¿Qué puede hacer España para volver a ser una economía competitiva?

 

¿Qué puede hacer España para volver a ser una economía competitiva?

Por Bruno Perera

España atraviesa una situación compleja que preocupa a millones de ciudadanos. Mientras los precios de la vivienda alcanzan niveles difíciles de asumir para una gran parte de la población, los salarios permanecen estancados, la cesta de la compra sigue encareciéndose y la percepción de corrupción política continúa erosionando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Ante esta realidad, surge una pregunta inevitable: ¿qué puede hacer España para recuperar competitividad económica y mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos?

Ningún país puede planificar correctamente sus servicios públicos, su mercado laboral o sus políticas de vivienda si desconoce cuántas personas inmigrantes ilegales entran y permanecen en su territorio. España necesita reforzar el control de sus fronteras marítimas y aéreas, agilizar los procedimientos de identificación y devolución cuando la ley lo permita, y promover acuerdos eficaces con los países de origen y tránsito.

La inmigración legal, ordenada y vinculada a las necesidades reales del mercado laboral puede ser beneficiosa. Sin embargo, la inmigración irregular masiva de adultos y MENAs genera tensiones sobre los servicios públicos, la vivienda y determinados sectores laborales donde los salarios ya son bajos.

La vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas económicos del país. Miles de jóvenes no pueden independizarse y numerosas familias destinan una parte excesiva de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca.

España necesita aumentar significativamente la construcción de viviendas, especialmente vivienda protegida y asequible. También es necesario simplificar trámites urbanísticos, liberar suelo donde sea viable y fomentar la colaboración público-privada para incrementar la oferta.

Cuando la oferta es insuficiente y la demanda aumenta, los precios se disparan. Esa es una ley económica básica que ningún gobierno puede ignorar.

La okupación ilegal de viviendas genera inseguridad jurídica y desconfianza entre los propietarios. Muchos pequeños ahorradores evitan poner sus viviendas en alquiler por miedo a sufrir largos procesos judiciales en caso de impago u okupación.

España necesita procedimientos judiciales rápidos que permitan distinguir claramente entre situaciones de vulnerabilidad social y okupaciones ilegales. Proteger a las familias necesitadas no debe significar desproteger el derecho de propiedad.

Una mayor seguridad jurídica ayudaría a aumentar la oferta de viviendas en alquiler y contribuiría a moderar los precios.

Las pequeñas y medianas empresas son el motor económico del país. Sin embargo, muchas soportan una elevada carga fiscal y burocrática.

Reducir impuestos sobre el trabajo, simplificar trámites administrativos y facilitar la creación de empresas permitiría atraer inversión, generar empleo y mejorar los salarios.

La riqueza no se crea desde los despachos ministeriales, sino mediante la actividad de millones de trabajadores, autónomos y empresarios.

La corrupción tiene un coste económico enorme. Cada euro malgastado en contratos amañados, enchufismo o clientelismo es un euro que deja de invertirse en infraestructuras, sanidad, educación o reducción de impuestos.

España necesita endurecer las penas por corrupción, aumentar la transparencia de las administraciones públicas y reforzar los organismos de control independientes.

La confianza es uno de los activos más importantes para cualquier economía moderna. Cuando los ciudadanos perciben que las reglas no son iguales para todos, la inversión disminuye y el crecimiento económico se resiente.

Los salarios españoles llevan años perdiendo capacidad de compra frente al aumento de los precios. Para mejorar los sueldos no basta con decretarlo desde un despacho; es necesario aumentar la productividad de la economía.

Eso implica invertir en innovación, industria, energía competitiva, formación profesional, digitalización y sectores de alto valor añadido.

Los países más ricos no son los que reparten mejor la pobreza, sino los que generan más riqueza.

Conclusión

España dispone de recursos humanos, infraestructuras, posición geográfica y capacidad empresarial suficientes para convertirse en una de las economías más competitivas de Europa. Sin embargo, para lograrlo necesita afrontar con valentía problemas que muchos responsables políticos prefieren evitar o maquillar.

Controlar la inmigración irregular, aumentar la oferta de vivienda, combatir la okupación ilegal, reducir la presión fiscal sobre quienes producen riqueza, perseguir la corrupción y apostar por la productividad son medidas que podrían contribuir a mejorar la situación económica del país.

Asimismo sería algo rentable para el sistema económico español no importar tanto desde China, sobre todo placas solares, y generadores eólicos de varias naciones. También la recuperación de las fábricas de textil y de acero son una prioridad.

La prosperidad no surge por casualidad. Requiere instituciones sólidas, reglas claras y gobiernos que antepongan el interés general al interés partidista. Solo así España podrá ofrecer a las futuras generaciones oportunidades reales de progreso y bienestar.

Apéndice de fuentes

1.      España mantiene un debate público intenso sobre la presión de la vivienda, especialmente en grandes ciudades y zonas turísticas.

2. Los datos oficiales muestran que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones ciudadanas.
3. La inflación acumulada de los últimos años ha afectado al poder adquisitivo de muchos hogares.
4. La corrupción política sigue siendo objeto de investigaciones judiciales y de preocupación social periódica.
5. Los economistas discrepan sobre el impacto exacto de la inmigración en salarios y vivienda, pero existe consenso en que una planificación eficaz de infraestructuras, vivienda y empleo es fundamental para evitar tensiones sociales.
6. Nota: En los 30 y tantos años que hemos padecido inmigración ilegal en España, se han despilfarrado unos 30.000.000.000 de euros en ayudas países africanos desde donde nos envían inmigrantes y en cobijo y manutención de inmigrantes ilegales adultos y MENAs. Dinero que hubiese sido suficiente para hacer unas 300.000 viviendas a precio de unos 100.000 euros cada una, contando con que el Gobierno español pusiera el terreno, permisos y planos.