Los MENAs deben estar con sus familias en África y no raptados en Canarias

 

Los MENAs deben estar con sus familias en África y no raptados en Canarias

Por Bruno Perera.

En Canarias se encuentran actualmente alrededor de 6.000 menores extranjeros no acompañados (MENAs) alojados en albergues y centros de acogida. La mayoría procede de Marruecos, Mauritania, Senegal, Malí y Gambia, países donde las redes de tráfico de personas y la falta de oportunidades empujan a muchos jóvenes a embarcarse en una travesía peligrosa rumbo a Europa.

La estrategia del asilo político. Un aspecto llamativo es que, asesorados por abogados vinculados a oenegés proinmigración ilegal, unos 1.000 menores originarios de Malí han solicitado asilo político, bajo el argumento de que su país atraviesa un conflicto armado. Con ello, se pretende que el Estado español asuma directamente su tutela, priorizando su situación frente a la de otros menores de países donde no hay guerra abierta.

Esta maniobra, en parte alentada por el propio Gobierno canario, busca trasladar al Estado la responsabilidad de esos menores, generando además un precedente que puede multiplicar los casos.

Una cuestión ética: ¿acogida o rapto encubierto?

Más allá de los acuerdos internacionales que obligan a España a dar albergue y ayuda humanitaria, conviene preguntarse:

¿Dónde deberían estar realmente estos menores?

¿No es lo más justo que estén con sus familias en sus países de origen?

Cuando se retiene a un menor sin la autorización de sus padres o tutores legales, aunque sea bajo el paraguas de la “protección humanitaria”, se corre el riesgo de convertir la acogida en un rapto institucionalizado.

El negocio detrás de los MENAs. Las mafias que controlan la inmigración irregular suelen instruir a los menores para ocultar su verdadera identidad, no portar pasaporte ni documentos familiares y así evitar una posible deportación. Sin embargo, en muchos casos se logra identificar a sus familias cuando los propios jóvenes llaman a casa tras llegar a Canarias.

El problema es que quienes gestionan los centros de acogida a menudo miran hacia otro lado, porque existe un claro incentivo económico: se estima que el coste por menor ronda los 150 euros al día. Así, oenegés, empresarios y ciertos actores políticos convierten la acogida en un negocio lucrativo a costa del erario público.

Canarias: una sociedad saturada. Mientras tanto, la población canaria sufre las consecuencias de una presión social insostenible:

Sanidad, escuelas, policía, servicios de rescate y Cruz Roja están al límite de su capacidad.

El mercado de la vivienda se encuentra tensionado: los alquileres alcanzan cifras récord, en parte por la fuerte demanda generada por la inmigración.

Según datos recientes, 3 de cada 10 canarios viven en el umbral de la pobreza, lo que hace más evidente la paradoja de que se destinen ingentes recursos públicos a la acogida mientras los propios ciudadanos carecen de soluciones.

Solidaridad sí, pero con sentido común. La solidaridad es un valor fundamental, pero no puede convertirse en un castigo para los canarios. La acogida indiscriminada, sin una planificación clara ni una política firme contra las mafias, sólo agrava los problemas sociales de las islas.

Canarias no puede ni debe ser la sala de espera de Europa ni el laboratorio donde se ensayan políticas migratorias improvisadas. Los menores tienen derecho a vivir en condiciones dignas, pero sobre todo tienen derecho a estar con sus familias.

La verdadera solución pasa por cooperar con los países de origen, desmantelar las mafias y trabajar para que esos niños y adolescentes tengan futuro en su tierra. Lo contrario es perpetuar un círculo de negocio, desarraigo y explotación, disfrazado de solidaridad.