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sábado, 7 de noviembre de 2026

HAITÍ NECESITA CORTAR EL ÁRBOL DE LA DELINCUENCIA DESDE LA RAÍZ: ¿PODRÍAN BUKELE Y TRUMP DEVOLVERLE LA PAZ?

 


HAITÍ NECESITA CORTAR EL ÁRBOL DE LA DELINCUENCIA DESDE LA RAÍZ: ¿PODRÍAN BUKELE Y TRUMP DEVOLVERLE LA PAZ?

Por Bruno Perera

Haití lleva muchos años padeciendo una situación social y económica que difícilmente puede calificarse como la de un Estado plenamente funcional.

Durante su historia ha sufrido pobreza y esclavitud, y el terremoto devastador del 2010 dejó al país en un enorme caos y en consecuencia, se llenaron  las calles y barrios de bandas criminales armadas. Las organizaciones criminales armadas han logrado ocupar barrios, controlar carreteras, extorsionar a comerciantes, secuestrar a ciudadanos y someter a buena parte de la población a un régimen de miedo y violencia.

Mientras tanto, las instituciones políticas haitianas han demostrado enormes dificultades para garantizar la seguridad, combatir la corrupción y proporcionar estabilidad a sus ciudadanos.

Ante semejante panorama, cabe preguntarse si ha llegado el momento de intentar una solución diferente, con la participación de un dirigente que ha conseguido reducir considerablemente el poder de las pandillas en su propio país: el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El Gobierno haitiano da luz verde a Bukele

La intervención salvadoreña no se produjo simplemente por una decisión unilateral de Nayib Bukele.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, dio su conformidad al despliegue de efectivos salvadoreños en territorio haitiano y mantuvo conversaciones con Bukele para coordinar la cooperación entre ambos países.

El motivo inmediato fue la desaparición de cuatro militares salvadoreños que participaban en una misión internacional de seguridad y que fueron atacados por grupos armados el 18 de octubre de 2026, en las inmediaciones de Puerto Príncipe.

Ante esta situación, Bukele ordenó el envío de tropas para colaborar en la búsqueda y recuperación de sus cuatro compatriotas, al mismo tiempo que se ampliaba la misión para apoyar la lucha contra las organizaciones criminales que operan impunemente en amplias zonas de Haití.

El 28 de octubre, ambos dirigentes mantuvieron una conversación telefónica sobre el despliegue militar y las operaciones de búsqueda. Posteriormente, el Gobierno haitiano expresó públicamente su voluntad de combatir las bandas con el apoyo de El Salvador.

El primer ministro Fils-Aimé manifestó que su Gobierno estaba decidido a acabar con las organizaciones armadas para recuperar la seguridad en todo el territorio nacional y poder celebrar elecciones creíbles.

Según las informaciones publicadas, el contingente salvadoreño superó los 2.000 efectivos, incluyendo unidades especiales y medios de apoyo.

Este respaldo al Gobierno haitiano resulta importante porque demuestra que la intervención salvadoreña cuenta con la colaboración de las autoridades del país que pretende recuperar el control de su territorio.

No se trata de llenar las cárceles, sino de desmantelar las organizaciones criminales

A mi entender, el problema haitiano no se resolverá simplemente deteniendo a unos cuantos delincuentes y trasladándolos a prisión.

Las organizaciones criminales funcionan como estructuras que disponen de dirigentes, hombres armados, financiación, suministros, redes de información y colaboradores. Si solamente se detiene a algunos de sus integrantes, pero se mantienen intactas esas estructuras, otros ocuparán sus puestos.

Es como intentar acabar con un árbol cortando únicamente sus ramas.

Si se deja la raíz y parte del tronco, el árbol puede volver a crecer y producir nuevas ramas, incluso más descontroladas que las anteriores.

Por eso, considero que la operación contra las bandas haitianas debe dirigirse a eliminar sus estructuras criminales desde la raíz: sus mandos, arsenales, fuentes de financiación, redes de abastecimiento y mecanismos de reclutamiento.

Los responsables de asesinatos, secuestros, extorsiones y otros delitos deben ser detenidos y juzgados. Quienes se enfrenten armados a las fuerzas de seguridad deberán ser neutralizados conforme a la ley. No se trata de ejecutar indiscriminadamente a personas, sino de conseguir que las organizaciones criminales pierdan definitivamente su capacidad de actuar.

