Varios funcionarios de la Delegación del Gobierno de Madrid han reconocido ante la Guardia Civil que ellos habían sido los encargados de llamar a varios convocantes de manifestaciones para pedirles que las anularan de forma voluntaria. Y admiten que esas llamadas no quedaron registradas, tal y como debería hacerse con «todas» las que se efectúan. Pero éstas, revelaron a los agentes, no fueron «llamadas habituales». Así figura en el segundo informe entregado por la Guardia Civil a Carmen Rodríguez-Medel, la juez que investiga el 8-M. OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva al documento.
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