¿Y SI MARRUECOS INTENTARA INVADIR
CANARIAS? Un escenario hipotético que podría poner en jaque a España y a Europa
Por Bruno Perera
¿Qué ocurriría si una mañana las costas de
Canarias aparecieran rodeadas de miles barcos de pesca, pateras y zodiacs cargados
de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos? ¿Y si lo que comenzara como
una crisis migratoria terminara convirtiéndose en un conflicto diplomático,
económico y militar de consecuencias imprevisibles?
Imaginemos por un momento un escenario que hoy
pertenece al terreno de la ficción, pero que lo ocurrido en Ceuta en el mes de
julio se podría repetir en Canarias, nos obliga a reflexionar sobre la
seguridad de nuestras fronteras, la vulnerabilidad de los territorios insulares
y la responsabilidad de los gobiernos ante una crisis de dimensiones
extraordinarias.
Nota. Ver la invasión y crisis inmigratoria de
Ceuta en el siguiente enlace:
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_migratoria_de_Ceuta_de_2026
No estoy afirmando que Marruecos tenga un plan
para invadir Canarias. Estoy imaginando qué podría suceder si, algún día, se
produjera una llegada masiva de decenas
o centenas de miles de inmigrantes ilegales a bordo de distintas embarcaciones
que desbordara la capacidad de respuesta de las autoridades españolas.
Una mañana que
cambiaría la historia de Canarias
Amanece en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria
y Tenerife. Los turistas desayunan tranquilamente en los hoteles y complejos de
apartamentos, los pescadores preparan sus barcos y los trabajadores se dirigen
a sus puestos como cualquier otro día. De repente, las primeras noticias
comienzan a circular por emisoras de radio, televisiones y los teléfonos
móviles: desde la costa africana cientos de embarcaciones se aproximan al
litoral de Canarias.
Al principio, nadie sabe con certeza qué está
sucediendo. Las imágenes muestran el horizonte cubierto de pequeñas
embarcaciones, mientras las autoridades reciben información contradictoria
sobre el número de inmigrantes que se encuentran en las cientos de embarcaciones habidas cerca de las costas
canarias y sus intenciones.
Horas después, la situación adquiere otra
dimensión. Las llegadas de las embarcaciones ilegales se multiplican y los
servicios de emergencia, los centros de acogida y los recursos sanitarios
comienzan a trabajar bajo una presión extraordinaria.
Imaginemos que, en uno o dos días, decenas o
centenas de miles de personas intentaran alcanzar las costas del archipiélago.
¿Estaría Canarias preparada para afrontar una
emergencia semejante?
La respuesta dependería de la magnitud real de la
operación, de la coordinación entre España y sus socios europeos y de la
rapidez con que se movilizaran los recursos disponibles. Lo que sí parece
evidente es que una crisis de esa escala pondría a prueba la capacidad
logística, humanitaria y política de las instituciones canarias-españolas.
Y entonces surgiría la pregunta más delicada:
¿estaríamos ante una emergencia inmigratoria extraordinaria o ante una
operación de invasión deliberada por Marruecos de presión política contra
España?
La diferencia sería fundamental. Una llegada
masiva demuestra por sí sola que existe una invasión organizada por un Estado.
Para llegar a esa conclusión no harían falta pruebas, información contrastada
ni una investigación rigurosa. La magnitud de la propia invasión demostraría
que fue orquestada por Marruecos.
En el
mismo hilo, imaginemos que aparecieran indicios sólidos de coordinación
y de utilización deliberada de los movimientos migratorios con fines políticos
por parte de Marruecos.
En ese caso, el problema dejaría de ser
exclusivamente migratorio.
Canarias, una
frontera europea en medio del Atlántico
Canarias no es solamente un conjunto de islas de
extraordinaria belleza. Es también una parte del territorio español, una frontera
exterior de la Unión Europea y uno de los destinos turísticos más importantes
de España.
Nuestra economía canaria depende mayormente del
turismo, y de ello sobrevive la pesca,
la agricultura, el comercio, la construcción, el transporte marítimo y aéreo y
una amplia red de pequeñas y medianas empresas.
En Canarias una crisis inmigratoria que se
prolongara por más de un mes afectaría a la seguridad percibida del
archipiélago y podría provocar cancelaciones de reservas, reducción de vuelos,
paralización de inversiones y pérdida de confianza de los visitantes
internacionales.
