Estamos en un momento clave para definir el futuro de la capital de
nuestra isla. Arrecife necesita de forma urgente tener su Plan General
de Ordenación, ya que es la única manera de mejorar la calidad de vida
de nuestros ciudadanos y de atraer inversiones a la ciudad.
El camino no está siendo fácil, y se está alargando más de lo que,
como vecino de Arrecife y como responsable de la Concejalía de
Urbanismo, me gustaría. Es más, soy consciente de que, el documento
definitivo no será el que desearía la totalidad de los arrecifeños, pero
sí el que más va a beneficiar a los vecinos y a la ciudad.
Por eso estamos peleando, tratando de buscar soluciones que nos
satisfagan a todos. Soluciones que deben estar dentro de la legalidad,
eso se da por supuesto.
Así, la ordenación prevista será la que resulte de los encuentros que
hemos mantenido con los propietarios de bolsas de suelo y, aunque es
cierto que no se podrán establecer convenios con todos ellos, los que sí
se hagan tendrán que tener un interés general para el municipio de
Arrecife.
Hablamos de la necesidad de un planeamiento ordenado para dotar de
futuro a una ciudad, pero nuestra visión y nuestra perspectiva debe ser
mucho más amplia. Y será la futura Ley del Suelo de Canarias la que nos
ayude a democratizar, a liberar el urbanismo, es decir, que deje de
estar en manos de unos pocos privilegiados.
No diré que resolverá todos los problemas de ordenación del
territorio en Canarias, porque no sería cierto; pero sí supondrá un
avance importante a fin de clarificar la normativa y agilizar los
proyectos viables. De hecho, no hemos de olvidar que es el resultado de
un diagnóstico compartido por los agentes sociales y económicos de
Canarias.
Uno de los objetivos de la Ley del Suelo es eliminar una de las fases
en la tramitación de los planes generales, la de aprobación inicial, y
que los procedimientos sean muy sencillos.
Por lo tanto, ya no será el Gobierno el que apruebe de forma
definitiva un Plan General o un Plan Insular, sino que la tramitación y
aprobación recaerá en exclusiva en los ayuntamientos y cabildos,
respectivamente.
Esto no supone, sin embargo, que se reduzcan las garantías de
legalidad. Simplemente, el control queda en manos de cada administración
responsable: local, insular o autonómica. Es un principio de eficiencia
normativa, con plenas garantías jurídicas.
Canarias lleva dos décadas de inseguridad jurídica, retraso en las
inversiones y planes generales que tardan tanto tiempo en aprobarse, que
la realidad del momento nada tiene que ver con la que había cuando se
inició el proceso.
Ha llegado el momento de que todo esto cambie. Si queremos avanzar,
tenemos que apostar. Y el objetivo es conseguir una ley que reordene y
simplifique los trámites de Planeamiento Urbanístico; que acorte plazos
para agilizar la toma de decisiones en materia de inversión y facilite
la inversión de suelos ya clasificados como urbanos o urbanizables. Una
ley que hable de calidad y no de cantidad, sin consumir más suelo y con
plenas garantías jurídicas.
Samuel C. Martín Morera, Candidato por CC-PNC Lanzarote al Congreso de los Diputados
Fuente:
http://www.lavozdelanzarote.com/opinion/samuel-martin/plan-futuro-arrecife-y-ley-futuro-canarias/20160530083630107309.html
Fuente:
http://www.lavozdelanzarote.com/opinion/samuel-martin/plan-futuro-arrecife-y-ley-futuro-canarias/20160530083630107309.html
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