La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitará al tribunal que condenó por sedición y malversación a los independentistas catalanes y al instructor del 1-O, Pablo Llarena, que eleven una cuestión de inconstitucionalidad ante la Corte de Garantías antes de aplicar la futura Ley de Amnistía en la que ya trabaja el Gobierno. Así, el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, deberá pronunciarse sobre la legalidad de dicha ley antes de que se beneficien de ella el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont y los condenados por el procés que aún tienen penas de inhabilitación como Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.
Pedro Sánchez lleva semanas, a través de los emisarios enviados a Waterloo, negociando con Puigdemont la concesión de la amnistía. Se trata de la exigencia que debe cumplir el presidente en funciones para que Junts dé su apoyo al PSOE en una futura investidura. En este tiempo, Moncloa ha encargado sondear fórmulas para «contemplar, en apariencia, un encaje legal» de la amnistía «de acuerdo con nuestro marco constitucional», según explican a OKDIARIO fuentes conocedoras. Los trabajos jurídicos han dado su fruto y «ya han encontrado el resquicio legal que buscaban».
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