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viernes, 9 de octubre de 2026

¿Es Dios = Cosmo-Poder esclavo eterno de la humanidad?

 


¿Es Dios = Cosmo-Poder esclavo eterno de la humanidad?

Por Bruno Perera

La paradoja de un Dios que no puede dejar de existir y al que los seres humanos exigimos protección eterna

¿Y si Dios existiera realmente, fuera eterno, tuviera un poder ilimitado y, sin embargo, no pudiera dejar de existir? ¿Podría considerarse absolutamente libre un ser que no tiene la posibilidad de poner fin a su propia existencia? Y si los seres humanos deseamos que ese Dios permanezca eternamente para protegernos, ayudarnos y concedernos aquello que necesitamos, ¿no estaríamos reclamando que el poder universal se encuentre perpetuamente a nuestro servicio?

Estas preguntas constituyen el punto de partida de una reflexión filosófica que cuestiona algunas de las ideas más arraigadas sobre la divinidad, la eternidad y la relación entre el ser humano y el universo.

Para desarrollar este planteamiento, utilizaré la expresión Cosmo-Poder como una denominación filosófica hipotética de Dios, entendido como el poder supremo que, según determinadas concepciones religiosas, habría dado origen al universo, lo gobernaría o constituiría su fundamento último. No pretendo afirmar científicamente que Dios exista ni que sea idéntico al cosmos, sino examinar las consecuencias lógicas de atribuirle una existencia eterna y un poder absoluto.

1. Si Dios es eterno, ¿puede elegir dejar de existir?

Las religiones que defienden la existencia de un Dios eterno suelen atribuirle cualidades extraordinarias: no habría tenido principio, no tendría final, conocería todas las cosas y dispondría de un poder superior al de cualquier criatura.

Pero al aceptar estas características aparece una pregunta que no siempre recibe suficiente atención: si Dios no puede dejar de existir, ¿es realmente libre en todos los sentidos?

Pensemos en un ser que nunca ha comenzado a existir y que jamás podrá dejar de hacerlo. No habría tenido la posibilidad de elegir entre existir o no existir, porque su existencia sería necesaria y perpetua.

Desde nuestra perspectiva humana, la libertad suele relacionarse con la posibilidad de elegir entre distintas alternativas. Podemos tomar decisiones, modificar nuestro comportamiento y, dentro de ciertos límites, cambiar el rumbo de nuestra vida. Sin embargo, no podemos elegir todas las condiciones fundamentales de nuestra existencia.

Entonces, ¿qué ocurriría con un ser que tuviera un poder extraordinario sobre todo cuanto existe, pero que no pudiera actuar sobre su propia existencia?

Podría crear galaxias, establecer leyes naturales, transformar la materia o dar origen a innumerables mundos. Sin embargo, si su eternidad fuera una condición inalterable, no podría escoger la alternativa de dejar de existir.

¿Sería, por tanto, un ser absolutamente libre o estaría sometido a la obligación de existir para siempre?

Aquí nace la paradoja: un ser que supuestamente no tiene límites podría encontrarse ante una condición que no puede modificar, precisamente la condición que hace posible su propia existencia.

2. ¿Puede un ser eterno ser esclavo de su propia naturaleza?

La palabra esclavitud suele asociarse con la dominación de un individuo por otro, con la pérdida de autonomía y con la imposibilidad de escapar de una situación impuesta.

Sin embargo, podemos plantearnos una cuestión más amplia: ¿podría existir una forma de sometimiento derivada de una condición de la que un ser no pudiera liberarse?

Imaginemos que el Cosmo-Poder existiera necesariamente, sin principio ni final, y que careciera de la posibilidad de dejar de ser.

En ese supuesto, su existencia no dependería de una decisión que pudiera tomar libremente. Estaría determinada por una necesidad absoluta.

¿Sería correcto llamarlo esclavo?

La respuesta depende de lo que entendamos por esclavitud. Si exigimos que exista un amo que imponga su voluntad, no podríamos aplicar el concepto directamente a un Dios que no estuviera sometido a ninguna voluntad exterior. Pero si nos referimos, en sentido filosófico y figurado, a la imposibilidad de escapar de una condición inevitable, la comparación adquiere interés.

El Cosmo-Poder sería, en esa hipótesis, prisionero de su propia necesidad de existir.

Ahora bien, existe una objeción importante: no poder dejar de existir no significa necesariamente sufrir ni sentirse esclavizado. Un ser eterno podría no experimentar su existencia como una obligación, sino como algo inseparable de su propia naturaleza.

Por tanto, no podemos afirmar que Dios sea un esclavo en el sentido habitual de la palabra. Lo que sí podemos cuestionar es si la existencia necesaria resulta compatible con todas las interpretaciones posibles de la libertad absoluta.

La pregunta sigue abierta: ¿puede considerarse plenamente libre un ser que no puede elegir su propia inexistencia?

3. ¿Qué significa realmente ser eterno?

Para comprender mejor el problema, debemos distinguir entre dos ideas de eternidad.

La primera consiste en existir durante un tiempo interminable. En ese caso, el ser eterno atravesaría una sucesión infinita de momentos: ayer, hoy, mañana y todos los días que pudieran imaginarse, sin llegar nunca a un final.

Si Dios viviera de esa manera, cabría preguntarse si estaría obligado a continuar existiendo durante una duración que nunca terminaría.

La segunda idea sostiene que la eternidad divina no es una duración infinita, sino una forma de existencia ajena a nuestra experiencia del tiempo.

El filósofo Boecio desarrolló una concepción de la eternidad como posesión simultánea y completa de una vida interminable. Tomás de Aquino, por su parte, defendió que Dios es eterno y que no está sometido al tiempo como las criaturas.

Desde estas perspectivas, decir que Dios existe eternamente no significa necesariamente imaginarlo viviendo durante una cantidad infinita de días.

Esta distinción complica nuestra hipótesis, porque quizá la eternidad divina no sea una condena a permanecer para siempre dentro del tiempo, sino una condición completamente distinta.

