Invertir en MENAS es hundir recursos públicos mientras se abandona a las familias españolas

 

Invertir en MENAS es hundir recursos públicos mientras se abandona a las familias españolas

Por Bruno Perera

Cuando se habla de la baja natalidad en España, se repite el discurso oficial como si fuera un fenómeno inevitable, cuando en realidad es el resultado directo de decisiones políticas concretas.

Las familias españolas de clase media y trabajadora están cada vez más asfixiadas económicamente. Tener hijos se ha convertido en un lujo, no en una opción natural de vida. Sin embargo, al mismo tiempo, el Estado mantiene un sistema de gasto elevado en la acogida de menores extranjeros no acompañados (MENAS), con cifras que en distintas estimaciones autonómicas se sitúan en  unos 3.500 y 4.500 euros mensuales por menor, dependiendo del recurso de acogida. Ese dinero que el Estado despilfarra en una media de 3 años de cobijo de cada MENA representa un gasto de 126 mil euros en tres años que si se donara a familias nacionales sería suficiente para que cada una se interesaran en tener más hijos y así la etnia española no se extinga al mínimo en unas decenas de años.

A ello se suma el enorme volumen de recursos que España, junto con la Unión Europea, destina a la gestión de la inmigración irregular: control de fronteras, centros de acogida, dispositivos de emergencia, cooperación internacional y ayudas a países de origen o tránsito, en especial en África, como parte de programas de contención migratoria.

Si se acumulan estas partidas durante los últimos 30 años, incluyendo acogida, gestión administrativa, políticas migratorias y cooperación exterior vinculada a la inmigración, se habla de una cifra global que en estimaciones críticas podría superar los 30 mil millones de euros.

Con ese volumen de recursos se podría haber impulsado una política de vivienda pública de gran escala. Por ejemplo, la construcción de alrededor de 300.000 viviendas a un coste medio de 100.000 euros por unidad, especialmente si el Estado aportara suelo público, licencias, planificación urbanística y parte de la ingeniería administrativa.

Esto no es una cifra al azar: es una forma de ilustrar la magnitud del coste de oportunidad de unas políticas que han priorizado la gestión reactiva de la inmigración ilegal frente a la inversión estructural en vivienda y natalidad.

El resultado es una contradicción evidente. Mientras se insiste en la necesidad de fomentar la natalidad y mejorar el acceso a la vivienda, no se aplican políticas de gran impacto para las familias jóvenes españolas, que siguen siendo las principales perjudicadas por la precariedad económica y el encarecimiento del mercado inmobiliario.

No se trata de negar la solidaridad, sino de exigir prioridades claras. Un Estado que no protege primero la estabilidad de sus propias familias está construyendo un futuro frágil, dependiente y sin base demográfica sólida.

El debate no puede seguir siendo tabú. España necesita decidir si quiere seguir expandiendo un modelo de gasto reactivo o si, por fin, apuesta por una estrategia centrada en su propia supervivencia demográfica y social.