La inmigración ilegal en Canarias es un problema que requiere
soluciones urgentes
Por Bruno Perera
La situación de la inmigración ilegal en Canarias ha generado
un intenso debate en la sociedad y en el ámbito político. En este contexto, el
presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado su preocupación por la
llegada de inmigrantes, especialmente de menores no acompañados (MENAs). Sin
embargo, sus propuestas y argumentos parecen carecer de fundamento y no abordan
de manera efectiva el problema que enfrentamos.
Clavijo ha solicitado que las 16 comunidades autónomas
restantes en España asuman la responsabilidad de una parte de los casi 6.000
MENAs que actualmente se encuentran albergados en el archipiélago. Según su
perspectiva, para llevar a cabo un reparto equitativo, es necesario modificar
la Ley de Extranjería. Sin embargo, esta postura parece ignorar una realidad
crucial: repartir a los MENAs entre las distintas autonomías podría, en efecto,
aliviar temporalmente la presión sobre los albergues en Canarias, pero también
podría incentivar a las mafias a enviar aún más inmigrantes, tanto adultos como
menores.
Si el presidente Clavijo realmente quisiera abordar el
problema de la inmigración de manera honesta, debería exigir al Gobierno
español que tome medidas concretas. En lugar de abogar por la redistribución de
MENAs, debería plantear que, si el Estado no actúa para cerrar los albergues en
Canarias, él mismo dejaría que el Gobierno central asumiera la responsabilidad
total de la tutela y asistencia de los inmigrantes que llegan a las islas. Esta
postura no solo sería más coherente, sino que también podría presionar al
Estado a actuar con mayor seriedad en la gestión de la inmigración.
El costo económico de mantener a cada MENAs es significativo,
estimándose en unos 125 euros diarios durante un periodo de entre 3 y 5 años.
En el caso de los adultos, el gasto es de aproximadamente 60 euros diarios
durante un par de semanas. Si consideramos solo a los 6.000 MENAs en Canarias,
el gasto mensual es de 22.812.500 euros, y el anual asciende a unos 237.750.000 euros. Esta cifra es alarmante y
refleja una enorme carga financiera que podría destinarse a otras necesidades
urgentes de la población canaria, especialmente en un contexto donde muchos
ciudadanos carecen de vivienda y los servicios sociales están desbordados.
A lo largo de los últimos 30 años, Canarias ha enfrentado un
flujo constante de inmigración ilegal, y el gasto acumulado en ayudas a países
africanos corruptos, así como en la atención y albergue de inmigrantes, se
aproxima a los 30.000 millones de euros. Este derroche de recursos se ha
producido y se sigue produciendo en momentos en que miles de canarios luchan por
encontrar un hogar y acceder a servicios básicos.
Es preocupante observar que, mientras Clavijo realiza viajes
a Marruecos, Mauritania y Senegal, supuestamente para abordar el problema de la
inmigración ilegal, parece olvidar que estas competencias son responsabilidad
del Estado español y de la Unión Europea. Sus esfuerzos parecen más un intento
de manipular la situación que una búsqueda genuina de soluciones. Si realmente Clavijo
desea marcar la diferencia, debería tener la valentía de plantear que, si el Estado
y la UE no toman medidas efectivas, él dejará a los inmigrantes ilegales a su
suerte.
La inmigración ilegal es un tema complejo que requiere un
enfoque integral y coordinado. Es fundamental que los líderes políticos, como
Fernando Clavijo, asuman su responsabilidad y busquen soluciones que no solo
aborden los síntomas del problema, sino que también ataquen sus causas. Solo
así podremos avanzar hacia una gestión más efectiva y humana de la inmigración
en Canarias.
Para profundizar en este tema, ver el siguiente vídeo que
denuncia algo de la situación de la inmigración ilegal en Canarias: [Ver vídeo].
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.