Por Emilio de Fez*
Numeremos y pongamos las cosas en su sitio.
En la entrevista de la dirección web que sigue, pueden ampliar detalles sobre el asunto aquí tratado.
Entrevista a Emilio de Fez, autor de «El año del Covid y la invasión africana consentida» | Canarias Noticias
Durante el resto de este artículo, las siglas “CDN” se corresponden con la “CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO” que es un obsoleto tratado internacional de la ONU firmado en 1989 y orientado a la protección de la infancia y de los derechos del niño.
Al 98% de los supuestos MENAS que tenemos acogidos en Canarias no cabe aplicarles los derechos y beneficios recogidos en la CDN porque no están en la infancia ni son niños, sino personas emancipadas “de facto”, y de edad superior a 13 años, que conscientemente se embarcaron y se colaron en territorio español burlando nuestras normas regulatorias en materia de inmigración y extranjería.
Ni quien suscribe, ni ustedes señores lectores, nos considerábamos “niños, o niñas”, ni éramos considerados socialmente como tales, cuando teníamos 14, 15, 16 o 17 años de edad.
En todo caso, si alguien se empeña en considerar “niños” a los más de 2.000 (dos mil) hombretones africanos (supuestos MENAS) que vemos deambulando grupalmente por nuestras calles ¡incluso en nuestros núcleos turísticos! y a los que estamos manteniendo aquí a un coste de 2.850 € mensuales por persona, repito, si se les considera niños, lo que procede es devolverlos a sus familias, que es con quienes deben estar esos 2.000 “niños”.
La localización de sus familias no nos compete ni nos es factible a nosotros, a las autoridades españolas, sino a las autoridades de sus países de origen.
Por tanto, lo que procede hacer, lo que nuestros políticos deben exigir urgentemente al Ministerio del Interior del Gobierno de España, es que se devuelva a esos jóvenes a sus países, en los que el Ministerio correspondiente decidirá, tras entrevistar a los interesados, si los “entrega” a sus familias o, por considerarlos suficientemente maduros y emancipados, les permite integrarse a la vida social, autónomamente, en la ciudad o zona del país en la que elijan residir.
Ver El año del Covid y la invasión africana consentida – Emilio de Fez – Google Libros
Los derechos de educación, manutención, etcétera, recogidos en la CDN (firmada hace 34 años, en 1989, cuando la situación era muy diferente) estaban orientados a proteger a los menores que, a causa de conflictos bélicos u otras circunstancias extraordinarias o excepcionales, se vieran de repente y “sin comérselo no bebérselo”, es decir, contra su voluntad, abandonados en un país extranjero y carentes de vinculaciones socio-familiares.
En cualquier país mínimamente sensato, la aplicación de cualquier normativa debe estar amparada por la razón, no por formalismos ni ingenuidades suicidas. Ni España ni ninguna otra nación de la UE debe seguir absurdamente interpretando que están obligadas a mantener en territorio europeo a todos estos falsos “menores”. Es un abuso de ley que adolescentes y jóvenes que, por propia iniciativa, pagaron su transporte para penetrar ilegalmente en España, reciban beneficios de ningún tipo, cuando su único derecho es ser tratados con dignidad durante los pocos días que permanezcan aquí, y a ser repatriados en condiciones de seguridad.
Es una descomunal estupidez, que denota la decadencia mental y los complejos falsamente progresistas de todos nuestros políticos, que nos estemos gastando mensualmente, en Canarias, 6 millones de euros de dinero público en estos más de 2.000 inmigrantes ilegales: alquiler de residencias a altísimos precios (porque muchos magrebíes las destrozan) comida, ropa, enseñanza (material escolar y profesorado) y hasta las pagas semanales que se les entregan.
En Canarias el problema es aún más grave, porque, entre otras razones:
Lo menos que necesitamos es superpoblarnos más.
La actividad delictiva de buen número de estos supuestos MENAS, sobre todo magrebíes (moros) aumenta la inseguridad en nuestras ciudades y barrios, y corroe la calidad de vida en los núcleos turísticos constituyendo la dejación de funciones institucional al no expulsarlos una inducción al maltrato de nuestros visitantes, que afecta especialmente a los viejos o débiles, y a las mujeres.
En consecuencia, a partir de ahora debe repatriarse, o derivarse a terceros países africanos, a todos los ilegales que arriben a las costas de Canarias, no siendo preciso determinar su edad, porque es irrelevante: para el caso es lo mismo porque, una vez devueltos, serán las autoridades de sus países de origen las que decidan si los considera “emancipados” o “dependientes” actuando en consecuencia, es decir, entregándolos o no a sus familias. No es ese un trabajo que nos corresponda a nosotros.
Como complemento y refuerzo de lo razonado en este artículo ver: https://www.docdroid.net/LhpVAUP/el-ano-del-covid-pdf
*EMILIO DE FEZ es ideólogo, escritor, articulista, y autor de los trabajos “EL AÑO DEL COVID Y LA INVASIÓN AFRICANA CONSENTIDA” y “LA PRIMARIA Y SECUNDARIA: UNA SELVA ANTIEDUCATIVA”.
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