Pienso que las IAs destruirán muchos libros, oficios y carreras profesionales

 

Pienso que las IAs destruirán muchos libros, oficios y carreras profesionales

Por Bruno Perera

Si pensamos en la antigua Biblioteca de Alejandría, considerada uno de los grandes centros del saber de la Antigüedad, podemos comprender la importancia que tiene conservar los conocimientos acumulados por la humanidad. Su historia ha quedado asociada a la pérdida de innumerables obras antiguas, aunque su destrucción no fue un único incendio, sino un proceso histórico complejo a lo largo de varios siglos.

Hoy nos encontramos ante una situación que, aunque muy diferente, podría tener consecuencias igualmente profundas para el futuro del conocimiento humano. Me refiero a la aparición y expansión de las inteligencias artificiales (IAs), unas herramientas capaces de proporcionar en segundos información que antes obligaba a muchas personas a consultar libros, enciclopedias, manuales y otros documentos, o a pagar a profesionales para obtener determinadas respuestas.

¿Podría suceder que, mientras las IAs acumulan y distribuyen conocimientos, la humanidad deje de escribir, comprar y conservar muchos de los libros que durante siglos han servido para transmitirlos?

Esta es una pregunta que merece ser meditada.

De las bibliotecas a las respuestas instantáneas

Durante siglos, los libros han sido una de las principales herramientas utilizadas por la humanidad para transmitir conocimientos de una generación a otra. Quien deseaba aprender un idioma, estudiar matemáticas, conocer las leyes, diseñar una máquina, construir una vivienda o comprender el funcionamiento de una industria debía recurrir a libros, acudir a una institución educativa o buscar a alguien que dominara esa materia.

Posteriormente, con la llegada de Internet, se facilitó enormemente el acceso a la información. Sin embargo, todavía era necesario buscar páginas, comparar documentos, leer artículos y dedicar tiempo a seleccionar aquello que resultaba útil.

Con las IAs se ha producido un cambio considerable. Ahora una persona puede formular una pregunta y recibir una explicación adaptada a sus necesidades en cuestión de segundos. Puede solicitar una traducción, pedir que le redacten una carta, consultar una fórmula matemática, comprender un concepto jurídico general o recibir orientación para resolver un problema técnico.

Y todo ello, en muchos casos, sin pagar nada.

Es lógico pensar que una parte de los lectores que antes compraban libros para adquirir determinados conocimientos prefiera ahora recurrir a una IA. ¿Para qué comprar un manual de cientos de páginas si una herramienta digital puede resumir sus principales conceptos y explicar las dudas que surjan durante la lectura?

Esta comodidad representa un avance extraordinario, pero también puede convertirse en un problema para quienes viven de escribir, editar, imprimir, distribuir y vender libros.

¿Qué ocurrirá con los escritores y las editoriales?

Imaginemos a un autor que dedica meses o años a escribir un libro sobre traducción, arquitectura, ingeniería, historia, economía o matemáticas. Después de terminarlo, debe buscar una editorial, asumir determinados gastos o invertir tiempo y dinero en promocionarlo, con la esperanza de que los lectores lo compren.

Sin embargo, cuando un usuario puede obtener gratuitamente una explicación sobre ese mismo tema, es posible que decida no adquirir la obra.

Esto no significa que todos los libros vayan a desaparecer ni que las IAs puedan sustituir por completo a sus autores. Una obra literaria, una investigación original, una biografía bien documentada o un libro que transmita la experiencia personal de su autor pueden ofrecer mucho más que una simple recopilación de información.

Pero existe un riesgo económico evidente: si disminuye la demanda de determinados libros, algunos escritores podrían perder ingresos, ciertas editoriales podrían dejar de publicar obras especializadas y las librerías podrían verse obligadas a reducir su oferta.

También podrían verse perjudicados los traductores, correctores, ilustradores, diseñadores gráficos y otros profesionales relacionados con la producción editorial.

El problema no consiste únicamente en que se vendan menos libros. La cuestión es qué ocurrirá con la producción de nuevos conocimientos si quienes dedican su vida a investigarlos y divulgarlos dejan de encontrar una remuneración suficiente por su trabajo.

Los oficios y las carreras profesionales también están en peligro

La influencia de las IAs no se limita al mundo editorial. Sus efectos pueden extenderse a numerosas profesiones y actividades económicas.

En traducción, por ejemplo, ya existen herramientas capaces de traducir textos en pocos segundos. En redacción, pueden preparar artículos, informes y cartas. En matemáticas, ayudan a resolver ejercicios y explicar procedimientos. En diseño, generan imágenes y propuestas visuales. En programación, escriben y revisan código. En administración, automatizan tareas que antes exigían horas de trabajo humano.

Incluso en determinadas actividades relacionadas con la arquitectura, la ingeniería, el asesoramiento jurídico y la contabilidad, las IAs pueden realizar parte del trabajo que anteriormente correspondía a profesionales especializados.

Esto no significa que puedan asumir sin supervisión todas las responsabilidades de esas profesiones. Una respuesta jurídica puede ser incorrecta, un cálculo de ingeniería puede contener errores y una explicación médica puede resultar incompleta. Por ello, la experiencia humana, la comprobación de los datos y la responsabilidad profesional continúan siendo fundamentales.

No obstante, aunque las IAs no eliminen por completo una profesión, sí podrían reducir la cantidad de trabajadores necesarios para realizar ciertas tareas. Y cuando una empresa descubre que puede producir lo mismo con menos personal, es razonable pensar que intentará aprovechar esa ventaja para reducir costes.

