El Gobierno y su aliado parlamentario Podemos ya se han puesto manos a la obra para lograr suficientes respaldos para aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que pactaron hace unas semanas y que el Ejecutivo planea presentar en diciembre, tras el puente de la Constitución. Se va a tratar de una dura negociación y para lograr su objetivo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que pagar un precio tanto económico como político.
Con todo, los diálogos multilaterales no han hecho más que comenzar o ni siquiera se han iniciado. Tanto el Gobiermo como Podemos dan por hechos algunos apoyos, a pesar de que tendrán un coste.
Este es el caso Compromís, que pide al menos un 10% de las inversiones territorializadas y 900 millones de financiación extra para Comunidad Valenciana. Y al menos, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ya confirmó la pasada semana en el Congreso que los citados fondos extra irán a parar a tierras levantinas.
Por otro lado, fuentes parlamentarias también dan por seguro el apoyo del PNV. Lo cierto es que la formación vasca, con la que esta semana se iniciaron los primeros contactos, no pone malos ojos al proyecto diseñado por el Gobierno y Podemos aunque espera que se mantengan los compromisos pactados en sus momento con Mariano Rajoy.
Sin embargo, en este caso sí que habrá un coste político -además de ciertas contrapartidas económicas no desveladas-, aunque no será elevado. Aunque aseguran que una cosa no tiene que ver con la otra, a PNV le urge un calendario para solventar el paquete de las 37 transferencias pendientes en el Ejecutivo central y el vasco.
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