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martes, 17 de noviembre de 2026

LA INMIGRACIÓN ILEGAL QUE VIENE A CANARIAS PERJUDICA MÁS A ESPAÑA QUE LA QUE ENTRÓ EN JULIO DE ESTE AÑO 2026 EN CEUTA

 


LA INMIGRACIÓN ILEGAL QUE VIENE A CANARIAS PERJUDICA MÁS A ESPAÑA QUE LA QUE ENTRÓ EN JULIO DE ESTE AÑO 2026 EN CEUTA

Por Bruno Perera

La inmigración ilegal que llega a Canarias por vía marítima constituye un problema económico, social y administrativo para España que, a mi entender, tiene unas características y unas consecuencias mucho más prolongadas que las que tuvo la entrada masiva de inmigrantes que se produjo en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio de 2026.

No se trata solamente de contar cuántos inmigrantes entran ilegalmente en territorio español. Se trata de analizar qué sucede después de su llegada, cuánto tiempo permanecen en nuestro país, qué gastos ocasionan a las administraciones públicas y qué consecuencias tiene su distribución por el territorio nacional.

Para comprender esta diferencia conviene examinar los dos acontecimientos por separado.

LA ENTRADA MASIVA EN CEUTA Y UNA DISCREPANCIA EN LAS CIFRAS OFICIALES

Durante los días 30 y 31 de julio de 2026 con la venia del Gobierno marroquí, se produjo una entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos hacia Ceuta. Las estimaciones oficiales fueron cambiando durante los días posteriores. Inicialmente se habló de unas 49.000 entradas; posteriormente, el Ministerio del Interior manejó unas 72.000, mientras que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, llegó a hablar de 80.000. Por otra parte, un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras manejó una horquilla de entre 75.000 y 85.000 personas.

Aquella entrada provocó una situación extraordinaria para una ciudad autónoma de aproximadamente 18,5 km². Y cuya población ronda los 83.000 habitantes.

Sin embargo, una característica importante de aquel episodio fue que una gran parte de quienes entraron regresaron posteriormente a Marruecos.

El 6 de noviembre de 2026 se conoció que la Guardia Civil había remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que estimaba que aproximadamente 88.146 personas habían regresado a Marruecos hasta el 27 de octubre.

Aquí surge una pregunta que las autoridades deberían responder con claridad: ¿cómo es posible que el número estimado de retornos sea superior al número de personas que, según las propias estimaciones oficiales, entraron en Ceuta?

Si el Gobierno calculó unas 72.000 entradas, o incluso aceptamos la estimación superior de 80.000, ¿cómo puede la Guardia Civil contabilizar 88.146 retornos?

¿Se han contabilizado personas individualizadas o movimientos de paso por la frontera? ¿Se han podido producir cruces repetidos de una misma persona? ¿Qué procedimiento estadístico se ha utilizado para obtener esa cifra?

No estamos ante una diferencia menor. Estamos ante una discrepancia de miles de registros en un asunto de enorme importancia para la seguridad fronteriza y la gestión migratoria española.

La propia Policía Nacional reconoció ante la Audiencia Nacional que no disponía de un recuento oficial del total de entradas, porque estas se produjeron por una zona bajo responsabilidad de la Guardia Civil. También explicó que sus cifras de retornos eran muy inferiores a las estimaciones globales de este último cuerpo.

Por tanto, considero necesario que el Gobierno publique un balance detallado que permita conocer cuántas personas entraron realmente, cuántas salieron, cuántas permanecían en Ceuta y qué método se empleó para calcular los movimientos fronterizos. (Y más cuando aún se cree que hay en Ceuta unos 15.000 inmigrantes ilegales entre ellos MENAs y adultos.)

La Administración tiene la obligación de ofrecer cifras comprensibles, verificables y coherentes. Cuando las estadísticas oficiales parecen contradecirse, los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones.

CANARIAS: UN FLUJO MIGRATORIO QUE SE EXTIENDE POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL

La situación de Canarias presenta características diferentes.

El archipiélago recibe embarcaciones procedentes de las costas africanas que, en ocasiones, transportan a decenas o incluso centenares de inmigrantes. Su llegada obliga a movilizar a Salvamento Marítimo, servicios sanitarios, fuerzas de seguridad, personal de emergencia y dispositivos de recepción y atención humanitaria.

Pero el problema no termina cuando las embarcaciones, pateras, zodiacs y cayucos llegan a puerto.

Una vez identificados y atendidos, muchos de estos inmigrantes son trasladados de una isla a otra y desde algunas islas a distintos puntos de la Península. De esta manera, parte de la presión inicial que soporta Canarias y sus servicios públicos se extiende posteriormente a otras comunidades autónomas. Pero la mayor parte de los inmigrantes se quedan en el archipiélago distribuidos entre cada una de las islas, sobre todo MENAs y en menor proporción adultos.

