De Marruecos no hay que fiarse sino ser duro con el mismo

 

De Marruecos no hay que fiarse sino ser duro con el mismo

Por Bruno Perera

La crisis migratoria que sufrió Ceuta durante los días 30 y 31 de julio continúa teniendo consecuencias económicas, sociales y políticas. Más de 80.000 inmigrantes ilegales entraron en la ciudad en aquellas jornadas y, casi dos meses después, el problema todavía no puede considerarse completamente cerrado.

Los últimos datos conocidos indican que 334 migrantes han sido expulsados de Ceuta desde el 30 de julio y cerca de 7.000 han regresado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto. Solo el miércoles 23 de septiembre regresaron voluntariamente 165 personas.

Mientras tanto, el Gobierno español ha tenido que movilizar recursos extraordinarios para atender la situación. Ceuta ha tenido que ampliar sus recursos de acogida, seguridad y atención social, mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantienen una vigilancia especial de la frontera. (Y mientras Marruecos no ha sido capaz ni humano para mandar alimentos, ropa y albergues para su gente que está en Ceuta huyendo del hambre que padecía en el feudo de Mohamed VI).

Una factura que puede ser enorme

El problema no consiste únicamente en alimentar y alojar a miles de personas. Hay que sumar los gastos de seguridad, atención sanitaria, servicios sociales, instalaciones, personal, procedimientos administrativos, transporte y retornos, además de las consecuencias económicas que la crisis produce sobre la propia ciudad.

Algunos cálculos publicados ya sitúan en decenas de millones de euros el coste directo para Ceuta y advierten de que continuará aumentando.

Por eso considero razonable preguntarnos cuánto terminará costando finalmente esta crisis al conjunto de España. Una estimación de más de 500 millones de euros no puede presentarse hoy como una cifra oficial confirmada, pero el volumen de recursos movilizados hace perfectamente legítimo plantearse si el coste final podría alcanzar una cantidad de ese orden.

Y aquí aparece una cuestión que debería estudiarse seriamente.

Si se ofrecieran 1.000 euros y el viaje gratuito de regreso a Marruecos a cada inmigrante que hubiera entrado ilegalmente y 80.000 aceptara retornar voluntariamente, incluso tomando como referencia 80.000 inmigrantes, el coste teórico de esas ayudas sería de unos 80 millones de euros, sin contar los gastos de transporte y gestión.

Naturalmente, cualquier programa de este tipo tendría que ajustarse a la legislación española y europea, distinguir entre las diferentes situaciones jurídicas de las personas afectadas y establecer garantías para evitar nuevas entradas irregulares.

Pero la comparación económica merece ser estudiada: ¿cuánto cuesta mantener durante meses a decenas de miles de personas en territorio español y cuánto costaría facilitar un retorno voluntario?

El anunciado asalto del 23 de septiembre

Durante los días anteriores al 23 de septiembre circularon llamamientos en redes sociales para realizar una nueva entrada masiva en Ceuta coincidiendo con las elecciones legislativas marroquíes.

Las autoridades españolas reforzaron la frontera ante el temor de que pudiera repetirse lo sucedido en julio.

Sin embargo, llegó el día señalado y no se produjo la anunciada invasión masiva.

Este hecho ha dado lugar a numerosas interpretaciones. Una de ellas sostiene que aquella amenaza pudo formar parte de una maniobra destinada a presentar a Marruecos como un país que nada tuvo que ver con los acontecimientos de julio.

Pero aquí conviene distinguir entre una interpretación política y un hecho demostrado. Hasta el momento hay pruebas públicas suficientes para afirmar que la convocatoria del 23 de septiembre fue anunciada por Marruecos con el objetivo de manipular la anterior invasión con el cuento de que podría haber otra.

Entre tanto lo que conocemos son informaciones mucho más concretas sobre lo sucedido durante la crisis de julio.

¿Qué ocurrió realmente en julio?

Un informe policial citado por RTVE señala que agentes de la Gendarmería marroquí, tanto uniformados como de paisano, habrían guiado a grupos de migrantes durante las entradas masivas del 30 y 31 de julio.

Ese informe fue remitido a la Audiencia Nacional dentro de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido.

Si las investigaciones judiciales confirmasen esas actuaciones, estaríamos ante un dato de enorme importancia para comprender cómo se produjo aquella entrada masiva.

Al mismo tiempo, el Gobierno español continúa manteniendo la cooperación con Marruecos en materia migratoria y de seguridad.

