.png)
Una ayuda jurídica para que la Fiscalía de Canarias y
la del Estado puedan juzgar y penar los delitos que se cometen a bordo de
embarcaciones sin bandera
Por Bruno
Perera
Introducción: cuando el mar se convierte en un espacio
de impunidad judicial
Hace unas
semanas la Fiscalía Superior de Canarias expuso a través de medios de comunicación
un problema jurídico que merece una atención especial por parte de las
autoridades españolas y de los organismos internacionales: la dificultad para
perseguir penalmente determinados delitos graves, como asesinatos, homicidios,
violaciones y agresiones sexuales, cuando se cometen a bordo de pateras, zodiacs
y cayucos u otras embarcaciones que carecen de nacionalidad reconocida y se
encuentran fuera de las aguas territoriales canarias-españolas.
Ver noticia
publicada por la Fiscalía sobre la petición de un cambio de ley para perseguir
delitos graves que se cometan a bordo de pateras, zodiacs y cayucos que se
hallen sin bandera y fuera de las 12 millas náuticas de aguas territoriales
canarias: https://www.moncloa.com/2026/09/26/fiscalia-canarias-reforma-legal-pateras-3438234/
Se trata de delitos
graves que se han producido y que pueden seguir produciéndose durante las travesías
migratorias hacia Canarias y que plantean una pregunta de enorme trascendencia
jurídica:
¿Cómo es
posible que una persona pueda cometer un asesinato o una violación en la ZEE de
otra nación a bordo de una embarcación sin bandera, navegar después hasta
territorio canario-español , o ser rescatada por la Guardia Civil del Mar en
alta mar, y, al llegar a tierra, las autoridades españolas se encuentren con que no pueden juzgarla por
esos delitos en España porque el crimen fue cometido fuera de las 12 millas náuticas
de aguas territoriales de Canarias?
Considero que
este problema merece una solución legislativa y, si fuera necesario, una
iniciativa internacional ante Naciones Unidas.
Mi intención
con este artículo es aportar algunas consideraciones jurídicas que puedan
servir de ayuda a la Fiscalía de Canarias en la búsqueda de una solución.
1. Las 12 millas marítimas de aguas territoriales que
posee Canarias no representan el límite de toda jurisdicción penal española
Para comenzar,
debemos distinguir entre soberanía territorial y jurisdicción penal.
De acuerdo con
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), el
mar territorial puede extenderse hasta un máximo de 12 millas náuticas desde las
líneas de base.
Dentro de ese
espacio, España ejerce soberanía, con las limitaciones establecidas por el
Derecho internacional.
Más allá de
esas 12 millas, en este caso, pueden encontrarse aguas internacionales o zonas
económicas exclusivas de otros Estados africanos.
Sin embargo,
que España no tenga soberanía territorial sobre esas aguas no significa que
carezca de toda posibilidad de ejercer jurisdicción penal sobre delitos
cometidos fuera de su territorio.
El propio
ordenamiento español contempla determinados supuestos de jurisdicción
extraterritorial.
El artículo 23
de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece las condiciones bajo las cuales
los tribunales españoles pueden conocer de delitos cometidos fuera de España.
El problema
está en que esas condiciones no permiten perseguir automáticamente cualquier
asesinato, homicidio o violación cometido a bordo de una embarcación extranjera
o sin nacionalidad.
Por ejemplo,
el apartado 4, letra l), contempla determinados delitos comprendidos en el
Convenio de Estambul sobre violencia contra las mujeres y violencia doméstica,
pero establece requisitos específicos relacionados con la nacionalidad o
residencia de las personas implicadas y la presencia del investigado en España.
Ver convenio
de Estambul: https://www.juventudeinfancia.gob.es/sites/default/files/violencia/Convenio%20de%20Estambul%20info.pdf
Por tanto,
pueden producirse situaciones en las que una víctima extranjera y un presunto
agresor extranjero lleguen a Canarias después de que se haya cometido un delito
grave en alta mar, sin que exista un título de jurisdicción española
suficientemente claro para juzgarlo.
Esta es una
dificultad que merece una solución.
2. Las embarcaciones sin bandera y el derecho
internacional
La CONVEMAR
establece en su artículo 92 que, como regla general, los buques en alta mar
están sometidos a la jurisdicción exclusiva del Estado cuyo pabellón enarbolan.
Pero ¿qué
sucede cuando una embarcación no tiene bandera, matrícula ni nacionalidad
reconocida?
El artículo
110 de la misma Convención contempla el derecho de visita de los buques de
guerra cuando existen motivos fundados para sospechar que una embarcación
carece de nacionalidad.
Esto permite
comprobar su situación jurídica y determinar si realmente se trata de una
embarcación sin nacionalidad.
Es importante
señalar que el derecho de visita no concede automáticamente a cualquier Estado
competencia para juzgar todos los delitos cometidos a bordo. El abordaje y la
jurisdicción penal son cuestiones diferentes.
Precisamente
por ello considero necesario establecer una regulación internacional más
completa.
