Delincuencia en España por nacionalidad: un análisis técnico de los datos oficiales

 

Delincuencia en España por nacionalidad: un análisis técnico de los datos oficiales

Por Bruno Perera.

La relación entre inmigración y delincuencia es un tema sensible que requiere un tratamiento riguroso, alejado tanto del alarmismo como del negacionismo. Este artículo analiza quién comete más delitos en España —españoles o extranjeros— en términos absolutos y relativos, basándome en estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

1. Distribución demográfica: contexto de base

Según el INE, a comienzos de 2024 la población residente en España era de aproximadamente 48,1 millones de personas, de las cuales 5,6 millones eran extranjeras^, es decir, un 11,6% del total. El 88,4% restante corresponde a ciudadanos con nacionalidad española.

Este dato es clave, ya que cualquier análisis de la criminalidad por origen debe hacerse en términos proporcionales, no solo absolutos.

2. Tráfico de drogas: alta presencia extranjera

El delito de tráfico de drogas muestra una sobrerrepresentación de personas extranjeras en los datos de condenados y población reclusa. Según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a diciembre de 2023:

• 34,1% de los presos por delitos relacionados con drogas eran extranjeros^.
• Este porcentaje triplica su peso poblacional (11,6%).

La explicación se encuentra en la estructura transnacional del narcotráfico. España actúa como puerta de entrada para las rutas de cocaína desde América y hachís desde Marruecos. Muchas de las detenciones se producen en puertos o redes organizadas donde los autores no son residentes permanentes, sino transportistas o intermediarios extranjeros.

3. Hurtos y robos: concentración urbana y reincidencia

En hurtos: carterismo, robos de móviles en estaciones de trenes y de autobuses y robos en establecimientos, los datos del Ministerio del Interior reflejan también una alta participación de ciudadanos extranjeros, especialmente en áreas urbanas como Barcelona, Madrid y zonas turísticas como Andalucía, Canarias y Baleares.

• En algunos informes provinciales de seguridad ciudadana, hasta el 40% de los detenidos por hurtos eran extranjeros.
• En cambio, en robos con violencia o con fuerza en domicilios, el reparto entre españoles y extranjeros es más equilibrado.

Cabe destacar que ciertos delitos de hurto tienen altos índices de reincidencia y una tipología criminal profesionalizada, en la que participan bandas organizadas de origen extranjero, muchas veces de Europa del Este, Norte de África o América Latina.

4. Violencia de género y doméstica: mayoría española, pero variaciones por origen

En cuanto a violencia de género, las estadísticas judiciales indican que la mayoría de los autores son españoles. Por ejemplo:

• En 2023, el 75,1% de los imputados por delitos de violencia de género eran ciudadanos españoles, según el CGPJ.
• No obstante, el índice de denuncias por cada 10.000 mujeres es superior en algunos grupos inmigrantes, especialmente donde existen choques culturales y mayor dependencia económica o legal del agresor.

5. Agresiones sexuales: sobrerrepresentación puntual pero no generalizada

Las agresiones sexuales son un fenómeno complejo que requiere análisis cualitativo y cuantitativo. Según datos del Ministerio del Interior (Balance de Criminalidad 2023):

• Más del 70% de los autores de delitos sexuales eran españoles⁵.
• Sin embargo, algunos informes policiales revelan que en violaciones grupales (casos de alta exposición mediática), la proporción de autores extranjeros es más alta de lo esperado según su peso poblacional.

6. Población reclusa: desproporción en algunos delitos

Según datos penitenciarios de diciembre de 2023:

• De los 54.237 internos en cárceles españolas, el 28,1% eran extranjeros.
• Esta cifra más que duplica su proporción demográfica (11,6%).

Fuentes:

1.    Instituto Nacional de Estadística (INE), Padrón Municipal de Habitantes, enero 2024. ↩

2.    Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Estadística Penitenciaria 2023. ↩ ↩²

3.    Ministerio del Interior, Informes provinciales de criminalidad y balance de seguridad ciudadana, 2023. ↩

4.    Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Informe anual sobre violencia de género, 2023. ↩

5.    Ministerio del Interior, Balance de Criminalidad 2023. Disponible en: https://estadisticasdecriminalidad.interior.gob.es ↩

---

Okupación de viviendas: una cuestión social y de negocio más que ideológica

Aunque no existen estadísticas oficiales completas que detallen el perfil por nacionalidad de los autores de okupaciones, diversos estudios policiales y sociológicos coinciden en que la mayoría de las okupaciones en España no son de tipo ideológico, sino social, de negocio y económica. Los datos del Ministerio del Interior cifran en torno a 17.000 las denuncias anuales por usurpación de inmueble (art. 245.2 del Código Penal), concentradas en zonas urbanas y turísticas como Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía, Baleares y Canarias.

Si bien en números absolutos la mayoría de las okupaciones son realizadas por ciudadanos españoles, en términos proporcionales, se observa una mayor incidencia entre inmigrantes, especialmente entre mafias y aquellos en situación de pobreza severa o exclusión habitacional. Informes del Síndic de Greuges y del Observatorio de la Vivienda en Cataluña han señalado que hasta un 30–40% de los casos de okupación social implican a personas extranjeras, frente al 11,6% que representa este grupo en la población total.

Este fenómeno está íntimamente ligado a la falta de políticas públicas efectivas de acceso a la vivienda social, a la carestía abusiva de los alquileres y a la existencia de mafias de okupación que comercian con pisos vacíos y a una respuesta judicial lenta en los casos de usurpación violenta no violenta. Por tanto, la okupación no puede entenderse simplemente como un problema de orden público, sino también como un síntoma de desequilibrios estructurales que afectan tanto a nacionales como a inmigrantes.

Fuentes

1.    Ministerio del Interior, Estadísticas de Criminalidad – Usurpaciones registradas en 2023. ↩

2.    Síndic de Greuges de Catalunya, Informe extraordinari sobre l’accés a l’habitatge i la pobresa energètica, 2022. ↩