Y aquí está precisamente una de las mayores dificultades de la situación: España necesita cooperar con su vecino del sur, pero también necesita tener la seguridad de que su frontera no será utilizada como instrumento de presión política.

España tiene que aprender de lo ocurrido

La experiencia de julio debería servir para que España no vuelva a encontrarse desprevenida ante una situación semejante.

Ceuta es una ciudad española situada en una posición geográfica extraordinariamente delicada. No puede soportar indefinidamente que miles de personas entren ilegalmente en su territorio y que después sean necesarios enormes recursos económicos y humanos para solucionar las consecuencias.

España debe mantener una frontera perfectamente protegida, disponer de procedimientos rápidos y legalmente sólidos para los retornos y exigir a Marruecos que cumpla sus compromisos.

El Gobierno ya prepara nuevas medidas en El Tarajal. Interior ha iniciado los trámites para prolongar el espigón y sustituir la actual barrera flotante por un sistema permanente de balizamiento.

También es significativo que los retornos voluntarios estén aumentando. Según los datos publicados, cerca de 7.000 personas ya han regresado voluntariamente a Marruecos desde agosto.

Eso demuestra que el retorno voluntario puede ser una herramienta importante dentro de una política migratoria ordenada, siempre que se aplique conforme a la legislación y con las garantías correspondientes.

Con Marruecos, cooperación sí, pero también firmeza

España puede y debe cooperar con Marruecos. Son países vecinos y existen numerosos intereses comunes.

Pero cooperar no significa aceptar cualquier cosa.

Cuando se produce una crisis fronteriza de la dimensión de la sufrida por Ceuta, España tiene derecho a pedir explicaciones y a exigir garantías.

Y si las investigaciones determinan que hubo participación de agentes marroquíes en la organización o conducción de grupos hacia la frontera española, deberán extraerse las consecuencias diplomáticas y políticas que correspondan.

España y la UE., tampoco deberían volver a esperar a que una crisis alcance proporciones gigantescas para reaccionar.

La frontera debe estar protegida antes de que se produzca la avalancha, no después.

Ceuta no puede quedar nuevamente sola ante una situación semejante.

Y si finalmente la crisis termina costando a España cientos de millones de euros, habrá que preguntarse si una parte importante de ese dinero podría haberse evitado mediante una política más rápida de retorno, una frontera mejor protegida y una mayor exigencia al país vecino.

Una última reflexión

Marruecos es un país con el que España necesita mantener relaciones, pero esas relaciones deben estar basadas en la confianza verificable, el cumplimiento de los acuerdos y el respeto a la soberanía española.

España debe cooperar cuando exista cooperación real y debe ser firme cuando sus intereses y su frontera estén en juego.

Y termino con una reflexión que conviene no olvidar: en Marruecos no vuela una mosca sin que su rey se entere.

Por eso, cuando ocurren acontecimientos de la magnitud de los vividos en Ceuta, España tiene derecho a exigir explicaciones claras, responsabilidades y garantías de que algo semejante no volverá a suceder.

Final. Marruecos sigue jugando al gato y al ratón con España. En Ceuta ha parado la invasión pero la continua hacia Canarias. Están llegando a las islas unas 4 pateras cada día.

 

Marruecos siempre ha utilizado y sigue utilizando a su probre gente como carne de cañón en sus disputas políticas

 

Marruecos siempre ha utilizado y sigue utilizando a su pobre gente como carne de cañón en sus disputas políticas

Por Bruno Perera

Hay países que utilizan la diplomacia para resolver sus problemas y hay gobiernos que convierten los problemas de sus propios ciudadanos en instrumentos de presión política. Marruecos pertenece, a mi juicio, a este segundo grupo: es ruin y explotador de su gente.

No estoy hablando del pueblo marroquí, sino de quienes gobiernan Marruecos y de la forma en que, durante décadas, han utilizado determinadas cuestiones —la inmigración, Ceuta y Melilla, el Sáhara Occidental y el sentimiento nacionalista— como instrumentos de presión frente a España y Europa.

Y aquí aparece una contradicción que resulta difícil de ignorar: miles de marroquíes buscan una vida mejor fuera de su país porque en el suyo solo obtienen entre 5 o 10 euros por 8 horas de trabajo,  y en ello el poder político impulsa precisamente ese deseo de emigrar en los marroquíes pobres como elemento de cambiar sus vidas

El ciudadano pobre termina pagando la factura

Marruecos es un país con grandes diferencias sociales y económicas. La propia realidad reciente del país lo demuestra. En 2026 el desempleo juvenil continúa siendo elevado y existe un fuerte descontento entre sectores de la población joven por las oportunidades laborales, los servicios públicos y las desigualdades. (Reuters)

Ante esa situación cabe hacerse una pregunta sencilla:

¿Por qué un joven marroquí tiene que arriesgar su vida en el mar para buscar en Europa las oportunidades que no encuentra en su propio país?