Sin embargo, incluso aceptando esa interpretación, permanece una cuestión filosófica: si la existencia de Dios es necesaria y no puede ser de otra manera, ¿qué relación guarda esa necesidad con su libertad?

No podemos resolverla simplemente comparando a Dios con un ser humano. Pero tampoco tenemos por qué renunciar a plantearla.

4. ¿Queremos un Dios que exista eternamente para servirnos?

Pasemos ahora a la segunda parte de esta reflexión, que afecta directamente a nuestra forma de entender la religión.

Muchos seres humanos desean que Dios exista eternamente porque esperan recibir protección, consuelo, justicia o ayuda ante las dificultades de la vida. Otros esperan que intervenga en sus problemas, que cure enfermedades, que proteja a sus familiares o que les conceda una vida futura después de la muerte.

Estos deseos son comprensibles. El miedo a la muerte, el sufrimiento, la incertidumbre y la necesidad de encontrar un sentido a nuestra existencia forman parte de la experiencia humana.

Pero podemos examinar esa relación desde otra perspectiva.

Si deseamos que Dios exista eternamente, no solo porque creemos que su existencia es una verdad independiente de nosotros, sino porque queremos que permanezca disponible para satisfacer nuestras necesidades, ¿no estamos colocando nuestros intereses en el centro de la cuestión?

Imaginemos que una persona exigiera a otra que estuviera siempre presente, que nunca pudiera marcharse y que dedicara toda su existencia a resolver sus problemas. Consideraríamos injusta semejante exigencia si implicara privarla de su libertad.

¿Por qué no plantear una pregunta equivalente cuando imaginamos una divinidad?

¿Tenemos derecho a exigir que un ser supuestamente absoluto exista eternamente para atender las necesidades de una humanidad temporal?

Naturalmente, pedir ayuda no significa necesariamente esclavizar a quien puede ofrecerla. En muchas religiones, Dios no es concebido como un servidor obligado, sino como un ser que concede su ayuda libremente.

Pero mi reflexión se dirige a una idea más profunda: la tendencia humana a imaginar que el poder supremo debe tener como finalidad nuestra protección y nuestro bienestar.

Tal vez no estemos reclamando conscientemente la esclavitud de Dios, pero sí podemos estar imaginando una eternidad cuya función consiste en servirnos.

5. ¿Es el universo una realidad destinada a servirnos?

Durante siglos, numerosas concepciones religiosas han situado al ser humano en un lugar central dentro de la creación. Según algunas interpretaciones, el universo habría sido creado con nosotros en mente y la existencia humana tendría un propósito establecido por una voluntad superior.

Otras corrientes religiosas y filosóficas sostienen que el ser humano no ocupa necesariamente una posición privilegiada en el conjunto de la realidad.

Desde el punto de vista científico, sabemos que la Tierra es un planeta entre innumerables cuerpos celestes y que la humanidad apareció en una etapa relativamente reciente de la historia cósmica. La ciencia no demuestra con ello que Dios exista o no exista, ni puede determinar por sí sola si el universo posee una finalidad última.

Pero esos conocimientos nos invitan a ser prudentes antes de suponer que todo cuanto existe tiene como objetivo satisfacer nuestros deseos.

¿Por qué tendría que existir un poder universal para proteger exclusivamente a los seres humanos? ¿Por qué no podría tener una realidad independiente de nosotros, si es que existe?

Y si ese poder fuera eterno, ¿por qué deberíamos dar por supuesto que su eternidad tiene que estar relacionada con nuestras necesidades?

La humanidad puede desear que el universo le proporcione seguridad, justicia y felicidad. Sin embargo, desear algo no demuestra que el cosmos tenga la obligación de proporcionárnoslo.

Quizá el problema no resida en creer en Dios, sino en convertir nuestras expectativas en una supuesta finalidad de toda la existencia.

6. ¿Qué responderían las distintas filosofías?

La cuestión admite varias respuestas y ninguna debería presentarse como una demostración definitiva.

Desde el cristianismo clásico, Dios no estaría obligado a existir contra su voluntad. Su existencia necesaria sería una característica de su propia naturaleza, no una condena impuesta por otro ser. Además, su ayuda a los seres humanos se entendería como una expresión de su bondad, no como un servicio exigido por ellos.

Desde la filosofía de la eternidad, como la desarrollada por Boecio y Tomás de Aquino, la comparación entre la existencia divina y una vida humana interminable podría ser inadecuada. Dios no estaría atrapado en una sucesión infinita de momentos como quien no puede abandonar una prisión temporal.

Desde una perspectiva existencial, podemos examinar qué significa ser libre cuando no podemos escoger todas las condiciones fundamentales de nuestra existencia. Esta pregunta no demuestra que Dios sea un esclavo, pero permite discutir los límites de la libertad cuando se habla de un ser necesario.

Desde el ateísmo filosófico, se señalaría que no disponemos de una demostración concluyente de la existencia de Dios. Por tanto, el argumento puede estudiarse como una hipótesis sobre las propiedades que tendría una divinidad si existiera, sin aceptar previamente su realidad.

Las diferencias entre estas posiciones muestran que el problema depende, en buena medida, de cómo definamos a Dios, la eternidad y la libertad.

Pero que existan respuestas distintas no convierte la pregunta en inútil. Al contrario, demuestra que la cuestión merece ser examinada con rigor.

7. La paradoja de la omnipotencia

Llegados a este punto, aparece otro problema clásico de la filosofía religiosa: ¿puede un ser omnipotente hacer absolutamente cualquier cosa?

Si Dios no puede dejar de existir, alguien podría sostener que hay algo que escapa a su poder. Pero un defensor de la omnipotencia respondería que dejar de existir no es una acción ordinaria, sino la negación de la propia existencia del sujeto que supuestamente debe realizarla.

