INMIGRACIÓN
ILEGAL: ¿SOLIDARIDAD HUMANA O UNA FÁBRICA DE POBREZA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA?
Por Bruno Perera
España se enfrenta a uno de los debates
políticos, sociales y económicos más importantes de nuestro tiempo: la
inmigración ilegal y las consecuencias que puede tener permitir la entrada y
permanencia de personas que llegan a nuestro territorio sin autorización
administrativa, muchas veces sin documentación suficiente, sin recursos
económicos y sin un proyecto de integración laboral definido.
No se trata de negar el derecho de las personas a
buscar una vida mejor. Tampoco de desconocer que existen guerras,
persecuciones, hambre y situaciones de extrema necesidad que obligan a millones
de seres humanos a abandonar sus países. Se trata de preguntarnos si un Estado
puede mantener indefinidamente una política de recepción sin disponer de los medios
económicos, habitacionales y administrativos necesarios para atender a quienes
llegan y que una gran parte no se adapta a las costumbres y leyes españolas.
Porque la solidaridad, cuando no está acompañada
de planificación, recursos y responsabilidad, puede terminar convirtiéndose en
un problema tanto para quienes llegan como para quienes ya viven en el país que
los recibe.
1. Entrar en
España no significa tener garantizada una vida digna
Una persona que entra ilegalmente en España a
través de un aeropuerto, una patera, una zodiac o un cayuco, puede encontrarse
en una situación de enorme vulnerabilidad.
En muchos casos llega con lo puesto, sin dinero
suficiente, sin alojamiento, sin empleo y sin familiares que puedan ayudarla.
El Estado debe entonces activar mecanismos de
atención: alojamiento temporal, alimentación, asistencia sanitaria, ropa,
calzado, orientación social y, cuando corresponda, protección internacional y
asistencia jurídica.
Si se trata de menores extranjeros no
acompañados, conocidos como MENAs, las administraciones tienen además la
obligación de protegerlos, proporcionarles alojamiento, educación, alimentación
y atención integral, a veces hasta por más de 4 años. Un compromiso económico
que debe contabilizarse y explicarse a los contribuyentes.
La cuestión no es si debemos ayudar a una persona
que se encuentra en peligro. La cuestión es cuántas personas puede atender
razonablemente un país sin deteriorar sus propios servicios públicos y sin
crear situaciones de dependencia prolongada.
2. El coste de
atender a los menores extranjeros no acompañados
Uno de los aspectos que más preocupación genera
es el coste de los sistemas de acogida de menores extranjeros no acompañados.
Se conocen estimaciones de entre 2.500 y 3.000
euros mensuales en gastos por menor en determinados recursos de protección. Sin
embargo, esa cantidad no debe presentarse como una tarifa uniforme para toda
España: el coste depende de la comunidad autónoma, del tipo de centro, del
personal contratado y de las necesidades de cada menor, cuales pueden ser
incluso de mayor gasto por mes por cada MENA.
Aun así, podemos hacer un ejercicio económico
para comprender la dimensión del problema.
Si una plaza costara 2.500 euros mensuales,
mantenerla durante tres años supondría 90.000 euros. Si costara 3.000 euros
durante cuatro años, ascendería a 144.000 euros.
Son cantidades considerables de dinero público
por cada plaza ocupada.
Y cuando hablamos de unos 20.000 menores MENAs habidos
en España , la factura adquiere una dimensión que exige transparencia,
auditorías y una evaluación rigurosa de los resultados educativos y de integración.
No se trata de abandonar a esos menores ya
habidos en España. Lo que urge es no acoger a más y, mientras tanto,
administrar correctamente los recursos y evitar que la protección de la
infancia se convierta en un sistema opaco, sin controles suficientes sobre sus
costes y resultados, para que deje de ser un negocio para onegés y para algunos
políticos y empresarios.
3. ¿Vienen a
pagar nuestras pensiones?