Pensemos en un turista británico, alemán o
francés, etc., que hubiera reservado sus vacaciones con meses de antelación. Si
las televisiones de su país difundieran durante días imágenes de playas
desbordadas y ocupadas por inmigrantes ilegales con chozas de cartón, de chapa
de hojalata y de plásticos, llenas de excrementos, orín y basura, tal como
ocurrió en Ceuta. En ese enfrentamiento con una situación de incertidumbre,
cientos de miles de turistas decidirían cambiar de destino.
Los hoteles y complejos de apartamentos tendrían
miles de habitaciones vacías. Los restaurantes perderían clientes. Los
taxistas, comerciantes, trabajadores de excursiones y numerosas familias
empezarían a notar las pérdidas. Y el paro obrero aumentaría con consecuencias
drásticas.
Y detrás de cada negocio habría personas que
dependen de su salario para pagar una hipoteca, alimentar a sus hijos o
mantener a sus mayores.
Sin embargo, conviene distinguir entre una crisis
localizada y un derrumbe económico generalizado. El turismo desaparecería en
una emergencia grave y prolongada que
podría ocasionar pérdidas considerables, especialmente si las
autoridades no consiguieran restablecer la confianza y la normalidad a través
de las expulsiones en caliente y en pocas semanas.
Canarias descubriría entonces hasta qué punto su
prosperidad depende también de la estabilidad, la seguridad y la confianza
internacional.
La Armada
española ante una situación extraordinaria
En este escenario imaginario, el Gobierno de
España tendría que activar un dispositivo de emergencia en el que participarían
la Armada, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, las
fuerzas policiales y los servicios sanitarios y de protección civil, cada uno
dentro de sus competencias.
La prioridad inmediata sería conocer la dimensión
de lo que está ocurriendo, proteger la vida humana en el mar, controlar las
fronteras y evitar que la situación se extendiera de manera incontrolada.
Si existieran pruebas de que el Estado marroquí
estuviera promoviendo deliberadamente una operación de presión contra
territorio español, el Gobierno de España tendría que evaluar esa información
con sus aliados y adoptar las medidas diplomáticas, jurídicas y de seguridad
que correspondieran.
Pero la presencia de decenas de miles de
inmigrantes ilegales en embarcaciones no convertiría automáticamente a esas
personas en combatientes ni justificaría tratarlas como un ejército enemigo.
Aunque entre ellos hayan agentes y militares marroquíes.
Esta distinción es esencial. Entre quienes llegan
por mar podría haber mandados por el Gobierno marroquí, personas que buscan
trabajo, familias que huyen de la pobreza, refugiados que escapan de la
persecución y también individuos que puedan participar en actividades
delictivas. Cada situación tendría que examinarse conforme a la ley. (Aunque
sea difícil comprender que mientras nos invaden debamos cumplir las leyes
internacionales). -Salvo que por emergencia nacional no se contemplaran las
leyes internacionales y sin más preámbulos se decidiera por expulsar de las
islas a todos los inmigrantes ilegales invasores, devuelta al país de donde
salieron-.
Y esa sería precisamente una de las mayores
dificultades: mantener el control y la seguridad en medio de una emergencia sin
permitir que el miedo sustituyera al criterio.
La calle se
llenaría de protestas y de enfrentamientos políticos
A medida que se difundieran las imágenes de la
crisis, la sociedad canaria podría dividirse profundamente.
Una parte de la población exigiría el cierre
efectivo de los albergues de adultos y de MENAs
y el cese de las entradas ilegales, el refuerzo de la vigilancia
marítima y una respuesta contundente del Gobierno. Otra, las oenegés proinmigración
ilegal que viven del cuento inmigratorio, como Cruz Roja, Caminando Fronteras y
Casa África, entre otras tantas, reclamarían asistencia humanitaria, protección
para los menores y garantías para quienes pudieran necesitar asilo.
Las organizaciones por la defensa de Canarias
pondría el grito en el cielo y las oenegés supuestamente humanitarias
denunciarían cualquier vulneración de derechos. Los partidos políticos se
acusarían mutuamente de irresponsabilidad, mientras las redes sociales se
llenarían de rumores, vídeos y mensajes incendiarios, unos con la verdad y
otros con bulos y manipulaciones.
En las calles se producirían manifestaciones
multitudinarias. Algunas serían pacíficas; otras podrían degenerar en
enfrentamientos casi bélicos si la
tensión aumentara.
El peligro sería que una crisis provocada por
circunstancias extraordinarias terminara enfrentando a los propios ciudadanos,
nacionales y extranjeros residentes.
