Parece una
broma: El Papa pide que Canarias acoja a más inmigrantes
Por Bruno Perera
La reciente visita del Papa a Canarias y sus
llamamientos a una mayor acogida de inmigrantes han sido recibidos con aplausos
por unos y con indignación por otros. Entre estos últimos nos encontramos muchos
canarios que consideramos que las islas han llegado al límite de su capacidad
de acogida y que quienes piden más solidaridad desde cómodos despachos
desconocen la realidad que se vive en las calles de nuestras ciudades.
Canarias lleva más de 30 años soportando una
presión migratoria constante. Centenas de miles de inmigrantes ilegales llegan
en pateras y cayucos, mientras otras entran por vía aérea y permanecen en
situación ilegal. Ante esta situación, muchos ciudadanos nos preguntamos cuánto
más puede resistir un territorio fragmentado, alejado del continente europeo y
con recursos limitados.
La vivienda se ha convertido en un lujo para
miles de familias canarias. Los alquileres están por las nubes, comprar una
vivienda es cada vez más difícil y los salarios no crecen al mismo ritmo que el
coste de la vida. Mientras tanto, la sanidad acumula listas de espera, los servicios
sociales trabajan al límite y los cuerpos policiales denuncian falta de medios.
Ante este panorama, resulta comprensible que la
mayor parte de la población no entienda los mensajes que reclaman una acogida
cada vez mayor. Muchos ciudadanos consideramos que la solidaridad tiene límites
cuando los recursos son escasos y cuando las necesidades de la población local
siguen sin resolverse.
También existe una crítica creciente hacia
determinadas oenegés que viven de la gestión de programas relacionados con la
inmigración. Y por ello la mayor parte de ciudadanos piensan que se ha creado
una industria subvencionada alrededor del fenómeno migratorio. Aunque muchas de
estas entidades realizan algunas labores asistenciales, los desconformes consideramos
que existe una dependencia económica de un problema que parece no tener
solución ni final.
La cuestión que muchos planteamos es sencilla: si
la inmigración masiva es una responsabilidad moral de toda Europa, ¿por qué
Canarias debe soportar una carga tan desproporcionada? ¿Por qué no se
distribuye de forma efectiva entre todos los territorios? ¿Por qué las regiones
más alejadas de las rutas migratorias pueden pronunciar discursos humanitarios
sin sufrir las consecuencias directas de la presión que soportan las fronteras
exteriores? ¿Y por qué no se cierran las fronteras?
En cuanto al Vaticano, algunos ciudadanos sostenemos
que sus mensajes serían más convincentes si la propia Iglesia asumiera una
responsabilidad material aún mayor en la acogida de inmigrantes. Los canarios consideramos
que no basta con hacer llamamientos morales, sino que también es necesario
ofrecer ejemplos prácticos de cómo afrontar un fenómeno tan complejo.
El debate sobre la inmigración suele presentarse
como una lucha entre buenos y malos, entre solidarios e insolidarios. Sin
embargo, la realidad es mucho más compleja. Es posible sentir compasión por
quienes arriesgan su vida en el mar y, al mismo tiempo, preocuparse por el
impacto que una inmigración descontrolada puede tener sobre los servicios
públicos, la vivienda y la convivencia social.
Canarias no puede convertirse indefinidamente en
la sala de espera de Europa. La solidaridad es una virtud, pero también lo es
la responsabilidad. Y gobernar consiste precisamente en encontrar un equilibrio
entre ambas.
Quizá la verdadera pregunta no sea cuántos
inmigrantes más puede acoger Canarias, sino cuánto tiempo más podrá mantenerse
una situación en la que las soluciones reales parecen sustituirse por discursos
manipulados que no resuelven los problemas de fondo.
Porque las palabras de toque de corazón pueden
aliviar conciencias, pero no construyen viviendas, no amplían hospitales, no
crean empleo ni eliminan la presión que sentimos miles de ciudadanos que
observamos cómo nuestras dificultades aumentan año tras año.
Nota: No pido más que un poco de solidaridad: El Vaticano como ejemplo de buena voluntad podría acoger a unos 50 MENAs y mantenerlos durante tres años por unos 3.500 euros mensuales por cada uno. A ver si a la curia le gusta el remedio social compartido.

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