Uno de los argumentos utilizados para defender
una inmigración elevada es que los inmigrantes vienen a trabajar y a contribuir
al sostenimiento de las pensiones españolas.
Es cierto que los trabajadores extranjeros
contribuyen a la Seguridad Social. Según el informe anual del Ministerio de
Inclusión correspondiente a 2024, España terminó aquel año con 2.880.818
afiliados de nacionalidad extranjera.
Es una cifra importante y sería absurdo negarla.
Pero también debemos preguntarnos qué clase de
empleo desempeñan, cuánto tiempo permanecen cotizando, qué salarios perciben y
qué derechos sociales generan.
No todos los inmigrantes tienen la misma
situación laboral. Algunos desarrollan carreras profesionales estables y
contribuyen durante décadas; otros trabajan en actividades temporales, con
salarios reducidos o con periodos de desempleo.
Además, el trabajo no declarado perjudica tanto
al trabajador como al conjunto de la sociedad, porque reduce las cotizaciones y
los impuestos que deberían ingresar en las arcas públicas.
Por ello, afirmar que la inmigración, por sí
sola, resolverá el problema de las pensiones es una simplificación. Las
pensiones necesitan empleo productivo, salarios suficientes, cotizaciones
sostenidas y una economía capaz de generar riqueza. Y además las cotizaciones
que hagan los inmigrantes no solo son para pagar algo de las pensiones de los
jubilados, son también para pagar las de los inmigrantes el día que se jubilen.
Por lo tanto esto es algo que trae una cola que nunca termina.
No basta con aumentar la población: hay que
aumentar también la capacidad económica del país.
4. La
vivienda: una contradicción que España no puede seguir ignorando
Mientras España recibe población y necesita más
viviendas para sus residentes, miles de familias españolas tienen dificultades
para encontrar un alquiler que puedan pagar.
La llegada de nuevos habitantes incrementa la
demanda residencial, como también lo hacen la formación de nuevos hogares, la
movilidad laboral, la compra de viviendas por no residentes y el crecimiento
turístico.
Pero existe otro factor especialmente importante:
la transformación de viviendas residenciales en alojamientos turísticos.
El Banco de España, en su Informe Anual de 2025,
estimó que las viviendas turísticas alcanzaron aproximadamente las 400.000
unidades en 2024 y que su número medio descendió a unas 355.000 en 2025.
Aunque representan una proporción relativamente
pequeña del parque total de viviendas, su concentración en determinados barrios
y municipios turísticos puede tener una repercusión muy superior sobre el
mercado del alquiler.
Esta realidad resulta especialmente preocupante
en territorios insulares como Canarias, donde el turismo, la escasez de suelo
disponible y el crecimiento de la población coinciden en un espacio limitado.
Así pues, tenemos dos fenómenos que presionan
sobre la vivienda: el aumento de la demanda residencial y la utilización de
parte del parque inmobiliario para actividades no residenciales.
No sería serio responsabilizar exclusivamente a
los inmigrantes de la subida de los alquileres. Pero tampoco sería razonable
ignorar que cada nuevo hogar necesita una vivienda y que una política
migratoria debe tener en cuenta la capacidad habitacional de los territorios
receptores.
¿De qué sirve promover la llegada de trabajadores
si después no pueden encontrar una vivienda digna?
¿De qué sirve hablar de integración si una parte
de la población, tanto española como extranjera, termina compitiendo por
habitaciones y alojamientos cada vez más caros?
5. Pobreza,
marginalidad y delincuencia: el problema de la falta de integración
Una entrada ilegal no convierte automáticamente a
nadie en delincuente. La inmensa mayoría de las personas no debe ser juzgada
por los actos de otros que comparten su nacionalidad o condición migratoria.
Pero existe un problema que tampoco podemos
esconder: cuando una sociedad recibe población sin disponer de suficientes
oportunidades laborales, viviendas asequibles, formación profesional y
mecanismos de integración, aumenta el riesgo de que aparezcan situaciones de
exclusión y marginalidad y en la misma también delincuencia.