La diferencia es fundamental: no basta con ganar enfrentamientos; hay que conseguir que las bandas no puedan reconstruirse.

Bukele podría aportar experiencia y determinación

El presidente salvadoreño ha desarrollado una estrategia de seguridad que ha reducido considerablemente la violencia de las pandillas en El Salvador.

Su experiencia podría resultar útil para Haití, especialmente en materia de inteligencia, coordinación policial, control territorial, desarticulación de organizaciones y recuperación de espacios públicos.

No obstante, Haití presenta circunstancias diferentes. Sus bandas disponen de armamento importante, controlan zonas urbanas y operan en un país cuyas instituciones se encuentran profundamente debilitadas.

Por tanto, no sería razonable pensar que se puede trasladar mecánicamente el modelo salvadoreño a territorio haitiano.

Habría que adaptar las operaciones a las características del país y garantizar que la población civil no termine pagando las consecuencias de los enfrentamientos.

Trump podría darle el empujón que necesita

Aquí entra en escena el presidente estadounidense Donald Trump.

Estados Unidos tiene capacidad para proporcionar a El Salvador y a Haití recursos que podrían resultar determinantes para desarrollar una operación de seguridad eficaz.

Me refiero, entre otras posibilidades, a:

  • Inteligencia militar y policial.
  • Equipos de vigilancia y reconocimiento.
  • Helicópteros y transporte logístico.
  • Equipamiento para las fuerzas de seguridad.
  • Formación y asesoramiento.
  • Financiación y apoyo diplomático internacional.

Trump ya ha mostrado respaldo político a Bukele y ha mantenido conversaciones con él sobre la situación haitiana.

Una cooperación estadounidense más amplia podría aumentar las posibilidades de éxito de la operación, siempre que exista una estructura de mando clara, un acuerdo con las autoridades haitianas y respeto al derecho internacional.

No obstante, la participación estadounidense no debería limitarse a proporcionar medios militares. También tendría que contribuir a que Haití disponga de instituciones capaces de mantener la seguridad cuando los efectivos extranjeros se retiren.

El problema haitiano también está en la política

Pero hay otro asunto que considero incluso más importante que la propia intervención militar: la necesidad de cambiar profundamente la manera en que se gobierna Haití.

No serviría de mucho eliminar el poder de las bandas si después los mismos mecanismos de corrupción, intereses particulares y complicidades políticas vuelven a permitir que aparezcan nuevas organizaciones criminales.

Las autoridades tendrían que investigar a los políticos, funcionarios y empresarios que financien, protejan o colaboren con las organizaciones armadas.

Quien haya cometido delitos deberá responder ante la justicia, independientemente de su posición económica o política.

Haití necesita una administración pública transparente, una policía profesional, tribunales independientes y dirigentes que trabajen para la población en lugar de utilizar el poder para beneficio propio.

También necesita recuperar la actividad económica, crear oportunidades de trabajo y evitar que los jóvenes encuentren en las bandas criminales su única posibilidad de obtener ingresos o reconocimiento.

La misión no puede terminar cuando se marchen los soldados

Una intervención militar puede recuperar territorios y debilitar organizaciones criminales, pero la paz no se consigue únicamente mediante operaciones armadas.

Haití necesita un proyecto de reconstrucción institucional que permita celebrar elecciones, establecer un Gobierno legítimo y recuperar la confianza de sus ciudadanos.

Las fuerzas de seguridad haitianas deberán estar preparadas para asumir la responsabilidad de mantener el orden. De lo contrario, las organizaciones criminales podrían volver a ocupar los espacios que dejen libres los militares extranjeros.

Por eso, el apoyo de Trump a Bukele debería contemplar tanto la seguridad inmediata como la reconstrucción posterior del Estado haitiano.

Una oportunidad que Haití no debería desperdiciar

No sabemos si Bukele conseguirá alcanzar los objetivos de esta operación. Tampoco sabemos cuánto tiempo necesitará para debilitar a las organizaciones criminales que controlan parte del territorio haitiano.

Pero considero que la cooperación entre El Salvador, Estados Unidos y las autoridades haitianas podría representar una oportunidad importante para intentar sacar al país de la situación en la que se encuentra.

Bukele podría aportar experiencia en la lucha contra las pandillas, mientras que Trump podría proporcionar recursos, tecnología, financiación y respaldo internacional.

Naturalmente, el resultado dependerá de que exista una estrategia coherente, de que se respeten los derechos de la población y de que las autoridades haitianas estén dispuestas a reformar sus propias instituciones.