Por tanto, no solo debemos preguntarnos cuántos libros dejarán de venderse, sino también cuántos puestos de trabajo podrían desaparecer, transformarse o quedar reservados a quienes sepan utilizar estas nuevas herramientas.

El peligro de que dejemos de aprender por nosotros mismos

Existe otro aspecto que considero especialmente importante.

Una cosa es utilizar una IA para ampliar nuestros conocimientos y otra muy diferente es acostumbrarnos a preguntarle todo sin realizar ningún esfuerzo por comprender las respuestas.

Leer un libro exige concentración, paciencia y capacidad para relacionar unas ideas con otras. Nos obliga a detenernos, reflexionar, comparar argumentos y, en ocasiones, discrepar con el autor. Ese proceso puede contribuir a desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de análisis.

En cambio, si nos limitamos a formular preguntas y aceptar automáticamente las respuestas de una IA, corremos el riesgo de convertirnos en personas dependientes de una herramienta cuyo funcionamiento no comprendemos completamente.

Además, las IAs pueden equivocarse, presentar información desactualizada o transmitir afirmaciones que parecen ciertas sin serlo. Si perdemos la costumbre de consultar fuentes independientes y contrastar los datos, podríamos acabar aceptando errores como si fueran verdades.

El verdadero conocimiento no consiste únicamente en recibir información. También consiste en saber interpretarla, comprobarla y utilizarla correctamente.

Por eso, considero que las escuelas, los institutos y las universidades deberían enseñar a utilizar las IAs, pero sin abandonar la lectura, la escritura, las matemáticas ni el aprendizaje de los fundamentos de cada materia. Una persona que comprende aquello que hace puede aprovechar mejor una herramienta inteligente que otra que se limita a copiar sus resultados.

¿Podrían las bibliotecas convertirse en las memorias de las IAs?

Aquí llegamos a una de las cuestiones que más me preocupan.

Si en el futuro una parte importante de la población deja de comprar libros porque obtiene respuestas a través de las IAs, podría disminuir el incentivo económico para escribir y publicar determinadas obras. Con el tiempo, algunas editoriales cerrarían, ciertos títulos dejarían de reeditarse y numerosos conocimientos podrían quedar dispersos en archivos digitales difíciles de localizar.

Mientras tanto, las IAs continuarían ofreciendo respuestas a millones de personas, dando la impresión de que todo el conocimiento está permanentemente disponible.

Pero ¿qué sucedería si una empresa cerrara sus servicios, una plataforma perdiera sus archivos, un sistema dejara de funcionar o una crisis tecnológica interrumpiera el acceso a sus datos?

No es necesario imaginar que todas las IAs desaparezcan de un día para otro para comprender el peligro. Bastaría con que una parte importante del conocimiento estuviera concentrada en unos pocos sistemas privados, inaccesibles para el público o dependientes de infraestructuras que dejaran de funcionar.

No obstante, hay una diferencia importante respecto a la antigua Biblioteca de Alejandría: hoy disponemos de libros impresos, bibliotecas públicas, archivos nacionales, universidades, bases de datos y copias digitales distribuidas por numerosos lugares. La desaparición de una IA no borraría automáticamente todos los libros ni todos los conocimientos existentes.

El riesgo aparecería si, confiados en que las máquinas siempre nos proporcionarán las respuestas, dejáramos de conservar adecuadamente las fuentes originales de las que procede una parte de ese conocimiento.

Por eso, las bibliotecas físicas y digitales, los archivos públicos y la conservación de documentos deben seguir desempeñando un papel esencial. El saber humano no debería depender exclusivamente de la memoria de una máquina ni de la voluntad de una empresa.

¿Quién será dueño del conocimiento en el futuro?

También debemos considerar el poder económico que podría concentrarse en las empresas que desarrollan y controlan las IAs más avanzadas.

Un libro puede comprarse, prestarse, conservarse durante décadas y consultarse sin necesidad de conectarse a un servicio digital. Una IA comercial, en cambio, puede depender de una suscripción, de una conexión a Internet, de las condiciones de uso de una compañía o de decisiones empresariales que el usuario no controla.

Hoy algunas herramientas ofrecen acceso gratuito, pero nada garantiza que todas sus prestaciones continúen siendo gratuitas en el futuro. Las empresas necesitan financiar sus infraestructuras, pagar a sus trabajadores y obtener ingresos.

Podría darse la paradoja de que, después de acostumbrarnos a consultar gratuitamente conocimientos que antes comprábamos en libros, termináramos dependiendo de servicios de pago para acceder a determinadas respuestas.

Y si, al mismo tiempo, se redujera la producción de libros independientes, los ciudadanos podrían encontrarse con menos alternativas para consultar información fuera de esas plataformas.

Por eso considero necesario fomentar la conservación pública del conocimiento, las bibliotecas abiertas, los archivos accesibles y la publicación de obras que puedan consultarse sin depender de una única empresa.

¿Desaparecerán los libros?

Personalmente, no creo que los libros desaparezcan por completo. Siempre habrá personas que disfruten leyendo novelas, investigando la historia, estudiando una materia en profundidad o conservando una obra que consideren importante.

También continuarán existiendo libros escolares, universitarios, científicos, técnicos y especializados. Es posible, sin embargo, que cambie su función y que algunas categorías pierdan una parte importante de sus lectores y compradores.

Quizá en el futuro se vendan menos manuales destinados exclusivamente a responder preguntas sencillas, mientras que ganen importancia las obras que ofrezcan investigaciones originales, experiencias profesionales, explicaciones profundas y conocimientos difíciles de sustituir mediante una respuesta breve.

