El Papa envía a casas ajenas a los inmigrantes
que él no acoge en su hogar vaticano
Por Bruno Perera
Cada vez que el Papa hace un llamamiento a una
mayor acogida de inmigrantes en Canarias, España o Europa, surge una pregunta
que muchos ciudadanos nos hacemos: ¿Por qué pide a otros que hagan lo que el
propio Vaticano no parece dispuesto a asumir en la misma proporción?
Nadie discute que ayudar a personas necesitadas
sea una obligación moral para quienes así lo consideran. Tampoco se puede negar
que la Iglesia católica, a través de numerosas organizaciones benéficas,
participa en programas de ayuda humanitaria en distintos países. Sin embargo,
una cosa es predicar la solidaridad y otra muy distinta asumir directamente
todas las consecuencias prácticas de esa solidaridad.
Canarias lleva más de 3 décadas soportando una
presión migratoria constante. Decenas de miles de inmigrantes ilegales llegan
cada año a las islas en embarcaciones precarias, y su atención requiere enormes
recursos económicos, sanitarios, educativos y sociales. Estos gastos son
sufragados principalmente por los contribuyentes españoles y europeos.
Cuando el Papa pide una mayor acogida, muchos
canarios percibimos que el mensaje va dirigido siempre a terceros: a los
gobiernos, a las administraciones públicas y a los ciudadanos. Sin embargo, el
Estado de la Ciudad del Vaticano, aunque es una entidad soberana con recursos
propios, no se presenta como un lugar dispuesto a albergar de forma masiva a
quienes llegan ilegalmente a Europa.
Es cierto que el Vaticano es un territorio muy
pequeño y que no dispone de capacidad para acoger grandes cantidades de
personas. Pero precisamente ese argumento es el mismo que utilizamos muchos
ciudadanos de Canarias cuando afirmamos que unas islas limitadas en territorio,
recursos e infraestructuras tampoco pueden absorber indefinidamente una
inmigración creciente.
La cuestión, por tanto, no es si debe existir
solidaridad. La verdadera cuestión es quién debe asumir el coste de esa
solidaridad y cuáles son sus límites razonables.
Resulta fácil reclamar generosidad cuando los
gastos recaen sobre otros. Es más sencillo pedir a los ciudadanos europeos que
compartan sus recursos, su vivienda pública, sus servicios sanitarios y sus
escuelas que ofrecer el propio hogar para resolver el problema.
Por ello, muchos ciudadanos contemplamos con
escepticismo los llamamientos papales sobre inmigración. Consideramos que
existe una diferencia entre el discurso moral y la realidad práctica. Desde su
punto de vista, el Papa predica una solidaridad cuyos costes son asumidos
principalmente por terceros.
Quizá el debate debería centrarse menos en los
discursos y más en las soluciones reales para evitar que millones de personas
se vean obligadas a abandonar sus países. Porque mientras las causas profundas
de la emigración no se resuelvan, Europa seguirá afrontando un fenómeno que
ningún territorio, por solidario que sea, puede absorber sin límites.
La solidaridad es una virtud. Pero también lo son
la responsabilidad, la prudencia y el reconocimiento de que los recursos de
cualquier comunidad son finitos.

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