
A Canarias ante el desafío de la inmigración ilegal ya le llegó el “D-DAY”
Por Bruno
Perera.
Desde hace más
de tres décadas, el archipiélago canario ha sido testigo de un fenómeno
creciente y complejo: la llegada constante de inmigrantes ilegales a través de
múltiples vías. Lo que comenzó como un goteo se ha convertido en una auténtica
avalancha que, según muchos residentes, ha alcanzado un punto crítico. Algunos
lo llaman ya el "Día D" de Canarias.
La creatividad
de las mafias africanas y de quienes buscan llegar a las costas canarias no
tiene límites. A lo largo de los años, se han utilizado todo tipo de medios:
pateras, zodiacs, cayucos, barcos nodrizas, aviones, remolcadores e incluso
embarcaciones de pesca pirateadas. La imaginación parece no tener techo, y no
sería descabellado pensar que en el futuro se empleen drones, globos o incluso
submarinos.
Los
inmigrantes que arriban a Canarias provienen principalmente de países del norte
y oeste de África como Marruecos, Argelia, Mauritania, Senegal y Malí. También
hay quienes llegan desde Asia. Entre ellos hay delincuentes y asesinos, otras personas
en situación de vulnerabilidad extrema: enfermos, ancianos, personas con
discapacidades, y otros sin formación ni recursos. Muchos buscan en Canarias
una solución a sus problemas sociales y económicos, sin conocer del todo la
realidad que les espera.
Canarias no es
un paraíso económico. Según datos recientes, 3 de cada 10 ciudadanos viven en
el umbral de la pobreza. Los precios del alquiler son desorbitados: una
habitación de 20 m² puede costar 500 euros mensuales, mientras que un
apartamento de tamaño medio supera los 1.300 euros. Todo esto en un contexto
donde el salario medio ronda los 1.300 a 1.700 euros mensuales, y la cesta de
la compra ha subido un 35% en los últimos tres años.
La pregunta
que muchos nos hacemos es: ¿por qué tantos inmigrantes siguen llegando a
Canarias si las condiciones de vida son tan duras? Aunque reciben ayuda social
en forma de alimentos, ropa, educación, sanidad y transporte, el sistema está
cada vez más tensionado. La capacidad de acogida tiene límites, y el riesgo de
confrontaciones sociales aumenta a medida que la presión demográfica crece.
Ante esta
situación, se plantea la necesidad de tomar decisiones firmes. La inmigración
ilegal, venga de donde venga, debe ser controlada. Las autoridades tienen el
deber de proteger a la población local y garantizar la estabilidad social. La
inmigración debe ser regulada, limitada a casos necesarios y gestionada
exclusivamente por vías legales. Esto incluye restringir la entrada de adultos,
menores no acompañados (MENAs) y solicitantes de asilo que lleguen de forma ilegal
o irregular.
Además, se
hace un llamado a los inmigrantes ya establecidos en Canarias para que informen
a sus compatriotas sobre la realidad que se vive en las islas. La solidaridad
no puede ser infinita si los recursos son finitos.
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