El problema es que todavía no sabemos hasta dónde llegará esta transformación. Lo que sí parece razonable es esperar cambios importantes en el mercado editorial y en las profesiones vinculadas a la producción y transmisión del conocimiento.

La sociedad tendrá que encontrar nuevas formas de remunerar a quienes investigan, escriben y crean, sin impedir que los ciudadanos puedan beneficiarse de las ventajas de las nuevas tecnologías.

Mi reflexión final

La humanidad ha tardado miles de años en acumular el conocimiento que hoy nos permite construir ciudades, desarrollar medicamentos, fabricar máquinas, explorar el espacio y comprender buena parte del universo. Ese conocimiento no apareció de la nada: fue el resultado del esfuerzo de incontables generaciones de personas que observaron, experimentaron, investigaron, escribieron y transmitieron sus descubrimientos.

Las IAs pueden ayudarnos a aprovechar ese legado de una forma más rápida y accesible. Sería absurdo rechazar sus ventajas por miedo al cambio. Pero también sería un error pensar que, porque una máquina puede responder a nuestras preguntas, ya no necesitamos libros, escritores, investigadores, profesores ni profesionales especializados.

Una IA puede ayudarnos a encontrar una respuesta, pero debemos seguir preguntándonos de dónde procede, si es correcta y qué fuentes permiten comprobarla.

Mi temor es que, en nuestra carrera por obtenerlo todo de manera instantánea, terminemos debilitando precisamente aquello que hizo posible la creación de las IAs: el conocimiento acumulado por los seres humanos.

Si dejamos de comprar determinados libros, si los autores dejan de encontrar motivos económicos para escribirlos y si numerosas profesiones pierden su razón de ser, podríamos encontrarnos dentro de unas décadas con una sociedad tecnológicamente más avanzada, pero mucho más dependiente de unas pocas empresas que controlen el acceso a la información.

Y entonces la pregunta sería inevitable: ¿habremos utilizado la inteligencia artificial para ampliar el conocimiento humano o habremos permitido que nuestra dependencia de ella reduzca nuestra capacidad de producirlo, conservarlo y transmitirlo?

La antigua Biblioteca de Alejandría nos recuerda que el conocimiento puede perderse cuando no se protege adecuadamente. La diferencia es que hoy no necesitamos esperar a que un incendio destruya nuestros libros. Bastaría con que dejáramos de escribirlos, publicarlos, comprarlos y conservarlos, convencidos de que ya no los necesitamos.

Por ello, creo que debemos aprovechar las ventajas de las IAs, pero sin abandonar los libros ni despreciar el trabajo de quienes dedican su vida a crear conocimiento. Porque una civilización no demuestra su inteligencia únicamente por las respuestas que consigue obtener, sino también por su capacidad para conservar lo aprendido y seguir descubriendo cosas nuevas.

No permitamos que, en nombre del progreso, el conocimiento humano termine convertido en un servicio del que dependamos, en lugar de un patrimonio que todos contribuyamos a enriquecer y conservar.

 

¿Y SI MARRUECOS INTENTARA INVADIR CANARIAS? Un escenario hipotético que podría poner en jaque a España y a Europa

 

¿Y SI MARRUECOS INTENTARA INVADIR CANARIAS? Un escenario hipotético que podría poner en jaque a España y a Europa

Por Bruno Perera

¿Qué ocurriría si una mañana las costas de Canarias aparecieran rodeadas de miles barcos de pesca, pateras y zodiacs cargados de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos? ¿Y si lo que comenzara como una crisis migratoria terminara convirtiéndose en un conflicto diplomático, económico y militar de consecuencias imprevisibles?

Imaginemos por un momento un escenario que hoy pertenece al terreno de la ficción, pero que lo ocurrido en Ceuta en el mes de julio se podría repetir en Canarias, nos obliga a reflexionar sobre la seguridad de nuestras fronteras, la vulnerabilidad de los territorios insulares y la responsabilidad de los gobiernos ante una crisis de dimensiones extraordinarias.

Nota. Ver la invasión y crisis inmigratoria de Ceuta en el siguiente enlace:

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_migratoria_de_Ceuta_de_2026

No estoy afirmando que Marruecos tenga un plan para invadir Canarias. Estoy imaginando qué podría suceder si, algún día, se produjera una llegada masiva  de decenas o centenas de miles de inmigrantes ilegales a bordo de distintas embarcaciones que desbordara la capacidad de respuesta de las autoridades españolas.

Una mañana que cambiaría la historia de Canarias

Amanece en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Los turistas desayunan tranquilamente en los hoteles y complejos de apartamentos, los pescadores preparan sus barcos y los trabajadores se dirigen a sus puestos como cualquier otro día. De repente, las primeras noticias comienzan a circular por emisoras de radio, televisiones y los teléfonos móviles: desde la costa africana cientos de embarcaciones se aproximan al litoral de Canarias.

Al principio, nadie sabe con certeza qué está sucediendo. Las imágenes muestran el horizonte cubierto de pequeñas embarcaciones, mientras las autoridades reciben información contradictoria sobre el número de inmigrantes que se encuentran en las cientos de  embarcaciones habidas cerca de las costas canarias y sus intenciones.

Horas después, la situación adquiere otra dimensión. Las llegadas de las embarcaciones ilegales se multiplican y los servicios de emergencia, los centros de acogida y los recursos sanitarios comienzan a trabajar bajo una presión extraordinaria.

Imaginemos que, en uno o dos días, decenas o centenas de miles de personas intentaran alcanzar las costas del archipiélago.