Según el balance correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026, llegaron ilegalmente a Canarias por vía marítima 24.364 inmigrantes. En el mismo periodo de 2025 habían llegado 14.690. Esto representa un incremento del 65,9 %.

Además, solamente durante los primeros quince días de noviembre de 2026 llegaron 11.037 personas al archipiélago. Sobre todo más a El Hierro que a otras islas.

Son cifras que merecen una atención especial, particularmente por las consecuencias que tienen para unas islas que cuentan con una población limitada, un territorio reducido y unos servicios públicos que también deben atender las necesidades de sus residentes. (Y en todo esto no se debe olvidar contabilizar a los inmigrantes ilegales que entran por aeropuertos y fronteras terrestres, cuya cantidad, con la argucia de entrar como turista y después quedarse, suele ser superior a la que llega por mar).

EL TRASLADO A LA PENÍNSULA Y EL COSTE PARA EL ESTADO

Uno de los aspectos que considero más importantes de este fenómeno es el traslado de inmigrantes desde Canarias hacia la Península.

El propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó de que durante 2025 se gestionó el traslado de 20.489 inmigrantes ilegales desde Canarias a la Península.

Este dato demuestra que la inmigración ilegal que llega al archipiélago no constituye exclusivamente un problema de las islas, sino que termina teniendo repercusiones sobre el conjunto del Estado.

Cada traslado requiere medios de transporte, identificación, tramitación administrativa y, cuando corresponde, alojamiento y asistencia dentro de los programas públicos de atención humanitaria.

El Gobierno también informó de que durante 2025 el Sistema de Acogida Estatal atendió a 124.170 personas y contó con 56.053 plazas de acogida, distribuidas entre los programas de protección internacional y atención humanitaria.

Estamos hablando de una estructura administrativa y asistencial que necesita financiación pública, instalaciones, trabajadores, recursos materiales y oenegés que no  necesitamos pero que están ahí entre los inmigrantes viviendo del cuento del eslogan: “pobrecitos inmigrantes”.

Y aquí aparece una cuestión que considero fundamental: ¿cuánto dinero está gastando realmente España en atender a los inmigrantes que llegan ilegalmente a través de Canarias y que una  parte de los mismos son posteriormente trasladados a la Península?

No basta con conocer el número de llegadas. Es necesario conocer el coste total de cada procedimiento, desde el rescate marítimo hasta la recepción, manutención, alojamiento, asistencia sanitaria, transporte y seguimiento administrativo.

¿QUÉ SUCEDE CON LOS INMIGRANTES ADULTOS QUE NO REGRESAN A SUS PAÍSES?

Otro asunto que merece un análisis riguroso es la permanencia en España de los inmigrantes adultos que llegan ilegalmente.

No todos los inmigrantes que llegan a Canarias permanecen necesariamente en los centros de acogida. Algunos consiguen salir de ellos, otros solicitan protección internacional, otros encuentran empleo legal o ilegal, y otros continúan su situación administrativa por diferentes vías.

Pero también existe una cuestión que no puede ignorarse: cuando no se produce el retorno al país de origen, las necesidades de alojamiento, integración, documentación y atención pueden prolongarse durante años.

Esto acarrea consecuencias sobre el mercado y la subida del precio del alquiler de la vivienda, y mayores gastos en los servicios sanitarios, la asistencia social y las necesidades de empleo.

Por eso, para conocer el verdadero balance económico hay que comparar los gastos públicos con las cotizaciones, los impuestos y la actividad productiva que generan quienes consiguen incorporarse al mercado laboral.

Lo que no resulta razonable es que el Estado no publique una contabilidad suficientemente detallada que permita conocer ese balance.

CANARIAS NO PUEDE SOPORTAR INDEFINIDAMENTE ESTA SITUACIÓN

Canarias es un territorio insular, alejado geográficamente de la Península y situado frente a una de las principales rutas migratorias procedentes de África occidental.

Sus habitantes tienen derecho a disponer de unos servicios sanitarios, educativos, sociales y de vivienda adecuados, al igual que los ciudadanos de cualquier otra comunidad española.

La solidaridad con los inmigrantes que llegan en embarcaciones precarias y necesitan auxilio humanitario no debe confundirse con la obligación de aceptar indefinidamente cualquier volumen de llegadas ilegales sin que exista una política eficaz de control fronterizo y de deportación.

También es necesario que las administraciones públicas expliquen con transparencia cuánto cuesta esta política y cómo se distribuyen sus responsabilidades entre el Estado y las comunidades autónomas.

La atención humanitaria es una obligación, pero también lo es administrar responsablemente los recursos públicos y garantizar que los servicios esenciales no se vean desbordados.

DOS FENÓMENOS DIFERENTES Y UNA MISMA OBLIGACIÓN DEL ESTADO

La entrada masiva en Ceuta durante julio de 2026 fue un acontecimiento extraordinario que puso a prueba la seguridad fronteriza española y provocó una situación humanitaria de enorme gravedad.

