de que serían atendidos por las autoridades y sus
familias en origen. Sin embargo, las devoluciones no se han ejecutado.
Según
fuentes diplomáticas y medios nacionales, Rabat se ha mostrado dispuesto a
aceptar el retorno de los menores identificados como marroquíes, pero el
Gobierno español ha optado por mantenerlos en centros de acogida. Diversos
analistas apuntan que la negativa a la devolución de MENAs está basada en que
las oenegés que controlan los centros de MENAs hacen todo lo posible para que
los MENAs no sean devueltos, porque para estas oenegés la deportación a sus
países de origen representa la pérdida de grandes subvenciones para dichas
oenegés. ( Si hacen cuentas comprobarán que es más caro mantener a
un MENA que mandar a un joven español a estudiar una carrera en los EEUU o en
cualquier país de la UE).
Aclaración: A
los MENAs que son abandonados por sus padres en España para que el sistema
social y político los recoja y los tutele como MENAs, se les llama MENAs”Erasmus”. Se toma la
palabra “Erasmus” del famoso programa europeo de intercambio
universitario que permite a los jóvenes estudiar en otro país
de la UE con ayuda económica.
Así, cuando se dice “MENA-Erasmus”, se está comparando de
forma sarcástica la situación de algunos menores inmigrantes no
acompañados con la de los estudiantes del programa Erasmus.
El
debate sobre la gestión de los fondos públicos destinados a la tutela de MENAs
también ha cobrado relevancia. Varias organizaciones y auditorías han pedido
mayor transparencia en el uso de los recursos, ya que el coste medio por menor
acogido supera los 150 euros diarios. Sin embargo, la información sobre el
destino final de estos fondos y la eficacia de los programas sigue siendo
limitada y poco fiscalizada.
Expertos
en políticas migratorias insisten en que estas disfunciones erosionan la
credibilidad pública del sistema de acogida y perjudican a los menores que sí
carecen de toda red familiar. Reformar el sistema de MENAs exige más
coordinación entre la Fiscalía, los servicios sociales y las fuerzas de
seguridad, además de herramientas digitales que permitan verificar con rapidez
el historial familiar de los jóvenes acogidos. La transparencia y el control
son indispensables para garantizar que la solidaridad española no se convierta,
por desidia o burocracia, en un instrumento de abuso.
Nota: Solo en Canarias, el gasto anual destinado
al mantenimiento de los MENAs y de los inmigrantes adultos en situación ilegal
ronda los 500 millones de euros. Una cantidad enorme que se diluye entre
tutela, centros de acogida y servicios sociales. A ello se suman cerca de 1.000
millones de euros en subvenciones que el Gobierno español y la Unión Europea
conceden cada año a países africanos como Marruecos, Mauritania, Senegal y
Gambia, con el objetivo de que controlen sus costas y frenen la salida de
embarcaciones. No obstante, todos sabemos que ese compromiso únicamente se
medio cumple cuando les conviene, dependiendo de las ayudas económicas que
reciban. Y aún hay más: los gastos adicionales en vigilancia marítima —tanto en
la SAR canaria como en aguas africanas— probablemente superan todas las cifras
anteriores. En ellos se incluyen los costes de mantenimiento de la Guardia
Civil del Mar y de las operaciones conjuntas de Frontex con España y gendarmes
africanos en diferentes zonas de la costa de África.
Fuentes
1.
Defensor
del Pueblo (2024): Informe anual sobre la situación de los menores extranjeros
no acompañados en España.
2.
Fiscalía
General del Estado: Memoria 2023 sobre menores y extranjería.
3.
CEAR
(Comisión Española de Ayuda al Refugiado): Retos del sistema de acogida y
protección a menores migrantes.
4.
Gobierno
de Canarias, Dirección General de Infancia: Datos sobre acogimiento y tutela de
menores 2022–2024.
5.
Ministerio
del Interior de España (2023–2024): Acuerdos de cooperación en materia de
repatriación de menores con Marruecos.
6.
El
País, ABC, RTVC y Canarias7: Cobertura sobre los acuerdos de devolución y la
gestión de centros de acogida.
Aviso: El
vídeo emitido anoche en el programa de televisión La Cuatro, sobre jóvenes africanos
abandonados por sus padres, aún no está disponible en YouTube. Mientras tanto,
pueden ver este otro vídeo que aborda y explica el mismo tema.
https://www.youtube.com/watch?v=LYtjsUhxL4Q
Este artículo ha sido enviado a la señora Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
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Apostilla de última hora:
El coste desorbitado de la tutela de un MENA en comparación con la
educación privada
Si se analizan
las cifras con un mínimo de sentido común, se llega a una conclusión tan simple
como preocupante: a España le cuesta más tutelar a un MENA que enviar a un
joven nacional a estudiar a una universidad extranjera.
Para ponerlo
en perspectiva, la tutela pública de un menor extranjero ( MENA) ronda los 4.500
euros mensuales, entre manutención, alojamiento, asistencia médica,
educación y personal especializado. En cambio, una familia española que envía a
su hijo a estudiar a una universidad en Suiza o Estados Unidos gasta
aproximadamente 2.500 euros al mes con todo incluido.
En otras
palabras, el Estado gasta casi el doble en cada menor ( MENA) tutelado que
lo que muchas familias españolas pueden invertir en formar a sus propios hijos.
Una realidad que, por sí sola, debería obligar a replantear la gestión del
sistema y el destino de los recursos públicos.
España tiene
la obligación moral y legal de proteger a los menores realmente desamparados
que se encuentren en su territorio, pero esa protección debe centrarse en
los hijos de españoles o de ciudadanos legalmente nacionalizados. No puede
ni debe asumir los problemas estructurales de África, que deben ser afrontados
y resueltos por cada país dentro de sus propias fronteras.
La solidaridad
internacional debe existir, sin duda, pero bajo fórmulas ordenadas,
responsables y verificables, no mediante llegadas masivas e ilegales
que se presentan a menudo con relatos falsos y manipulados y que
terminan convirtiendo la ayuda humanitaria en un negocio de tutelas y
subvenciones.
Contacto: brunopereragarcia5@gmail.com
Tel: 0034 623 500 818