La pobreza no conduce inevitablemente a la
delincuencia, pero la falta de oportunidades, la economía sumergida, la
explotación laboral y la ausencia de perspectivas pueden alimentar problemas
sociales. También religiones, costumbres y mentalidades pueden llegar a ser un
impedimento para la integración de los que lleguen.
Por tanto, la respuesta adecuada no consiste en
criminalizar a los inmigrantes, sino en exigir que cualquier persona que resida
en España respete sus leyes y que las autoridades persigan a quienes cometan
delitos, independientemente de su nacionalidad.
La seguridad ciudadana y la protección de los
derechos humanos no son objetivos incompatibles.
6. La economía
sumergida y el coste para el contribuyente
Otro asunto que merece atención es la economía
sumergida.
Cuando una persona trabaja sin contrato, cobra en
efectivo y no cotiza, se produce un perjuicio para el conjunto de la sociedad.
El empresario que utiliza mano de obra ilegal
puede obtener una ventaja económica frente a quienes cumplen las obligaciones
laborales y fiscales. El trabajador queda expuesto a abusos y el Estado pierde
ingresos.
Por eso, no basta con permitir la entrada y
después confiar en que el mercado laboral resolverá el problema.
Hace falta inspección de trabajo, persecución del
empleo clandestino, control de las condiciones laborales y políticas eficaces
de regularización cuando legalmente proceda.
También es necesario evaluar el balance económico
completo de las políticas inmigratorias: los gastos de acogida, sanidad,
educación y protección social, pero igualmente las cotizaciones, los impuestos
y la riqueza que generan quienes trabajan legalmente.
El contribuyente tiene derecho a conocer ambas
partes de la cuenta.
7. España
necesita una política migratoria con límites, control y responsabilidad
España no puede convertirse en un territorio
donde las entradas ilegales carezcan de consecuencias administrativas.
Un país tiene derecho a controlar sus fronteras,
decidir las condiciones de admisión de extranjeros, tramitar las solicitudes de
protección internacional y ejecutar las resoluciones de retorno conforme a la
legislación nacional, europea y los convenios internacionales.
Quienes necesitan protección deben recibirla.
Quienes cumplen los requisitos para trabajar y residir legalmente deben tener
oportunidades de hacerlo. Y quienes no tienen derecho a permanecer, una vez
examinadas sus circunstancias y garantizadas las debidas garantías legales,
deben estar sujetos a las decisiones administrativas y judiciales
correspondientes.
Asimismo, el Gobierno debería publicar
periódicamente cuánto cuesta la acogida de adultos y menores, cuántas personas
consiguen incorporarse al mercado laboral, cuántas permanecen en situación de
dependencia y qué resultados obtienen los programas de integración.
No podemos gestionar un asunto de semejante
importancia mediante consignas políticas, discursos emocionales o promesas que
no vengan acompañadas de cifras verificables.
8. La
solidaridad también exige responsabilidad con los españoles
Hay ciudadanos españoles que trabajan y, aun así,
no pueden pagar un alquiler. Hay pensionistas que viven con ingresos reducidos,
familias que no llegan a final de mes y jóvenes que no consiguen emanciparse
porque el precio de la vivienda se ha convertido en una barrera casi
infranqueable.
También hay personas inmigrantes que trabajan
honradamente, pagan sus impuestos y sufren exactamente esos mismos problemas.
No debemos enfrentar a unos con otros. El verdadero
problema es la falta de planificación y de políticas públicas capaces de
responder a las necesidades reales de la población.
La solidaridad no puede consistir en ofrecer
servicios sin calcular previamente los recursos necesarios. Tampoco puede
utilizarse como argumento para evitar cualquier debate sobre las consecuencias
económicas y sociales de las decisiones gubernamentales.
Un Estado responsable debe proteger a quienes
llegan en situaciones de necesidad, pero también debe proteger a quienes ya
viven en él y financian, mediante sus impuestos, el funcionamiento de las
instituciones.