¿Estaría Canarias preparada para afrontar una emergencia semejante?

La respuesta dependería de la magnitud real de la operación, de la coordinación entre España y sus socios europeos y de la rapidez con que se movilizaran los recursos disponibles. Lo que sí parece evidente es que una crisis de esa escala pondría a prueba la capacidad logística, humanitaria y política de las instituciones canarias-españolas.

Y entonces surgiría la pregunta más delicada: ¿estaríamos ante una emergencia inmigratoria extraordinaria o ante una operación de invasión deliberada por Marruecos de presión política contra España?

La diferencia sería fundamental. Una llegada masiva demuestra por sí sola que existe una invasión organizada por un Estado. Para llegar a esa conclusión no harían falta pruebas, información contrastada ni una investigación rigurosa. La magnitud de la propia invasión demostraría que fue orquestada por Marruecos.

En el  mismo hilo, imaginemos que aparecieran indicios sólidos de coordinación y de utilización deliberada de los movimientos migratorios con fines políticos por parte de Marruecos.

En ese caso, el problema dejaría de ser exclusivamente migratorio.

Canarias, una frontera europea en medio del Atlántico

Canarias no es solamente un conjunto de islas de extraordinaria belleza. Es también una parte del territorio español, una frontera exterior de la Unión Europea y uno de los destinos turísticos más importantes de España.

Nuestra economía canaria depende mayormente del turismo, y de ello sobrevive  la pesca, la agricultura, el comercio, la construcción, el transporte marítimo y aéreo y una amplia red de pequeñas y medianas empresas.

En Canarias una crisis inmigratoria que se prolongara por más de un mes afectaría a la seguridad percibida del archipiélago y podría provocar cancelaciones de reservas, reducción de vuelos, paralización de inversiones y pérdida de confianza de los visitantes internacionales.

Pensemos en un turista británico, alemán o francés, etc., que hubiera reservado sus vacaciones con meses de antelación. Si las televisiones de su país difundieran durante días imágenes de playas desbordadas y ocupadas por inmigrantes ilegales con chozas de cartón, de chapa de hojalata y de plásticos, llenas de excrementos, orín y basura, tal como ocurrió en Ceuta. En ese enfrentamiento con una situación de incertidumbre, cientos de miles de turistas decidirían cambiar de destino.

Los hoteles y complejos de apartamentos tendrían miles de habitaciones vacías. Los restaurantes perderían clientes. Los taxistas, comerciantes, trabajadores de excursiones y numerosas familias empezarían a notar las pérdidas. Y el paro obrero aumentaría con consecuencias drásticas.

Y detrás de cada negocio habría personas que dependen de su salario para pagar una hipoteca, alimentar a sus hijos o mantener a sus mayores.

Sin embargo, conviene distinguir entre una crisis localizada y un derrumbe económico generalizado. El turismo desaparecería en una emergencia grave y prolongada que  podría ocasionar pérdidas considerables, especialmente si las autoridades no consiguieran restablecer la confianza y la normalidad a través de las expulsiones en caliente y en pocas semanas.

Canarias descubriría entonces hasta qué punto su prosperidad depende también de la estabilidad, la seguridad y la confianza internacional.

La Armada española ante una situación extraordinaria

En este escenario imaginario, el Gobierno de España tendría que activar un dispositivo de emergencia en el que participarían la Armada, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, las fuerzas policiales y los servicios sanitarios y de protección civil, cada uno dentro de sus competencias.

La prioridad inmediata sería conocer la dimensión de lo que está ocurriendo, proteger la vida humana en el mar, controlar las fronteras y evitar que la situación se extendiera de manera incontrolada.

Si existieran pruebas de que el Estado marroquí estuviera promoviendo deliberadamente una operación de presión contra territorio español, el Gobierno de España tendría que evaluar esa información con sus aliados y adoptar las medidas diplomáticas, jurídicas y de seguridad que correspondieran.

Pero la presencia de decenas de miles de inmigrantes ilegales en embarcaciones no convertiría automáticamente a esas personas en combatientes ni justificaría tratarlas como un ejército enemigo. Aunque entre ellos hayan agentes y militares marroquíes.

Esta distinción es esencial. Entre quienes llegan por mar podría haber mandados por el Gobierno marroquí, personas que buscan trabajo, familias que huyen de la pobreza, refugiados que escapan de la persecución y también individuos que puedan participar en actividades delictivas. Cada situación tendría que examinarse conforme a la ley. (Aunque sea difícil comprender que mientras nos invaden debamos cumplir las leyes internacionales). -Salvo que por emergencia nacional no se contemplaran las leyes internacionales y sin más preámbulos se decidiera por expulsar de las islas a todos los inmigrantes ilegales invasores, devuelta al país de donde salieron-.

Y esa sería precisamente una de las mayores dificultades: mantener el control y la seguridad en medio de una emergencia sin permitir que el miedo sustituyera al criterio.

La calle se llenaría de protestas y de enfrentamientos políticos

A medida que se difundieran las imágenes de la crisis, la sociedad canaria podría dividirse profundamente.

Una parte de la población exigiría el cierre efectivo de los albergues de adultos y de MENAs  y el cese de las entradas ilegales, el refuerzo de la vigilancia marítima y una respuesta contundente del Gobierno. Otra, las oenegés proinmigración ilegal que viven del cuento inmigratorio, como Cruz Roja, Caminando Fronteras y Casa África, entre otras tantas, reclamarían asistencia humanitaria, protección para los menores y garantías para quienes pudieran necesitar asilo.