La filosofía clásica suele distinguir entre poder hacer todo lo posible y realizar contradicciones lógicas. Desde esa perspectiva, la omnipotencia no exige que un ser pueda existir y no existir simultáneamente en el mismo sentido.

Por tanto, no poder dejar de existir no demostraría automáticamente una falta de omnipotencia.

Sin embargo, el debate nos obliga a precisar qué queremos decir cuando afirmamos que un ser es absolutamente poderoso.

¿Significa que puede hacer cualquier cosa que tenga sentido lógico? ¿Significa que su naturaleza es inalterable? ¿O significa que no está sometido a ninguna realidad exterior?

Son cuestiones diferentes.

Si Dios es necesariamente eterno, quizá su imposibilidad de dejar de existir no constituya una limitación impuesta desde fuera, sino una consecuencia de lo que es. Pero entonces debemos preguntarnos si la libertad absoluta significa poder cambiar cualquier condición o si, por el contrario, puede coexistir con una naturaleza inmutable.

No existe una respuesta universalmente aceptada. Lo importante es no confundir la existencia necesaria con la esclavitud demostrada, ni la omnipotencia con la capacidad de realizar cualquier contradicción imaginable.

8. ¿Sería más libre un Dios que pudiera dejar de existir?

Esta es, posiblemente, la pregunta más provocadora de todo el planteamiento.

Supongamos que existen dos posibilidades.

En la primera, Dios es eterno por necesidad. No puede dejar de existir, pero su naturaleza no le produce sufrimiento ni experimenta su existencia como una obligación.

En la segunda, Dios puede elegir entre continuar existiendo o poner fin a su existencia. En ese caso, tendría una posibilidad de elección que no tendría el primero.

Desde una determinada concepción de la libertad, el segundo parecería disponer de una alternativa adicional. Sin embargo, también podría escoger desaparecer, con lo que dejaría de existir el supuesto protector eterno que algunos seres humanos desean.

La paradoja es evidente: la posibilidad de dejar de existir podría ampliar la libertad de Dios, pero eliminaría la garantía de su permanencia.

No obstante, tener una alternativa más no significa necesariamente ser más perfecto en todos los sentidos. Un ser que pudiera destruirse a sí mismo también podría perder aquello que lo hace capaz de actuar.

Por eso, no podemos concluir que un Dios capaz de dejar de existir sea necesariamente superior a uno cuya existencia sea eterna por naturaleza. Lo que sí podemos hacer es reconocer que la relación entre libertad y existencia necesaria plantea una dificultad filosófica genuina.

9. ¿Estamos convirtiendo a Dios en esclavo de la humanidad?

Llegamos así al núcleo de la cuestión que da título a este artículo.

Si Dios es eterno y no puede dejar de existir, podríamos preguntarnos si es prisionero de su propia naturaleza. Pero si, además, nosotros exigimos que permanezca eternamente para protegernos, escucharnos y resolver nuestros problemas, aparece una segunda forma de dependencia: la que nosotros mismos proyectamos sobre él.

En realidad, no estaríamos convirtiéndolo literalmente en esclavo, porque un deseo humano no puede demostrar que exista una obligación divina. Estaríamos, más bien, imaginando a Dios bajo una función determinada por nuestros propios intereses.

Es como si dijéramos: «Necesitamos que existas siempre porque queremos que alguien nos proteja, nos ayude y nos garantice que nunca estaremos completamente solos».

La frase expresa una necesidad humana comprensible, pero también revela una cuestión incómoda: ¿estamos buscando la verdad sobre la existencia o buscamos un poder que satisfaga nuestros deseos?

Ambas motivaciones pueden coexistir. Una persona puede creer sinceramente en Dios y, al mismo tiempo, desear su protección. El problema surge cuando confundimos ese deseo con una obligación que el universo tendría que cumplir.

Si el Cosmo-Poder existiera, su realidad no tendría por qué depender de nuestras necesidades ni estar destinada necesariamente a satisfacerlas.

Y si no existiera, nuestros deseos tampoco bastarían para crearlo.

En cualquiera de los dos casos, la reflexión nos recuerda que el ser humano no puede convertir sus esperanzas en una demostración de cómo debe ser la realidad.

10. Conclusión: ¿un Dios libre o una eternidad a nuestro servicio?

La idea de un Dios eterno plantea una paradoja que merece ser examinada sin prejuicios.

Si su existencia fuera necesaria y no pudiera dejar de existir, podríamos preguntarnos si esa condición limita su libertad. No obstante, para hablar propiamente de esclavitud tendríamos que demostrar que existe algún tipo de sometimiento, y no simplemente una naturaleza que no puede ser diferente.

Por tanto, no podemos asegurar que Dios sea esclavo de su existencia. Pero sí podemos preguntar si la libertad absoluta es compatible con la imposibilidad de dejar de ser.

La segunda cuestión es todavía más cercana a nuestra experiencia: ¿por qué deseamos que Dios exista eternamente?

Si la respuesta es que creemos que su existencia es una realidad independiente de nosotros, estamos ante una convicción metafísica o religiosa. Si la respuesta es que necesitamos que permanezca para protegernos y satisfacer nuestros deseos, estamos expresando también una aspiración humana.

No hay nada necesariamente censurable en buscar consuelo o ayuda. Sin embargo, debemos reconocer la diferencia entre desear la protección de un ser superior y exigir que ese ser tenga como obligación eterna atendernos.

Tal vez el verdadero problema no sea que Dios pueda convertirse en esclavo de la humanidad, sino que los seres humanos imaginemos un poder supremo cuya razón de existir sea servir a nuestras necesidades.

Y aquí aparece la pregunta que dejo a la consideración de los lectores:

Si Dios existe eternamente y no puede dejar de existir, ¿es un ser absolutamente libre o está sujeto a su propia naturaleza? Y si, además, deseamos que exista para protegernos durante toda la eternidad, ¿estamos buscando a Dios por lo que pudiera ser o por lo que esperamos obtener de él?