Haití no necesita simplemente que desaparezcan unos cuantos jefes de las bandas. Necesita que desaparezca el sistema criminal que permite que esas bandas nazcan, crezcan y vuelvan a controlar las calles.

Y, sobre todo, necesita políticos honrados, instituciones fuertes y un Gobierno capaz de garantizar que la ley se cumpla para todos.

Si Bukele, con el apoyo de Trump y la colaboración de las autoridades haitianas, consigue contribuir a esa transformación, no solamente habrá ayudado a debilitar unas organizaciones criminales: habrá contribuido a devolverle a un pueblo entero la posibilidad de vivir en libertad y sin miedo. Y la  misma lucha podría ser un remedio para eliminar parte de la corrupción habida en la República Dominicana, entre políticos y empresarios, que ayudan a las bandas criminales de Haití a continuar delinquiendo.

Porque cuando se corta un árbol desde la raíz, deja de producir nuevas ramas. Y Haití necesita que las raíces de su sistema criminal dejen de alimentar la violencia.

Fuentes principales: EFE: conversación entre Bukele y el primer ministro haitiano · EFE: el Gobierno haitiano busca acabar con las bandas con ayuda salvadoreña · Associated Press: declaraciones del primer ministro haitiano.

 

jueves, 5 de noviembre de 2026

Una ayuda jurídica para que la Fiscalía de Canarias y la del Estado puedan juzgar y penar los delitos que se cometen a bordo de embarcaciones sin bandera

 


Una ayuda jurídica para que la Fiscalía de Canarias y la del Estado puedan juzgar y penar los delitos que se cometen a bordo de embarcaciones sin bandera

Por Bruno Perera

Introducción: cuando el mar se convierte en un espacio de impunidad judicial

Hace unas semanas la Fiscalía Superior de Canarias expuso a través de medios de comunicación un problema jurídico que merece una atención especial por parte de las autoridades españolas y de los organismos internacionales: la dificultad para perseguir penalmente determinados delitos graves, como asesinatos, homicidios, violaciones y agresiones sexuales, cuando se cometen a bordo de pateras, zodiacs y cayucos u otras embarcaciones que carecen de nacionalidad reconocida y se encuentran fuera de las aguas territoriales canarias-españolas.

Ver noticia publicada por la Fiscalía sobre la petición de un cambio de ley para perseguir delitos graves que se cometan a bordo de pateras, zodiacs y cayucos que se hallen sin bandera y fuera de las 12 millas náuticas de aguas territoriales canarias: https://www.moncloa.com/2026/09/26/fiscalia-canarias-reforma-legal-pateras-3438234/

Se trata de delitos graves que se han producido y que pueden seguir  produciéndose durante las travesías migratorias hacia Canarias y que plantean una pregunta de enorme trascendencia jurídica:

¿Cómo es posible que una persona pueda cometer un asesinato o una violación en la ZEE de otra nación a bordo de una embarcación sin bandera, navegar después hasta territorio canario-español , o ser rescatada por la Guardia Civil del Mar en alta mar, y, al llegar a tierra, las autoridades españolas  se encuentren con que no pueden juzgarla por esos delitos en España porque el crimen fue cometido fuera de las 12 millas náuticas de aguas territoriales de Canarias?

Considero que este problema merece una solución legislativa y, si fuera necesario, una iniciativa internacional ante Naciones Unidas.

Mi intención con este artículo es aportar algunas consideraciones jurídicas que puedan servir de ayuda a la Fiscalía de Canarias en la búsqueda de una solución.

1. Las 12 millas marítimas de aguas territoriales que posee Canarias no representan el límite de toda jurisdicción penal española

Para comenzar, debemos distinguir entre soberanía territorial y jurisdicción penal.

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), el mar territorial puede extenderse hasta un máximo de 12 millas náuticas desde las líneas de base.

Dentro de ese espacio, España ejerce soberanía, con las limitaciones establecidas por el Derecho internacional.

Más allá de esas 12 millas, en este caso, pueden encontrarse aguas internacionales o zonas económicas exclusivas de otros Estados africanos.

Sin embargo, que España no tenga soberanía territorial sobre esas aguas no significa que carezca de toda posibilidad de ejercer jurisdicción penal sobre delitos cometidos fuera de su territorio.

El propio ordenamiento español contempla determinados supuestos de jurisdicción extraterritorial.

