Parte de la
inmigración en España no resulta rentable para el sistema de bienestar porque
percibe salarios mínimos
Por
Bruno Perera
Durante años
se ha repetido que la inmigración es imprescindible para sostener la economía
española y el sistema de pensiones. Sin embargo, esa afirmación no siempre se
analiza con el suficiente detalle. La realidad es más compleja y depende del
perfil laboral, salarial y familiar de la población inmigrante.
Según datos
de la Agencia Tributaria, una parte importante de los trabajadores extranjeros
se concentra en los tramos salariales más bajos. Diversos análisis estiman que
entre un 20 % y un 35 % de los inmigrantes asalariados perciben aproximadamente
el salario mínimo, mientras que muchos otros obtienen ingresos cercanos a esa
cuantía.
Cuando un
trabajador percibe el salario mínimo, sin tiene hijos, sus cotizaciones sociales y los impuestos
directos que paga son reducidos casi a cero. Contribuye poco o nada nada al
sostenimiento del Estado, porque su aportación fiscal es inferior a la de un
trabajador con un salario medio o alto.
El problema
económico surge cuando, además del trabajador, varios miembros de su unidad
familiar utilizan los servicios públicos. La escolarización de los hijos, la
asistencia sanitaria, las infraestructuras públicas y, cuando se cumplen los
requisitos legales, determinadas ayudas sociales representan un gasto que debe
ser financiado por el conjunto de los contribuyentes.
En estas
circunstancias, es razonable plantear que algunos hogares con rentas muy bajas
puedan convertirse, durante determinados periodos, en beneficiarios netos del
sistema de bienestar. Conviene señalar que este fenómeno no es exclusivo de la
inmigración, ya que también afecta a numerosos hogares españoles con ingresos
reducidos.
A ello hay
que añadir el coste derivado de la inmigración ilegal. La atención a los
inmigrantes en situación administrativa ilegal y a los menores extranjeros no
acompañados (MENAs) supone gastos en acogida, alimentación, alojamiento,
tutela, sanidad, educación y asistencia jurídica. Estos costes recaen
principalmente sobre las comunidades autónomas y el conjunto de las
administraciones públicas.
Asimismo, la
legislación española permite la reagrupación familiar en determinados supuestos
y bajo requisitos específicos. Cuando ascendientes de edad avanzada pasan a
residir en España, pueden acceder a los servicios públicos conforme
a la normativa vigente. Ello hace incrementar el gasto sanitario y social
debido al mayor consumo de recursos asistenciales asociado a la edad y, en los
casos previstos por la legislación, al acceso a determinadas prestaciones
públicas, como son pagas de pensión no contributivas.
Existe,
además, otro aspecto que rara vez se menciona en el debate público. Los
hospitales, centros de salud, colegios, carreteras, fuerzas y cuerpos de
seguridad, centros de acogida y demás infraestructuras del Estado del bienestar
no surgieron de la noche a la mañana. Han sido construidos y financiados durante
décadas mediante los impuestos pagados por varias generaciones de
contribuyentes. En consecuencia, cuando se produce un incremento muy rápido de
la población debido a la inmigración, la demanda sobre esos servicios aumenta
de forma inmediata, mientras que la creación de nuevas infraestructuras
requiere inversiones multimillonarias y muchos años de planificación. Ello contribuye a la saturación de la sanidad, la
educación, los servicios sociales y otros servicios públicos, especialmente en
aquellas zonas donde el crecimiento demográfico ha sido más intenso.
Todo ello
conduce a una conclusión que merece ser debatida sin prejuicios ideológicos: no
toda la inmigración produce el mismo impacto económico. La inmigración
cualificada, con salarios elevados y alta productividad, suele generar una
mayor aportación fiscal. En cambio, una parte de la inmigración concentrada en
empleos de baja remuneración puede presentar un saldo fiscal menos favorable o
negativo, especialmente cuando existen cargas familiares importantes y un uso
intensivo de los servicios públicos.
Reconocer
esta realidad no supone cuestionar a las personas inmigrantes ni negar su
aportación al país. Significa admitir que la sostenibilidad del Estado del
bienestar depende, en gran medida, del nivel de empleo, de los salarios y de la
capacidad contributiva de quienes residen en España, con independencia de su
nacionalidad.
Negar que
una parte de la inmigración de baja remuneración pueda representar un coste
neto para las cuentas públicas dificulta un debate sereno sobre las políticas
migratorias. Del mismo modo, afirmar que toda la inmigración constituye una
carga económica sería una generalización que tampoco reflejaría la diversidad
de situaciones existentes.
Fuentes
1.
La
Agencia Tributaria publica que una proporción significativa de los trabajadores
extranjeros se concentra en los tramos salariales más bajos.
2.
Los
trabajadores con salarios bajos realizan aportaciones inferiores en
cotizaciones sociales e impuestos directos que los trabajadores con salarios medios
o altos.
3.
La
atención a menores extranjeros no acompañados y a inmigrantes en situación
irregular supone un gasto para las administraciones públicas en acogida,
tutela, educación, sanidad y otros servicios.
4.
La
reagrupación familiar de ascendientes está permitida únicamente bajo los
requisitos establecidos por la legislación española y no constituye un derecho
automático.
5.
El
impacto fiscal de la inmigración depende de factores como la edad, el salario,
la composición familiar, el tiempo de permanencia y el grado de utilización de
los servicios públicos, por lo que no puede generalizarse a toda la población
inmigrante.
Nota: En resumen,
el fuerte incremento de la inmigración ha provocado que los servicios públicos
deban atender a una población mucho mayor sin que, en muchos casos, hayan
aumentado sus recursos al mismo ritmo. Como consecuencia, los españoles tenemos
que compartir la sanidad, la educación, la atención policial y otros servicios
sociales con una población inmigrante creciente, lo que contribuye a la saturación del
sistema y a un aumento de los tiempos de espera para los nacionales.