Las organizaciones por la defensa de Canarias pondría el grito en el cielo y las oenegés supuestamente humanitarias denunciarían cualquier vulneración de derechos. Los partidos políticos se acusarían mutuamente de irresponsabilidad, mientras las redes sociales se llenarían de rumores, vídeos y mensajes incendiarios, unos con la verdad y otros con bulos y manipulaciones.

En las calles se producirían manifestaciones multitudinarias. Algunas serían pacíficas; otras podrían degenerar en enfrentamientos casi bélicos  si la tensión aumentara.

El peligro sería que una crisis provocada por circunstancias extraordinarias terminara enfrentando a los propios ciudadanos, nacionales y extranjeros residentes.

Imaginemos a un trabajador de Lanzarote que teme perder su empleo, a una familia que ve cómo aumentan las dificultades para acceder a una vivienda y a un empresario turístico preocupado por la supervivencia de su negocio. Sus inquietudes merecerían ser escuchadas y atendidas.

Al mismo tiempo, los inmigrantes que llegaran en las embarcaciones se convertirían en (non gratos) y serían no bienvenidos y odiados por la población residente.

La responsabilidad de los dirigentes sería impedir que la indignación legítima ante una situación mal gestionada se transformara en una persecución colectiva.

Porque una sociedad que pierde la calma puede acabar agravando el problema que pretende resolver.

¿Qué papel desempeñarían Marruecos y las organizaciones internacionales?

En este escenario ficticio pero posible, el Gobierno marroquí podría negar cualquier responsabilidad y atribuir las salidas a la actuación de redes digitales y de tráfico de personas, a decisiones individuales o a otros factores ajenos a sus autoridades. Tal como alegó durante la invasión de Ceuta en julio que fue orquestada por el Reino alauita.

España, por su parte, exigiría explicaciones y pediría cooperación para esclarecer los hechos.

Si se demostrara que determinadas redes criminales hubieran organizado las salidas, correspondería perseguir a sus responsables. Si aparecieran pruebas de que autoridades extranjeras hubieran utilizado deliberadamente esos movimientos para coaccionar a España, las consecuencias diplomáticas serían mucho más graves que podrían iniciar una guerra entre España y Marruecos.

La Unión Europea tendría que decidir cómo apoyar a España y Canarias, tanto en el control de las fronteras como en la atención humanitaria, el reparto de responsabilidades y la protección de la economía insular.

También podría intervenir la diplomacia internacional para impedir que la crisis escalara.

De una crisis migratoria a una crisis de seguridad nacional

Llegamos al punto más delicado de esta hipótesis.

Supongamos que las investigaciones revelaran que la llegada masiva no había sido espontánea ni orquestada por mafias ni oenegés proinmigración ilegal, sino que formaba parte de una estrategia del Gobierno de Marruecos destinada a desbordar las instituciones españolas, generar inestabilidad y obligar al Gobierno español a aceptar determinadas exigencias políticas y económicas marroquíes.

En ese caso, España podría considerar que se encontraba ante una forma de coerción exterior.

La respuesta dependería de las pruebas, de la naturaleza de las acciones y de su gravedad. Podría incluir sanciones diplomáticas, restricciones de cooperación, medidas económicas y consultas con los aliados europeos y de la OTAN para llevar a cabo lo que se explica en el artículo 5 del Tratado de la OTAN: una guerra de defensa contra Marruecos.

Nota. El artículo 5 de la OTAN establece lo siguiente: Un ataque armado contra uno o varios países miembros, ocurrido en Europa o en América del Norte, será considerado un ataque contra todos ellos. Por tanto, cada país aliado ayudará al país atacado, adoptando las medidas que considere necesarias, incluido el uso de la fuerza armada.

Si, además, se produjeran ataques armados, operaciones militares o actos atribuibles a un Estado extranjero que alcanzaran los umbrales jurídicos correspondientes, el conflicto entraría en una categoría completamente distinta.

La Carta de las Naciones Unidas establece límites estrictos al uso de la fuerza. Cualquier respuesta española tendría que ajustarse al derecho internacional y a las circunstancias concretas de los hechos.

Una guerra con Marruecos sería una posibilidad, no una consecuencia inevitable.

Y si llegara a producirse un conflicto armado, Canarias no sería la única afectada. Las consecuencias podrían extenderse al comercio, al transporte, al abastecimiento energético, a las relaciones diplomáticas y a la seguridad de toda la región.

Los primeros perjudicados serían los ciudadanos de ambos países, incluidos aquellos que nunca hubieran participado en la crisis.

¿Y si estallara una guerra y miles de marroquíes huyeran de su país?

Siguiendo la hipotética narración, la tensión podría aumentar y desembocar en el temor a los bombardeos, la inseguridad y el deterioro económico podrían empujar a otros miles más de personas a abandonar Marruecos.

Algunas intentarían salir a donde fuera. Otras buscarían refugio en diferentes países europeos o norteafricanos.

De este modo, la crisis que inicialmente hubiera afectado a Canarias podría convertirse en una emergencia humanitaria de dimensiones regionales, nacionales e internacionales.

España tendría que proteger su territorio y, al mismo tiempo, atender las obligaciones internacionales relacionadas con la protección de las personas desplazadas.

La paradoja sería amarga: una crisis que algunos hubieran presentado como una cuestión de seguridad podría terminar generando una necesidad humanitaria todavía mayor.

La guerra rara vez se limita a los objetivos que anuncian quienes la inician. Sus consecuencias alcanzan a trabajadores, comerciantes, pescadores, agricultores, familias y niños que no tienen poder alguno para decidir sobre ella.

