La vivienda vacacional en Canarias: un problema de acceso y
sostenibilidad para los locales
Por Bruno Perera
La historia de la vivienda vacacional en Canarias se remonta
a hace aproximadamente 60 años, cuando en Gran Canaria y hace 55 años en
Lanzarote comenzaron a surgir los primeros apartamentos destinados al alquiler
turístico. En particular, Puerto del Carmen, en Tías, se convirtió en un
pionero de este fenómeno, impulsado por europeos que adquirieron propiedades en
la isla y las alquilaban a amigos, familiares y otros turistas a través del
boca a boca y de anuncios en sus países de origen.
Desde la década de 1970 hasta el año 2020, la mayoría de
estas viviendas vacacionales operaban de manera ilegal, sin cumplir con las
normativas fiscales ni de seguridad. Con la llegada de Internet a partir de
1990, el fenómeno se intensificó, facilitando el acceso a plataformas que
permitían a los propietarios alquilar sus propiedades sin ningún tipo de
regulación. Sin embargo, en los últimos años, y con poco interés, las
autoridades han comenzado a implementar medidas para legalizar y regular este
sector, aunque el crecimiento de la vivienda vacacional ha tenido consecuencias
significativas en el mercado inmobiliario local.
Uno de los efectos más notables de la proliferación de la
vivienda vacacional ha sido la reducción drástica de la oferta de viviendas
disponibles para el alquiler a largo plazo. La presión del turismo ha llevado a
que muchos propietarios opten por convertir sus propiedades en alojamientos
turísticos, lo que ha dejado a los residentes locales con pocas opciones. En un
contexto donde la inmigración, tanto legal como ilegal, ha aumentado en las
últimas tres décadas, la situación se ha vuelto insostenible. Los precios de
alquiler por mes han alcanzado cifras exorbitantes, con viviendas de 60 m² que
se alquilan por 800 euros y otras de 70 u 80 m² que superan los 1.300 euros,
dependiendo de la ubicación.
Este escenario plantea un grave problema de acceso a la vivienda
para la población local. Cada vez son menos las personas que pueden permitirse el
lujo de alquilar un hogar digno, lo que ha llevado a que algunos se vean
obligados a okupar viviendas vacías. La falta de soluciones efectivas por parte
de los políticos ha exacerbado la crisis, dejando a muchas familias en una
situación precaria y vulnerable.
Es urgente que se implementen medidas que protejan el derecho
a la vivienda de los residentes canarios. La regulación del mercado de la
vivienda vacacional debe ser una prioridad, así como la creación de políticas
que fomenten la construcción de viviendas públicas asequibles y accesibles para
la población local. La responsabilidad recae en los políticos, quienes deben
actuar con determinación para abordar esta crisis y garantizar que todos los
ciudadanos tengan acceso a un hogar digno.
La tragedia de las personas sin techo no puede seguir siendo
una realidad en un lugar tan hermoso y turístico como Canarias. Es hora de que
se tomen decisiones valientes y se busquen soluciones sostenibles que
beneficien a la comunidad en su conjunto, en lugar de permitir que el turismo y
la especulación inmobiliaria sigan dictando el futuro de la vivienda en las
islas. El turismo debe ser un sistema que dé vida feliz a la población local y
no un yugo que la asfixie económica y socialmente.
Final. Las viviendas vacacionales pueden coexistir con hoteles y apartamentos turísticos, pero es fundamental que se ubiquen en áreas turísticas. Esto se debe a que aquellas ubicadas en barrios y ciudades que no son turísticas pueden impactar negativamente en los alquileres de larga duración. No es necesario ser economista para comprender este consejo tan simple y claro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.