El Gobierno de Pedro Sánchez es dado a los giros, provocados por decisiones propias y ajenas, pero lo que ha ocurrido en los últimos días va más allá de lo normal. A mediados de la semana pasada, el Ejecutivo seguía insistiendo en que iba a presentar los Presupuestos, tuviera o no apoyo. También había llegado a un pacto con el PP, muy criticado por las asociaciones de jueces, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y repetía que pensaba agotar la legislatura, llevándola hasta mediados del 2020. Ninguna de estas tres cosas sigue ahora en vigor.
Las dos últimas cayeron este martes, cuando Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, encargada del juicio del 'procés', renunció a la presidencia del máximo órgano de gobierno de los jueces, puesto para el que iba a ser nombrado en virtud del acuerdo entre socialistas y conservadores. Marchena dio este paso después de que se conociera un mensaje de móvil del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que trasladaba a sus compañeros de bancada que la elección del magistrado iba a suponer que su partido siguiera "controlando la Sala Segunda desde detrás".
Cosidó quedó muy desacreditado con esta falta de respeto a la independencia judicial, pero a su partido, en el fondo, le vino bien el paso atrás de Marchena. El pacto con el PSOE había sentado mal en amplios sectores del PP, ya que cede la mayoría en el CGPJ a los progresistas, así que la formación de Pablo Casado aprovechó la renuncia para darlo por roto, intentando por el camino eclipsar que el magistrado había tomado esa decisión debido al mensaje de Cosidó.
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