El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece las condiciones bajo las cuales los tribunales españoles pueden conocer de delitos cometidos fuera de España.

El problema está en que esas condiciones no permiten perseguir automáticamente cualquier asesinato, homicidio o violación cometido a bordo de una embarcación extranjera o sin nacionalidad.

Por ejemplo, el apartado 4, letra l), contempla determinados delitos comprendidos en el Convenio de Estambul sobre violencia contra las mujeres y violencia doméstica, pero establece requisitos específicos relacionados con la nacionalidad o residencia de las personas implicadas y la presencia del investigado en España.

Ver convenio de Estambul: https://www.juventudeinfancia.gob.es/sites/default/files/violencia/Convenio%20de%20Estambul%20info.pdf

Por tanto, pueden producirse situaciones en las que una víctima extranjera y un presunto agresor extranjero lleguen a Canarias después de que se haya cometido un delito grave en alta mar, sin que exista un título de jurisdicción española suficientemente claro para juzgarlo.

Esta es una dificultad que merece una solución.

2. Las embarcaciones sin bandera y el derecho internacional

La CONVEMAR establece en su artículo 92 que, como regla general, los buques en alta mar están sometidos a la jurisdicción exclusiva del Estado cuyo pabellón enarbolan.

Pero ¿qué sucede cuando una embarcación no tiene bandera, matrícula ni nacionalidad reconocida?

El artículo 110 de la misma Convención contempla el derecho de visita de los buques de guerra cuando existen motivos fundados para sospechar que una embarcación carece de nacionalidad.

Esto permite comprobar su situación jurídica y determinar si realmente se trata de una embarcación sin nacionalidad.

Es importante señalar que el derecho de visita no concede automáticamente a cualquier Estado competencia para juzgar todos los delitos cometidos a bordo. El abordaje y la jurisdicción penal son cuestiones diferentes.

Precisamente por ello considero necesario establecer una regulación internacional más completa.

Si una embarcación carece de nacionalidad reconocida, no debería producirse un vacío jurídico que impida investigar delitos tan graves como un asesinato, una violación o una agresión sexual.

La ausencia de bandera no puede convertirse en una protección para los delincuentes.

3. Una comparación con la lucha internacional contra el narcotráfico

Existe un precedente que merece ser considerado.

La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 1988, establece en su artículo 17 mecanismos de cooperación internacional para combatir el narcotráfico por vía marítima.

En determinadas circunstancias, permite solicitar asistencia e intervenir sobre embarcaciones que carecen de bandera o matrícula.

Cuando la embarcación pertenece a otro Estado, se establecen procedimientos de notificación y autorización al Estado del pabellón.

Es decir, la comunidad internacional ha desarrollado mecanismos específicos para evitar que el mar se convierta en un espacio libre para determinadas actividades delictivas.

También existe el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, de 1988, conocido como Convenio SUA, que establece obligaciones de jurisdicción, cooperación y enjuiciamiento para determinados delitos cometidos contra buques o a bordo de ellos.

Ver Convenio SUA de 1988: https://www.imo.org/es/about/conventions/pages/sua-treaties.aspx

Estos instrumentos demuestran que los Estados pueden establecer mediante tratados internacionales mecanismos de intervención y cooperación penal que superen las dificultades derivadas de la localización marítima de determinados delitos.

¿Por qué no desarrollar un instrumento semejante para determinados delitos graves cometidos a bordo de embarcaciones sin nacionalidad?

No se trata de afirmar que las normas contra el narcotráfico permitan actualmente detener y juzgar automáticamente a cualquier persona por un asesinato cometido en una patera. No es así.

Se trata de aprovechar la experiencia de esos instrumentos internacionales para crear una regulación específica que cubra una laguna jurídica diferente.

4. La ZEE de otro Estado no debe convertirse en un obstáculo para investigar delitos graves

Otra cuestión importante es la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Una ZEE puede extenderse hasta 200 millas náuticas desde las líneas de base, pero no constituye territorio soberano del Estado ribereño.

El artículo 56 de la CONVEMAR reconoce al Estado ribereño derechos soberanos sobre los recursos naturales y determinadas competencias en esa zona.

El artículo 58, por su parte, reconoce a los demás Estados libertades de navegación y otros usos legítimos del mar.