Sin embargo, los datos de los retornos a Marruecos muestran que se produjo un importante movimiento de regreso, aunque las cifras oficiales publicadas presentan discrepancias que todavía necesitan una explicación.

En Canarias, por el contrario, las llegadas marítimas forman parte de un flujo migratorio que requiere una estructura continuada de rescate, recepción, acogida y traslado hacia otras partes de España.

Por eso considero que, desde el punto de vista de los costes públicos acumulados y de las consecuencias territoriales a medio y largo plazo, la inmigración ilegal que llega a Canarias puede representar una carga económica más prolongada para el Estado que aquella entrada masiva en Ceuta.

No obstante, para demostrar cuánto mayor es esa carga sería necesario disponer de una comparación económica oficial que todavía no tenemos.

España necesita conocer el coste real de ambos fenómenos, el número de inmigrantes que permanecen en territorio nacional, el tiempo que reciben asistencia pública, los que trabajan y cotizan y los que regresan a sus países.

No se puede administrar correctamente un problema que no se mide con transparencia.

Y Canarias, por su situación geográfica y por la intensidad de las llegadas, necesita que el Gobierno de España deje de tratar esta cuestión como una sucesión de emergencias aisladas y establezca una política migratoria capaz de proteger las fronteras, atender a las personas que necesitan auxilio y garantizar que los recursos públicos se administren de forma responsable.

Fuentes documentales para acompañar la publicación:

·        Ministerio del Interior: Balance de inmigración irregular.

·        Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: Información sobre acogida y atención humanitaria.

 

Información de la investigación sobre las entradas y retornos en Ceuta publicada por EL PAÍS, RTVE y Cadena SER.

Nota final. Cuando algunas oenegés establecidas en Canarias y en la Península reclaman un mayor control de la ruta migratoria de pateras, zodiacs y cayucos procedentes de África, alegando las miles de muertes que se han producido en el Atlántico, conviene preguntarse cuáles son sus verdaderas motivaciones. ¿Lo hacen exclusivamente por razones humanitarias o también porque necesitan que continúe funcionando el sistema del que viven?

Desde mi punto de vista, detrás de esas reclamaciones existe una contradicción: se pide un mayor control y más medios de rescate para evitar muertes en el mar, pero, al mismo tiempo, se contribuye a mantener abierta una ruta que permite la llegada de cientos de miles de inmigrantes ilegales. Un fenómeno del que determinadas oenegés obtienen financiación, actividad y razón de ser.

Considero especialmente grave que se alimente entre los africanos más pobres la esperanza de que, si se lanzan al océano en embarcaciones precarias, siempre habrá alguien dispuesto a rescatarlos. Muchos terminan emprendiendo una travesía extremadamente peligrosa, confiando en que la Guardia Civil del Mar acudirá en su auxilio y actuará como una especie de ángel de la guarda en las aguas del Atlántico.

La verdadera ayuda humanitaria no debería consistir en facilitar que más personas se jueguen la vida en el océano, sino en evitar que tengan que hacerlo y combatir cualquier actividad que se aproveche de su pobreza, su desesperación y sus esperanzas de alcanzar una vida mejor.

lunes, 16 de noviembre de 2026

¿CUÁNTO CUESTA A LOS ESPAÑOLES LA INMIGRACIÓN QUE LLEGA A ESPAÑA POR MAR? MENAS, ADULTOS, ASILO, AYUDAS SOCIALES Y COOPERACIÓN CON ÁFRICA

 

¿CUÁNTO CUESTA A LOS ESPAÑOLES LA INMIGRACIÓN QUE LLEGA A ESPAÑA POR MAR? MENAS, ADULTOS, ASILO, AYUDAS SOCIALES Y COOPERACIÓN CON ÁFRICA

Por Bruno Perera

La llegada de embarcaciones con inmigrantes ilegales a las costas españolas desde hace unos 35 años, especialmente a las Islas Canarias, constituye uno de los fenómenos migratorios que mayor atención despierta entre la ciudadanía.

Sin embargo, existe una parte de esta realidad que pocas veces se explica con suficiente profundidad: ¿qué sucede con las personas que llegan en pateras, zodiacs y cayucos después de desembarcar? ¿Dónde las alojan? ¿Durante cuánto tiempo reciben asistencia? ¿Cuánto cuesta mantener a un menor extranjero no acompañado (MENA), a un hombre adulto, a una mujer embarazada o a una madre que llega con bebés y niños pequeños? ¿Qué ayudas económicas reciben los solicitantes de asilo? ¿Y cuánto dinero se destina a vigilar las costas y a cooperar con los países africanos?

También conviene comparar esta inmigración marítima con la que llega a España por vía aérea, puesto que las necesidades de asistencia pública pueden ser muy diferentes.

En este artículo vamos a examinar estas cuestiones utilizando información de organismos oficiales, contratos públicos, disposiciones del Boletín Oficial del Estado y estudios económicos.