Si una
embarcación carece de nacionalidad reconocida, no debería producirse un vacío
jurídico que impida investigar delitos tan graves como un asesinato, una
violación o una agresión sexual.
La ausencia de
bandera no puede convertirse en una protección para los delincuentes.
3. Una comparación con la lucha internacional contra
el narcotráfico
Existe un
precedente que merece ser considerado.
La Convención
de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas, de 1988, establece en su artículo 17 mecanismos de cooperación
internacional para combatir el narcotráfico por vía marítima.
En
determinadas circunstancias, permite solicitar asistencia e intervenir sobre
embarcaciones que carecen de bandera o matrícula.
Cuando la embarcación
pertenece a otro Estado, se establecen procedimientos de notificación y
autorización al Estado del pabellón.
Es decir, la
comunidad internacional ha desarrollado mecanismos específicos para evitar que
el mar se convierta en un espacio libre para determinadas actividades
delictivas.
También existe
el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la
Navegación Marítima, de 1988, conocido como Convenio SUA, que establece
obligaciones de jurisdicción, cooperación y enjuiciamiento para determinados
delitos cometidos contra buques o a bordo de ellos.
Ver Convenio
SUA de 1988: https://www.imo.org/es/about/conventions/pages/sua-treaties.aspx
Estos
instrumentos demuestran que los Estados pueden establecer mediante tratados
internacionales mecanismos de intervención y cooperación penal que superen las
dificultades derivadas de la localización marítima de determinados delitos.
¿Por qué no
desarrollar un instrumento semejante para determinados delitos graves cometidos
a bordo de embarcaciones sin nacionalidad?
No se trata de
afirmar que las normas contra el narcotráfico permitan actualmente detener y
juzgar automáticamente a cualquier persona por un asesinato cometido en una
patera. No es así.
Se trata de
aprovechar la experiencia de esos instrumentos internacionales para crear una
regulación específica que cubra una laguna jurídica diferente.
4. La ZEE de otro Estado no debe convertirse en un
obstáculo para investigar delitos graves
Otra cuestión
importante es la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
Una ZEE puede
extenderse hasta 200 millas náuticas desde las líneas de base, pero no constituye
territorio soberano del Estado ribereño.
El artículo 56
de la CONVEMAR reconoce al Estado ribereño derechos soberanos sobre los
recursos naturales y determinadas competencias en esa zona.
El artículo
58, por su parte, reconoce a los demás Estados libertades de navegación y otros
usos legítimos del mar.
Por tanto, si
una patera sin bandera se encuentra navegando dentro de la ZEE de Marruecos,
Mauritania, Cabo Verde o cualquier otro Estado, no significa que ese Estado
tenga automáticamente soberanía territorial sobre la embarcación ni
jurisdicción penal exclusiva sobre todos los delitos que se cometan a bordo.
Naturalmente,
deben respetarse los derechos del Estado ribereño y las normas internacionales
que regulan las intervenciones marítimas.
Pero tampoco
debería interpretarse que la ubicación de una embarcación sin nacionalidad
dentro de la ZEE de un tercer Estado impide establecer, mediante un tratado
internacional, competencias penales para investigar determinados delitos
graves.
La finalidad
no sería apropiarse de las competencias marítimas de otros países, sino evitar
que los responsables de delitos graves queden sin juzgar por un conflicto de
jurisdicciones.
5. Una propuesta: crear un convenio internacional
específico
Considero que
España, a través de sus instituciones judiciales y diplomáticas, podría
impulsar ante Naciones Unidas una iniciativa para elaborar un instrumento
internacional destinado a regular la persecución de delitos graves cometidos a
bordo de embarcaciones sin nacionalidad.
Podría
denominarse:
Convenio
Internacional para la Prevención y Persecución de Delitos Graves Cometidos a
Bordo de Embarcaciones sin Nacionalidad.
Su contenido
podría establecer los siguientes principios:
Primero. Que los asesinatos, homicidios, violaciones,
agresiones sexuales, torturas y otros delitos graves cometidos a bordo de
embarcaciones sin nacionalidad reconocida puedan ser investigados y perseguidos
penalmente por los Estados que tengan una conexión jurisdiccional reconocida
con el caso.
Segundo. Que se establezcan mecanismos legales para que
un Estado pueda abordar e inspeccionar una embarcación sin nacionalidad cuando
existan indicios razonables de la comisión de delitos graves, respetando las
normas internacionales sobre intervención marítima y salvamento.
Tercero. Que el Estado que efectúe legalmente la
intervención y tenga bajo su custodia a los presuntos responsables pueda asumir
la investigación y el enjuiciamiento cuando se cumplan las condiciones
establecidas en el convenio.
Cuarto. Que la nacionalidad extranjera de la víctima o
del presunto autor no constituya por sí sola un impedimento para la cooperación
judicial.
Quinto. Que se establezca un mecanismo para determinar
qué Estado debe investigar y juzgar cuando concurran varias jurisdicciones,
evitando duplicidades y garantizando que ningún caso quede sin una autoridad
competente.