No debería ser necesario.

Un Estado que quiera realmente el bienestar de sus ciudadanos debería procurar que sus jóvenes pudieran trabajar, formar una familia y vivir dignamente en su propia tierra.

Pero cuando la emigración se convierte en una salida para miles de personas desesperadas, esas mismas personas pueden terminar transformadas en una herramienta involuntaria de la política internacional.

Y ahí es donde aparece lo que considero más injusto: el ciudadano pobre acaba pagando los platos rotos de las disputas entre gobiernos.

Ceuta y Melilla no pueden convertirse en moneda de cambio

Marruecos mantiene sus reivindicaciones ficticias y de propaganda sobre Ceuta y Melilla, mientras España sostiene que la soberanía de ambas ciudades no está sometida a negociación. En agosto de 2026, el Gobierno español y la UE volvieron a rechazar expresamente negociar la soberanía de las dos ciudades con Marruecos. (Reuters)

Desde mi punto de vista, pretender modificar las fronteras internacionales simplemente porque un Estado considera que determinado territorio debería pertenecerle abriría una puerta extremadamente peligrosa.

Porque si aceptáramos que las fronteras pueden modificarse unilateralmente basándose en reivindicaciones históricas, entonces tendríamos que revisar una enorme cantidad de fronteras existentes en el mundo.

¿Dónde terminaría el proceso?

¿Habría que revisar las fronteras de Europa, Oriente Medio, Asia, África o América cada vez que un Estado reclamara territorios que considera históricamente suyos?

Las fronteras internacionales, con independencia de las opiniones que cada uno pueda tener sobre ellas, no pueden convertirse en un juego permanente de reclamaciones territoriales.

La inmigración no debe ser un arma diplomática

La inmigración es un fenómeno humano. Detrás de cada inmigrante hay una persona, una familia, una historia y muchas veces una situación económica difícil.

Por eso considero especialmente grave que las personas que intentan emigrar puedan terminar convirtiéndose en instrumentos de presión política.

En julio de 2026 se produjo una entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos. Las cifras comunicadas posteriormente superaron las 80.000 personas, aunque la mayoría comandados por agentes de Marruecos abandonó después el territorio. La responsabilidad exacta sobre cómo se produjo aquella entrada masiva continúa siendo objeto de controversia. El Gobierno español afirmó que no tenía pruebas concretas de que las autoridades marroquíes hubieran organizado la operación, mientras que un informe policial español señaló una actuación anormalmente pasiva de las fuerzas marroquíes durante varias horas. Lo que da a entender que la invasión de Ceuta fue orquestada por el Estado Marroquí, como ha hecho otras tantas veces. Recuerde año 2021 y las tantas miles de pateras y zodiacs que han mandado a Canarias durante más de 30 años. (Reuters)

Por tanto, no hace falta afirmar aquello que está demostrado.

Basta con formular una pregunta política:

¿Puede un Estado utilizar su capacidad para controlar —o no controlar— sus fronteras como mecanismo de presión sobre otro Estado?

Si la respuesta fuera afirmativa, estaríamos ante un problema gravísimo para toda Europa.

El poder, la religión y el ciudadano

La Constitución marroquí establece que el islam es la religión del Estado y atribuye al rey, como Amir al-Muminin —Comendador de los Creyentes—, importantes funciones religiosas. (Proyecto Constitución)

Esto no significa que todos los marroquíes piensen igual ni que todos acepten la utilización política de la religión. Sería injusto afirmarlo.

Pero sí resulta legítimo preguntarse qué ocurre cuando religión, monarquía, identidad nacional y poder político aparecen estrechamente vinculados.

La religión pertenece a la conciencia de cada persona. No debería utilizarse para impedir que un ciudadano pueda cuestionar a su Gobierno, criticar una política pública o reclamar mejores condiciones de vida.

Y existen hechos que obligan a plantearse esta cuestión. Amnistía Internacional ha documentado durante los últimos años procesos contra periodistas, activistas y personas críticas con las autoridades marroquíes, además de restricciones a la libertad de expresión y de reunión. (Amnesty International)

Incluso existen casos recientes de personas condenadas por expresiones consideradas ofensivas para el islam. (Amnesty International)

Eso demuestra que la libertad de expresión en Marruecos sigue teniendo límites que en una democracia europea resultarían extraordinariamente controvertidos.