1. Dos vías de entrada: por avión y por mar

La inmigración que llega a España no se produce exclusivamente mediante pateras y cayucos.

Una parte muy importante de las personas que establecen su residencia en nuestro país llega por los aeropuertos, utilizando vuelos comerciales y, en muchos casos, con documentación y autorizaciones de entrada en regla.

Algunos llegan por turismo, otros por motivos laborales, familiares, estudios o para establecer su residencia. También existen personas que entran legalmente y posteriormente permanecen en España cuando caduca su autorización.

Este último fenómeno puede dar lugar a situaciones de ilegalidad administrativa sobrevenida.

En cambio, quienes llegan en embarcaciones por las costas españolas suelen necesitar una intervención inmediata de las autoridades fronterizas, policiales y sanitarias.

¿Es mayor la inmigración que llega por vía aérea?

El conjunto de la inmigración exterior que registra España es muy superior al número de entradas irregulares detectadas por mar.

El Instituto Nacional de Estadística registró en 2024 un saldo migratorio exterior positivo de 626.268 personas. De ellas, 619.652 correspondieron a ciudadanos extranjeros.

Por otra parte, el Ministerio del Interior contabilizó durante 2025 un total de 36.775 entradas irregulares por las fronteras marítimas y terrestres.

Estas estadísticas no son directamente comparables: el INE mide movimientos migratorios y el Ministerio del Interior registra entradas irregulares detectadas. Tampoco podemos afirmar que todas las personas que aparecen en las estadísticas del INE hayan llegado por avión.

Lo que sí podemos afirmar es que el fenómeno migratorio general se aprecia mucho mayor a través de las entradas registradas por las fronteras marítimas por causa de que no se contabiliza el 100% las entradas de inmigrantes que acceden al país por vía aérea con pasaporte en regla, pero que luego de cumplir su tiempo permitido se quedan residiendo ilegalmente.

Ver artículo que explica este fenómeno: https://lavozliberaldelanzarote.blogspot.com/2026/11/espana-cuenta-las-pateras-zodiacs-y.html

¿Por qué puede resultar más económica la acogida inicial de quienes llegan por avión?

Un inmigrante que entra legalmente por un aeropuerto puede disponer de dinero, alojamiento contratado, familiares, amigos o medios propios para establecerse en España.

En esas circunstancias, el Estado no tiene necesariamente que proporcionarle alojamiento, alimentación, ropa, atención inmediata ni transporte a otros centros.

En cambio, la mayoría, o casi el total, un 98% de inmigrantes que llegan en pateras, zodiacs y cayucos lo hacen sin equipaje y sin recursos materiales suficientes para atender sus necesidades más elementales.

A ello hay que añadir que entre quienes llegan por mar pueden encontrarse menores no acompañados, mujeres embarazadas, bebés y personas que necesitan asistencia sanitaria.

Por tanto, la llegada marítima ilegal genera un gasto público inicial, por meses o años, mucho mayor cuando las personas necesitan acogida integral.

Esto no significa que todos los inmigrantes que llegan por avión tengan recursos suficientes para residir en España mientras se legalizan y encuentran un empleo, pero sí que todos los que llegan por mar carecen de ellos, salvo quizás un 2%.

2. Los menores extranjeros no acompañados (MENAs)

Cuando llega una embarcación con menores y adultos, las autoridades realizan las correspondientes actuaciones de identificación y determinación de edad.

Una vez acreditada la minoría de edad y la ausencia de un adulto responsable, los menores extranjeros no acompañados pasan al sistema de protección de la comunidad autónoma.

En Canarias, el Gobierno autonómico asume su tutela y debe proporcionarles:

  • Alojamiento.
  • Alimentación.
  • Vestimenta e higiene.
  • Atención sanitaria.
  • Educación.
  • Formación profesional.
  • Atención psicológica y social.
  • Preparación para su incorporación a la vida adulta.

¿Cuánto cuesta mantener a un MENA?

Uno de los datos económicos más importantes procede de la contratación pública del Gobierno de Canarias.

En un expediente oficial de 2024 se estableció un precio de 90 euros diarios por menor y plaza.

Esto representa:

Periodo

Coste

Un día

90 €

Una semana

630 €

30 días

2.700 €

Un año de 365 días

32.850 €

Es importante aclarar que los 90 euros no se entregan directamente al menor. Son una tarifa de financiación del servicio de acogida que prestan las oenegés que viven del cuento de la inmigración ilegal.

Con ese dinero se pagan los gastos del centro, sus profesionales, la alimentación, el alojamiento, la atención educativa y otros servicios extras no declarados.

La cantidad puede variar según el contrato, las condiciones del centro y las necesidades de los menores.

¿Qué sucede cuando cumplen 18 años?

Cuando un MENA cumple la mayoría de edad, deja de estar bajo la tutela administrativa de menores.

