El Ministerio de Fomento ha chocado con Hacienda y con la Abogacía del Estado para poder sacar adelante distintos programas de carreteras que totalizan más de 6.300 millones de euros. Detrás de estas discrepancias están la nueva Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación de la Economía, según el caso. El último episodio tiene que ver con los 12 contratos de conservación en carreteras por casi 300 millones que el consejo de ministros aprobó hace un mes. El departamento que dirige José Luis Ábalos se ha topado con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, para poder lanzar los concursos. El problema radica en la aplicación de la figura de los denominados precios contradictorios que ya no se contemplan como tal en la ley de contratos públicos que entró en vigor el pasado 9 de marzo, según explican fuentes de algunas de las empresas interesadas en los proyectos.
Los precios contradictorios derivan de indefiniciones en el proyecto o de partidas nuevas a ejecutar. Este instrumento, que otorga flexibilidad en la vida de una obra o servicio sin necesidad de recurrir a un modificado y que se recoge en el presupuesto original del contrato, ya no puede incluirse en los pliegos de contratación. La IGAE está analizando cómo resolverlo, puesto que la ley ahora obligaría a realizar un modificado para cada una de esas actuaciones. Su aprobación conlleva una serie de procedimientos que por lo general se prolongan en el tiempo durante meses. Esta dilatación contraviene las actuaciones de emergencia que habitualmente requieren los contratos de conservación.
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