No es una crítica contra el pueblo marroquí

Quiero dejar esto muy claro.

Mi crítica no está dirigida contra los marroquíes.

El pueblo marroquí merece exactamente lo mismo que cualquier otro pueblo: trabajo digno, educación, sanidad, seguridad, libertad de expresión y posibilidades de prosperar.

Precisamente por eso considero injusto que personas que viven con dificultades económicas puedan ser utilizadas como instrumentos en conflictos políticos que ellas no han provocado.

Un joven que cruza una frontera no debería ser considerado una pieza de ajedrez.

Un menor que llega a Ceuta no debería convertirse en un arma diplomática.

Una familia que abandona Marruecos buscando trabajo no debería ser utilizada para presionar a España.

Y un ciudadano marroquí tampoco debería ser obligado a elegir entre su identidad nacional y su derecho a cuestionar al poder.

Marruecos necesita mirar hacia dentro

Antes de reclamar territorios españoles, quizá sería más útil que el poder marroquí se preguntara por qué tantos de sus propios ciudadanos desean marcharse.

Antes de utilizar la cuestión migratoria como elemento de presión internacional, sería más beneficioso crear las condiciones para que emigrar dejara de ser una necesidad para tantas personas.

Antes de hablar permanentemente de Ceuta y Melilla, habría que hablar también de empleo, salarios, vivienda, educación, sanidad y libertad.

Porque un país verdaderamente fuerte no necesita que sus ciudadanos arriesguen la vida para demostrar su fortaleza.

Un país verdaderamente fuerte es aquel en el que sus ciudadanos quieren quedarse.

Y esa debería ser la verdadera batalla política de Marruecos: no conseguir que los pobres crucen sus fronteras, sino conseguir que tengan razones para no querer hacerlo.

Mientras tanto, Europa no debería aceptar que la inmigración se convierta en moneda de cambio.

Las personas no son mercancías.

Los inmigrantes no son soldados.

Los menores no son instrumentos diplomáticos.

Y los ciudadanos pobres de ningún país deberían ser utilizados como carne de cañón en las disputas políticas de sus gobernantes.

 

Con 10 millones de euros se podría intentar resolver casi todo el problema inmigratorio de Ceuta

 

Con 10 millones de euros se podría intentar resolver casi todo el problema inmigratorio de Ceuta

Por Bruno Perera

Ceuta continúa afrontando una situación migratoria extraordinaria después de la entrada masiva de unos 80.000 inmigrantes ilegales  procedentes de Marruecos durante los días 30 y 31 de julio. Según informaciones publicadas en los últimos días, todavía permanecen en la ciudad más de 10.000 inmigrantes y entre los mismos muchos niños y niñas, aunque las cifras exactas varían según el momento y según se contabilice a quienes están en centros de acogida, asentamientos improvisados o en otros lugares. (El País)

La cuestión que debemos plantearnos es sencilla: ¿cuánto dinero seguirá costando mantener indefinidamente esta situación y cuánto costaría buscar una salida rápida, voluntaria, digna y legal para quienes quieran regresar a Marruecos?

Mi propuesta parte de una simple operación matemática.

Si fueran 10.000 las personas que decidieran regresar voluntariamente y el Estado destinara 1.000 euros por persona, el coste de esa ayuda sería de aproximadamente 10 millones de euros.

Diez millones de euros pueden parecer mucho dinero, pero son una cantidad relativamente pequeña cuando se compara con los gastos extraordinarios que ya está afrontando el Estado español para atender la emergencia que ronda en un millón o más de euros diarios. El Gobierno ha aprobado, por ejemplo, un crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de los menores migrantes no acompañados de Ceuta y también ha aprobado una declaración de emergencia para gastos esenciales relacionados con la llegada masiva de personas inmigrantes. (La Moncloa)

¿Por qué no ofrecer un retorno voluntario con una ayuda económica?

La idea que planteo no consiste en obligar a nadie a marcharse mediante el pago de dinero.

Sería justamente lo contrario: ofrecer una alternativa voluntaria.