Sin embargo, no significa que tenga que abandonar automáticamente España.

La legislación de extranjería contempla autorizaciones de residencia para jóvenes que estuvieron tutelados por una entidad pública y que cumplen los requisitos establecidos.

También existen programas de emancipación que pueden proporcionar alojamiento, orientación laboral y apoyo económico.

Por tanto, algunos jóvenes extranjeros pueden continuar residiendo legalmente en España y recibir acompañamiento durante su incorporación a la vida adulta con ayudas extrasociales de unos 600-800 euros mensuales, que a veces se prolongan por más de dos años después de haber abandonado el centro de tutela..

3. Los hombres adultos que llegan por mar

Los hombres adultos que llegan en pateras, zodiacs y cayucos pueden ser atendidos mediante el Programa de Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este programa contempla:

  • Alojamiento.
  • Alimentación.
  • Ropa y artículos de higiene.
  • Atención sanitaria básica.
  • Orientación jurídica.
  • Atención psicológica y social.
  • Traslados a otros centros.

¿Cuánto cuesta mantener a un adulto?

El Boletín Oficial del Estado publicó el 25 de junio de 2026 las tarifas de referencia del Programa de Atención Humanitaria.

Las cantidades establecidas son:

Modalidad de acogida

Coste diario

Coste mensual aproximado

Acogida integral, tarifa 1

42 €

1.260 €

Acogida integral, tarifa 2

60 €

1.800 €

Acogida integral vulnerable

49 €

1.470 €

Estas tarifas representan el coste financiado por plaza y día, no una paga que reciba directamente el inmigrante.

Tampoco existe una tarifa diferente por el simple hecho de que el adulto sea hombre o mujer.

¿Qué sucede cuando son trasladados a la península?

El traslado desde Canarias a la península no significa que el inmigrante haya obtenido automáticamente un permiso de residencia o de trabajo.

Puede suceder que:

  • Continúe alojado en un centro de atención humanitaria.
  • Solicite protección internacional y sea admitido en el sistema de acogida correspondiente.
  • Encuentre alojamiento por sus propios medios.
  • Disponga de familiares o conocidos que lo reciban.
  • Termine sin alojamiento institucional si carece de recursos y no consigue acceder a una plaza.

No existe una garantía general de que todos los adultos trasladados desde Canarias reciban varias semanas adicionales de alojamiento.

Por tanto, algunos continúan en centros de acogida y otros deben buscarse la vida por sus propios medios.

4. Las mujeres adultas, embarazadas y madres con hijos pequeños

Las mujeres que llegan por mar también pueden acceder al Programa de Atención Humanitaria.

Cuando presentan circunstancias de vulnerabilidad, pueden ser derivadas a recursos especializados.

En el caso de las embarazadas, la asistencia puede comprender:

  • Alojamiento adaptado.
  • Alimentación.
  • Seguimiento médico del embarazo.
  • Atención hospitalaria durante el parto.
  • Atención psicológica y social.
  • Asesoramiento jurídico.

El precio de referencia para una plaza de acogida vulnerable es de 49 euros diarios, equivalentes a 1.470 euros por 30 días.

No obstante, no existe una tarifa nacional única que establezca cuánto cuesta específicamente cada mujer embarazada.

¿Y las madres que llegan con bebés o niños pequeños?

Cuando una mujer llega acompañada de un recién nacido, un bebé de varios meses o niños de corta edad, sus circunstancias son valoradas para asignarle un recurso adecuado.

La atención puede incluir:

  • Alojamiento familiar.
  • Alimentación.
  • Pañales y productos de higiene.
  • Atención pediátrica.
  • Seguimiento sanitario.
  • Educación infantil y escolarización cuando corresponda.
  • Apoyo social y psicológico.

En estos casos no podemos utilizar la tarifa de una persona adulta como si fuera el coste completo de toda la familia.

El gasto dependerá del número de integrantes, el alojamiento disponible y las necesidades de atención.

El Ministerio no publica una tarifa nacional única que permita afirmar cuánto cuesta mensualmente mantener a una madre con un bebé o a una madre con tres hijos.

Por tanto, sería necesario conocer los contratos específicos de los centros y las prestaciones que recibe cada familia para calcularlo correctamente.

5. ¿Cuánto dinero reciben los solicitantes de asilo?

Esta es otra cuestión que merece explicarse porque existe bastante confusión entre el coste de una plaza y el dinero que recibe directamente una persona.

España dispone de un Sistema de Acogida de Protección Internacional para solicitantes y beneficiarios de protección internacional que carecen de recursos económicos suficientes.

No todas las personas que llegan en patera tienen derecho automáticamente a estas prestaciones.

Para acceder deben cumplir los requisitos del programa y ser admitidas en él.

El sistema contempla un itinerario individualizado con diferentes fases.

Primera fase: valoración y derivación

Se estudian las circunstancias de cada persona y sus necesidades.

