La crisis inmigratoria en Canarias hace un llamado de SOS a la responsabilidad de los políticos canarios y peninsulares

 

La crisis inmigratoria en Canarias hace un llamado de SOS a la responsabilidad de los políticos canarios y peninsulares

Por Bruno Perera.

Preámbulo. Aunque hace una semana dije que, por estar cansado de haber escrito unos 300 artículos sobre inmigración ilegal dejaba de escribir sobre el mismo tema, hoy al ver que la situación inmigratoria ha empeorado, me veo en la obligación de redactar este porque aprecio que, si me retiro, las mafias aumentarán su poder y Canarias quedaría desamparada de menos voces que la defiendan. Por lo tanto, aquí les va lo siguiente.

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Fue allá por el año 1994 cuando comenzó la odisea de la llegada de pateras hacia Canarias a través de Fuerteventura.

Desde esa época, y sin que haya habido una semana en la que no arriben varias pateras a las islas, Canarias ha sido testigo de un fenómeno migratorio en aumento, convirtiéndose en un punto de llegada para cientos de miles de inmigrantes ilegales provenientes de las costas de Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia. También se debe mencionar que, por la misma vía marítima, han llegado en pateras, zodiacs y cayucos inmigrantes ilegales de Pakistán, India, etc., que han arriesgado sus vidas en busca de un mejor futuro que Canarias no les puede ofrecer, ya que está saturada de inmigración ilegal. (Recordemos que en el año 2024 llegaron al archipiélago casi 46.000 inmigrantes ilegales, sin contar los miles que entraron por vía aérea).

Este flujo constante de personas, que ha superado las 600.000 llegadas en las últimas tres décadas, con el añadido de varios miles de muertos y desaparecidos en el mar, plantea una crisis humanitaria y social que los políticos canarios y peninsulares parecen ignorar o, peor aún, gestionar de manera irresponsable.

La llegada de estos inmigrantes, tanto adultos como menores no acompañados (MENA), ha generado un impacto significativo en la sociedad canaria. En un contexto donde el desempleo alcanza el 15-16% y donde tres de cada diez canarios viven en el umbral de la pobreza, la situación se vuelve insostenible. En este escenario, la comunidad canaria se ve obligada a proporcionar albergue, alimentos, ropa, educación, sanidad e incluso empleo a personas que llegan ilegalmente, mientras muchos ciudadanos canarios luchan por sobrevivir.

Los MENA, en particular, reciben atención especial por parte del Gobierno canario y del Gobierno español. Se les cubren todas sus necesidades hasta que cumplen 18 años, y tras alcanzar la mayoría de edad, se les concede una ayuda de aproximadamente 450 euros mensuales durante dos años adicionales. Debido a que los MENA reciben la residencia, tienen derecho a la reagrupación familiar, lo que trae consigo el problema social de que pueden llamar y hacer residentes en España a sus padres, hermanos y, con la misma venia, a otros familiares.

Esta política de acogida de MENA plantea serias interrogantes sobre la legalidad y la ética de tales decisiones. La Ley de los Menores de Naciones Unidas, de la cual España es signataria, establece que su objetivo es proteger a los menores nacionales y a aquellos extranjeros que residen legalmente en el país. Sin embargo, la acogida de MENA, que son en su mayoría inmigrantes ilegales, parece contradecir esta normativa, ya que cada nación está obligada a proteger a sus menores. En estos casos, Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, entre otros, deben cuidar de sus menores y no enviar su problema social a otras naciones.

Es alarmante que tanto el Gobierno canario como el español no reconozcan que mantener a estos menores en el país sin un proceso de repatriación adecuado equivale a un rapto de menores.

La tutela de cada MENA cuesta entre 100 y 150 euros diarios, un gasto que recae sobre las arcas del Gobierno canario, del Estado español y de la Unión Europea. Mientras tanto, la población canaria se enfrenta a una crisis de empleo y vivienda, con sueldos raquíticos y alquileres abusivos que alcanzan los 700 euros mensuales por estudios de apenas 40 m², lo que hace casi imposible para muchas familias vivir holgadamente y acceder a una vivienda digna.

En todo esto se debe saber que el Gobierno canario, el Estado español y la UE, en unos 30 años que hemos padecido inmigración ilegal han despilfarrado unos 30 mil millones de euros, en las ayudas que han dado y siguen dando anualmente a Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia. Y también en lo que nos ha costado dar cobijo a adultos inmigrantes ilegales y la tutela a los MENA.

Actualmente, hay alrededor de 6.000 MENA y 20.000 adultos inmigrantes ilegales albergados en Canarias.

Algunos de estos adultos son enviados ilegalmente desde Canarias por cuenta del Estado en aviones de pasajeros a la península, donde se espera que continúen su viaje hacia otros países europeos. Este ciclo de migración no solo enriquece a las mafias africanas y a gobiernos africanos corruptos, sino que también beneficia a oenegés y a empresarios canarios corruptos que lucran con la crisis, mientras que la mayoría de políticos canarios y peninsulares parecen mirar hacia otro lado, creyendo que pueden ganar votos de los inmigrantes en situación legal; y porque los mismos están involucrados en este negocio de la inmigración ilegal cuando ponen la mano para tomar lo que algunos empresarios que se lucran con la inmigración ilegal les dan para pagar las campañas políticas.

Es hora de que aquellos que se consideran líderes asuman la responsabilidad que les corresponde. La crisis migratoria en Canarias no es solo un problema de números; es una cuestión de dignidad humana y de justicia social. Los canarios merecemos un gobierno que priorice nuestras necesidades y que busque soluciones sostenibles y justas para todos.

La falta de acción y la indiferencia ante esta crisis no solo perpetúan el sufrimiento de quienes llegan a las costas canarias, sino que también agravan la situación de aquellos que vivimos aquí. Es momento de exigir un cambio y de poner fin a esta tragedia que afecta a todos.

La solución a este problema radica en la deportación de todos los inmigrantes ilegales que sean apresados en altamar o cercanos a las costas de Canarias, y en que cada autoridad marítima haga su trabajo. Las autoridades africanas deben cuidar sus costas y las canarias las suyas, sin adentrarse en aguas marítimas donde el socorro pertenece a la nación que esté situada más cerca de una u otra patera que pida ayuda. Como sabemos, los inmigrantes ilegales se sienten alentados a embarcarse en una patera por la seguridad que les brinda la ONG Caminando Fronteras, que realiza llamados de socorro, sobre todo y únicamente, a la Guardia Civil del Mar de Canarias.

Caminando Fronteras actúa como otra mafia más porque obtiene ganancias económicas a través de los premios que le conceden oenegés internacionales que defienden la libre circulación de inmigrantes.

P.d. Salvo durante la llamada (Crisis de los cayucos). Antes del 2021 llegaban pocas pateras a Canarias, pero unos meses después de la Pandemia de Covid 19, CC, PP, PSOE, NC, Podemos y otros partidos políticos se pusieron de acuerdo en abrir las puertas a la inmigración ilegal dándoles la bienvenida en hoteles y apartamentos, y yéndolos a buscar casi a la puerta de sus casas en patrulleras de la Guardia Civil del Mar; y por tales causas y fallos las mafias se han hecho dueñas del negocio. Y tanto políticos como agentes del mar, por sus erróneas acciones o por cumplir las ordenes de sus jefes, son culpables de que la inmigración ilegal haya aumentado como plagas de cigarrones. Esta es la pura verdad.