Invertir en
MENAS es hundir recursos públicos mientras se abandona a las familias españolas
Por Bruno Perera
Cuando se habla de la baja natalidad en España,
se repite el discurso oficial como si fuera un fenómeno inevitable, cuando en
realidad es el resultado directo de decisiones políticas concretas.
Las familias españolas de clase media y
trabajadora están cada vez más asfixiadas económicamente. Tener hijos se ha
convertido en un lujo, no en una opción natural de vida. Sin embargo, al mismo
tiempo, el Estado mantiene un sistema de gasto elevado en la acogida de menores
extranjeros no acompañados (MENAS), con cifras que en distintas estimaciones
autonómicas se sitúan en unos 3.500 y
4.500 euros mensuales por menor, dependiendo del recurso de acogida. Ese dinero
que el Estado despilfarra en una media de 3 años de cobijo de cada MENA
representa un gasto de 126 mil euros en tres años que si se donara a familias
nacionales sería suficiente para que cada una se interesaran en tener más hijos
y así la etnia española no se extinga al mínimo en unas decenas de años.
A ello se suma el enorme volumen de recursos que
España, junto con la Unión Europea, destina a la gestión de la inmigración
irregular: control de fronteras, centros de acogida, dispositivos de
emergencia, cooperación internacional y ayudas a países de origen o tránsito,
en especial en África, como parte de programas de contención migratoria.
Si se acumulan estas partidas durante los últimos
30 años, incluyendo acogida, gestión administrativa, políticas migratorias y
cooperación exterior vinculada a la inmigración, se habla de una cifra global
que en estimaciones críticas podría superar los 30 mil millones de euros.
Con ese volumen de recursos se podría haber
impulsado una política de vivienda pública de gran escala. Por ejemplo, la
construcción de alrededor de 300.000 viviendas a un coste medio de
100.000 euros por unidad, especialmente si el Estado aportara suelo público,
licencias, planificación urbanística y parte de la ingeniería administrativa.
Esto no es una cifra al azar: es una forma de
ilustrar la magnitud del coste de oportunidad de unas políticas que han
priorizado la gestión reactiva de la inmigración ilegal frente a la inversión
estructural en vivienda y natalidad.
El resultado es una contradicción evidente.
Mientras se insiste en la necesidad de fomentar la natalidad y mejorar el
acceso a la vivienda, no se aplican políticas de gran impacto para las familias
jóvenes españolas, que siguen siendo las principales perjudicadas por la
precariedad económica y el encarecimiento del mercado inmobiliario.
No se trata de negar la solidaridad, sino de exigir
prioridades claras. Un Estado que no protege primero la estabilidad de sus
propias familias está construyendo un futuro frágil, dependiente y sin base
demográfica sólida.
El debate no puede seguir siendo tabú. España
necesita decidir si quiere seguir expandiendo un modelo de gasto reactivo o si,
por fin, apuesta por una estrategia centrada en su propia supervivencia
demográfica y social.








