Podemos prosigue con su ataque a la banca y a las energéticas. Ahora, ha remitido al PSOE una propuesta para crear un delito fiscal que contemple penas de hasta diez años de cárcel para las eléctricas y las entidades financieras que repercutan el impuestazo a los consumidores. En concreto, los podemitas estipulan un nuevo artículo, el 284 bis del Código Penal, que establece un castigo de uno a cinco años de cárcel, y una multa de 12 a 24 meses, para los administradores de grandes compañías de servicios y bienes de primera necesidad, que alteren precios de venta a los clientes para trasladar la carga de modificaciones tributarias que afecten a su actividad económica.
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