Imaginemos a un trabajador de Lanzarote que teme
perder su empleo, a una familia que ve cómo aumentan las dificultades para
acceder a una vivienda y a un empresario turístico preocupado por la
supervivencia de su negocio. Sus inquietudes merecerían ser escuchadas y
atendidas.
Al mismo tiempo, los inmigrantes que llegaran en
las embarcaciones se convertirían en (non gratos) y serían no bienvenidos y
odiados por la población residente.
La responsabilidad de los dirigentes sería
impedir que la indignación legítima ante una situación mal gestionada se
transformara en una persecución colectiva.
Porque una sociedad que pierde la calma puede
acabar agravando el problema que pretende resolver.
¿Qué papel
desempeñarían Marruecos y las organizaciones internacionales?
En este escenario ficticio pero posible, el
Gobierno marroquí podría negar cualquier responsabilidad y atribuir las salidas
a la actuación de redes digitales y de tráfico de personas, a decisiones
individuales o a otros factores ajenos a sus autoridades. Tal como alegó
durante la invasión de Ceuta en julio que fue orquestada por el Reino alauita.
España, por su parte, exigiría explicaciones y
pediría cooperación para esclarecer los hechos.
Si se demostrara que determinadas redes
criminales hubieran organizado las salidas, correspondería perseguir a sus
responsables. Si aparecieran pruebas de que autoridades extranjeras hubieran
utilizado deliberadamente esos movimientos para coaccionar a España, las
consecuencias diplomáticas serían mucho más graves que podrían iniciar una
guerra entre España y Marruecos.
La Unión Europea tendría que decidir cómo apoyar
a España y Canarias, tanto en el control de las fronteras como en la atención
humanitaria, el reparto de responsabilidades y la protección de la economía
insular.
También podría intervenir la diplomacia
internacional para impedir que la crisis escalara.
De una crisis
migratoria a una crisis de seguridad nacional
Llegamos al punto más delicado de esta hipótesis.
Supongamos que las investigaciones revelaran que
la llegada masiva no había sido espontánea ni orquestada por mafias ni oenegés
proinmigración ilegal, sino que formaba parte de una estrategia del Gobierno de
Marruecos destinada a desbordar las instituciones españolas, generar
inestabilidad y obligar al Gobierno español a aceptar determinadas exigencias
políticas y económicas marroquíes.
En ese caso, España podría considerar que se
encontraba ante una forma de coerción exterior.
La respuesta dependería de las pruebas, de la
naturaleza de las acciones y de su gravedad. Podría incluir sanciones
diplomáticas, restricciones de cooperación, medidas económicas y consultas con
los aliados europeos y de la OTAN para llevar a cabo lo que se explica en el
artículo 5 del Tratado de la OTAN: una guerra de defensa contra Marruecos.
Nota.
El artículo 5 de la OTAN establece lo siguiente: Un ataque armado contra uno o
varios países miembros, ocurrido en Europa o en América del Norte, será
considerado un ataque contra todos ellos. Por tanto, cada país aliado ayudará
al país atacado, adoptando las medidas que considere necesarias, incluido el
uso de la fuerza armada.
Si, además, se produjeran ataques armados,
operaciones militares o actos atribuibles a un Estado extranjero que alcanzaran
los umbrales jurídicos correspondientes, el conflicto entraría en una categoría
completamente distinta.
La Carta de las Naciones Unidas establece límites
estrictos al uso de la fuerza. Cualquier respuesta española tendría que
ajustarse al derecho internacional y a las circunstancias concretas de los
hechos.
Una guerra con Marruecos sería una posibilidad,
no una consecuencia inevitable.
Y si llegara a producirse un conflicto armado,
Canarias no sería la única afectada. Las consecuencias podrían extenderse al
comercio, al transporte, al abastecimiento energético, a las relaciones
diplomáticas y a la seguridad de toda la región.
Los primeros perjudicados serían los ciudadanos
de ambos países, incluidos aquellos que nunca hubieran participado en la
crisis.
¿Y si
estallara una guerra y miles de marroquíes huyeran de su país?
Siguiendo la hipotética narración, la tensión
podría aumentar y desembocar en el temor a los bombardeos, la inseguridad y el
deterioro económico podrían empujar a otros miles más de personas a abandonar
Marruecos.
Algunas intentarían salir a donde fuera. Otras
buscarían refugio en diferentes países europeos o norteafricanos.
De este modo, la crisis que inicialmente hubiera
afectado a Canarias podría convertirse en una emergencia humanitaria de
dimensiones regionales, nacionales e internacionales.
España tendría que proteger su territorio y, al
mismo tiempo, atender las obligaciones internacionales relacionadas con la
protección de las personas desplazadas.