Quizá nunca lleguemos a una respuesta definitiva. Pero plantear estas preguntas nos obliga a examinar nuestras creencias, a distinguir los deseos de los argumentos y a reconocer que el universo podría tener una realidad independiente de nuestras expectativas.

Porque una cosa es desear que exista un poder eterno que nos proteja y otra muy distinta demostrar que ese poder existe, que está obligado a hacerlo o que la humanidad ocupa el centro de su finalidad.

Y si algún día pudiéramos demostrar que el Cosmo-Poder existe, todavía tendríamos que resolver una última paradoja:

¿Es más libre quien puede elegir dejar de existir o quien existe necesariamente para siempre?

Esa pregunta no pretende negar a Dios ni demostrar su existencia. Pretende algo más sencillo y, al mismo tiempo, más ambicioso: invitarnos a pensar si la eternidad, la libertad y el deseo humano de protección son realmente compatibles tal como solemos imaginarlos.

 

Oriente Medio en transición: la configuración de un nuevo equilibrio de poder

 


Oriente Medio en transición: la configuración de un nuevo equilibrio de poder

Ali El Aallaoui - jueves, 08 de octubre de 2026

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán (1) no puede entenderse simplemente como una crisis regional pasajera ni como un enfrentamiento circunstancial entre potencias rivales limitado a Oriente Medio. Por el contrario, constituye un momento decisivo en la evolución de la política internacional contemporánea.
El mundo atraviesa actualmente una etapa de profunda transformación histórica, marcada por la transición desde un sistema internacional relativamente definido, con fronteras, equilibrios y reglas reconocibles, hacia un nuevo orden mundial cuyas características, estructuras y normas aún están en proceso de configuración.
Sin embargo, la guerra actual no es, por sí sola, la causa de esta transformación global. Más bien, actúa como un catalizador que ha acelerado y hecho más visibles procesos de cambio que ya estaban desarrollándose en el sistema internacional. En este sentido, el conflicto representa tanto una expresión de las profundas transformaciones en curso como un factor capaz de intensificarlas y acelerar su evolución.
Entre las consecuencias inmediatas de este proceso destaca la configuración de nuevas alianzas en Oriente Medio, que evidencia el progresivo agotamiento del antiguo orden regional, caracterizado por la primacía de Estados Unidos e Israel en los ámbitos militar y de seguridad.
Paralelamente, están emergiendo nuevos ejes de cooperación regional, entre los que destaca el denominado Acuerdo de La Meca entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán, presentado como un ejemplo paradigmático de la transformación de las dinámicas estratégicas y geopolíticas de la región.

1. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Iran  marcó un hito crucial para el equilibrio geopolítico en Oriente Medio (2)
La región de Oriente Medio nunca había alcanzado un nivel de tensión y de inestabilidad geoestratégica como el que atraviesa actualmente. Esta tensión ha evolucionado desde discrepancias de carácter político, de seguridad y económico hasta una escalada en la naturaleza del discurso político y mediático, desembocando en un aumento significativo de la hostilidad y del enfrentamiento, hasta alcanzar el extremo del recurso a la violencia desmedida mediante el estallido de guerras directas entre las partes enfrentadas.
Una de las principales cuestiones que han desencadenado y alimentado estas guerras y conflictos es la cuestión de la ocupación de Palestina por parte de Israel, respaldada por el apoyo occidental. Esta situación ha dado lugar a diferentes formas de confrontación prolongada con Israel, siendo las más recientes los enfrentamientos derivados de la operación «Inundación de Al-Aqsa» y la guerra entre Israel y Hezbolá.
Todo ello ha desembocado en la que puede considerarse una de las guerras más graves y peligrosas: la guerra contra Irán emprendida por Israel y Estados Unidos bajo el pretexto de la amenaza que representa el programa nuclear iraní.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha configurado un nuevo mapa de alianzas regionales y ha redefinido las relaciones de los Estados de Oriente Medio con las principales potencias internacionales. El progresivo debilitamiento del papel de Estados Unidos, la creciente evidencia de los límites de sus capacidades de intervención, así como las políticas adoptadas por Israel en la región -cuyas consecuencias entrañan riesgos susceptibles de agravarse y extenderse más allá de sus fronteras-, se han visto acompañados por una creciente proyección regional de Irán.

Este último factor ha puesto de manifiesto, en la práctica, la voluntad de Teherán de consolidar una modalidad propia de influencia y hegemonía regional, sustentada en una amplia red de alianzas y capacidades estratégicas, pero que también comporta un considerable potencial de desestabilización y resulta difícil de contener exclusivamente mediante acuerdos bilaterales o mediante marcos regionales de entendimiento.

Este nuevo escenario geopolítico obliga a los Estados de la región a reconsiderar sus estrategias de seguridad, sus políticas exteriores y sus alianzas internacionales, con el propósito de preservar su estabilidad, proteger sus intereses nacionales y afrontar un entorno regional cada vez más complejo, competitivo e imprevisible.

2. La evidencia de las vulnerabilidades y limitaciones estratégicas de diversos actores regionales
La capacidad militar de un Estado no reside únicamente en adquirir el equipamiento más avanzado, sofisticado y poderoso que ofrece la industria de defensa, ni en emplearlo cuando las circunstancias lo exijan, sino también en definir con claridad los objetivos estratégicos que justifican su utilización. En el actual escenario geopolítico, marcado por la rivalidad entre Estados Unidos, Rusia y China, el poder militar constituye uno de los principales instrumentos de proyección de poder y defensa de los intereses nacionales. Sin embargo, su eficacia depende de su articulación con una diplomacia sólida y una economía robusta, dos pilares indispensables para transformar la superioridad militar en influencia estratégica y capacidad de acción en el sistema internacional (3).

