En Canarias, el turismo no es culpable de nuestras desgracias
sociales y/o económicas
Por Bruno Perera.
En Canarias, el turismo no es responsable de nuestras
dificultades sociales y/o económicas; en realidad, lo que actúa como un cáncer
maligno que debemos extirpar o al menos controlar en nuestra sociedad, es la
vivienda vacacional, las okupaciones y la inmigración, tanto legal como ilegal,
que ha venido creciendo de manera descontrolada y que, cuanto antes, debemos
afrontar y solucionar.
Permítanme explicar por qué considero que la inmigración, en
ambas formas, es un problema que debemos abordar con urgencia.
1. Desde hace unos 40 años, Canarias ha recibido inmigración,
en su mayoría ilegal, procedente de diversas naciones del mundo: África,
Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa. En esta inmigración, puedo afirmar
que muy pocos han ingresado de manera legal a nuestra región.
2. Actualmente, Canarias tiene una población de
aproximadamente 2.300.000 habitantes que residen en un total de 7.472Km2. De
estos 2.300.000 individuos, casi el 50% son extranjeros que han llegado a
nuestras islas por vía marítima —en pateras, zodiacs y cayucos— o por vía aérea
en vuelos que, en muchos casos, también han sido ilegales. Tanto los que llegan
por mar como los que lo hacen por aire, en su mayoría, son inmigrantes ilegales;
la diferencia radica en que los que cruzan por mar suelen ser más pobres que
los que ingresan por vía aérea.
3. Además, la diferencia entre los inmigrantes que llegan por
mar y los que llegan por avión radica en su comportamiento tras arribar. Los
que llegan por mar, en cuanto salen de las costas de sus países, comienzan a
solicitar ayuda social, como servicios de socorro, albergue y otros recursos.
En cambio, los que llegan por vía aérea, aunque también en situación irregular,
suelen solicitar menos ayuda social, alegando que vienen de vacaciones o para
visitar a familiares. Sin embargo, la mayoría de estos hacen trampas y se
quedan a vivir en casas de familiares, compartiendo viviendas en condiciones
precarias, a veces hasta con 10 personas en un mismo hogar.
4. Tanto la inmigración por mar —en pateras, zodiacs y
cayucos— como la que llega por vía aérea, sin duda, saturan los servicios
públicos: sanidad, policía, educación, vivienda y el tránsito en las vías
públicas. Y toman puestos de labor de gente nativa y nacional que está en la
lista de espera laboral.
5. De lo anterior se deduce que Canarias ya no tiene espacio
para tolerar más inmigración, sea legal o ilegal. Por ello, también debe
controlarse el turismo masivo y descontrolado, de modo que no sea necesario
importar más mano de obra de otras naciones. En consecuencia, es necesario
cerrar fronteras a todo tipo de inmigración, independientemente del continente
de origen.
6. El próximo 18 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, en
Canarias se ha anunciado una manifestación contra el turismo masivo y otras
reivindicaciones. No obstante, en ninguno de los escritos publicados sobre la
manifestación se menciona algo en contra de la inmigración, ni legal ni ilegal.
Esto se debe a que la mayoría de los organizadores son personas extranjeras que
ya han hecho fortuna o que tienen buenos puestos en las islas y no desean que
otros se enriquezcan a costa de su paz y su economía.
Como conclusión, quiero decir que el turismo no es
responsable de los males que padece Canarias. El verdadero cáncer proviene de
la inmigración legal e ilegal, de las viviendas vacacionales, de las
okupaciones y de los propietarios abusadores que alquilan sus viviendas a
precios exorbitantes: 40 m² por 800-900 euros al mes, o incluso una habitación
de 20 m² por 450 euros mensuales; y dependiendo de la ubicación, si es zona turística, aún más, hasta el doble o el triple. Todo esto sucede
porque, debido a la gran cantidad de inmigrantes, hay muy pocas viviendas
disponibles para alquiler a largo plazo, lo que hace que los precios se
disparen. Por lo tanto, lo que debemos detener es la inmigración, no el
turismo. Sin inmigración, el turismo no crecería por falta de mano de obra.
Tampoco debemos olvidar que, en los últimos 30 años, la
inmigración ilegal en Canarias nos ha costado aproximadamente 30.000 millones
de euros, una cifra que con toda seguridad podría haber sido suficiente para
construir todas las viviendas sociales que necesitamos y que ningún gobierno
canario ha llevado a cabo hasta ahora. En cambio, se han dedicado a disputar la
distribución de MENAs entre las distintas comunidades autónomas y a promover
medidas como la prohibición para que los no residentes en Canarias no puedan
comprar propiedades en las islas, algo que, en realidad, no es aceptado por la
Unión Europea, que en su lugar defiende la libre circulación y el mismo derecho
para todos los ciudadanos.
Y en todo esto los organizadores de la manifestación y
políticos no dicen ni mu sobre cerrar los centros de inmigrantes de MENAs y
adultos y tampoco ni mu sobre la deportación de los inmigrantes que arriben a
las costas o aeropuertos canarios. Los políticos canarios y peninsulares que
gobiernan en Canarias son todos unos cobardes y vendepatrias. Ese es el gran
problema que tenemos en nuestras queridas islas.
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