A aquellas personas adultas que no tengan derecho a permanecer en España y que deseen regresar a Marruecos podría ofrecérseles un programa extraordinario de retorno voluntario asistido, con transporte seguro, documentación, atención sanitaria cuando fuera necesaria y una ayuda económica de 1.000 euros por persona. Y que fuera vigente desde tal fecha a tal fecha. Y solo para esta ocasión especial en Ceuta, pero contando que el programa de retorno voluntario se podría implementar en otras comunidades españolas siguiendo las necesidades de cada comunidad.

La persona recibiría la ayuda solamente después de aceptar voluntariamente el retorno y completar el procedimiento correspondiente.

No se trataría de inventar un sistema completamente nuevo. España ya dispone de programas de retorno voluntario y trabaja en esta materia con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El Ministerio de Inclusión explica que existen programas de retorno voluntario asistido y reintegración para nacionales de terceros países que cumplen determinados requisitos. (Ministerio de Inclusión)

Y existe incluso un precedente muy interesante.

En un convenio publicado en el BOE, España y la OIM contemplan para determinados retornados a Marruecos ayudas de reintegración de hasta 1.400 euros por adulto y 700 euros por menor dentro de la unidad familiar, dependiendo de las necesidades y circunstancias de cada persona. La ayuda no se concibe simplemente como entregar dinero en la frontera, sino como parte de un proceso de retorno y reintegración. (BOE)

Por tanto, la idea de utilizar una cantidad económica como incentivo para facilitar el retorno voluntario no es jurídicamente extraña al sistema español.

Diez millones frente a un problema que puede prolongarse durante meses o años

Supongamos, únicamente como hipótesis, que hubiera 10.000 personas dispuestas a acogerse a un programa de retorno voluntario.

10.000 personas × 1.000 euros = 10 millones de euros.

El Estado podría comparar esa cantidad con el coste de mantener durante meses instalaciones de acogida, alimentación, ropa, asistencia sanitaria, seguridad, transporte, personal, limpieza y otros servicios extraordinarios.

La comparación económica debería hacerse con datos oficiales de gasto por persona y por día. No sería prudente afirmar que todo el coste actual de Ceuta asciende exactamente a una determinada cantidad diaria sin disponer de una contabilidad pública completa y homogénea. (Pero sabemos sin hacer muchas cuentas que el gasto es cada día mayor y que la inseguridad crece en Ceuta).

Y que existe una cuestión evidente: cuanto más tiempo permanezca una situación excepcional, mayor será normalmente el gasto extraordinario asociado a ella.

Por eso creo que merece la pena estudiar seriamente una fórmula de retorno voluntario incentivado.

Y aquí aparece el principal problema: los menores

Con los menores no se puede aplicar exactamente el mismo procedimiento, salvo que sus familias los reclamen y así también puedan recibir los 1.000 euros por cada menor.

Los menores extranjeros no acompañados están protegidos por la legislación española y por las normas internacionales y europeas relativas a la infancia. Su eventual retorno no puede convertirse simplemente en una operación económica consistente en entregar 1.000 euros y cruzar la frontera.

El Gobierno español ha señalado expresamente que el retorno de menores debe realizarse respetando el ordenamiento jurídico y el interés superior del menor. (La Moncloa)

Además, actualmente el propio Gobierno reconoce que existe un importante número de menores en Ceuta. El 15 de septiembre informó de 2.048 menores identificados y calculó que entre 700 y 1.000 podían continuar en las calles. (Cadena SER)

Por tanto, en el caso de los menores habría que estudiar cada situación individualmente.

Si existe una familia en Marruecos capaz de hacerse cargo del menor, si se garantiza su seguridad y bienestar y si las autoridades competentes consideran que el retorno responde a su interés superior, podría estudiarse la reagrupación familiar conforme al procedimiento legal.

Pero si esas garantías no existen, España tiene obligaciones de protección que no desaparecen porque exista una crisis migratoria.

Tampoco todas las personas adultas pueden ser tratadas de la misma manera

Otro elemento fundamental sería distinguir entre las personas que simplemente han entrado ilegalmente y aquellas que han solicitado protección internacional o pueden encontrarse bajo alguna otra protección jurídica.

España y la Unión Europea están obligadas a respetar el principio de no devolución cuando una persona pueda estar expuesta a persecución, tortura, tratos inhumanos o graves riesgos contrarios al Derecho internacional.

Por ello, un programa como el que propongo tendría que comenzar con la identificación individual de cada persona.

Primero identificación.

Después comprobación de su situación jurídica.

Después información sobre sus derechos y posibilidades.

Y finalmente, para quienes legalmente puedan hacerlo y quieran regresar, retorno voluntario asistido y seguro.

No sería una devolución indiscriminada.