Puede recibir alojamiento, alimentación, asistencia y otros servicios básicos.

Segunda fase: acogida

Durante esta etapa puede recibir alojamiento, manutención y prestaciones para cubrir necesidades personales. Y mientras se dedica a hacer labores ilegales sin contrato y sin pagar impuestos.

Entre las ayudas que aparecen en documentación de orientación sobre el sistema se encuentran cantidades de bolsillo y ayudas para vestuario.

Algunas guías anteriores han recogido referencias de 50 euros semanales para gastos personales y 90 euros trimestrales para ropa.

Eso equivaldría a unos 217 euros mensuales de dinero de bolsillo, más el importe de vestuario prorrateado.

Pero hay que hacer una advertencia importante: esas cantidades no constituyen una paga universal garantizada por ley para todos los solicitantes de asilo. Las prestaciones dependen de la normativa aplicable, la fase del itinerario y las circunstancias personales.

Tercera fase: autonomía

Cuando la persona pasa a la fase de autonomía puede recibir determinadas ayudas para cubrir necesidades básicas y alojamiento.

Estas ayudas dependen de sus ingresos, su composición familiar y los requisitos del programa.

No existe una cantidad fija que todos los solicitantes de asilo reciban mensualmente.

Por tanto, no se puede afirmar que cada inmigrante que solicita asilo cobra automáticamente 466, 500 o 900 euros mensuales.

Hay que diferenciar entre las ayudas individuales, las prestaciones para vivienda y los servicios que se pagan directamente a las entidades colaboradoras.

6. El coste de los programas de atención humanitaria y protección internacional

Además del precio individual de cada plaza, el Boletín Oficial del Estado permite conocer las cantidades presupuestadas para financiar estos programas.

Para el periodo comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027, la planificación extraordinaria del Programa de Atención Humanitaria contempla aproximadamente 353,6 millones de euros.

Por su parte, la planificación estructural del Sistema de Acogida de Protección Internacional para ese mismo periodo contempla aproximadamente 670,5 millones de euros.

Son dos programas diferentes, con destinatarios y prestaciones diferentes.

No deben confundirse sus presupuestos ni sumarse sin tener en cuenta sus respectivos ámbitos de actuación.

Estas cantidades muestran la dimensión económica de la infraestructura de acogida que mantiene el Estado español.

7. El gasto de la Guardia Civil del Mar y las operaciones de rescate

Cuando calculamos cuánto cuesta la inmigración marítima, no debemos limitarnos al alojamiento y la alimentación de las personas que desembarcan.

También hay que considerar los recursos públicos que se utilizan para vigilar las costas, controlar las fronteras y rescatar embarcaciones.

En estas operaciones intervienen diferentes organismos:

  • Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
  • Servicio Aéreo de la Guardia Civil.
  • Salvamento Marítimo.
  • Policía Nacional.
  • Fuerzas Armadas cuando corresponde.
  • Organismos europeos de vigilancia fronteriza.

Mantener operativas embarcaciones, helicópteros, aviones, radares, sistemas de comunicación y personal especializado supone un gasto considerable.

También hay que pagar combustible, mantenimiento, reparaciones, formación y desplazamientos.

No sería correcto atribuir todo el presupuesto de estos organismos exclusivamente a la inmigración, porque también realizan otras funciones de seguridad y salvamento.

Sin embargo, sí sería razonable que el Gobierno publicase cuánto cuestan específicamente las operaciones relacionadas con las rutas migratorias hacia Canarias.

8. La Guardia Civil y Frontex en los países africanos

España mantiene acuerdos de cooperación policial y migratoria con diferentes países africanos.

La Guardia Civil ha desarrollado despliegues y actividades de cooperación en países como Mauritania, Senegal, Gambia y otros Estados de África occidental.

Estas actividades pueden incluir:

  • Patrullas conjuntas con fuerzas locales.
  • Intercambio de información.
  • Formación de agentes.
  • Asistencia técnica.
  • Vigilancia marítima.
  • Lucha contra las redes de tráfico de personas.

Frontex, por su parte, mantiene una red de oficiales de enlace en países no pertenecientes a la Unión Europea.

En África occidental dispone de un oficial de enlace en Senegal, con cobertura sobre Gambia y Mauritania.

Es importante aclarar que no todas estas actuaciones equivalen a patrullas europeas dentro de territorio africano. Las operaciones con competencias ejecutivas en terceros países necesitan los correspondientes acuerdos jurídicos.

Pero sí forman parte del esfuerzo económico y operativo destinado a gestionar las rutas migratorias antes de que las embarcaciones alcancen las costas europeas.

9. La cooperación económica de España y la Unión Europea con África

Existe otra partida que también merece ser examinada cuando hablamos del gasto público relacionado con la inmigración africana.

España y la Unión Europea destinan importantes cantidades de dinero a programas de cooperación con países africanos.

