El jefe de la Armada española
responde a Vox: "No estamos para combatir a los cayucos, sino para
ayudarles"
Por Bruno Perera.
1. El título de este artículo recoge las palabras con las que el jefe de la
Armada española, almirante general Antonio Piñeiro, respondió a VOX en relación
con la función de los buques militares españoles cuando se encuentran con
inmigrantes ilegales en alta mar.
2. El almirante Piñeiro, actual jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA),
afirmó con claridad que, ante una patera, zodiac o cayuco en peligro en el mar,
la misión principal de los barcos militares es auxiliar, salvar y rescatar a
sus ocupantes, pero en ningún caso “combatir” la inmigración ilegal. Ver
noticia completa en este enlace:
3. Conviene
recordar que España, como Estado firmante de convenios internacionales, está
sujeta a normas claras:
- Convenio
Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos (SAR), de 1979: obliga a prestar auxilio
inmediato a cualquier persona en peligro en el mar, sin distinción de
nacionalidad o estatus legal.
- Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), de
1974: establece que los
capitanes de buques tienen el deber de socorrer a personas en peligro en
alta mar.
- Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, 1982), artículo
98: “Todo Estado exigirá al
capitán de un buque que enarbole su pabellón que, siempre que pueda
hacerlo sin grave peligro para la nave, su tripulación o pasajeros: a)
Preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer
en el mar.”
- Directrices
de la Organización Marítima Internacional (OMI, 2004): los rescatados deben ser
desembarcados “en un lugar seguro” lo antes posible, entendiéndose como
tal el puerto más cercano donde se garantice la seguridad física de los
rescatados y se atiendan sus necesidades básicas.
4. En consecuencia, el deber legal de España es rescatar a los náufragos,
pero el desembarco debe realizarse en el puerto más cercano y seguro, lo que en
muchos casos correspondería a puertos del norte de África, no necesariamente a
Canarias.
5. Sin embargo, tanto la Armada como la Guardia Civil del Mar, así como
barcos de ONG como Open Arms, suelen trasladar a los inmigrantes ilegales
rescatados directamente a las costas del sur de Europa y a las de Canarias.
Esto plantea un conflicto entre el deber humanitario de salvamento y la
aplicación estricta de las obligaciones internacionales de desembarco.
6. Se debería interceptar las embarcaciones antes de que alcancen aguas
próximas al sur de Europa o Canarias, y proceder conforme a la normativa
internacional: socorrer, dar asistencia sanitaria inmediata y desembarcar en el
puerto seguro más cercano, lo que no siempre equivale a traerlos a territorio
español.
Ahora bien, en la práctica, las mafias africanas no
siempre avisan a través de la chivata ONG Caminando Fronteras
cuando envían una patera, zodiac o cayuco, sino que esperan unas horas hasta
que la embarcación se aleja de las costas africanas. Asimismo, algunas ONG,
como Open Arms, esperan a que estas embarcaciones se alejen lo suficiente para
rescatarlas y trasladarlas a puertos europeos, presentándose después como
salvadores de vidas.
En un contexto similar, la Guardia Civil del Mar en
Canarias suele salir al rescate de cualquier patera, zodiac o cayuco que pida
auxilio, esté en situación de necesidad real o no, sin importar la distancia a
la que se encuentre de la costa africana. Para agravar la situación, las
patrulleras africanas a menudo hacen “oídos sordos” y no salen a rescatar a
quienes piden ayuda. Y para completar la faena, la ONG Caminando
Fronteras tampoco avisa a las gendarmerías marítimas de los países
africanos emisores de inmigrantes ilegales, concentrándose únicamente en
presionar a la Guardia Civil del Mar de Canarias para que actúe de inmediato,
bajo la amenaza de acusarla públicamente de no cumplir con el deber de salvamento.
7. La cuestión central no reside únicamente en los rescates, sino en la
acción previa de las mafias que, desde África, envían a personas en condiciones
inhumanas: embarcaciones sobrecargadas, escasez de agua y alimentos, carencia
de salvavidas y combustible insuficiente para travesías largas.
8. A menudo, estas mafias operan en connivencia con redes dentro de España y
Europa.
9. Canarias sufre de forma directa las consecuencias de esta política
migratoria. La llegada constante de inmigrantes irregulares provoca saturación
en los sistemas de acogida y atención humanitaria; presión sobre servicios
públicos como sanidad, educación, seguridad y asistencia social; y aumento de MENAs
(menores extranjeros no acompañados), que ya superan los 6.000 bajo tutela
en Canarias.
10. Cada menor, una vez que cumple la mayoría de edad 18
años, puede solicitar la reagrupación
familiar, lo que multiplica la llegada de inmigrantes con el paso de los años y
genera un efecto dominó imparable que desborda a las islas.
11. Todo ello ocurre mientras tres de cada diez canarios
viven en el umbral de la pobreza y la población local ve cómo se debilita su
identidad cultural. Existe el temor de que el fenómeno migratorio, unido a la
falta de una política firme, derive en una transformación profunda de las
islas, con la introducción de costumbres, religiones e incluso posibles marcos
legales ajenos a nuestra tradición europea.
12. En conclusión, la Armada española, la Guardia Civil
del Mar y las ONG cumplen con un deber humanitario al salvar vidas. Sin
embargo, la aplicación laxa de las normas internacionales convierte al sur de
Europa y Canarias en destino final de
quienes deberían haber sido desembarcados en el puerto seguro más próximo.
13. Es hora de que el Gobierno español, junto con las
instituciones europeas, adopte una política clara: atajar el problema en
origen, combatir a las mafias y garantizar que las normas internacionales se
cumplan en toda su extensión.
14. Porque salvar vidas es una obligación, pero convertir
Canarias en el refugio perpetuo de toda África no lo es. Canarias no es, ni
debe ser, la Madre Teresa de todo un continente, menos cuando con la inmigración
ilegal nos llega toda clase de individuos que general gran cantidad de
delincuencia. (Inmigración sí, pero solamente por la vía legal y cuando la necesitemos,
y sobre todo de países que tengan afinidades con nuestras costumbres y
mentalidad).
Nota: Este artículo fue enviado a la señora Ursula Von
der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
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