Un mundo que, tras la Guerra Fría, se encuentra ante una situación sin precedentes de paz entre las grandes potencias, aunque no exenta de crisis. Desde hace aproximadamente quinientos años, Europa ha sido el escenario de numerosas guerras. Como escribió un autor: «Es difícil imaginar un objetivo, una idea o un pensamiento que no haya sido perseguido o defendido mediante la guerra». La guerra y sus consecuencias han constituido, durante mucho tiempo, el único arte importante para quienes detentan el poder. Reyes y emperadores, así como los presidentes de las repúblicas, han recurrido a ella para alcanzar sus objetivos, convirtiéndola en una parte esencial de la política y del gobierno.

Sin embargo, las cosas ya no parecen ser así, o al menos eso parece, porque la Guerra Fría terminó con el colapso de la Unión Soviética y el hecho de que Estados Unidos permaneciera como la única gran potencia mundial llevó consigo la promesa de una paz estadounidense. Y nadie puede poner en duda la superioridad militar que acompaña a Estados Unidos.

Sin embargo, menos de dos décadas después del colapso de Moscú, Estados Unidos se vio obligado a librar una guerra a gran escala en Afganistán e Irak, frente a las dos guerras libradas durante la mitad del siglo de la Guerra Fría. Se trató de una oportunidad para proclamar la victoria. A pesar de toda la capacidad militar de Estados Unidos, esta tuvo que enfrentarse a Irán, Pakistán, Corea del Norte y Rusia. Además, China incrementó su gasto militar hasta alcanzar aproximadamente el 2 % de su PIB anual, mientras que la intervención rusa en Siria constituye una demostración de su poder. Asimismo, se han registrado victorias en Irak y Afganistán, a pesar de los esfuerzos estadounidenses en ambos países, sin que haya sido posible contener las amenazas crecientes procedentes de los yihadistas y de los extremistas religiosos.
En cierta medida, parece que el mundo se encuentra actualmente en una situación de mayor inestabilidad y peligrosidad que aquella que caracterizaba a la Guerra Fría. Entonces, las dos superpotencias se enfrentaban mutuamente, pero al mismo tiempo evitaban una confrontación directa entre ellas —con la excepción de la crisis de los misiles de Cuba— y la mayoría de los demás países se mantenían al margen del conflicto. En la actualidad, sin embargo, numerosos países sufren ataques, como Corea del Norte, Siria, Irak, Afganistán y otros, mientras que países como Corea del Sur y Pakistán poseen armas nucleares y podrían verse enfrentados a confrontaciones en cualquier momento. Todo ello genera una profunda preocupación entre amplios sectores de la población, que temen que sus países puedan quedar expuestos a riesgos, y existe la convicción de que Estados Unidos desempeña un papel fundamental en este escenario.

A lo largo de la Guerra Fría, los estadounidenses debatieron ampliamente sobre lo que constituía una amenaza existencial para sus intereses vitales y sobre si una determinada guerra merecía realmente el sacrificio de vidas humanas. ¿Cómo podría gestionarse este tipo de amenazas? ¿Cuándo debería enviarse a los soldados a combatir y morir por algo que no llega a alcanzar el nivel de los intereses vitales? ¿Cuándo debería recurrirse a la ayuda de otros para combatir y morir por la propia batalla? ¿Qué significa negarse a combatir por una causa? ¿Y qué medios no militares deber

El pacto de la Meca
El Pacto de La Meca (4): la defensa colectiva ante la prueba de los hechos Firmado el 7 de agosto de 2026 entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, el pacto de defensa ha entrado en una nueva fase operativa. El 5 de octubre, los tres países anunciaron la puesta en marcha de sus compromisos y el rápido despliegue de fuerzas y medios militares en el reino saudí, en un contexto marcado por los ataques hutíes. Esta decisión plantea varios desafíos geopolíticos.
En primer lugar, la diversificación de la seguridad saudí. Riad recurre a Ankara e Islamabad para reforzar su protección. Esta evolución amplía sus garantías de seguridad, sin queello implique necesariamente una ruptura con Washington.

En segundo lugar, la credibilidad de la alianza. Tras el compromiso diplomático llega la prueba de la coordinación operativa: ¿qué medios se movilizarán?, ¿qué estructura de mando se establecerá?, ¿qué misiones asumirán las fuerzas desplegadas y durante cuánto tiempo? Las declaraciones disponibles todavía no precisan todos estos aspectos.
Por último, existe el riesgo de una ampliación del conflicto. Proteger las infraestructuras saudíes y participar en operaciones ofensivas en Yemen representan dos niveles de compromiso claramente diferenciados. El segundo escenario expondría en mayor medida a los países miembros a represalias y aumentaría el riesgo de quedar atrapados en un conflicto prolongado.
Las consecuencias podrían trascender ampliamente el ámbito militar. Si las perturbaciones registradas en Ormuz, en el oleoducto Este-Oeste y en torno a Bab el-Mandeb se prolongarán, podrían intensificar las tensiones sobre el suministro energético y las cadenas logísticas, con un aumento de los costes de los seguros, mayores desvíos de las rutas marítimas y plazos de transporte menos previsibles.
No obstante, la magnitud del impacto dependerá de las instalaciones efectivamente afectadas y de la duración de las interrupciones. El principal desafío del pacto será, por tanto, reforzar la protección de sus miembros sin cerrar la vía hacia una desescalada. Su éxito deberá medirse también por su capacidad para evitar una agravación de la crisis y, especialmente, un mayor deterioro de la situación humanitaria en Yemen.
La presencia de disturbios en regiones clave como Ormuz y Bab el-Mandeb podría agravar la tensión energética global al afectar las rutas marítimas esenciales, incrementando los costos logísticos e inseguridad de transporte.
El desafío para el acuerdo será fortalecer su protección a sus miembros, manteniendo abierta una posibilidad de reducir las tensiones. Su éxito también dependerá de cómo maneje esta situación y evite empeorar la crisis humanitaria en Yemen.
El análisis mostró que esta transformación no obedeció a un único factor, sino que fue, más bien, el resultado de la acumulación progresiva de riesgos estratégicos y de seguridad. Entre los principales elementos destacan el deterioro de la confianza en los compromisos estadounidenses, el agravamiento de la amenaza iraní y la creciente preocupación ante un posible desequilibrio del poder regional favorable a Israel.
Sin duda, numerosos análisis políticos y estratégicos coinciden en señalar que Oriente Medio constituye un indicador fundamental y un verdadero laboratorio para observar las transformaciones que experimenta el sistema internacional.