Por eso, evitar una escalada sería siempre preferible a tener que administrar sus devastadoras consecuencias.

Canarias no puede vivir de espaldas a su propia seguridad

Este escenario imaginario nos lleva a una reflexión que considero necesaria.

Canarias necesita planes de emergencia adecuados a su condición insular, una coordinación eficaz entre las administraciones, recursos suficientes para vigilar sus aguas y mecanismos capaces de responder a una llegada extraordinaria de inmigrantes sin colapsar los servicios públicos.

También necesita que el Gobierno explique con claridad qué medidas se activarían en una crisis grave, cómo se protegerían los puertos y aeropuertos, qué apoyo recibirían los municipios y de qué manera se garantizaría la continuidad de la actividad turística y comercial.

No se trata de vivir atemorizados ni de presentar a un país vecino como un enemigo inevitable. Se trata de reconocer que la seguridad, la planificación y la diplomacia son responsabilidades permanentes de cualquier Estado.

La prevención no consiste en anunciar guerras, sino en evitar que una situación de tensión llegue a convertirse en una tragedia.

Y esa prevención exige inteligencia, cooperación internacional, control fronterizo, capacidad logística y dirigentes capaces de actuar con serenidad cuando la presión popular y política sea máxima.

La verdadera victoria sería evitar la catástrofe

Imaginemos, finalmente, que después de semanas de tensión España y Marruecos alcanzaran un acuerdo con mediación europea. Que se investigaran los hechos, se desarticularan las redes criminales de tráfico humano, que se le pidiera responsabilidades a Marruecos, se recuperara el control de las fronteras y se establecieran garantías para impedir que una crisis semejante volviera a repetirse.

En ese caso y si se devolvieran a todos los inmigrantes llegados en los barcos de pesca, pateras y zodiacs que produjeron la invasión, adultos y MENAs; poco a poco, los vuelos turísticos regresarían a la normalidad. Los hoteles y complejos de apartamentos recuperarían sus reservas. Los comerciantes volverían a trabajar sin la incertidumbre de los primeros días y las familias canarias nacionales y extranjeras residentes podrían mirar al futuro con mayor tranquilidad. Pero eso ocurriría después de haber pagado un alto precio por la paz que se haya podido lograr, y siempre manteniendo ojos bien abierto contra las intenciones futuras de Marruecos donde ni una mosca se mueve sin que su rey lo sepa.

Ese sería el desenlace que más debería interesarnos.

Porque la fortaleza de un país no se mide únicamente por su capacidad para responder a una amenaza, sino también por su habilidad para impedir que esa amenaza destruya su convivencia, su economía y sus relaciones con el mundo.

Canarias es territorio español y europeo. Su seguridad importa, y mucho. Pero protegerla no exige alimentar el odio ni dar por inevitable una guerra que hoy estamos imaginando.

Exige preparación, responsabilidad y una política exterior capaz de defender los intereses españoles sin cerrar las puertas a la razón.

Una invasión de Canarias mediante una operación migratoria deliberadamente organizada sería un escenario de enorme gravedad. Pero el deber de España sería protegerse antes de improvisar y actuar antes de que la crisis se convirtiera en una catástrofe. (La Marcha Verde de 1975 nos dice que no debemos confiar en Marruecos ni un ápice).

Porque, si alguna vez llegara una prueba semejante para nuestras islas, la pregunta decisiva no sería solamente cuántas embarcaciones aparecen en el horizonte.

La verdadera pregunta sería si España estaría preparada para afrontar una crisis de esta magnitud con firmeza, inteligencia y unidad, sin dejarse doblegar por el miedo a las pérdidas económicas, políticas y sociales. ¿Sería capaz de mantenerse firme ante el chantaje de Marruecos, que utiliza la presión migratoria de su pobre gente como instrumento y carne de cañón para alcanzar sus objetivos políticos, económicos y territoriales, poniendo a su propia población más vulnerable en primera línea de conflictos y disputas que poco tienen que ver con el bienestar de esas personas?

 

 

Canarias ante el crecimiento demográfico: inmigración, turismo, sanidad y vivienda, una realidad que no se puede ignorar

Por Bruno Perera

Hay problemas sociales que, cuando se ponen sobre la mesa, provocan inmediatamente discusiones políticas. Uno de ellos es la relación entre el crecimiento de la población, la inmigración, el turismo y la capacidad de los servicios públicos para atender a todos los ciudadanos.

En Canarias, islas que han experimentado importantes transformaciones demográficas y turísticas, estas cuestiones merecen un análisis serio, sin prejuicios, pero también sin ocultar las dificultades que afrontan sus residentes.

Negar que el crecimiento de la población puede ejercer presión sobre la sanidad, los servicios sociales y la vivienda no es una buena manera de resolver el problema. Sin embargo, atribuir todas las dificultades a la inmigración sería igualmente equivocado. La realidad es más compleja y exige distinguir entre los distintos factores que intervienen.

La sanidad: no es lo mismo tener más habitantes que disponer de más médicos

En una visita a un Hospital General de Canarias, cualquier persona puede encontrarse con una sala de espera en la que haya numerosos pacientes de distintas nacionalidades. Si esa impresión se repite durante varias visitas, es natural preguntarse qué está sucediendo y cómo influye el crecimiento de la población en la asistencia sanitaria.

Ahora bien, una observación personal no permite establecer qué porcentaje de los pacientes son extranjeros, ni cuántos son inmigrantes, turistas o residentes de larga duración. Para conocer esas proporciones sería necesario disponer de estadísticas oficiales.