La paradoja sería amarga: una crisis que algunos
hubieran presentado como una cuestión de seguridad podría terminar generando
una necesidad humanitaria todavía mayor.
La guerra rara vez se limita a los objetivos que
anuncian quienes la inician. Sus consecuencias alcanzan a trabajadores,
comerciantes, pescadores, agricultores, familias y niños que no tienen poder
alguno para decidir sobre ella.
Por eso, evitar una escalada sería siempre
preferible a tener que administrar sus devastadoras consecuencias.
Canarias no
puede vivir de espaldas a su propia seguridad
Este escenario imaginario nos lleva a una
reflexión que considero necesaria.
Canarias necesita planes de emergencia adecuados
a su condición insular, una coordinación eficaz entre las administraciones,
recursos suficientes para vigilar sus aguas y mecanismos capaces de responder a
una llegada extraordinaria de inmigrantes sin colapsar los servicios públicos.
También necesita que el Gobierno explique con
claridad qué medidas se activarían en una crisis grave, cómo se protegerían los
puertos y aeropuertos, qué apoyo recibirían los municipios y de qué manera se
garantizaría la continuidad de la actividad turística y comercial.
No se trata de vivir atemorizados ni de presentar
a un país vecino como un enemigo inevitable. Se trata de reconocer que la
seguridad, la planificación y la diplomacia son responsabilidades permanentes de
cualquier Estado.
La prevención no consiste en anunciar guerras,
sino en evitar que una situación de tensión llegue a convertirse en una
tragedia.
Y esa prevención exige inteligencia, cooperación
internacional, control fronterizo, capacidad logística y dirigentes capaces de
actuar con serenidad cuando la presión popular y política sea máxima.
La verdadera
victoria sería evitar la catástrofe
Imaginemos, finalmente, que después de semanas de
tensión España y Marruecos alcanzaran un acuerdo con mediación europea. Que se
investigaran los hechos, se desarticularan las redes criminales de tráfico
humano, que se le pidiera responsabilidades a Marruecos, se recuperara el
control de las fronteras y se establecieran garantías para impedir que una
crisis semejante volviera a repetirse.
En ese caso y si se devolvieran a todos los
inmigrantes llegados en los barcos de pesca, pateras y zodiacs que produjeron
la invasión, adultos y MENAs; poco a poco, los vuelos turísticos regresarían a
la normalidad. Los hoteles y complejos de apartamentos recuperarían sus
reservas. Los comerciantes volverían a trabajar sin la incertidumbre de los
primeros días y las familias canarias nacionales y extranjeras residentes
podrían mirar al futuro con mayor tranquilidad. Pero eso ocurriría después de
haber pagado un alto precio por la paz que se haya podido lograr, y siempre
manteniendo ojos bien abierto contra las intenciones futuras de Marruecos donde
ni una mosca se mueve sin que su rey lo sepa.
Ese sería el desenlace que más debería interesarnos.
Porque la fortaleza de un país no se mide
únicamente por su capacidad para responder a una amenaza, sino también por su
habilidad para impedir que esa amenaza destruya su convivencia, su economía y
sus relaciones con el mundo.
Canarias es territorio español y europeo. Su
seguridad importa, y mucho. Pero protegerla no exige alimentar el odio ni dar
por inevitable una guerra que hoy estamos imaginando.
Exige preparación, responsabilidad y una política
exterior capaz de defender los intereses españoles sin cerrar las puertas a la
razón.
Una invasión de Canarias mediante una operación
migratoria deliberadamente organizada sería un escenario de enorme gravedad.
Pero el deber de España sería protegerse antes de improvisar y actuar antes de
que la crisis se convirtiera en una catástrofe. (La Marcha Verde de 1975 nos
dice que no debemos confiar en Marruecos ni un ápice).
Porque, si alguna vez llegara una prueba
semejante para nuestras islas, la pregunta decisiva no sería solamente cuántas
embarcaciones aparecen en el horizonte.
La verdadera
pregunta sería si España estaría preparada para afrontar una crisis de esta
magnitud con firmeza, inteligencia y unidad, sin dejarse doblegar por el miedo
a las pérdidas económicas, políticas y sociales. ¿Sería capaz de mantenerse
firme ante el chantaje de Marruecos, que utiliza la presión migratoria de su
pobre gente como instrumento y carne de cañón para alcanzar sus objetivos
políticos, económicos y territoriales, poniendo a su propia población más
vulnerable en primera línea de conflictos y disputas que poco tienen que ver
con el bienestar de esas personas?