Ali El Aallaoui, Analista politico.

NOTAS:
1. https://www.ia-forum.org/Files/The%20Six-Month%20United%20States-Israel%20War%20on%20Iran1.pdf (The Six-Month United States-Israel War on Iran: A Comprehensive Report on the Political Dynamics By Dr. Sohail Mahmood).
2. https://www.politicaexterior.com/wp-content/uploads/2026/04/11Gawdat-Bahgat.pdf,(Dr. Gawdat Bahgat). LA GUERRA DE EEUU E ISRAEL CONTRA IRÁN: UNA EVALUACIÓN PRELIMINAR.
3. https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2019/DIEEET03-19OrienteMedio.pdf. Realineamientos estratégicos en el Oriente Medio Documento de Trabajo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

 

jueves, 8 de octubre de 2026

Ruego tramiten mi baja como socia de Greenpeace

 


Ruego tramiten mi baja como socia de Greenpeace

Por: Una socia de Greenpeace

 Como socia desde el año 1991, quisiera manifestar mi malestar al comprobar in situ, como una organización de defensa del medio ambiente, que manifiesta en sus estatutos que "su objetivo principal es defender y proteger el medio ambiente y promover la paz global mediante la acción directa no violenta" y cuyos objetivos principales según manifiesta es:

Detener el cambio climático

Proteger la biodiversidad

Prevenir la contaminación

Promover la paz

Aparentemente y desde mi punto de vista, se está implicando en acciones reivindicativas, no relacionadas en absoluto con dichos objetivos y, supuestamente si con otros de tendencia política/partidista. Me ha impactado y sorprendido ver que, en la acampada en la PUERTA DEL SOL, se encontraba una mesa de GREENPEACE. He intentado encontrar una explicación lógica y razonable, para buscar una relación entre los objetivos de GREENPEACE y las reivindicaciones del sindicato de inquilinas e inquilinos, pero he sido incapaz de encontrarlas. Quizás sea por desconocimiento, ingenuidad o inocencia, pensando que era una organización independiente ideológicamente,  pero al ver esa mesa de GREENPEACE, en ese entorno, el sentimiento ha sido de decepción y asombro.

Por todo lo anterior, ruego tramiten mi baja como socia de GREENPEACE, deseándoles lo mejor en su nueva andadura de reivindicación de los derechos sociales, pero no se me asocie para tal fin.


En España el problema de la vivienda social se intenta solucionar con "politeia" y no con la construcción de más viviendas sociales

 


En España el problema de la vivienda social se intenta solucionar con "politeia" y no con la construcción de más viviendas sociales

Por Bruno Perera

En España tenemos un problema que afecta cada vez a más ciudadanos: encontrar una vivienda a un precio que puedan pagar. Jóvenes que no consiguen independizarse, familias que destinan buena parte de sus ingresos al alquiler y trabajadores que, aun teniendo empleo, no pueden acceder a una vivienda digna. Mientras tanto, la política española parece haberse convertido en un enfrentamiento permanente entre partidos, acusaciones, promesas y decretos que pretenden solucionar en unos días lo que no se ha resuelto durante varias décadas.

Por eso sostengo que en España hay demasiada "politeia“ y poca democracia efectiva. Utilizo aquí la palabra “politeia" en un sentido propio: para denunciar una política que lo invade todo, que se emplea para manipular el discurso público y que, en demasiadas ocasiones, antepone la supervivencia electoral de los partidos a la resolución de los problemas de los ciudadanos.

La crisis de la vivienda es uno de los mejores ejemplos de esta situación.

Casi treinta años de gobiernos y un problema que continúa creciendo

Durante las últimas décadas, España ha estado gobernada por diferentes partidos, tanto en el ámbito nacional como en las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Unos han gobernado durante más tiempo que otros, pero ninguno puede desentenderse de examinar qué responsabilidad le corresponde en la situación actual, según sus competencias y sus años de gobierno.

¿Dónde está el resultado de tantas promesas de construir viviendas sociales? ¿Por qué seguimos teniendo jóvenes que deben permanecer en casa de sus padres porque no pueden pagar un alquiler? ¿Por qué hay trabajadores que tienen dificultades para vivir cerca de sus puestos de trabajo? ¿Cómo es posible que una persona pueda trabajar y, aun así, no tenga ingresos suficientes para acceder a una vivienda digna?

Estas preguntas merecen respuestas serias, no una competición entre políticos para decidir quién tiene la culpa.

La falta de vivienda asequible no apareció ayer. Es consecuencia de diversos factores acumulados: una oferta insuficiente en las zonas donde más se necesita, una construcción de vivienda protegida que no ha respondido a toda la demanda, dificultades para desarrollar suelo, costes de construcción elevados, crecimiento de determinados núcleos urbanos y una demanda que ha aumentado en muchas zonas por razones económicas, turísticas y demográficas.

A todo ello se añaden las viviendas destinadas al alquiler turístico en determinados mercados, la incertidumbre regulatoria que algunos propietarios dicen percibir y las dificultades para conciliar los intereses de inquilinos y arrendadores.

No todos estos factores tienen el mismo peso en cada localidad. Pero precisamente por eso se necesitan estudios, planificación y políticas adaptadas a cada territorio, en lugar de convertir la vivienda en una consigna electoral.

La vivienda social no se construye con discursos

Si falta vivienda social, hay que construirla. Parece una afirmación demasiado sencilla para tantos políticos y asesores, pero constituye una parte esencial de cualquier solución.