Una propuesta que podría estudiarse

Mi propuesta concreta sería que el Gobierno español, en coordinación con las autoridades de Ceuta, Marruecos, la Unión Europea y la OIM, estudiara un Programa Extraordinario de Retorno Voluntario desde Ceuta con las siguientes características:

1. Identificación individual de cada persona.

2. Separación jurídica de adultos, menores y personas especialmente vulnerables.

3. Información individualizada sobre las posibilidades de retorno.

4. Garantía de que nadie que tenga derecho a solicitar protección internacional sea privado de ese derecho.

5. Comprobación de que el retorno no vulnera el principio de no devolución.

6. Para quienes puedan retornar legalmente y acepten hacerlo voluntariamente, transporte organizado y seguro hasta Marruecos.

7. Una ayuda económica de referencia de hasta 1.000 euros por persona, o una cantidad equivalente diseñada por las autoridades competentes.

8. En los casos vulnerables, estudiar una fórmula de reintegración mediante la OIM, en lugar de entregar necesariamente todo el dinero en efectivo.

9. En el caso de menores, aplicar exclusivamente los procedimientos establecidos por la legislación española y las obligaciones internacionales sobre protección de la infancia.

10. Establecer un plazo determinado para el programa y publicar periódicamente el número de personas acogidas al retorno voluntario y el coste real de la operación.

¿Podría funcionar?

Eso nadie puede garantizarlo de antemano.

Es posible que algunas personas consideren atractiva una ayuda de 1.000 euros y decidan regresar. También es posible que otras prefieran permanecer en España.

Por tanto, no debería presupuestarse el programa suponiendo que las 10.000 personas aceptarían necesariamente la oferta.

Precisamente por eso tendría sentido comenzar con un programa piloto y evaluar los resultados.

Si 2.000 personas aceptaran, el coste de las ayudas sería de 2 millones de euros.

Si fueran 5.000, serían 5 millones.

Y si fueran 10.000, serían 10 millones.

La Administración podría conocer así cuánto cuesta realmente cada retorno voluntario y compararlo con el coste de mantener a una persona durante el mismo periodo en el sistema extraordinario de acogida.

Ceuta necesita una solución, no una situación permanente de emergencia

La ciudad autónoma no puede convertirse indefinidamente en un gigantesco centro de acogida improvisado.

Tampoco sería razonable que la solución consistiera simplemente en trasladar el problema desde Ceuta a otras partes de España sin haber resuelto previamente la situación jurídica de cada persona.

El propio Gobierno está intentando aumentar las plazas de acogida y acelerar la identificación y los procedimientos administrativos. A mediados de septiembre ya había 4.160 personas en plazas temporales y se trabajaba para alcanzar unas 6.000 plazas. (La Moncloa)

Pero una infraestructura de emergencia no puede convertirse en la solución permanente.

Por eso considero que debería estudiarse una tercera vía: protección para quien tenga derecho a ella y retorno voluntario asistido para quien pueda regresar legalmente y quiera hacerlo.

Si una ayuda de 1.000 euros consigue que una persona regrese voluntariamente a su país, el Estado no debería contemplarla simplemente como un gasto.

Podría ser una inversión destinada a resolver una situación excepcional.

Y si finalmente fueran 10.000 las personas que voluntariamente aceptaran regresar, estaríamos hablando de una operación cuyo incentivo económico total sería de unos 10 millones de euros.

Diez millones pueden parecer mucho dinero.

Pero la pregunta que debería hacerse la Administración es otra:

¿Cuánto costaría mantener durante meses o años un problema que podría solucionarse, al menos parcialmente, mediante retornos voluntarios, legales, seguros y dignos?

Esa es una cuenta que, en mi opinión, merece ser estudiada con números encima de la mesa y no solamente con discursos políticos.

“Marruecos, como socio estratégico de España y la UE, difícilmente podría oponerse a un retorno voluntario organizado, pues hacerlo dañaría su imagen internacional y contradiría los convenios ya existentes con la OIM.”

Nota final: Quienes decidan retornar voluntariamente a Marruecos acogiéndose a la ayuda económica de 1.000 euros concedida por el Estado español deberán comprometerse formalmente a no volver a entrar ilegalmente en España. Si incumplieran este compromiso y fueran interceptados entrando de nuevo de forma irregular= ilegal, serían deportados en el acto o a más tardar después de 72 horas a su país de procedencia, sin recibir ninguna ayuda económica adicional, más allá de los gastos necesarios para efectuar el retorno.