Lo que sí podemos afirmar es que, cuando aumenta la población que necesita atención sanitaria, el sistema debe contar con suficientes médicos, enfermeros, centros de salud, camas hospitalarias y servicios de urgencias. Si los recursos no crecen al mismo ritmo que la demanda, pueden aumentar las esperas y las dificultades para conseguir una cita.

También es importante considerar la edad de los pacientes. Una persona mayor suele necesitar más seguimiento médico, medicamentos y atención por enfermedades crónicas que una persona joven y sana. Por eso, una población envejecida puede generar una demanda sanitaria elevada incluso cuando su número total de habitantes apenas aumenta.

Aquí aparece una cuestión interesante: si una parte importante de la inmigración corresponde a personas jóvenes en edad laboral, su utilización de los servicios sanitarios puede ser inferior, en promedio, a la de la población de mayor edad. Esto no significa que todos los inmigrantes sean jóvenes ni que todos los españoles sean ancianos. Significa que la estructura por edades debe tenerse en cuenta antes de sacar conclusiones.

Además, una persona puede utilizar poco la sanidad ordinaria y acudir a Urgencias cuando no consigue una cita, cuando trabaja en horarios incompatibles con las consultas o cuando desconoce cómo funciona el sistema sanitario. Por eso, no basta con contar pacientes: también hay que estudiar qué servicios utilizan, con qué frecuencia y por qué motivos.

La pregunta correcta no es solamente cuántos extranjeros utilizan la sanidad, sino cuántos recursos necesita cada grupo de edad y si el sistema dispone de medios suficientes para atender a todos.

Los servicios sociales: una demanda que también debe planificarse

Los servicios sociales tienen una función esencial en cualquier sociedad. Atienden a personas mayores, ciudadanos con discapacidad, familias vulnerables, menores y personas que atraviesan situaciones de dificultad económica.

Cuando en una isla aumenta su población, puede crecer la demanda de ayudas, plazas asistenciales, atención domiciliaria y otros servicios. Sin embargo, ese crecimiento no implica que todas las personas recién llegadas necesiten ayudas públicas, ni que todas las ayudas concedidas a extranjeros se resten automáticamente de las que podrían recibir los españoles. Pero si es cierto que los gastos que acarrea la inmigración ilegal en socorrerlos y ayudarlos socialmente salen de los impuestos que todos pagamos y que por ello hay menos recursos para ayudar a la gente necesitada nacional e inmigrante residente.

Para realizar una evaluación justa hay que conocer el número de beneficiarios, sus circunstancias, los criterios de acceso y el presupuesto disponible.

También debe tenerse presente que muchas personas inmigrantes trabajan, pagan impuestos y cotizan a la Seguridad Social. Su contribución económica forma parte de los recursos que permiten financiar los servicios públicos. La cuestión consiste en analizar conjuntamente esa contribución y el gasto asociado, sin dar por supuesto que todos los integrantes de un grupo aportan lo mismo o reciben los mismos servicios. En esto también se debe saber que una gran parte de inmigrantes que cobran mensualmente el salario mínimo contribuyen poco al pago de pensiones y otras necesidades sociales. Y si tienen hijos, casi no pagan nada de impuestos.

Una política responsable debe proteger a quienes más lo necesitan, sean españoles o extranjeros, y garantizar que el crecimiento demográfico no deje desatendidas a las personas vulnerables que ya viven en las islas en condiciones legales.

La vivienda: el punto donde coinciden el turismo y el crecimiento de la población

Si existe un asunto especialmente delicado en Canarias y en toda España, es el acceso a la vivienda.

Para un trabajador que cobra un salario modesto, un pensionista con ingresos limitados o una pareja joven que desea independizarse, encontrar una vivienda a un precio razonable puede convertirse en una tarea muy difícil. Cuando los alquileres absorben una parte excesiva de los ingresos, disminuye la capacidad de ahorrar, formar una familia y desarrollar un proyecto de vida.

¿Por qué sucede?

Una de las razones económicas fundamentales es la relación entre la demanda y la oferta. Si muchas personas buscan alojamiento y no se construyen suficientes viviendas disponibles para residencia habitual, la competencia por ellas puede impulsar los precios al alza.

En Canarias intervienen varios factores.

En primer lugar, el turismo hace que el precio del suelo suba. Y las viviendas destinadas al alquiler vacacional pueden ofrecer una rentabilidad atractiva para sus propietarios. En determinadas zonas, cuando una vivienda pasa del alquiler residencial al turístico, disminuye la oferta disponible para quienes necesitan vivir y trabajar en una isla. El efecto concreto depende de la cantidad de viviendas afectadas, de su localización y de las condiciones del mercado.

En segundo lugar, el crecimiento de la población residente. Las personas que llegan a Canarias para trabajar, estudiar, reunirse con sus familias o establecerse de forma permanente necesitan un lugar donde vivir. La inmigración forma parte de ese crecimiento, pero no es su único componente: también hay trabajadores procedentes de otras comunidades autónomas, nuevas familias locales y personas que cambian de municipio.

En tercer lugar, las limitaciones de la oferta. Canarias son 8 islas con un territorio limitado y una planificación urbanística que debe tener en cuenta la disponibilidad de suelo, el agua, las infraestructuras, la protección ambiental y la capacidad de los municipios. No es posible aumentar indefinidamente la construcción sin considerar esas limitaciones.

También influyen los costes de edificación, la disponibilidad de financiación, la inversión inmobiliaria y la cantidad de viviendas que permanecen vacías o no se ofrecen en alquiler residencial.