Naturalmente, construir requiere suelo disponible, financiación, proyectos, licencias, trabajadores, materiales y tiempo. También hace falta determinar dónde se necesitan las viviendas y garantizar que sus precios o alquileres sean realmente asequibles para las familias a las que van destinadas.

No basta con anunciar miles de viviendas si después no se construyen, si los proyectos se retrasan durante años o si los precios finales quedan fuera del alcance de quienes más las necesitan.

El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben coordinar sus competencias. El Gobierno central puede impulsar financiación, legislación y programas de vivienda; las comunidades autónomas tienen importantes responsabilidades en materia de vivienda y ordenación territorial, y los municipios intervienen en el urbanismo y la concesión de licencias.

Por tanto, la solución exige responsabilidades compartidas, objetivos verificables y resultados que puedan comprobar los ciudadanos.

También es necesario movilizar vivienda vacía cuando sea viable, facilitar la rehabilitación de inmuebles y ofrecer condiciones que permitan aumentar la oferta de alquiler estable. La construcción de vivienda pública debe ocupar un lugar prioritario, pero no es la única herramienta necesaria.

Lo que no puede hacerse es esperar a que el problema se convierta en una hoguera social para empezar a buscar agua.

Cuando la política descubre tarde lo que los ciudadanos llevan años padeciendo

Pedro Sánchez y su Gobierno tienen ahora la responsabilidad de actuar sobre la crisis habitacional. Pero esa responsabilidad no comienza cuando las protestas llenan las calles ni desaparece cuando se culpa a la oposición.

Los gobiernos anteriores también deben responder por sus decisiones, sus omisiones y los resultados de sus políticas. Y las comunidades autónomas y los ayuntamientos han de rendir cuentas por aquello que les corresponde.

El problema es que la política partidista tiende a convertir cualquier crisis en una oportunidad para desacreditar al adversario.

Cuando gobierna un partido, suele atribuir los problemas a la herencia recibida, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos o a las decisiones de la oposición. Cuando está en la oposición, señala los errores del Gobierno y presenta sus propias propuestas como la solución definitiva.

Pero el ciudadano no puede vivir de acusaciones cruzadas. Necesita una casa que pueda pagar.

Y cuando la situación se vuelve insostenible, los mismos representantes que no han conseguido resolverla durante años comparecen ante los medios, anuncian nuevas medidas y prometen que esta vez sí se encontrará una solución.

¿No habría sido más razonable actuar antes?

Los decretos de vivienda y la batalla por el relato político

El 2 de octubre de 2026, el Congreso de los Diputados rechazó dos reales decretos del Gobierno relacionados con la vivienda y los alquileres. Entre las medidas figuraban disposiciones sobre la prórroga de contratos, la protección de determinados inquilinos y otras actuaciones destinadas a aliviar la crisis habitacional.

Los decretos contaron con el rechazo de PP, Vox y Junts, entre otros grupos parlamentarios, aunque cada formación defendió sus propios motivos para votar en contra.

El Gobierno sostuvo que las medidas eran necesarias para proteger a los ciudadanos. Sus adversarios cuestionaron su contenido y sus efectos. El resultado fue que los dos textos no obtuvieron el respaldo parlamentario necesario.

Esta votación abrió un nuevo capítulo de la confrontación política. El PSOE pudo presentar el rechazo como un obstáculo a sus medidas, mientras que sus adversarios podían argumentar que el Gobierno estaba utilizando una cuestión social de enorme importancia para obtener rédito político.

Pero conviene distinguir entre dos cuestiones: una es debatir si los decretos eran eficaces y otra muy distinta es utilizar su rechazo para atribuir a un solo bloque político toda la responsabilidad por la crisis de la vivienda.

Los decretos pueden ser instrumentos legítimos para afrontar una emergencia, pero no sustituyen una política de vivienda sostenida en el tiempo. Tampoco basta con aprobar una norma para demostrar que el problema está resuelto.

La ciudadanía necesita conocer qué medidas funcionan, cuánto cuestan, cuántas viviendas permiten crear y qué resultados producen.

La huelga general: una cronología que no conviene manipular

Hay otro asunto que merece atención: la anunciada huelga general relacionada con la vivienda.

El 6 de octubre, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y dirigente del PSOE, sostuvo públicamente que la huelga se convocaba contra la oposición por haber tumbado los decretos de vivienda.

Sin embargo, la cronología de los acontecimientos obliga a matizar esa interpretación.

El 2 de octubre, antes de que se celebrara la votación definitiva en el Congreso, Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ya había hecho un llamamiento a una «huelga general por la vivienda». Lo hizo durante las movilizaciones que se dirigían hacia el Congreso para protestar contra el posible rechazo de los decretos.

Es decir, la iniciativa de reclamar una huelga general ya estaba presente antes de que se consumara la derrota parlamentaria del Gobierno.

Este dato es importante porque impide sostener que la idea de una huelga nació exclusivamente después de que la oposición votara contra los decretos.

Además, los dirigentes sindicales han explicado que la movilización responde a un problema social más amplio y que no tiene un destinatario político único. La crisis de la vivienda, el malestar acumulado y otras reivindicaciones sociales forman parte del contexto en el que se plantea la protesta.

Por tanto, presentar la huelga como si estuviera dirigida exclusivamente contra los partidos de la oposición es una interpretación partidista que no refleja toda la cronología ni todas las explicaciones de sus promotores.

¿Significa esto que el PSOE miente deliberadamente? Para afirmarlo habría que demostrar que sus dirigentes conocen los hechos y pretenden tergiversarlos. Lo que sí puede afirmarse, a la vista de la secuencia de acontecimientos, es que reducir la protesta a una reacción contra la oposición resulta insuficiente y puede inducir a los ciudadanos a una interpretación equivocada.

La huelga no puede analizarse al margen de las razones sociales que la han impulsado. Y la responsabilidad por la vivienda tampoco puede reducirse a una sola votación parlamentaria.

La politización de una tragedia social

Aquí es donde entra mi concepto de “Politeia”.