Por tanto, si una patera sin bandera se encuentra navegando dentro de la ZEE de Marruecos, Mauritania, Cabo Verde o cualquier otro Estado, no significa que ese Estado tenga automáticamente soberanía territorial sobre la embarcación ni jurisdicción penal exclusiva sobre todos los delitos que se cometan a bordo.

Naturalmente, deben respetarse los derechos del Estado ribereño y las normas internacionales que regulan las intervenciones marítimas.

Pero tampoco debería interpretarse que la ubicación de una embarcación sin nacionalidad dentro de la ZEE de un tercer Estado impide establecer, mediante un tratado internacional, competencias penales para investigar determinados delitos graves.

La finalidad no sería apropiarse de las competencias marítimas de otros países, sino evitar que los responsables de delitos graves queden sin juzgar por un conflicto de jurisdicciones.

5. Una propuesta: crear un convenio internacional específico

Considero que España, a través de sus instituciones judiciales y diplomáticas, podría impulsar ante Naciones Unidas una iniciativa para elaborar un instrumento internacional destinado a regular la persecución de delitos graves cometidos a bordo de embarcaciones sin nacionalidad.

Podría denominarse:

Convenio Internacional para la Prevención y Persecución de Delitos Graves Cometidos a Bordo de Embarcaciones sin Nacionalidad.

Su contenido podría establecer los siguientes principios:

Primero. Que los asesinatos, homicidios, violaciones, agresiones sexuales, torturas y otros delitos graves cometidos a bordo de embarcaciones sin nacionalidad reconocida puedan ser investigados y perseguidos penalmente por los Estados que tengan una conexión jurisdiccional reconocida con el caso.

Segundo. Que se establezcan mecanismos legales para que un Estado pueda abordar e inspeccionar una embarcación sin nacionalidad cuando existan indicios razonables de la comisión de delitos graves, respetando las normas internacionales sobre intervención marítima y salvamento.

Tercero. Que el Estado que efectúe legalmente la intervención y tenga bajo su custodia a los presuntos responsables pueda asumir la investigación y el enjuiciamiento cuando se cumplan las condiciones establecidas en el convenio.

Cuarto. Que la nacionalidad extranjera de la víctima o del presunto autor no constituya por sí sola un impedimento para la cooperación judicial.

Quinto. Que se establezca un mecanismo para determinar qué Estado debe investigar y juzgar cuando concurran varias jurisdicciones, evitando duplicidades y garantizando que ningún caso quede sin una autoridad competente.

Sexto. Que se protejan los derechos de las víctimas, los testigos y las personas investigadas, garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa.

Séptimo. Que las disposiciones del convenio sean compatibles con la CONVEMAR y respeten los derechos soberanos y las competencias de los Estados ribereños en sus respectivas zonas económicas exclusivas.

6. ¿Por qué Canarias debería impulsar esta iniciativa?

Canarias ocupa una posición geográfica especialmente sensible en las rutas marítimas migratorias del Atlántico.

Las embarcaciones que se dirigen hacia el archipiélago pueden atravesar aguas internacionales y zonas económicas exclusivas pertenecientes a distintos Estados antes de alcanzar las costas canarias.

Durante esas travesías pueden producirse fallecimientos, homicidios, agresiones, violaciones y otros delitos que requieren investigación judicial.

Cuando una embarcación llega a Canarias y las autoridades españolas tienen conocimiento de que se ha cometido un delito grave durante el viaje, resulta razonable que se investiguen los hechos, se identifique a las víctimas y a los posibles responsables y se determine qué Estado tiene competencia para juzgarlos.

No parece razonable que la ausencia de una bandera, la nacionalidad extranjera de los implicados o la localización del delito fuera de las 12 millas territoriales españolas puedan convertirse, por sí solas, en circunstancias que favorezcan la impunidad.

Tampoco se pretende que España pueda imponer unilateralmente su jurisdicción a otros Estados.

Lo que se propone es que exista un acuerdo internacional que permita actuar conforme a unas reglas comunes, conocidas y aceptadas por los países firmantes.

7. Una petición a la Fiscalía Superior de Canarias

Por todo lo expuesto, considero que la Fiscalía Superior de Canarias podría desempeñar un papel importante en la promoción de esta iniciativa.

No solamente denunciando las dificultades que actualmente se encuentran los fiscales para perseguir determinados delitos cometidos durante las travesías migratorias, sino también trasladando a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Justicia una propuesta concreta de reforma.