Estas aportaciones financian proyectos de:

  • Desarrollo económico.
  • Educación.
  • Sanidad.
  • Agricultura.
  • Infraestructuras.
  • Seguridad.
  • Formación profesional.
  • Cooperación institucional.
  • Gestión migratoria.

Según la evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), España desembolsó 10.847 millones de euros en ayuda oficial al desarrollo durante el periodo 2021-2023.

África fue el principal destino geográfico, con el 29,6 % del total.

Esto representa aproximadamente 3.211 millones de euros durante esos tres años, una media cercana a 1.070 millones de euros anuales.

Hay que aclarar que esta cantidad corresponde a la ayuda oficial al desarrollo destinada a África, no exclusivamente a programas migratorios ni a entregas directas a gobiernos africanos.

Una parte se canaliza a través de organismos multilaterales y programas europeos.

La Unión Europea también mantiene importantes instrumentos financieros de cooperación con África, entre ellos los destinados a desarrollo, estabilidad y gestión migratoria.

Por tanto, cuando se analiza el esfuerzo económico relacionado con la inmigración, también conviene examinar estas partidas y distinguir qué parte está realmente vinculada al control de los flujos migratorios.

10. ¿Cuánto cuesta realmente la inmigración que llega por mar?

Para conocer el coste completo de la inmigración marítima habría que sumar diferentes conceptos.

A. Atención inmediata

  • Rescate y desembarco.
  • Atención sanitaria.
  • Identificación policial.
  • Alimentación, ropa e higiene.

B. Alojamiento y manutención

  • Centros de primera acogida.
  • Centros de atención humanitaria.
  • Alimentación y alojamiento.
  • Personal sanitario y social.
  • Asesoramiento jurídico.

C. Protección de menores

  • Tutela administrativa.
  • Centros residenciales.
  • Educación y formación.
  • Atención psicológica.
  • Programas de emancipación.

D. Traslados

  • Transporte entre islas.
  • Traslados a la península.
  • Desplazamientos entre centros de acogida.

E. Vigilancia y seguridad marítima

  • Guardia Civil del Mar.
  • Servicio Aéreo.
  • Salvamento Marítimo.
  • Combustible y mantenimiento.
  • Medios de vigilancia y rescate.
  • Participación en operaciones europeas.

F. Cooperación internacional

  • Programas españoles en países africanos.
  • Financiación europea.
  • Formación y equipamiento de fuerzas de seguridad africanas.
  • Proyectos de desarrollo y cooperación migratoria.

No podemos sumar indiscriminadamente todos los presupuestos de estos organismos porque tienen otras competencias y actividades.

Lo que sí debería hacerse es publicar un desglose que permita conocer qué parte del dinero público se destina específicamente a cada actividad relacionada con las rutas migratorias.

11. Comparación de los principales costes conocidos

A partir de los contratos y tarifas oficiales examinados, podemos establecer la siguiente comparación:

Persona o servicio

Coste o referencia

MENA en un contrato de Canarias

2.700 €/mes

Adulto, acogida integral tarifa 1

1.260 €/mes

Adulto, acogida integral tarifa 2

1.800 €/mes

Plaza de acogida vulnerable

1.470 €/mes

Solicitante de asilo en fase de autonomía

Tarifa de servicio: 1.110 €/mes

Mujer embarazada

No hay tarifa nacional específica

Madre con bebés o niños

Depende del número de integrantes y necesidades

Las cantidades mensuales se calculan sobre 30 días.

La tarifa de autonomía de 37 euros diarios corresponde al servicio financiado por plaza o persona atendida, no a una cantidad que se entregue directamente al solicitante de asilo.

Tampoco deben sumarse automáticamente las tarifas de los diferentes programas a las ayudas personales, porque se trata de conceptos presupuestarios distintos.

12. ¿Qué información deberían publicar las administraciones?

Después de examinar la legislación, los contratos públicos y los programas de acogida, considero que todavía quedan preguntas que merecen una respuesta pública.

Por ejemplo:

1.    ¿Cuántos inmigrantes adultos trasladados desde Canarias continúan alojados en centros de la península?

2.    ¿Cuántos abandonan los centros por sus propios medios?

3.    ¿Cuántos solicitan protección internacional?

4.    ¿Cuántos obtienen protección y cuántos reciben resoluciones desfavorables?

5.    ¿Cuántos permanecen en España sin alojamiento institucional?

6.    ¿Cuántos menores cumplen 18 años y cuántos acceden a programas de emancipación?

7.    ¿Cuántas mujeres embarazadas y madres con niños pequeños reciben atención?

8.    ¿Cuánto cuesta mantener cada modalidad de alojamiento?

9.    ¿Cuánto se destina a las organizaciones que gestionan los centros?

10.¿Cuánto cuesta específicamente la vigilancia marítima de las rutas migratorias?

11.¿Cuánto dinero se destina a operaciones de cooperación policial en África?