Por tanto, sería incorrecto afirmar que la crisis de la vivienda se debe exclusivamente a la inmigración. Pero también sería incorrecto excluir el crecimiento de la población de cualquier análisis de la demanda de alojamiento.

Si llegan más residentes y no se ofrecen suficientes viviendas, esa demanda adicional puede contribuir a la presión sobre los precios. Y si, al mismo tiempo, una parte del parque residencial se destina al turismo, el problema puede agravarse en determinados lugares.

Lo razonable es medir cuánto influye cada factor y adoptar medidas adecuadas para cada uno.

Las islas tienen límites: el crecimiento debe acompañarse de planificación

Canarias no es solamente un destino turístico. Es también el hogar de miles de personas que necesitan hospitales, colegios, carreteras, transporte, agua, electricidad, viviendas y espacios públicos.

Cada nueva actividad económica y cada aumento significativo de población deben analizarse en función de la capacidad real de cada isla para atenderlos.

El turismo aporta empleo, actividad empresarial e ingresos. La inmigración puede cubrir puestos de trabajo necesarios, contribuir a la economía y compensar parcialmente el envejecimiento de la población. Ambos fenómenos pueden generar beneficios importantes. -Siempre y cuando su entrada sea legal y cuando los necesitemos-.

Pero los beneficios económicos generales no garantizan que todos los residentes se beneficien por igual. Una empresa turística puede aumentar sus ingresos mientras un trabajador local encuentra dificultades para pagar el alquiler. Un establecimiento puede necesitar más empleados mientras los servicios públicos del municipio soportan una demanda creciente.

La pregunta política fundamental es cómo se distribuyen los beneficios y los costes, y si las administraciones se anticipan a los problemas.

No basta con celebrar el aumento de visitantes o de habitantes. También hay que calcular cuántos médicos, enfermeros, viviendas, plazas escolares y recursos sociales serán necesarios para atender las nuevas necesidades.

¿Se puede afirmar que la inmigración no perjudica a los nacionales?

Una afirmación tan categórica no resiste un análisis riguroso. El crecimiento de la población, incluida la inmigración, puede incrementar la demanda de determinados servicios y bienes. Si la oferta permanece limitada, pueden aparecer tensiones que afecten a quienes ya residían en el territorio.

Pero de ello no se deduce que toda inmigración perjudique a los nacionales, ni que el efecto sea idéntico en todos los lugares y circunstancias.

El resultado depende de la edad de los recién llegados, de su situación laboral, de su contribución económica, de las necesidades de sus familias, de la oferta de viviendas y de la capacidad de las administraciones para ampliar los servicios.

Una población joven que trabaja y cotiza puede contribuir a sostener un sistema de pensiones y una economía que envejecen. Al mismo tiempo, esa población necesita vivienda, transporte y asistencia sanitaria. Ambas realidades pueden ser ciertas.

Por eso, en lugar de enfrentar a españoles e inmigrantes, conviene exigir datos transparentes y políticas que permitan atender las necesidades de todos sin deteriorar las condiciones de vida de los residentes.

¿Qué debería hacerse en Canarias?

La solución comienza por conocer la magnitud real del problema.

En materia sanitaria, sería necesario publicar datos actualizados sobre las listas de espera, la disponibilidad de profesionales, la utilización de Urgencias y la demanda de Atención Primaria, teniendo en cuenta la edad y la situación residencial de los pacientes.

En materia de vivienda, habría que conocer cuántas viviendas se destinan al alquiler vacacional, cuántas están disponibles para residencia habitual, cómo evolucionan los alquileres y cuántas viviendas nuevas se incorporan efectivamente al mercado residencial.

En materia demográfica, convendría estudiar el crecimiento de la población residente, sus edades, su distribución municipal y las previsiones para los próximos años.

Con esa información, las administraciones podrían determinar qué servicios necesitan refuerzo, dónde es necesario aumentar la oferta de vivienda y qué medidas pueden reducir las dificultades de acceso.

También deberían evaluar periódicamente los resultados. Las políticas públicas no pueden basarse únicamente en promesas, impresiones personales o consignas partidistas.

Conclusión: hablar de los problemas no es discriminar

Los ciudadanos tienen derecho a expresar su preocupación por las listas de espera, los alquileres elevados y la presión sobre los servicios públicos. No se debe descalificar automáticamente esas inquietudes por el mero hecho de que incluyan preguntas sobre inmigración o turismo.

Del mismo modo, las personas extranjeras no deben ser señaladas colectivamente como responsables de problemas que dependen también de las decisiones de las administraciones, de la planificación económica y de las características del mercado inmobiliario.

La realidad es que el crecimiento demográfico puede tener efectos positivos y negativos, y que sus consecuencias dependen de cómo se gestione. Negar cualquier efecto negativo no ayuda a los residentes; atribuir todos los problemas a un solo colectivo tampoco ofrece soluciones.

Canarias necesita una política que tenga en cuenta sus límites territoriales, su economía turística, el envejecimiento de parte de su población y las necesidades de quienes llegan para establecerse.

Una isla no puede medir su éxito únicamente por el número de turistas, el crecimiento de su población o los ingresos que genera. También debe medirlo por la posibilidad de que sus habitantes encuentren una vivienda digna, reciban una atención sanitaria adecuada y puedan vivir con seguridad económica.

Porque el verdadero progreso no consiste solamente en que crezca la economía, sino en que ese crecimiento permita mantener una calidad de vida digna para quienes ya vivían en Canarias y para quienes llegan a formar parte de su sociedad.