En primer lugar, podría estudiarse una modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para ampliar, dentro de los límites del Derecho internacional, los supuestos de jurisdicción española sobre delitos graves cometidos a bordo de embarcaciones sin nacionalidad que lleguen a territorio español.

En segundo lugar, podría solicitarse al Gobierno español que estudiase la posibilidad de promover un convenio internacional específico ante Naciones Unidas, en coordinación con la Organización Marítima Internacional y los organismos competentes en materia de cooperación judicial penal.

La reforma nacional podría solucionar determinados casos sin necesidad de esperar a un nuevo tratado internacional, mientras que el convenio permitiría establecer una solución compartida por otros países.

Conclusión: el mar no puede ser un territorio de impunidad penal

El Derecho internacional debe evolucionar al mismo ritmo que las circunstancias que pretende regular.

Las embarcaciones sin nacionalidad reconocida plantean problemas que no siempre encuentran una respuesta suficiente en los instrumentos jurídicos actuales.

Una persona que comete un asesinato o una violación a bordo de una embarcación no debería encontrar en la ausencia de bandera un mecanismo para escapar de la justicia.

No se trata de ampliar arbitrariamente la soberanía de España, ni de desconocer los derechos de Marruecos, Mauritania o cualquier otro Estado sobre sus espacios marítimos.

Se trata de establecer una competencia penal internacional clara, respetuosa con la soberanía de los Estados y con los derechos humanos, que permita investigar y juzgar delitos graves cuando sus responsables sean localizados en una embarcación sin nacionalidad.

La lucha contra el narcotráfico marítimo demuestra que la comunidad internacional puede establecer mecanismos de cooperación y actuación para perseguir actividades delictivas en el mar.

Ahora hace falta avanzar en la misma dirección para proteger a las personas que sufren asesinatos, violaciones y agresiones durante las travesías marítimas.

El mar no puede convertirse en un territorio de impunidad penal por el simple hecho de que una embarcación carezca de bandera.

La justicia no debería detenerse a las 12 millas de la costa cuando existen víctimas y delitos graves que necesitan una respuesta judicial.

Referencias jurídicas para consulta

1.    Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, especialmente artículos 56, 58, 91, 92 y 110.

2.    Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, artículo 23.

3.    Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 1988, artículo 17.

4.    Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, de 1988, especialmente artículos 3, 6, 9 y 10.

5.    Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, de 2011.

Fuentes oficiales para acompañar el envío

 

DEL NÚMERO DE GRAHAM AL COSMO-PODER: ¿PODRÍAMOS DORMIR DURANTE UN VIAJE DE QUINTILLONES DE AÑOS?

 


DEL NÚMERO DE GRAHAM AL COSMO-PODER: ¿PODRÍAMOS DORMIR DURANTE UN VIAJE DE QUINTILLONES DE AÑOS?

Por Bruno Perera

Desde muy temprana edad he tenido la impresión de que los números se parecen al universo: no tienen principio ni final. Por grande que sea una cantidad, siempre podemos añadirle una unidad y obtener otra todavía mayor. No existe un último número al que podamos llegar y decir: aquí termina todo.

Esta reflexión me ha acompañado durante muchos años y, curiosamente, guarda cierta semejanza con mi concepto filosófico del Cosmo-Poder: una realidad que, según mi interpretación, no tuvo principio ni tendrá final.

Hace poco, mientras conversaba con una inteligencia artificial, decidí ponerla a prueba con una pregunta aparentemente sencilla. Le pregunté: ¿sería capaz de multiplicar el número más grande que conozcas por otro igual?

La IA eligió el número de Graham, una de las cantidades más gigantescas que han aparecido en las matemáticas. Este número es tan descomunal que resulta imposible escribir su representación decimal completa utilizando todos los recursos materiales del universo observable.

La operación que le propuse fue:

G × G = G²

Es decir, multiplicar el número de Graham por sí mismo. El resultado es su cuadrado, una cantidad todavía más extraordinaria.

Pero aquí aparece una cuestión interesante: aunque no podamos escribir todos sus dígitos, sí podemos definirlo matemáticamente y operar con él. Esto demuestra que nuestra capacidad para expresar cantidades es mucho mayor que nuestra capacidad para imaginarlas.

Los números y el infinito

Cuando pensamos en el infinito, normalmente imaginamos algo que nunca termina. Sin embargo, las matemáticas nos enseñan que existen diferentes tamaños de infinito.

Los números naturales (1, 2, 3, 4...) forman una sucesión infinita. Pero los números reales, que incluyen también los decimales, constituyen un infinito de mayor cardinalidad.