Sexto. Que se protejan los derechos de las víctimas,
los testigos y las personas investigadas, garantizando el debido proceso, la
presunción de inocencia y el derecho de defensa.
Séptimo. Que las disposiciones del convenio sean
compatibles con la CONVEMAR y respeten los derechos soberanos y las
competencias de los Estados ribereños en sus respectivas zonas económicas
exclusivas.
6. ¿Por qué Canarias debería impulsar esta iniciativa?
Canarias ocupa
una posición geográfica especialmente sensible en las rutas marítimas
migratorias del Atlántico.
Las
embarcaciones que se dirigen hacia el archipiélago pueden atravesar aguas
internacionales y zonas económicas exclusivas pertenecientes a distintos
Estados antes de alcanzar las costas canarias.
Durante esas
travesías pueden producirse fallecimientos, homicidios, agresiones, violaciones
y otros delitos que requieren investigación judicial.
Cuando una
embarcación llega a Canarias y las autoridades españolas tienen conocimiento de
que se ha cometido un delito grave durante el viaje, resulta razonable que se
investiguen los hechos, se identifique a las víctimas y a los posibles
responsables y se determine qué Estado tiene competencia para juzgarlos.
No parece
razonable que la ausencia de una bandera, la nacionalidad extranjera de los
implicados o la localización del delito fuera de las 12 millas territoriales
españolas puedan convertirse, por sí solas, en circunstancias que favorezcan la
impunidad.
Tampoco se
pretende que España pueda imponer unilateralmente su jurisdicción a otros
Estados.
Lo que se
propone es que exista un acuerdo internacional que permita actuar conforme a
unas reglas comunes, conocidas y aceptadas por los países firmantes.
7. Una petición a la Fiscalía Superior de Canarias
Por todo lo
expuesto, considero que la Fiscalía Superior de Canarias podría desempeñar un
papel importante en la promoción de esta iniciativa.
No solamente
denunciando las dificultades que actualmente se encuentran los fiscales para
perseguir determinados delitos cometidos durante las travesías migratorias,
sino también trasladando a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de
Justicia una propuesta concreta de reforma.
En primer
lugar, podría estudiarse una modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial para ampliar, dentro de los límites del Derecho
internacional, los supuestos de jurisdicción española sobre delitos graves
cometidos a bordo de embarcaciones sin nacionalidad que lleguen a territorio
español.
En segundo
lugar, podría solicitarse al Gobierno español que estudiase la posibilidad de
promover un convenio internacional específico ante Naciones Unidas, en
coordinación con la Organización Marítima Internacional y los organismos
competentes en materia de cooperación judicial penal.
La reforma
nacional podría solucionar determinados casos sin necesidad de esperar a un
nuevo tratado internacional, mientras que el convenio permitiría establecer una
solución compartida por otros países.
Conclusión: el mar no puede ser un territorio de
impunidad penal
El Derecho
internacional debe evolucionar al mismo ritmo que las circunstancias que
pretende regular.
Las
embarcaciones sin nacionalidad reconocida plantean problemas que no siempre encuentran
una respuesta suficiente en los instrumentos jurídicos actuales.
Una persona
que comete un asesinato o una violación a bordo de una embarcación no debería
encontrar en la ausencia de bandera un mecanismo para escapar de la justicia.
No se trata de
ampliar arbitrariamente la soberanía de España, ni de desconocer los derechos
de Marruecos, Mauritania o cualquier otro Estado sobre sus espacios marítimos.
Se trata de
establecer una competencia penal internacional clara, respetuosa con la
soberanía de los Estados y con los derechos humanos, que permita investigar y
juzgar delitos graves cuando sus responsables sean localizados en una
embarcación sin nacionalidad.
La lucha
contra el narcotráfico marítimo demuestra que la comunidad internacional puede
establecer mecanismos de cooperación y actuación para perseguir actividades
delictivas en el mar.
Ahora hace
falta avanzar en la misma dirección para proteger a las personas que sufren
asesinatos, violaciones y agresiones durante las travesías marítimas.
El mar no
puede convertirse en un territorio de impunidad penal por el simple hecho de
que una embarcación carezca de bandera.
La justicia no
debería detenerse a las 12 millas de la costa cuando existen víctimas y delitos
graves que necesitan una respuesta judicial.
Referencias jurídicas para consulta
1.
Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, especialmente artículos 56, 58,
91, 92 y 110.
2.
Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo 23.
3.
Convención de
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas, de 1988, artículo 17.
4.
Convenio para
la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima,
de 1988, especialmente artículos 3, 6, 9 y 10.
5.
Convenio del
Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las
Mujeres y la Violencia Doméstica, de 2011.
Fuentes oficiales para acompañar el envío
- Artículo
23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Convención
de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (BOE).
- Convención
contra el tráfico ilícito de estupefacientes (BOE).
- Convenio
SUA de 1988 (BOE).
