Parte de la inmigración en España no resulta rentable para el sistema de bienestar porque percibe salarios mínimos

Por Bruno Perera

Durante años se ha repetido que la inmigración es imprescindible para sostener la economía española y el sistema de pensiones. Sin embargo, esa afirmación no siempre se analiza con el suficiente detalle. La realidad es más compleja y depende del perfil laboral, salarial y familiar de la población inmigrante.

Según datos de la Agencia Tributaria, una parte importante de los trabajadores extranjeros se concentra en los tramos salariales más bajos. Diversos análisis estiman que entre un 20 % y un 35 % de los inmigrantes asalariados perciben aproximadamente el salario mínimo, mientras que muchos otros obtienen ingresos cercanos a esa cuantía.

Cuando un trabajador percibe el salario mínimo, sin tiene hijos, sus cotizaciones sociales y los impuestos directos que paga son reducidos casi a cero. Contribuye poco o nada nada al sostenimiento del Estado, porque su aportación fiscal es inferior a la de un trabajador con un salario medio o alto.

El problema económico surge cuando, además del trabajador, varios miembros de su unidad familiar utilizan los servicios públicos. La escolarización de los hijos, la asistencia sanitaria, las infraestructuras públicas y, cuando se cumplen los requisitos legales, determinadas ayudas sociales representan un gasto que debe ser financiado por el conjunto de los contribuyentes.

En estas circunstancias, es razonable plantear que algunos hogares con rentas muy bajas puedan convertirse, durante determinados periodos, en beneficiarios netos del sistema de bienestar. Conviene señalar que este fenómeno no es exclusivo de la inmigración, ya que también afecta a numerosos hogares españoles con ingresos reducidos.

A ello hay que añadir el coste derivado de la inmigración ilegal. La atención a los inmigrantes en situación administrativa ilegal y a los menores extranjeros no acompañados (MENAs) supone gastos en acogida, alimentación, alojamiento, tutela, sanidad, educación y asistencia jurídica. Estos costes recaen principalmente sobre las comunidades autónomas y el conjunto de las administraciones públicas.

Asimismo, la legislación española permite la reagrupación familiar en determinados supuestos y bajo requisitos específicos. Cuando ascendientes de edad avanzada pasan a residir en España, pueden acceder a los servicios públicos conforme a la normativa vigente. Ello hace incrementar el gasto sanitario y social debido al mayor consumo de recursos asistenciales asociado a la edad y, en los casos previstos por la legislación, al acceso a determinadas prestaciones públicas, como son pagas de pensión no contributivas.

Existe, además, otro aspecto que rara vez se menciona en el debate público. Los hospitales, centros de salud, colegios, carreteras, fuerzas y cuerpos de seguridad, centros de acogida y demás infraestructuras del Estado del bienestar no surgieron de la noche a la mañana. Han sido construidos y financiados durante décadas mediante los impuestos pagados por varias generaciones de contribuyentes. En consecuencia, cuando se produce un incremento muy rápido de la población debido a la inmigración, la demanda sobre esos servicios aumenta de forma inmediata, mientras que la creación de nuevas infraestructuras requiere inversiones multimillonarias y muchos años de planificación. Ello  contribuye a la saturación de la sanidad, la educación, los servicios sociales y otros servicios públicos, especialmente en aquellas zonas donde el crecimiento demográfico ha sido más intenso.

Todo ello conduce a una conclusión que merece ser debatida sin prejuicios ideológicos: no toda la inmigración produce el mismo impacto económico. La inmigración cualificada, con salarios elevados y alta productividad, suele generar una mayor aportación fiscal. En cambio, una parte de la inmigración concentrada en empleos de baja remuneración puede presentar un saldo fiscal menos favorable o negativo, especialmente cuando existen cargas familiares importantes y un uso intensivo de los servicios públicos.

Reconocer esta realidad no supone cuestionar a las personas inmigrantes ni negar su aportación al país. Significa admitir que la sostenibilidad del Estado del bienestar depende, en gran medida, del nivel de empleo, de los salarios y de la capacidad contributiva de quienes residen en España, con independencia de su nacionalidad.

Negar que una parte de la inmigración de baja remuneración pueda representar un coste neto para las cuentas públicas dificulta un debate sereno sobre las políticas migratorias. Del mismo modo, afirmar que toda la inmigración constituye una carga económica sería una generalización que tampoco reflejaría la diversidad de situaciones existentes.

Fuentes

1.    La Agencia Tributaria publica que una proporción significativa de los trabajadores extranjeros se concentra en los tramos salariales más bajos.

2.    Los trabajadores con salarios bajos realizan aportaciones inferiores en cotizaciones sociales e impuestos directos que los trabajadores con salarios medios o altos.

3.    La atención a menores extranjeros no acompañados y a inmigrantes en situación irregular supone un gasto para las administraciones públicas en acogida, tutela, educación, sanidad y otros servicios.

4.    La reagrupación familiar de ascendientes está permitida únicamente bajo los requisitos establecidos por la legislación española y no constituye un derecho automático.

5.    El impacto fiscal de la inmigración depende de factores como la edad, el salario, la composición familiar, el tiempo de permanencia y el grado de utilización de los servicios públicos, por lo que no puede generalizarse a toda la población inmigrante.

Nota: En resumen, el fuerte incremento de la inmigración ha provocado que los servicios públicos deban atender a una población mucho mayor sin que, en muchos casos, hayan aumentado sus recursos al mismo ritmo. Como consecuencia, los españoles tenemos que compartir la sanidad, la educación, la atención policial y otros servicios sociales con una población inmigrante creciente, lo que contribuye a la saturación del sistema y a un aumento de los tiempos de espera para los nacionales.