Por tanto, no todos los infinitos son iguales.

Esto me lleva nuevamente a mi reflexión sobre el Cosmo-Poder. ¿Podría existir una realidad cuya dimensión, duración y capacidad de transformación superasen cualquier posibilidad de comprensión humana?

No pretendo afirmar que las matemáticas demuestren la existencia del Cosmo-Poder. Son campos diferentes: las matemáticas estudian estructuras abstractas, mientras que el Cosmo-Poder pertenece a una interpretación filosófica de la existencia. Sin embargo, ambos plantean preguntas que obligan a nuestra mente a enfrentarse con lo ilimitado.

¿Y si utilizáramos los números para dormir a los astronautas?

Aquí comenzó la parte más divertida de nuestra conversación.

Yo, en vez de ovejas, tengo la costumbre de contar casas mentalmente cuando quiero dormirme. Normalmente cuento hasta llegar a casi cien y siempre consigo conciliar el sueño.

Pero se me ocurrió una idea: ¿por qué no sustituir las cien casas por una cantidad mucho mayor?

En lugar de contar hasta cien, podría contar casas utilizando como referencia el número de Graham multiplicado por sí mismo: G².

¡Seguro que no llegaría ni a la primera fracción de esa cantidad antes de quedarme dormido!

Entonces apareció otra posibilidad todavía más disparatada: ¿por qué no utilizar este procedimiento para enviar astronautas a otros planetas?

Imaginemos una nave espacial preparada para transportar seres humanos durante viajes extraordinariamente largos. Antes del despegue, los astronautas entrarían en un sistema de hibernación o animación suspendida, mientras una máquina se encargaría de mantenerlos en condiciones adecuadas.

Podríamos bautizar el procedimiento, humorísticamente, como el sistema G².

Los astronautas se acostarían, comenzarían a contar casas multiplicadas por el número de Graham y despertarían cuando la nave llegase a su destino.

Naturalmente, esto es una fantasía matemática y científica, no una tecnología disponible. Actualmente no sabemos mantener seres humanos en animación suspendida durante siglos o milenios sin que sufran daños.

Pero la idea de la hibernación humana sí constituye un campo de investigación relacionado con la medicina y los futuros viajes espaciales.

El verdadero problema de los viajes interestelares

Uno de los mayores obstáculos para viajar a otros sistemas estelares no es solamente construir una nave capaz de desplazarse a grandes velocidades. También debemos resolver cómo mantener vivos a sus ocupantes durante periodos que podrían superar ampliamente una vida humana.

Durante un viaje de cientos o miles de años habría que proporcionar alimentación, agua, oxígeno, protección contra la radiación, mantenimiento de los equipos y condiciones adecuadas para la salud física y psicológica de los viajeros.

Si algún día consiguiéramos desarrollar sistemas seguros de animación suspendida, podríamos reducir algunos de esos problemas.

También sería necesario disponer de sistemas capaces de reciclar el agua y el aire, producir alimentos y mantener la nave funcionando de manera autónoma.

La nave tendría que convertirse prácticamente en un pequeño ecosistema artificial.

Una reflexión final sobre el universo

Al final, una conversación que comenzó con una multiplicación matemática terminó llevándonos hasta los confines imaginarios del espacio.

Quizá el mayor misterio no sea conocer el número más grande que podamos definir, sino comprender por qué existe un universo en el que nuestra mente puede plantearse preguntas sobre el infinito.

Podemos multiplicar números, elevarlos a potencias, construir cantidades que desafían nuestra imaginación y formular teorías sobre el origen y el destino del universo. Sin embargo, seguimos sin conocer los límites últimos de la realidad.

Y aquí regreso al Cosmo-Poder.

Si el universo tiene un origen, ¿qué había antes? Y si no tuvo principio, ¿cómo podemos comprender una existencia que no necesita comenzar? Si algún día el universo observable desapareciera o se transformara, ¿significaría eso que la totalidad de la existencia habría terminado?

Son preguntas que todavía no tienen respuestas definitivas.

Mientras tanto, seguiré contando casas para dormirme. Aunque, después de esta conversación, quizá tenga que cambiar mi costumbre.

En lugar de contar hasta cien, probaré con G².

Eso sí, si mañana no aparezco, no llamen a la Guardia Civil: seguramente todavía estaré contando.

¡Jajajajaja!