CONCLUSIÓN: NI FRONTERAS SIN CONTROL NI
SOLIDARIDAD SIN RESPONSABILIDAD
España necesita inmigración legal, ordenada y
compatible con su capacidad económica, laboral y habitacional. Necesita
trabajadores, profesionales y personas dispuestas a integrarse y respetar las
leyes. Pero no necesita una política que confunda la compasión con la ausencia
de planificación.
Permitir entradas ilegales sin disponer de
suficientes recursos para atender, integrar y ofrecer oportunidades reales a
quienes llegan puede terminar creando bolsas de pobreza, exclusión y
dependencia de las ayudas públicas.
Y eso no beneficia ni a los españoles ni a los
propios inmigrantes.
La solidaridad debe tener un límite razonable: el
que impone la capacidad de un país para atender dignamente a las personas sin
desatender a sus propios ciudadanos.
Porque gobernar no consiste solamente en abrir
las puertas. También consiste en saber cuántas personas pueden entrar, cómo van
a vivir, dónde van a trabajar y quién va a pagar los servicios que necesitan.
Un país que no planifica su inmigración, su
vivienda y su capacidad de acogida corre el riesgo de convertir un problema
humanitario en un problema social, económico y político de difícil solución.
Fuentes que
respaldan los datos del artículo
- INE: población extranjera residente en España y evolución demográfica.
INE
- Ministerio de Inclusión: afiliación extranjera a la Seguridad Social
durante 2024.
Ministerio de
Inclusión+1
- Banco de España: viviendas turísticas y presión sobre el mercado
residencial.
Banco de
España
- Universidad Carlos III de Madrid: estudio sobre inmigración y
delincuencia publicado en 2026.
Revista EIS+1
- SEPE: indicadores laborales de la población extranjera.
Servicio
Público de Empleo Estatal
Nota final
Tanto en Canarias como en Ceuta y en otras
regiones de España, la presión migratoria ha alcanzado niveles que dificultan
seriamente la capacidad de acogida de las instituciones y de los servicios
públicos. La situación exige medidas urgentes, eficaces y ajustadas a la realidad.
Por ello, considero imprescindible reforzar el
control de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas para impedir la entrada ilegal de
inmigrantes, así como agilizar los procedimientos de devolución y expulsión de quienes entren ilegalmente a través de aviones, pateras, zodiacs y cayucos, o por cualquier otra vía ilegal, y sin que importe que sean adultos, hombres, mujeres o menores.
Sin una política migratoria firme, ordenada y
efectiva, será muy difícil evitar que el problema siga creciendo y termine
desbordando todavía más los recursos disponibles.
Canarias no es un continente; ya no puede
soportar más presión migratoria. Ceuta tampoco. España necesita soluciones
urgentes.
Y para
rematar este asunto: un ejemplo que ayuda a comprender el cambio demográfico de
España
Durante los
últimos 40 años, España ha recibido aproximadamente 10.300.000 inmigrantes, una
parte de los cuales ha adquirido posteriormente la nacionalidad española. Para
hacernos una idea de la magnitud de esta cifra, basta compararla con la
población actual de Austria, que ronda los 9,2 millones de habitantes.
Es decir, el
número de inmigrantes que han llegado a España durante estas cuatro décadas
supera en más de un millón la población que tiene hoy todo un país como
Austria.
Esta
comparación nos permite comprender la enorme transformación demográfica que ha
experimentado España en un periodo relativamente corto. Un cambio de semejante
magnitud exige políticas migratorias, económicas y sociales bien planificadas,
así como recursos suficientes para garantizar la integración, la vivienda, el
empleo y los servicios públicos.
Sin embargo,
cabe preguntarse si nuestros sucesivos gobiernos han sabido anticiparse a esta
transformación y gestionar sus consecuencias. Porque, cuando el crecimiento de
la población no va acompañado de una planificación adecuada, los problemas
terminan repercutiendo tanto en quienes llegan como en quienes ya viven en el
país.
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