No utilizo esta palabra en su sentido filosófico tradicional, sino como una forma de describir la excesiva politización de la vida pública: una situación en la que los partidos intentan controlar el relato de los acontecimientos, atribuirse los méritos y cargar sobre los demás los fracasos.

Cuando un problema afecta a millones de personas, la prioridad debería ser encontrar soluciones. Sin embargo, la lucha por el poder puede acabar convirtiendo cada medida, cada manifestación y cada votación en una operación de propaganda.

El Gobierno tiene derecho a defender sus decretos. La oposición tiene derecho a rechazarlos y a explicar sus motivos. Los sindicatos tienen derecho a convocar movilizaciones conforme a la ley. Y los ciudadanos tienen derecho a exigir responsabilidades a todos ellos.

Lo que no debería ocurrir es que el debate sobre la vivienda quede reducido a una lucha para determinar qué partido obtiene más votos aprovechándose de la desesperación de quienes no pueden acceder a un hogar.

Si el Gobierno cree que sus medidas son buenas, debe demostrarlo con resultados. Si la oposición considera que son inadecuadas, debe explicar qué alternativas propone. Y si los sindicatos llaman a una huelga, deben poder exponer con claridad sus reivindicaciones y sus destinatarios.

La vivienda no puede ser propiedad del discurso de ningún partido.

¿Qué habría que hacer para afrontar el problema?

En lugar de limitarse a aprobar medidas urgentes cuando la presión social aumenta, España necesita un programa estable de vivienda asequible que sobreviva a los cambios de Gobierno.

Ese programa debería incluir, al menos, las siguientes actuaciones:

  • Construir más vivienda social y protegida, con calendarios públicos, financiación suficiente y objetivos comprobables.
  • Acelerar la disponibilidad de suelo y las licencias, sin eliminar las garantías urbanísticas, ambientales y de seguridad.
  • Aumentar la oferta de alquiler estable, ofreciendo seguridad jurídica a propietarios e inquilinos y evitando que la regulación genere efectos contraproducentes.
  • Analizar el impacto del alquiler turístico en cada localidad y adoptar medidas proporcionadas allí donde contribuya a reducir la oferta residencial.
  • Rehabilitar viviendas vacías o deterioradas cuando resulte viable y facilitar que puedan incorporarse al mercado residencial.
  • Coordinar al Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con responsabilidades claramente delimitadas.
  • Evaluar las medidas por sus resultados, publicando datos sobre viviendas terminadas, alquileres, tiempos de construcción y acceso de las familias vulnerables.

Y hay algo fundamental: la política de vivienda debe planificarse para los próximos diez o quince años, no para los próximos diez o quince días de campaña electoral.

Construir un parque público de vivienda requiere continuidad, inversión y capacidad de gestión. No se puede improvisar cada vez que estalla una protesta.

Conclusión: menos “Politeia” y más viviendas

España necesita menos enfrentamiento partidista y más soluciones concretas. Necesita que los gobernantes rindan cuentas por lo que hacen y por lo que dejan de hacer. Necesita una oposición capaz de fiscalizar al Gobierno, pero también de presentar alternativas viables. Y necesita organizaciones sociales que puedan defender sus reivindicaciones sin que ningún partido pretenda apropiarse de ellas.

La crisis de la vivienda no se ha producido de un día para otro. Tampoco desaparecerá por aprobar dos decretos, convocar una huelga, organizar una manifestación o acusar al adversario de todos los males.

Los ciudadanos llevan demasiado tiempo escuchando promesas. Ahora necesitan resultados.

Por eso mantengo mi planteamiento: en España hay demasiada “politeia “ entendida como política que lo invade todo, como propaganda y como lucha por el control del relato, y no suficiente atención a las soluciones que exige la sociedad.

Que nadie interprete esta afirmación como una negación de la existencia de elecciones, partidos o instituciones democráticas. Mi crítica se dirige al funcionamiento de un sistema en el que la competencia partidista puede terminar desplazando el interés general.

Porque la mejor manera de demostrar que se gobierna para el pueblo no consiste en proclamarlo desde un atril, sino en conseguir que una familia trabajadora pueda acceder a una vivienda digna sin tener que entregar la mayor parte de sus ingresos al alquiler.

Menos discursos, menos manipulación y menos batallas electorales. Y, sobre todo, más viviendas sociales y asequibles.

Fuentes para contrastar los datos del artículo:

¿En manos de quién están las viviendas destinadas al alquiler en España?

1.    Pequeños propietarios particulares: constituyen la gran mayoría. Entre los arrendadores particulares, el 76,1 % tiene una sola vivienda destinada al alquiler, y esas viviendas representan el 50,7 % de todas las viviendas alquiladas que están en manos de personas físicas.

2.    Particulares con dos viviendas: representan el 15 % de los arrendadores particulares y poseen el 21,8 % de las viviendas alquiladas propiedad de personas físicas.

3.    Particulares con entre 3 y 5 viviendas: son el 7,5 % de los arrendadores particulares y concentran el 18,9 % de las viviendas alquiladas propiedad de personas físicas.

4.    Particulares con entre 6 y 10 viviendas: representan aproximadamente el 1,2 % de los arrendadores particulares y poseen el 6,2 % de las viviendas alquiladas propiedad de personas físicas.

5.    Particulares con 11 o más viviendas: son solamente alrededor del 0,2 % de los arrendadores particulares y concentran el 2,4 % de las viviendas alquiladas propiedad de personas físicas.

6.    Sociedades y empresas privadas: tienen una participación minoritaria. El Banco de España estimó que las sociedades eran propietarias de alrededor del 8 % de las viviendas habituales alquiladas a precio de mercado, frente a aproximadamente el 92 % propiedad de particulares.

7.    Administraciones públicas y vivienda social: su peso dentro del parque de alquiler es reducido. El Banco de España estimaba en torno a 300.000 viviendas de alquiler social, una cifra equivalente aproximadamente al 1,5 % de las viviendas principales.