12.¿Qué parte de la cooperación española y europea con África está directamente relacionada con la gestión migratoria?

No estoy afirmando que las administraciones carezcan de estos datos. Estoy planteando que deberían publicarlos de manera conjunta, clara y accesible.

CONCLUSIÓN: LA INMIGRACIÓN TAMBIÉN DEBE ANALIZARSE DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO

La inmigración que llega a España por vía aérea y la que llega por mar presentan situaciones muy diferentes en cuanto a sus necesidades de asistencia inicial.

Quienes entran legalmente por un aeropuerto pueden disponer de recursos propios, alojamiento o familiares que los reciban. En cambio, casi el 100% de inmigrantes que llegan en pateras y cayucos necesitan que las administraciones les proporcionen desde el primer momento alojamiento, alimentación, ropa, atención sanitaria y, en algunos casos, protección especial para menores y familias.

A ello hay que añadir el gasto de vigilancia de las costas, los rescates marítimos, los traslados a otras comunidades, el funcionamiento de los centros y los programas de cooperación con los países africanos.

Los datos oficiales muestran que mantener una plaza de protección de menores puede alcanzar los 2.700 euros mensuales en determinados contratos canarios, mientras que las tarifas estatales de acogida humanitaria para adultos se sitúan entre 1.260 y 1.800 euros mensuales, dependiendo de la modalidad.

También hemos comprobado que España destina miles de millones de euros a la cooperación internacional, una parte importante de la cual tiene como destino el continente africano.

Mi intención al reunir todos estos datos es que España no debe continuar admitiendo más inmigración por la vía que sea; en su caso debe deportar en caliente a los inmigrantes adultos y Menas que pretendan entrar de manera ilegal y solo admitir inmigración cuando la necesitemos.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer cuánto cuesta cada programa, quién lo gestiona, cuánto dinero recibe cada entidad y qué resultados se consiguen.

Una política migratoria responsable necesita eficacia para administrar los recursos públicos y transparencia para que los ciudadanos sepan cómo se utiliza el dinero que aportan mediante sus impuestos.

Porque conocer cuántas personas llegan a España es solamente una parte de la información. También necesitamos conocer qué sucede con ellas después, cuánto cuesta atenderlas y qué resultados están obteniendo las políticas migratorias que se aplican.

Fuentes oficiales y documentales para acompañar el artículo

  1. BOE: tarifas del Programa de Atención Humanitaria, 25 de junio de 2026.
  2. BOE: Sistema de Acogida de Protección Internacional, 19 de junio de 2026.
  3. Gobierno de Canarias: expediente de contratación de plazas de menores.
  4. INE: Estadística de Migraciones 2024.
  5. Ministerio del Interior: balance migratorio 2025.
  6. AIReF: evaluación de la ayuda oficial al desarrollo española.
  7. Frontex: cooperación con países no pertenecientes a la UE.
  8. Ministerio de Inclusión: Sistema de Acogida de Protección Internacional.

Nota final

Si durante los últimos 35 años el dinero que se ha despilfarrado a atender la inmigración ilegal se hubiera invertido en construir viviendas sociales, tomando como referencia un coste aproximado de 150.000 euros brutos por vivienda, hoy podríamos disponer de más de 300.000 viviendas públicas. Contando que 50.000 euros sería el coste del terreno y papeleo de cada vivienda que pondría el Gobierno de su parte.

Una cantidad que habría contribuido considerablemente a aliviar el problema habitacional de España, ofreciendo a miles de familias nacionales la posibilidad de acceder a una vivienda digna y asequible, sin tener que soportar los precios abusivos de los alquileres que actualmente impone el mercado.

Quizás habría sido más rentable para el país invertir en dar soluciones al problema de la vivienda que seguir destinando miles de millones de euros a una política inmigratoria cuyos costes y resultados merecen ser examinados.


El gasto de España en inmigración durante los últimos 35 años podría superar los 30.000 millones de euros.

Para conocer la verdadera dimensión económica de este fenómeno, sería necesario realizar un estudio detallado que contabilizara las cantidades de inmigrantes que han llegado a España durante los últimos 35 años y sumara todos los gastos derivados de su acogida y atención.

En ese cálculo habría que incluir, entre otros conceptos, el mantenimiento anual de los cerca de 20.000 menores extranjeros no acompañados (MENAS), los gastos de alojamiento, manutención y asistencia a los inmigrantes adultos, la atención a las mujeres embarazadas y a quienes llegan acompañadas de niños pequeños, así como las ayudas económicas destinadas a distintos países africanos para gestionar los flujos migratorios.

Solo sumando todas estas partidas, año tras año y durante tres décadas y media, podremos conocer el coste económico real que la inmigración ha supuesto para España.

Considero que, teniendo en cuenta todos estos conceptos, mi estimación de que el gasto acumulado supera los 30.000 millones de euros merece ser investigada y contrastada mediante un estudio económico riguroso.